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El gobierno federal y la mina Buenavista del Cobre acumulan 10 procesos judiciales a 18 meses del derrame de ácido en 250 kilómetros de cuerpos de agua. La subsidiaria de Grupo México, del empresario Germán Larrea, es una de las más de 700 minas que operan sin respetar la normatividad ambiental, según información de la propia Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). De acuerdo con organizaciones defensoras del medio ambiente, el papel de la autoridad ante una de las industrias más contaminantes ha sido prácticamente nulo.
Responsable, en agosto de 2014, del derrame de 40 millones de litros de solución de sulfato de cobre acidulado en los ríos Bacanuchi y Sonora, Buenavista del Cobre es uno de los 729 proyectos mineros que, de acuerdo con la Profepa, incumplen con la legislación ambiental.
Por incurrir en 55 irregularidades en materia de manejo de lixiviados, residuos peligrosos y de control de las emisiones contaminantes a la atmósfera, apenas mereció la clausura parcial de sus instalaciones por un periodo de 6 meses.
Operada por la empresa Buenavista del Cobre, SA de CV, es la cuarta mina de cobre más grande del mundo en términos de producción. La empresa posee casi el 40 por ciento del territorio concesionado en Cananea, Sonora: poco más de 104 mil hectáreas con 42 concesiones.
Parcialmente clausurada, la mina nunca dejó de extraer minerales. “Para una mina la clausura es costosísima, muchísimo más que cualquier multa que les puedas hacer”, dice en entrevista con Contralínea el subprocurador de Inspección Industrial de la Profepa, Arturo Rodríguez Abitia.
Subsidiaria de Grupo México –corporativo multinacional dedicado principalmente a la extracción de minerales, administración de concesiones ferroviarias y a la industria de la construcción con presencia, además de México, en Estados Unidos, Perú, Chile, Ecuador y Argentina–, Buenavista del Cobre contaminó 250 kilómetros de cuerpos de agua.
El derrame del 6 de agosto de 2014 alcanzó el Arroyo Tinajas, de 17.6 kilómetros; el Río Bacanuchi, de 64 kilómetros; y el Río Sonora, de 190 kilómetros. No obstante, a 18 meses de ocurrido, se ha trabajado únicamente en la remediación de 30 kilómetros, la llamada Zona Uno.
Dados los incumplimientos y omisiones tanto de la empresa como de las autoridades en torno al caso, refiere Julieta Lamberti, aún están por resolverse 10 procedimientos judiciales.
Se trata de siete amparos interpuestos por los Comités de Cuenca del Río Sonora en contra de la empresa y dependencias del gobierno federal, y tres amparos interpuestos por la organización PODER para obtener la información que les fue negada.
El Ejecutivo federal; la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, la Secretaría de Salud, y la Profepa libran juicios por violentar los derechos humanos de la población, refiere la organización PODER.
[blockquote pull=”right” align=”left” attributed_to=”” attributed_to_url=”{{attributed_to_url}}”]Buenavista del Cobre ha afectado los derechos humanos al agua, a la vivienda y a la salud de las poblaciones de la región del Río Sonora”[/blockquote]
El juicio de amparo 144/2015 por la falta del Plan de Manejo de Residuos Peligrosos de Buenavista del Cobre está pendiente de resolución para determinar si la empresa es considerada como autoridad responsable y, por lo tanto, causante de violaciones a los derechos humanos. El caso está a consideración de la ponencia del ministro Alberto Pérez Dayán, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por interés y trascendencia.
Explica la integrante de PODER que el precedente que pueda fijar la Suprema Corte potencialmente podría impactar todo asunto que se cuestione si ciertas empresas son responsables de violaciones a derechos humanos.
Los Comités de Cuenca del Río Sonora y PODER argumentan que Buenavista del Cobre ha afectado los derechos humanos al agua, a la vivienda y a la salud de las poblaciones de la región del Río Sonora y, en consecuencia, debe ser llamada a juicio como autoridad responsable. Sus actos modifican, crean o extinguen situaciones jurídicas que no son consultadas a las comunidades y sus operaciones dañan el medio ambiente y afectan los derechos humanos.
De resolverse favorablemente, la empresa deberá informar y consultar a la población de manera oportuna, accesible y suficiente en torno a las operaciones que les afectarán.
