Movimientos sociales en aumento

Asciende a 2 mil el número de conflictos sociales durante el gobierno de Felipe Calderón; la cifra aumenta y la intensidad para reprimirlos también. Las fuerzas armadas del Estado infunden “terror” para contrarrestarlos. De acuerdo con un informe de Serapaz, son “graves” las violaciones a los derechos humanos cometidas contra mujeres e indígenas.

De 2006 al primer semestre de 2008 se registraron 2 mil conflictos sociales en México; durante 2007 fueron 900. De acuerdo con la investigación realizada por el Observatorio de la Conflictividad Social en México (OCSM), la conformación de movimientos sociales se incrementa y la intensidad utilizada para reprimirlos se diversifica.

El Reporte de la criminalización de la protesta, elaborado por el OCSM –grupo de investigación integrado a la asociación civil Servicios y Asesorías para la Paz (Serapaz)–, señala que a partir del año 2000 los gobiernos de transición han provocado que las condiciones de los derechos humanos se deterioren.

El análisis, basado en las denuncias presentadas ante organismos de defensa de los derechos humanos y diversas fuentes documentales, evidencia que la criminalización de las luchas sociales se deriva de las modificaciones “neoliberales” a las leyes.

Entre estas modificaciones se ubican las reformas a las leyes laborales, de pensiones y ahorro para el retiro; de radio y televisión, particularmente las que se refieren al desarrollo tecnológico; las que regulan la producción de energéticos y su posibilidad de privatización.

Pablo Romo Cedano, coordinador de la investigación, explica que los gobiernos neoliberales buscan adecuarse a los tratados internacionales de seguridad nacional y antiterrorismo.

“En nombre del combate al narcotráfico y al terrorismo figuran un campo de batalla en donde los verdaderos criminales permanecen en la impunidad, mientras los líderes sociales son perseguidos, criminalizados y encarcelados por procesos judiciales absurdos”.

De acuerdo con el reporte –que fue presentado en el seminario “Criminalización de la pobreza, represión a los movimientos y luchas sociales en América Latina”, en São Paulo, Brasil–, México registró una mayor desigualdad en comparación con el resto del mundo.

Los sectores indígena y de las mujeres son los más afectados. “Se les castiga no sólo por su disidencia, sino por ser lo que son. Se encuentran en una situación alarmante”, subraya.

La desigualdad

Con base en cifras de la Organización de las Naciones Unidas, México se ubica en el lugar 103 de 126 naciones estudiadas en condiciones de desigualdad.

Y de éstas, el 10 por ciento concentra el 40 por ciento de los ingresos, lo que representa el mayor motivo de conflictividad.

La criminalización de la protesta social está enmarcada, fundamentalmente, en el ámbito económico “cada vez más complejo y difícil para quien menos tiene”. El 60 por ciento de la población vive en situación de pobreza, “sin acceso al mínimo de satisfactores básicos y donde las mujeres representan más del 60 por ciento”.

Como los sectores más reprimidos aparecen los individuos marginados, que son los mayores protagonistas de conflictos sociales: campesinos, trabajadores del comercio informal, obreros, y sectores de colonias pobres urbanas.

Del reporte se desprende que 24 millones de habitantes en Estados Unidos son de origen mexicano. Las remesas que se generan y envían a México equivalen a más de 23 millones de dólares anualmente, “sólo por debajo de los ingresos petroleros y por encima del turismo”. Sin embargo, al primer semestre de 2008 las cifras decrecieron debido a la crisis económica de Estados Unidos.

En este contexto, los conflictos sociales se han multiplicado, y según el análisis del observatorio, “existe una tendencia al crecimiento tanto en número como en intensidad”.

La criminalización

Pablo Romo señala que hay tres momentos en el proceso de conflicto: la tendencia a la negación del mismo, su invisibilidad por parte de las autoridades y de los medios de comunicación y el no reconocimiento de la legitimidad.

“En esta última se da el inicio de las movilizaciones sociales”, puntualiza.

Agrega que el “no reconocimiento” deriva en confrontación y represión, y que estos factores se conjuntan en “una estructura de leyes que favorecen la acción ejercida por las autoridades; de una política sistemática ejercida por el Estado, y de un andamiaje de construcción de opinión pública como justificación”.

Los pueblos indígenas tienen un 12 por ciento de los casos de conflictividad en el país. “La criminalización de la protesta social tiene un rostro claro, definido básicamente en la clase pobre”. El porcentaje se refiere a los actores que se confrontan con el gobierno, según los datos del observatorio.

El 6 por ciento de los casos de conflictividad social registrados en 2007 son contra el Estado. Y de éstos, el 70 por ciento “no tiene interlocución real con el mismo” y tienen como contraparte a servidores públicos.

