Yunes, el rostro de la represión

Su pasado, no muy lejano, persigue a Miguel Ángel Yunes Linares. Las torturas, detenciones arbitrarias, homicidios y abusos de toda índole que –según denunciantes– habría cometido desde la Secretaría de Gobierno de Veracruz en el periodo de Patricio Chirinos, son indelebles, aunque él le apuesta al olvido

Veracruz, Veracruz. El día en que el presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), José César Nava Vázquez, oficializó su designación como candidato al gobierno de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares exhortó a sus conciudadanos a que se olvidaran de su pasado. En un dejo, que para unos supuso ingenuidad, para la mayoría cinismo, pretendió borrar sus años como secretario de gobierno de Patricio Chirinos, en los cuales, a pulso, se forjó una historia como represor.

Entre 1992 y 1997, con un gobernador ausente –consagrado a estrechar sus relaciones públicas en Los Pinos con Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo–, Yunes Linares fue más que la mano dura de Chirinos: tomó el control de la administración en sus manos, diseminando una estela de terror, abusos y tortura particularmente en contra de los indígenas y campesinos que exigían la regularización en la tenencia de sus tierras, para favorecer a los caciques. Aún hoy, a más de una década, su nombre despierta el espanto lo mismo en la región serrana del norte del estado, que en las urbes del sur como Coatzacoalcos, donde a los vendedores ambulantes se les desalojaba a toletazos.

Sus excesos le merecieron cientos de quejas y una docena de recomendaciones de las comisiones Estatal y Nacional de Derechos Humanos, entre las que destacan: CNDH/ 122/95/VER/912, CNDH/122/95/VER/3364, CNDH/122/ 95/VER/3904, CNDH/122/95/VER/4821, CNDH/122/95/ VER/7178 y CNDH/122/95/VER/I230, que se refieren a detenciones y encarcelamiento extrajudiciales, torturas, asesinatos, e incontables violaciones a los derechos humanos en más de 100 comunidades de la Huasteca, comprendida por los municipios con el más bajo Índice de Desarrollo Humano del estado.

El caso más conocido no sólo por la saña sino porque escaló hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es el del asesinato y tortura de los indígenas Atanasio Hernández Hernández, de 17 años de edad, y Rolando Hernández Hernández, de 26 años, en la comunidad Plan del Encinal, en Ixhuatlán de Madero. Tras probar los agravios, desde 1998 la CIDH resolvió que el Estado mexicano debía abrir las indagatorias judiciales contra los responsables e indemnizar a los deudos. Para el presidente Felipe Calderón, la ordenanza del organismo internacional es letra muerta, en cambio conduce a Yunes a la gubernatura del estado.

La masacre del Encinal

Les cortaron la lengua, les sacaron los ojos, les mutilaron los testículos y les destrozaron los intestinos; sus brazos, los que labraban la tierra, fueron escocidos a verdugones. El 12 de septiembre de 1994, Rolando y Atanasio Hernández Hernández aparecieron con huellas de tortura tumultuaria y el tiro de gracia en los márgenes del río Chiflón, a 8 kilómetros del terruño familiar en Plan del Encinal. Sus maltrechos cuerpos bañados en sangre seca y aún hinchadas las heridas.

Noventa y seis horas antes se los llevaron con vida los 114 policías de Seguridad Pública y de la Judicial del Estado que integraban el operativo ordenado por el secretario de gobierno Miguel Ángel Yunes Linares, para desalojar a las familias otomíes de sus viviendas y tierras, porque el terrateniente y exalcalde municipal, Tranquilino Hernández Reyna, reclamaba que eran suyas.

