Unas 59 empresas mineras fueron identificadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) “como presuntas evasoras fiscales”, entre ellas se encuentran las filiales de Grupo México, propiedad de uno de los hombres más ricos del país, Germán Larrea, Buena Vista del Cobre, SA de CV e Industrial Minera México.
Buena Vista del Cobre, SA de CV es la misma que derramó 40 millones de litros de solución de sulfato de cobre acidulado en los ríos Bacanuchi y Sonora. La empresa ha sido catalogada como una de las que incumplen con la legislación ambiental mexicana.
La segunda compañía del empresario Germán Larrea, Industrial Minera México, tiene en su historial la muerte de 65 de sus trabajadores tras la explosión de la Mina 8 “Pasta de Conchos”, hace 11 años.
El Informe del resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública 2015 indica que el Servicio de Administración Tributaria deberá instruir a la Administración General de Grandes Contribuyentes para que ejerza su facultad de comprobación de 59 contribuyentes… “que cuentan con títulos de concesiones mineras, que se identificaron como presuntos evasores, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, debido a que no realizaron el pago de los derechos especial, adicional o extraordinario de minería previstos en los artículos 268, 269 y 270 de la Ley Federal de Derechos”.
En la lista de Registro Federal de Contribuyentes (RFC), también se identifica a otras de las grandes mexicanas como: Exploraciones Mineras Peñoles, Cementos Apasco y Cementos Moctezuma.
Aparece la Compañía Minera Cuzcatlán, subsidiaria de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines, que a su paso por San José del Progreso, Oaxaca, ha dejado conflictividad social. El asesinato de Bernardo Vásquez Sánchez, opositor a esta minera, se dio el 15 de marzo de 2012, en aquel municipio.
En la lista de registros fiscales también se encuentran los relacionados con Arcelormittal México, SA de CV; Mexichem Fluor, SA de CV; Minera Corner Bay, SA de CV, First Majestic Plata, SA de CV, Agnico Eagle México, SA de CV, entre otras.
Mayra Montserrat Eslava Galicia, académica de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, comenta que con esto “se ve la mínima recaudación de impuestos que hay en este sector. Se ha venido fomentando el apoyo a la industria minera, para que se quede en el país; sin embargo, no hay una recaudación efectiva de impuestos.
“También, vemos que la gente que trabaja para ellos y la que está a su alrededor no vive en condiciones favorables, no hay beneficio. El Estado no ha cumplido con su papel de administrar y revisar”, dice la investigadora.
La posible evasión de estos impuestos perjudica a la hacienda pública, pues los ingresos que obtenga el gobierno federal derivado de la aplicación de los derechos a que se refieren los artículos 268, 269 y 270 en la Ley Federal de Derechos, se destinarán a programas de infraestructura aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio que corresponda.
El artículo 268 de la Ley Federal de Derechos se refiere a que los titulares de concesiones y asignaciones mineras que obtuvieron ingresos por la enajenación o venta de la actividad extractiva, deberán pagar una tasa del 7.5 por ciento sobre sus ingresos.
El artículo 269 de la Ley aplica para los titulares de concesiones que no ejecuten obras y trabajos de exploración y explotación durante dos años continuos. Éstos deberán aportar las cuotas señaladas en el artículo 263, fracción VI, de la Ley Federal de Derechos, por hectárea concesionada.
En tanto que el artículo 27 obliga a titulares de concesiones y asignaciones mineras que obtengan ingresos por la enajenación de oro, plata y platino a pagar el 0.5 por ciento.
Desde la colonia, México ha sido uno de los países más atractivos para la explotación de recursos minerales, oro y plata principalmente. Las compañías dedicadas a la extracción de estos recursos, en su mayoría canadienses, han sacado del país más de 1 mil 700 millones de pesos, y sólo pagaron 22.3 millones de pesos. Es decir, de la riqueza explotada sólo se ha quedado para beneficio nacional el 1.3 por ciento, en los últimos nueve años.
La Evaluación núm. 1579-DE “Política Pública de Minería”, elaborada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), revela las deficiencias del sistema controlado por la Secretaría de Economía, encabezada por Ildefonso Guajardo.