Mujeres, objeto de represión

De los resultados obtenidos, Romo Cedano considera que la mujer es objeto de disputa y represión. Explica que los altos niveles de violencia son consecuencia y, al mismo tiempo, síntoma de la generalización de la discriminación y la desigualdad por motivos de género.

Respecto de los feminicidios, el análisis expone que las autoridades, ante su incompetencia para resolver los crímenes, los niegan o publicitan como solucionados. En el primer semestre de 2008, el observatorio registró el mismo número de mujeres asesinadas que en 2007.

“El sujeto criminalizado es el que muestra más vulnerabilidad y fácilmente es invisibilizado”, cita el reporte del que se desprende una evaluación de casos como el de Atenco: “Mujeres y hombres son abusados sexualmente por elementos de la policía antes de ser entregados a las autoridades”.

Cita que ésta es la tendencia encontrada entre diversos conflictos registrados y que tiende a multiplicarse. Otra constante son los abusos perpetrados por militares: “Violan, asesinan y hostigan”.

Y entre los casos representativos, el estudio señala las violaciones sexuales de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, en Acatepec y Ayutla de los Libres, Guerrero; así como los ataques a la población civil de Nocupétaro, Michoacán.

En otro apartado, el reporte señala que en el país existen 25.9 millones de hogares, de los que 2.4 millones son monoparentales o están encabezados por mujeres. Por ello, considera, “las mujeres participan de modo significativo en los conflictos relacionados con la demanda de satisfactores básicos, la defensa de los recursos naturales y el territorio, y la lucha contra la impunidad”, explica el investigador.

Indígenas, los más activos

De un total de 151 conflictos indígenas en el país registrados por el OCSM, cerca de la mitad se ubican en Chiapas, con 47.02 por ciento; en Oaxaca, 21.19; y 6.62 por ciento en Guerrero.

Los pueblos indígenas con mayor protagonismo o visibilidad en conflictos sociales, según las cifras del observatorio en 2007, son los choles, zoques, tlapanecos, nahuas, purépechas, mixtecos, zapotecos, tojolabales, mixes, triquis, tzeltales y tzotziles.

El coordinador de la investigación encuentra como una constante que dichos pueblos son los que cuentan con Tlatelolco, en la ciudad de México; de indígenas, en Wolonchán, Chiapas, o de activistas en todo el país, tampoco.

Según Romo Cedano, lo anterior habla de una acción decidida y consciente del gobierno mexicano o de sus partes contra ciertos actores sociales que le son incómodos o antagónicos.

“El Estado ignora y niega deliberadamente al actor o sus demandas deslegitimando su interlocución. Éste es su modo de hacer política”, aduce.

Considera que, con tales acciones, la lucha está terminada antes de iniciarla. “Tú no existes y tu voz no vale”. Se fortalece la discriminación, el racismo y el machismo. Se enaltece el estatus social. “Por ser pobre no te escuchan, por ser mujer no vales, por ser indio tu palabra no cuenta”.

El especialista destaca el papel que desempeñan los medios de comunicación en relación a su posicionamiento con la autoridad: “Si está a favor de la manifestación: incrementa las cifras de los participantes, exalta a los líderes y su probidad, enumera puntualmente las reivindicaciones que pretenden los peticionarios, expone el extraordinario comportamiento de los manifestantes y su pulcritud, y la civilidad en el ejercicio del derecho de petición”.

Y, por el contrario, si el medio de comunicación está en contra de alguna manifestación: habla del caos vial que produjo y no de la agenda que exige; de lo corrupto de los líderes, de los desmanes que se produjeron, de lo sucio que dejaron los “revoltosos” y los “mitoteros”, y de lo “triste” que resulta el acarreo de personas ingenuas o ignorantes.

“En Atenco la reacción fue contundente y fue un linchamiento mediático”; pero fue diferente en Oaxaca, las mujeres que tomaron las estaciones de radio lograron revertir la situación; “informaron y motivaron el movimiento rebelde”.

La judicialización de conflictos

La represión mediante las fuerzas del orden público tiene un uso considerable, pues representa la tercera forma más recurrente en que se interviene frente a conflictos de carácter social. Según lo que ha podido verificar el observatorio, el uso de la “política-política” como instrumento de gobierno se retira y da paso a la judicialización de los procesos conflictivos.

En la evaluación de estudios recientes, el OCSM muestra que son pocos los ciudadanos que acuden ante el Ministerio Público para presentar una denuncia. Solamente un 23 por ciento formula una queja y un porcentaje muy reducido logra consignarla ante un juez.

Sin embargo, en los procesos jurídicos se hacen toda clase de artimañas para engañar a la población: “El cambio de uso de suelo y la privación del más elemental derecho a la información”.

Lo que se busca con esas acciones es establecer a toda costa una “sumisa relación clientelar con la población a través de mecanismos como la compra de votos y la simulación de asambleas agrarias”.