Aunque en esta parte de la sierra el día comienza apenas entrada la madrugada, aquel 8 de septiembre, a las siete de la mañana, cuando los pistoleros de Tranquilino y los policías que los franqueaban tomaron el pueblo por asalto, muchas familias aún mantenían atrancada la puerta, así que los agarraron por sorpresa. Destruyeron todo lo que hallaron a su paso: las casitas de palopique, los corrales, los sembradíos de maíz. Golpearon a todos y dispararon contra Rolando y Atanasio, luego los amarraron y se los llevaron al rancho Las Tejas, propiedad de Tranquilino Hernández. Cuatro días después, aparecieron en el río, el tiro de gracia en la frente y en los ojos tatuado el espanto.

El pecado de la comunidad fue pedirle al gobierno de Chirinos que les reconociera la resolución presidencial del 26 de julio de 1938 de Tata Cárdenas y les respetaran sus derechos de propiedad.

Se supo de la masacre porque la gente de El Encinal viajó a la ciudad de México a denunciarla. Hicieron marchas, plantones y se instalaron en la Plaza de la Solidaridad. Más por presión, la Procuraduría General de Justicia del Estado abrió una indagatoria plagada de irregularidades.

Por ejemplo, sin traductor ni intérprete, el 30 de noviembre de 1994, el agente del Ministerio Público (MP) Fernando García Constantino interrogó a los padres de Rolando, María Hernández Hernández y Policarpo Hernández Hernández, y a su esposa Teresa Hernández Hernández, y a los padres de Atanasio, Aurelio Hernández Cruz y Cecilia Hernández Hernández. García sólo hablaba español y ellos, otomí, y así los obligó a firmarle los supuestos que ellos jamás comprendieron. El MP se negó a certificar el estado en que los cuerpos fueron encontrados, el tiro de gracia y las huellas de tortura.

Surgieron de nuevo los reclamos. Para acallarlos, la Procuraduría anunció que el 6 de diciembre exhumaría los cuerpos frente a representantes de organizaciones de derechos humanos. Ese día oficialmente se canceló el acto, aunque por la tarde, sin notificar a los familiares ni a los defensores, un grupo de 32 funcionarios, policías y médicos sacaron el cuerpo de Atanasio, le tomaron fotografías y lo filmaron.

Con la representación del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, los deudos lograron llegar a la CIDH. En octubre de 1995, el organismo tomó la investigación del caso, considerando la imposibilidad de las víctimas de obtener justicia en México, y la latente amenaza de muerte sobre la comunidad, particularmente de los familiares de Rolando y Atanasio, quienes a partir de entonces tuvieron que vivir a salto de mata, entre el monte y la ciudad de México, por el miedo a que Tolentino Hernández y Miguel Ángel Yunes les cobraran la afrenta.

En su resolución al Caso 11.543 Rolando y Atanasio Hernández Hernández contra México, emitida el 24 de febrero de 1998, la CIDH concluyó que “el Estado es responsable de la violación del derecho a las garantías judiciales, a la protección judicial, a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal, de conformidad con los artículos 4, 5, 7, 8 y 25 de la Convención Americana, por los hechos ocurridos el 8 de septiembre de 1994, en la comunidad de Plan del Encinal, en los cuales, agentes de la policía del Estado hirieron y detuvieron arbitrariamente a Rolando y Atanasio Hernández Hernández, y luego los ejecutaron sumariamente, sin que hasta la fecha se haya realizado una investigación seria sobre el caso, identificado y sancionado a los responsables, e indemnizado suficientemente a los familiares de las víctimas”.

La CIDH ordenó al gobierno, representado por Ernesto Zedillo, hacer “una investigación seria, imparcial y efectiva, de los hechos denunciados”; ejercer las acciones penales correspondientes, indemnizar a los deudos de las víctimas y hacer efectivas las garantías judiciales y de protección judicial consagradas en la Convención Americana.

A partir de que le fue notificada la resolución, Zedillo tenía un periodo de tres meses para adoptar las medidas para cumplir con las recomendaciones de la CIDH. Feneció el plazo sin ninguna respuesta, lo cual consignó la CIDH al hacer público el informe de fondo tres meses después, el 5 de mayo, donde consigna que está en espera de que el Estado mexicano cumpla su obligación de acatar las resoluciones de la CIDH, como integrante de la Organización de Estados Americanos.

