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La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) tiene registro de la existencia de, al menos, 635 sitios altamente contaminados en el territorio nacional.
La lista es encabezada por Veracruz, entidad donde hasta 2013 la Semarnat contabilizó 69 zonas; le sigue Querétaro, con 58; Guanajuato, con 48; Colima, con 38; el Estado de México, con 36, y Michoacán, con 34.
Contabilizados a través del Sistema Informático de Sitios Contaminados (Sisco), de la Semarnat, los lugares –llamados pasivos ambientales– son el resultado de la liberación de materiales o residuos peligrosos que no fueron remediados oportunamente para impedir la dispersión de contaminantes.
Apenas en 2013, el Sisco reportaba 48 sitios menos. De los 587, el 55 por ciento tuvo su origen en áreas de disposición de residuos, 13 por ciento en actividades mineras, 11 por ciento en industria y 3.4 por ciento en actividades relacionadas con la extracción de petróleo y sus derivados.
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Sólo nueve sitios han sido remediados, el 1.5 por ciento, según la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio). Y 400, según la Semarnat. Otros 20 se encuentran en proceso de remediación, el 3.4 por ciento, y el 95 por ciento no ha sido atendido (558 sitios), revela la Conabio.
Arturo Rodríguez Abitia, subprocurador de Inspección Industrial de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), explica a Contralínea que la baja tasa de remediación se debe a que los pasivos ambientales incorporados por Semarnat al Sisco son sitios que carecen muchas de las veces de un responsable visible. Mientras que los sitios detectados por la Profepa como pasivos ambientales son remediados, dice, “a una tasa del ciento por ciento”.
Refiere que en los últimos 4 años, de 2011 a 2015, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ha registrado más de 1 mil 100 pasivos ambientales, la mayoría originados por la industria de hidrocarburos.
Y aclara que a partir de marzo de este año, los pasivos ambientales generados por tomas clandestinas en los ductos de Petróleos Mexicanos, y en las instalaciones del sector, los registra la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, creada recientemente con la reforma energética.
En entrevista, Rodríguez Abitia dice a Contralínea que con el fin de impulsar la remediación de los lugares contaminados, la Profepa y la Semarnat trabajan en el proyecto 20 Sitios Contaminados Prioritarios.
Entre los enlistados se encuentran: la Planta Geotérmica de Cerro Prieto, en Baja California; y las instalaciones de Ferrocarriles Nacionales de México, en San Luis Potosí, Veracruz y Tlaxcala. Ello, derivado de un convenio suscrito por la Profepa y la empresa paraestatal en 1993 para la realización de auditorías ambientales en sus instalaciones en el ámbito nacional.
También incluye el caso de Química Central, en Guanajuato, empresa fabricante de productos químicos básicos (sulfato básico de cromo, líquido y sólido y dicromato de sodio), que almacenó residuos peligrosos durante años sin las condiciones de seguridad necesarias.
De acuerdo con la Profepa, Química Central acumuló 340 mil toneladas de residuos peligrosos dentro y fuera de sus instalaciones: uno de alrededor de 300 mil toneladas de desechos tóxicos ubicados al interior de las instalaciones de la empresa; y el segundo de 40 mil toneladas que ilegalmente fueron enterradas en el derecho de vía de ferrocarriles, a 1.5 kilómetros de la planta.
La dependencia contabilizó un total de 196 mil toneladas de residuos con cromo hexavalente, 11 mil 655 metros cúbicos de alúmina con cromo hexavalente, 14 mil 91 metros cúbicos de lodos de hidróxido de cromo y 3 mil 396 metros cúbicos de escombros con cromo generado, los cuales debían ser retirados y enviados a disposición final por una empresa autorizada por la Semarnat.
En 2014, la Procuraduría clausuró temporalmente a la empresa Química Central de México, SA de CV, ubicada en San Francisco del Rincón, Guanajuato, por considerar que representaba un riesgo inminente de desequilibrio ecológico, daño y deterioro grave a los recursos naturales del lugar y a la salud pública. Luego de esa acción, la Profepa presentó una denuncia penal en contra de la empresa por violentar la clausura temporal total que impuso.