El observatorio destaca los casos del conflicto por el proyecto hidroeléctrico La Parota, en Guerrero, pues con base en la compra de votos y simulación de asambleas agrarias se ha pretendido realizar el cambio de uso de suelo ejidal, necesario para la expropiación de las tierras en donde la Comisión Federal de Electricidad planea construir la presa.

“Así, se constituyó en la zona un movimiento social a favor de la defensa de la tierra llamado Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota”.

Una situación similar ocurrió en Zimapán, Hidalgo: se mintió a los ejidatarios de la zona en que se pretende realizar un confinamiento de desechos tóxicos, diciéndoles que se trataba de una planta recicladora que generaría empleos. Y sólo después de la realización de la mayor parte de infraestructura de la obra se descubrió de qué se trataba realmente.

Ello generó el movimiento cívico Todos Somos Zimapán.

El Observatorio de la Conflictividad consideró situaciones similares en distintas partes del país, como el proyecto eólico de La Venta y de Paso de la Reina, en Oaxaca; y la presa hidroeléctrica el Cajón, en Nayarit, “donde el Estado, mediante sus funcionarios, suele estar coludido con intereses económicos de grandes empresas sin tomar en cuenta la voluntad de los pobladores donde se realizan los proyectos”.

Infundir miedo

Entre los asuntos menos conocidos que ejemplifican la criminalización de la protesta social, la investigación publicada por Serapaz tipifica algunos por la fabricación de delitos y en los que participan elementos del Ejército Mexicano. En Morelos, la conformación del Frente en Defensa del Agua en Cuautla ha luchado en los últimos años en defensa del líquido. Durante 2007, ésta se intensificó contra la construcción de un expendio de gasolina, lo que derivó en dos asesinatos y en la persecución de los líderes.

Otro conflicto documentado por el observatorio es el Movimiento Pro Mejoramiento del Agro Guanajuatense, que desde 1999 emprendió acciones buscando apoyo gubernamental, sobre todo subsidio a las altas tarifas eléctricas.

Los campesinos, al no sentirse escuchados por sus autoridades, realizaron marchas, mítines y otras formas de presión para ser atendidos y para que la prensa visibilizara su agenda. La respuesta de las autoridades de Guanajuato fue la detención del líder local del movimiento, Rubén Vázquez, acusado de “delitos políticos”.

Ante esa detención, los campesinos agremiados cambiaron su principal demanda por la libertad de su dirigente.

Días después Rubén Vázquez fue liberado, pero no se cumplimentaron las demandas del movimiento.

El 14 de marzo de 2008 fue asesinado el dirigente de la organización Agrodinámica Nacional, Armando Villarreal Martha, principal promotor de protestas contra el Tratado de Libre Comercio.

El investigador Pablo Romo considera que los factores sicológicos recurrentes entre los sectores reprimidos son “el terror, la amenaza de cárcel y el canje de presos para la desmovilización de grupos”.

“Terror militar”

En otro apartado, el análisis retoma ocho de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitidas en julio de 2008, de la 029/ 2008 a la 036/2008.

De los casos de víctimas del proceso de militarización en el país, el OCSM detalla y evalúa las recomendaciones elaboradas por la CNDH que hace referencia al procedimiento de acción de elementos del Ejército en el supuesto “combate al narcotráfico”.

“En las narraciones –explica Romo Cedano– afloran las formas de operar, no sólo de los malos elementos del Ejército, sino de todo un mecanismo que acepta con normalidad la tortura, las detenciones arbitrarias, los malos tratos, etcétera”. Agrega que “hay que recordar que la presencia del Ejército en las calles del país responde a un llamado de extrema excepción, que nada tiene que ver con la legalidad o la Constitución.

El proceso de militarización del país está generando que se criminalice a la población sin motivo alguno. Esta situación está generando tensiones, miedo y una situación de sentimiento de persecución”.

La confrontación

En cuanto al comportamiento de los actores sociales que se encuentran en una situación de conflicto, el reporte del observatorio evalúa que éstos se manifiestan de distintas formas para hacer visibles sus demandas. Dichas formas en un principio están normalmente apegadas al marco normativo que contempla la ley como formas de libertad de expresión; sin embargo, la mayoría son estrategias de muy bajo perfil.

Las formas de confrontación institucional más usadas son la denuncia pública en algún medio de comunicación, los carteles o volantes en las marchas y mítines, así como las demandas legales.

Ante la negación de las autoridades y la invisibilización de los medios de comunicación, los movimientos sociales cambian su dinámica y recurren a formas de expresión que se ubican en la frontera del marco normativo. A estas maneras más directas de confrontación con el Estado, el observatorio las llama “formas no institucionales de confrontación social”.