Fue hasta 2001 que el Estado mexicano aceptó dar seguimiento a las recomendaciones de la CIDH, aunque en realidad no hubo investigación alguna. En cambio, Yunes fue ascendido a funcionario federal en el gabinete de Vicente Fox. A pesar de la insistencia y seguimiento por parte del Centro Prodh para lograr el cumplimiento, el Estado fue omiso en proporcionar cabal observancia a sus obligaciones internacionales.

Luis Arriaga Valenzuela, director del Centro Prodh detalla:

“En 2001, el Estado expresó su voluntad para dar cumplimiento a la recomendación relativa a la reparación del daño, sin embargo el monto nunca fue considerado dentro de su presupuesto de egresos; es decir, no se efectuó. En el mismo sentido, nunca cumplió con su obligación de esclarecer los hechos y sancionar a los responsables, a pesar de haber creado una fiscalía especial para su investigación.

La negativa del gobierno (de Vicente Fox) para dar respuesta a la propuesta de reparación del daño se debió a que el Estado argumentaba que en tanto no se identificara a los responsables, no se indemnizaría a los familiares de las víctimas; no obstante que tanto la identificación como la indemnización representan una obligación del Estado. Además, el gobierno federal consideraba que el cumplimiento de las recomendaciones era únicamente del ámbito de competencia de las autoridades estatales.”

En esta feria de deslindes y omisiones a modo, también Fidel Herrera supo premiar la mano dura: designó como director de la Policía Veracruzana de Investigación a Juan Domingo Martínez Riveroll, el jefe de las corporaciones policiacas usadas por Yunes como guardias blancas.

Ante la posibilidad de que, en junio, Yunes Linares pudiera convertirse en gobernador del estado, en la Huasteca otra vez se perdió el sosiego. “Con Yunes, la surte de todos los indígenas está echada”, dice Ramiro Díaz Baltazar, dirigente del Frente Democrático Oriental de México Emiliano Zapata. Mientras que otras organizaciones, como la de Los 400 Pueblos, en los últimos días han organizado marchas y plantones para exigir que se forme una comisión de la verdad, que investigue los crímenes de Yunes Linares. En febrero, los familiares de Rolando y Atanasio dejaron sus casas y se fueron de nuevo al monte.

Sobre el caso Plan de Encinal, Luis Arriaga explica que no existe ningún término para la prescripción de las recomendaciones de la Comisión Interamericana, es decir, “la responsabilidad internacional permanece en tanto no se da cabal cumplimiento a las mismas, como en este caso. El propio informe definitivo representa el grado de incumplimiento del Estado y la necesidad de dar puntual seguimiento a las acciones para reparar las graves violaciones a los derechos humanos.

De acuerdo con el Reglamento de la CIDH, ésta puede realizar medidas de seguimiento de las recomendaciones, contando con amplias facultades para tomar las medidas que considere oportunas con el fin de verificar el cumplimiento de las recomendaciones que formule a los Estados. Sin embargo, es motivo de preocupación que el Estado mexicano no acate las recomendaciones de organismos internacionales, como la CIDH”.

Años de terror

Los años de Miguel Ángel Yunes como secretario de gobierno son un inventario de terror delirante en municipios como Benito Juárez, Chalma, Chicontepec, Huayacocotla, Ilamatlán, Ixhuatlán de Madero y Texcatepec, Veracruz. Indígenas torturados, levantados y asesinados.

La mañana del 29 de mayo de 1995, grupos formados por elementos de la Policía Judicial Federal, Policía Judicial del Estado, Seguridad Pública de Veracruz y civiles armados irrumpieron simultáneamente en las comunidades Ricardo Flores Magón, Doroteo Arango, La Lima, Cuexcontitla, Otlamalácatl y en el predio Cececapa. En el operativo, golpearon a todos los indígenas, a sus mujeres, hijos y los ancianos; los agentes policiacos sustrajeron las herramientas de labranza, dinero en efectivo y aparatos electrodomésticos, y detuvieron sin orden de aprehensión a 34 campesinos.