Según información de la Procuraduría, el 5 de septiembre de 2014 se comprobó que los sellos de clausura fueron violados. “Fueron totalmente desmanteladas y retiradas de sus instalaciones las plantas de resinas sintéticas y de reducción inorgánica. No se encontraron los sellos de clausura colocados”, reportaron inspectores. Por los hechos, la Profepa presentó la denuncia penal ante el Ministerio Público Federal, y en septiembre de 2015 impuso una nueva clausura total a las instalaciones de la empresa Química Central de México.
El mismo día, jueves 3 de septiembre de 2015, el órgano desconcentrado de la Semarnat se dio por notificado oficialmente y atendió una sentencia dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, con sede en el estado de Guanajuato, la cual recayó a un recurso judicial promovido por dicha empresa. Dicho fallo judicial ordenó dejar insubsistente el acuerdo de emplazamiento emitido en mayo de 2014 por la Procuraduría, en el que impuso, como medida de seguridad, la clausura temporal total de la empresa, además de ordenar diversas medidas correctivas tendientes a aminorar el riesgo ambiental que representa la inadecuada disposición de las más de 300 mil toneladas de residuos peligrosos.
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Debido a que la sentencia pronunciada por Tribunal Colegiado reconoce la validez constitucional de la orden y el acta de inspección que motivó la emisión del acuerdo de emplazamiento en el que se ordenó como medida de seguridad la clausura total temporal impuesta por la Procuraduría a la empresa Química Central, la Profepa emitió un nuevo acuerdo de emplazamiento en el que se ordena también la clausura.
El argumento expuesto por el Tribunal Colegiado para dejar insubsistente el acuerdo de emplazamiento y sus consecuencias legales consistentes en la clausura y su ejecución se basó en la falta de motivación respecto de los plazos impuestos para que la empresa diera cumplimiento a las medidas correctivas ordenadas, cuyo objetivo básicamente se focalizaba en el retiro y disposición final de las 300 mil toneladas de residuos peligrosos que generó la empresa.
La Profepa mantiene las acciones legales para que Química Central responda a la denuncia penal y la querella por el daño ambiental causado.
Además de los residuos peligrosos que deberá retirar y disponer adecuadamente, Química Central deberá remediar el sitio contaminado que ha dejado después de desmantelar sus instalaciones, mismas que no volverán a operar.
A decir de la Profepa, son inaceptables las propuestas de remediación presentadas por la empresa, toda vez que plantean plazos de décadas solamente para el retiro de los residuos peligrosos depositados en los patios de sus instalaciones, situación que, remarca, se torna inviable debido al alto riesgo que representan para el equilibrio ecológico y la salud de la población.
Según dio a conocer El Economista, la empresa Química Central de México prepara una demanda contra el gobierno federal por daños superiores a los 80 millones de dólares, pues la clausura la habría llevado a la quiebra.
El cierre de la planta ubicada en los límites con el municipio de León ocasionó el despido de 130 personas que integraban el personal de la planta.
Jaime Kirchner Plascencia, abogado representante del grupo empresarial, detalló al diario que la demanda administrativa se interpondrá en la Sala Regional de Justicia Administrativa del Décimo Sexto Circuito una vez que determinen el daño total provocado a la empresa química. Señaló que hasta antes de la clausura contaban con los recursos para la remoción de lo que reconoce son residuos peligrosos, y a partir del cierre ya no.
Según la última estimación de la Semarnat disponible, aproximadamente el 46 por ciento de la superficie nacional muestra algún signo de degradación. Estima también que la generación diaria de residuos sólidos urbanos (RSU) se encuentra cerca de las 103 mil toneladas. Aunado a esto, en México no se cuenta con las capacidades para recolectarlos completamente ni la infraestructura necesaria para disponerlos de manera adecuada.
A nivel nacional, del total de RSU enviados a disposición final en 2012, 61 por ciento terminó en rellenos sanitarios y sitios controlados, 16 por ciento se dispuso en tiraderos a cielo abierto, y del 12 por ciento restante se ignora su sitio de disposición final.
En el caso de los residuos peligrosos se considera que en el periodo 2004-2011 se generaron 1.92 millones de toneladas.
Elva Mendoza, @elva_contra
[PORTADA] [BLOQUE: INVESTIGACIÓN] [SECCIONES: MEDIO AMBIENTE Y PORTADA]
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