Los bloqueos a vialidades se han vuelto más recurrentes entre los actores sociales en conflicto. Otras, como la confrontación física, la retención física de autoridades, la toma de instalaciones o la protesta armada son normalmente separadas de la legitimidad del contexto social que las acompaña y que trata de reivindicarse, siendo catalogadas por el Estado como delitos graves que deben ser castigados.

En este sentido, los y las dirigentes sociales que encabezan los movimientos dejan de ser tomados como interlocutores válidos y se les persigue como delincuentes. Por ejemplo, el estudio retoma el caso de los dirigentes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca: “Un día dialogaban civilizadamente con la autoridad política más alta del país y al día siguiente fueron detenidos como criminales y encerrados en cárceles de alta seguridad”.

Para el investigador de Serapaz, “resulta evidente que un actor social, en la búsqueda de reivindicar sus demandas, utilice varias estrategias de confrontación frente al Estado, dependiendo de la dinámica con la que se vaya desarrollando el conflicto, lo que puede llevarlo a acciones más directas”.

Tal es el caso de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, que “inician su movimiento con mítines y alguna marcha, y poco a poco escalan la confrontación para hacerse visibles y generar una correlación de fuerza diferente con sus interlocutores”.

Romo Cedano puntualiza que en ciertos casos de confrontación, el Estado toma como rehenes a presos, amenaza con aprehensiones y encarcelamientos para negociar su libertad a cambio de la desmovilización del proceso social de protesta.

Según los datos del observatorio, en un primer momento, la mayor parte de los actores sociales recurren a formas de confrontación institucional no violenta para exigir sus demandas.

Y de éstas, más del 60 por ciento de las estrategias de confrontación utilizadas por actores sociales son institucionales.

El investigador explica que al interior del conflicto se dan con cierta frecuencia fisuras entre el liderazgo moderado y dialogante de sus actores, con el radical y combativo.

Explica que esta fase del conflicto es usada por las autoridades y se agudiza por los medios de comunicación, que califican a los radicalizados de “ultras”, “intransigentes”, “miembros de organizaciones armadas”, “terroristas”, “desestabilizadores”, etcétera. En tanto que a la franja moderada la autoridad la procura corromper, comprar o chantajear.

De igual modo, en esta fase, en algunos conflictos –detalla el análisis– aparecen los golpeadores, los “porros”, los infiltrados, quienes inician su labor de intimidación, espionaje y desestabilización de los liderazgos que agudizan las contradicciones internas y provocan la confrontación física. Las acusaciones internas de “traidores” y “vendidos” son utilizadas para fracturar la lucha.

En esta fase aparecen con frecuencia las disidencias, las expresiones de otros pares que piden lo contrario. Por ejemplo, en Zimapán, Hidalgo, apareció un grupo empujado por autoridades del estado y financiados por la empresa que construye el confinamiento de desechos tóxicos en la comunidad de Santa Ana Xalmimilulco, Puebla.

El estigma de la represión

El análisis considera que otra manera de vulnerar los movimientos sociales, y que ha cobrado mayor fuerza en los últimos años, son los ataques de grupos provocadores ligados al gobierno o, en casos más extremos, grupos paramilitares.

“Al final de la confrontación, los acontecimientos siempre serán calificados por el Estado como frutos de un conflicto intercomunitario ajeno a la responsabilidad gubernamental. Lo que permite actos de mayor brutalidad en los que suelen generarse violaciones a los derechos humanos”.

Por otra parte, el estudio define otra forma de represión selectiva que está dirigida hacia líderes o individuos estratégicamente seleccionados de un movimiento u organización. Cita el caso de los desaparecidos del Ejército Popular Revolucionario (EPR): Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya.

La represión selectiva puede operar con más sigilo a través de la desaparición de miembros de movimientos u organizaciones cuya responsabilidad oculta nunca es reconocida por el Estado.

Pablo Romo Cedano explica que este tipo de represión puede lograr su cometido al descabezar o desarticular por completo a un movimiento; sin embargo, “puede encrespar los ánimos en las reacciones de distintos grupos al interior de la población o del movimiento, llegando a ser contraproducente para el Estado”.

Añade que “organizaciones armadas como el EPR o incluso el Ejército Zapatista de Liberación Nacional han tenido la necesidad de generar una estructura sumamente fuerte a partir de su línea militar para evitar estas acciones”.

El reporte concluye con la síntesis de algunos casos de represión que se llevaron a cabo en 2007 y sus organizaciones: el Movimiento de Estudiantes no Aceptados; la represión a la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero; el movimiento de estudiantes agrupados en la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México.

También cita la ofensiva del gobierno del estado de Guerrero contra la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa, en Ayutla de los Libres; el enfrentamiento por anulaciones en Altamirano, Chiapas; y los actos de hostigamiento y represión contra la radiodifusora comunitaria Radio Nandia, en Mazatlán Villa de Flores, Oaxaca.