En otro operativo, en la comunidad de Cantollano, el 2 de julio la Policía Judicial del Estado detuvo sin orden de aprehensión a los indígenas nahuas Eneo Hernández Hernández, Emiliano Hernández Hernández, Lucas Francisco Hernández y Juan Solares Hernández. Durante dos días, los sometieron a cruentas torturas. Por ejemplo, a Emiliano y Eneo les colocaron bolsas de plástico en la cabeza y les aplicaron toques eléctricos en todo el cuerpo para que se confesaran culpables de varios delitos.

El día 4, los presentaron ante el MP de Álamo. Molidos a golpes suplicaban al médico legista algún analgésico, pero éste se los negó. Frente al galeno, Lucas fue nuevamente golpeado sin que nadie se inmutara. Sin la asistencia de un defensor, les tomaron “sus declaraciones”.

El 11 de agosto, en un operativo extrajudicial en la comunidad de Chapopote Chico, sin orden de aprehensión y sin que existiera flagrancia, los indígenas Santos Soto Ramírez y Macario de la Cruz Martínez fueron detenidos por agentes de la Policía Judicial del Estado y torturados durante cinco días. Al sexto día, en un comunicado de prensa, Yunes Linares los acuso a ellos y a otros 13 campesinos de 15 homicidios ocurridos entre junio de 1994 y junio de 1995. A los 15 indígenas de Chapopote Chico los encarcelaron en el penal de Pacho Viejo en celdas asiladas y sin la posibilidad de recibir visitas.

El 18 de agosto, de nuevo en Cantollano, un numeroso grupo formado por elementos de la Policía de Seguridad Pública y de la Policía Judicial del Estado, así como civiles armados al servicio de Tranquilino Hernández Reyna y René Monroy García, golpearon a los indígenas de la comunidad; hirieron a varios con arma de fuego y por la espalda asesinaron a Nicolás Hernández Hernández cuando corría a refugiarse a su casa.

Sin orden de arresto, se llevaron a Gregorio Hernández García, Agustín Santiago Hernández, Antonio Hernández García y Agustín Bautista Hernández. Allí mismo, la policía reunió a todos los del pueblo y los obligaron a cargar el cuerpo de Nicolás hasta el palacio municipal de Ixhuatlán; cuando le entregaron el cuerpo, el alcalde los amenazó que la próxima vez les enviaría a 800 policías con suficientes balas para tirarle a todos.

El mismo 18 de agosto, las mismas corporaciones policiacas hicieron un operativo en Chapopote Chico: formaron a toda la comunidad, los golpearon y los retuvieron durante horas sin permitirles tomar alimentos o agua. Se llevaron a Silvestre Hernández del Ángel y Leonor Urzindo Aquino. Regresaron cinco días después para asesinar a Fidel Hernández Catarina.

En Huayacocotla se vivieron operativos similares: la represión contra los indígenas por pretender regularizar la tenencia de sus tierras, que incluyó la quema de comunidades y el derrumbe masivo de viviendas. Aquí las agresiones se recrudecieron cuando los indígenas denunciaron los agravios ante el Tribunal Unitario Agrario (integrado en las averiguaciones previas HUAY-54/95-04 y HUAY-78/95-05) y demandaron su reconocimiento como dueños de las tierras. Contrario a que se resolviera la situación, llegaron funcionarios de Gobernación para “invitarlos” a salir “voluntariamente” de la zona.