En el dictamen, el máximo órgano de fiscalización del país indica que esta dependencia “no tiene sistemas de control de la información eficientes para manejar el total de concesiones, hectáreas, toneladas de minerales explotadas, visitas de inspección, incumplimientos y sanciones que permitan aumentar el porcentaje de derechos, además de que se otorga al titular de las concesiones la atribución de realizar el cálculo de los derechos de su concesión, así como realizar correctamente los pagos”.
Francisco López Bárcenas, coautor del libro El mineral o la vida. La legislación minera en México, comenta que la Auditoría está confirmando lo “irrisorio” que es el cobro de derechos. En 2012, recuerda, la misma auditoría dijo que era más caro recaudar lo que establecía la Ley que lo que se proponía, por lo que sugirió revisar la disposición oficial.
También, dice el especialista en el tema: “hay que revisar que la Ley Federal de Derechos establece los pagos por hectárea, no por mineral, y eso es demasiado inequitativo para el país, no es lo mismo sacar arena, cemento, que oro. La Ley Minera es como el pliego petitorio de los industriales de la minería”.
En su epígrafe, el informe indica que el mismo año en que se auditó esta actividad, “México fue el primer productor de plata, el primer destino en inversión en exploración minera en América Latina y el quinto con el mejor ambiente para hacer negocios mineros; de ahí la necesidad de garantizar su sustentabilidad, a fin de alcanzar un equilibrio económico, social y ambiental”.
El 1.3 por ciento de “ganancia” por el pago de derechos para la explotación de recursos minerales es una de las cifras más altas para la recaudación de la Hacienda Pública; hubo años fiscales en que las contribuciones ni siquiera alcanzaron el 1 por ciento.
La ASF muestra que el 2015, en que se llevó a cabo la auditoría, los derechos pagados significaron el 0.9 por ciento del valor de explotación, que alcanzó 209 millones 992 mil 800 pesos y sólo entró a las finanzas del país 1millón 965 mil 100 pesos.
En 2013 fue cuando más recursos se captaron por este concepto y apenas se alcanzaron los 2 puntos porcentuales; es decir, de los 210 millones 342 mil 300 de pesos que obtuvieron de ganancias las mineras, sólo pagaron 1 millón 965 mil 100 pesos.
Además, del saqueo al erario que significa esta actividad en territorio nacional, la minería ha generado 39 conflictos en el país, pendientes por resolver, según datos del Datos del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina y la información más reciente de la prensa nacional.
En uno de los dos conflictos que se agregaron a la lista, apenas en enero pasado, se informó que dos trabajadores de la minera Gold Resource Corporation habían perdido la vida. En tanto, la canadiense Panamerican Silver fue acusada de despojo por habitantes de la comunidad zacatecana La Colorada, municipio de Chalchihuites.
Jen Moore, coordinadora del programa para América Latina de Alerta Minera Canadá (Mining Watch Canada), comenta que lo que dejan las mineras en materia económica no es nada comparado con la destrucción social y ambiental que ocasionan a su paso. “Su interés es mezquino y cada vez pugnan más por evitar los pagos a los que están obligados”, dice la especialista.
La explotación de las mineras también ha provocado conflictos territoriales y ambientales. EL informe de la ASF dice que los procesos de explotación y beneficio de minerales, traen consigo daño y deterioro ambiental, “sobre todo en aquellas áreas donde se aplican metodologías adoptadas para explotaciones a cielo abierto y el empleo en procesos metalúrgicos de insumos de considerados contaminantes como son los agentes lixiviantes. Por ello, en las operaciones de la actividad minera, deben ser reguladas y supervisadas, a fin de garantizar que se cumplan con las medidas de seguridad en materia ambiental”.
También da cuenta de que el 89 por ciento de los proyectos vigentes en el país no fueron inspeccionados por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en los últimos 15 años. Esta situación “permite abatir el impacto ambiental que produce la actividad minera”, puntualiza el Informe.
Esta es una actividad consume grandes cantidades de energía y agua, “lo cual resulta particularmente problemático en las zonas áridas, donde deben compartir escasos cursos de agua con las comunidades locales. Debido a la fuerte demanda de agua que requieren casi todos los pasos del proceso de minería, desde el control de polvos hasta la perforación, estas fuertes demandas pueden poner en riesgo a los suministros limitados de agua de los cuales dependen las comunidades locales”, documenta el libro Han destruido la vida en este lugar. Megaproyectos, violaciones a derechos humanos y ambientales en México, elaborado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
Érika Ramírez
Contralínea 529 / del 05 al 11 de Marzo 2017
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