Todo lo anterior fue acreditado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y forma parte de los expedientes de las recomendaciones emitidas al gobierno de Veracruz por las acciones ilegales del secretario de gobierno, Miguel Ángel Yunes Linares. Incluso hubo una recomendación general, la 18/97, que da cuenta de todos los agravios contra los indígenas de la Huasteca. El dictamen jurídico es elocuente:

“De acuerdo con las diversas visitas practicadas por personal de esta Comisión Nacional a esa zona de la Huasteca veracruzana, se pudo constatar que se han practicado otros operativos policiales y se advierte que los servidores públicos encargados de tales operativos fueron incapaces, por falta de preparación adecuada e impericia, para controlar situaciones de violencia, transgrediendo frecuentemente los Derechos Humanos de los pobladores al excederse en el ejercicio del deber que el cargo les imponía y que protestaron cumplir cuando lo asumieron, en los términos del artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Veracruz.”

El dictamen constata el uso ilegal que el secretario de gobierno daba a los cuerpos policiacos en los conflictos agrarios para reprimir a los indígenas y la permisividad con los pistoleros de los caciques, por lo que se determinó que violó la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Veracruz.

Tal recomendación pidió al gobierno del estado llevar a cabo las acciones y programas necesarios para sacar del rezago a la Huasteca. Tampoco se acató. Hoy esto pueblos siguen igual: pobres, excluidos, hambrientos, enfermos, vejados y algunos desplazados.

Escándalo y censura

Autor intelectual del sabotaje en contra de Cuauhtémoc Cárdenas, cuando en precampaña a la presidencia fue recibido en el café La Parroquia del puerto por travestis con pancartas; o del cerco policiaco en contra de Ignacio Morales Lechuga cuando acudió a dar una conferencia a Poza Rica, o sus supuestos vínculos con el narcotráfico, y de tantas anécdotas negras que forman su negro historial, hubo también otras víctimas de Yunes Linares, como el periodista Raymundo Jiménez, autor de la columna “Al Pie de la Letra” que se publica en el periódico Imagen. Jiménez fue acosado, amenazado y hostigado por publicar puntillosos asuntos en el gobierno de Chirinos.

Entrevistado en la ciudad de Jalapa, Raymundo Jiménez recuerda:

“Publiqué unos documentos que me filtraron de la Secretaría de la Defensa Nacional sobre un deposito por 230 mil dólares que había hecho el gobierno del estado. Era la época en la que estaba latente el levantamiento armado en Chiapas y aquí en Veracruz se hablaba de guerrilla, así que yo preguntaba en mi columna por qué ese depósito al ejército o a cambio de qué. El asunto caló mucho porque hubo repercusiones en la Defensa, pues era un documento ultraconfidencial, así que echaron a andar todo el aparato del gobierno del estado, me boletinaron, por primera vez aparecí en varios noticieros de televisión, pagaron planas completas en los diarios tratando de desmentir.

“Se dio instrucciones al procurador del estado para que se abriera una averiguación previa; me querían procesar por sustracción de documentos oficiales, lo que obviamente contradecía la versión de la Sedena que intentaba desmentirme. Ha sido la experiencia más amarga en mis 25 años como periodista. Jamás me había visto en una situación tan extrema, tuve que comparecer ante el Ministerio Público y tuve que llegar amparado porque había la amenaza de que allí mismo me detendrían. La presión era para saber quién me había dado el documento y si había más documentos, querían que les revelara mis fuentes. El asunto se distensó cuando intervino Liébano Sáenz.

“Todo lo operó Miguel Ángel Yunes, era la mano dura del régimen. Ahora le dice a la gente que olvide su pasado, pero por la experiencia que yo viví, dudo que haya cambiado como dice y tampoco creo en la tolerancia de la que ahora habla.”

La leyenda negra del Yunes represor no se circunscribe al estado de Veracruz. En su posición como director general de Prevención y Readaptación Social del gobierno federal y subsecretario de Seguridad Pública, le merecieron más recomendaciones de la CNDH por violar los derechos humanos. Aunque de su cargo como jefe de reclusorios federales dejó una huella más marcada: a su mando, los penales, del de Puente Grande, el 19 de enero de 2001, salió Joaquín Guzmán Loera, y él fue ascendido al rango de subsecretario de Estado.

CONTRALÍNEA 178 / 18 DE ABRIL DE 2010