En septiembre de 2015, y a partir de solicitudes de acceso a la información pública, la organización dio a conocer el informe de investigación Análisis de incumplimientos de la normatividad ambiental por parte de Buenavista del Cobre, SA de CV, a los Comités de Cuenca Río Sonora donde se detallan las negligencias cometidas por la subsidiaria del Grupo México en la gestión de la mina de Cananea causante de los derrames de agosto de 2014.
Entre los hallazgos, PODER dio cuenta de la severa contaminación que aún predomina en los ríos Sonora y Bacánuchi. A raíz del derrame de Buenavista del Cobre se han rebasado los límites máximos permisibles de contaminantes establecidos en normas que se vinculan con daños a corto, mediano y largo plazo.
A partir de información oficial, reveló que Buenavista del Cobre infringió las normas obteniendo ahorros netos en costos y, por tanto, beneficios económicos de la violación de la normatividad. En palabras de la Profepa, la minera “obtuvo beneficios económicos en virtud de que al no haber invertido recursos económicos tuvo un ahorro neto ya que no realizó las gestiones necesarias para realizar las acciones y presentar los documentos correspondientes, no internalizó los costos ambientales al no haber cumplido con las obligaciones referidas”. Además determina que “existió negligencia por parte de la inspeccionada, toda vez que del acta de inspección y de los escritos presentados por ésta se desprende una omisión al no cumplir con sus obligaciones en materia de residuos peligrosos”.
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Según la información obtenida por PODER, en las inspecciones realizadas por la Profepa posteriores al derrame, la Procuraduría señala que “no hay pozos de monitoreo, no hay valoración física real de contaminación o infiltración de suelos”. Además, “no se confirma técnicamente que las instalaciones cumplan con criterios ecológicos de preservación y aprovechamiento sustentable del suelo”. No hay sistema de captación de fluidos bajo geomembrana de Tinajas 2.
Entre los hallazgos está el hecho de que Buenavista del Cobre no exhibe un plan de muestreo para identificar especies minerales presentes, y al no existir un plan de muestreo no es posible caracterizar la peligrosidad del mineral que se derramó.
Explica Julieta Lamberti que la contaminación de la mina puede provocar graves daños a la salud pública. Las infracciones se consideran graves por las consecuencias que pueden tener para la salud pública, ya que durante su proceso productivo la empresa emite partículas suspendidas, las cuales pueden irritar el sistema respiratorio o dañar los mecanismos de ventilación en los pulmones, contribuyendo de ese modo a agudizar enfermedades respiratorias. Además pueden generar desequilibrios ecológicos y provocar afectación de la biodiversidad.
En las actas revisadas, la Profepa se compromete a realizar un estudio hidro-geológico y otro sobre la caracterización de la biota terrestre. El compromiso era entregarlos a finales de octubre de 2014 pero ninguno de los dos estudios ha finalizado. Tampoco se han presentando la Evaluación de Riesgo Ecológico ni los estudios de evaluación de riesgo a la salud humana, cuya finalización estaba prevista para noviembre de 2014.
Buenavista del Cobre admite que los derrames fueron por la falla en el represo poniente en el sistema Tinajas 1. La filial de Grupo México acepta y reconoce en documentos de la Profepa que “por la falla en el represo Bordo Poniente en el sistema Tinajas 1 ocasionaron diferentes daños al hábitat, ecosistemas y recursos naturales e hídricos, que requieren de acciones de reparación y remediación orientadas a devolver al estado base los desequilibrios ecológicos y sanitarios causados y/o hacer la compensación correspondiente en su caso.”
Los represos Tinajas 1 y 2 están en construcción con avances de 50 por ciento y 70 por ciento, respectivamente. La construcción de los bordos 1 y 2 del represo Tinajas 1, lugar donde ocurrió el derrame, no se encuentran contemplados en el informe preventivo “terreros de lixiviación…”.
De acuerdo con la organización, desde el 10 de mayo de 2013 se había sugerido la construcción de los bordos poniente y oriente para aumentar la captación de solución de sulfato de cobre acidulado (incluyendo agua pluvial).
Pese a que la empresa exhibió los planos de ingeniería a detalle para la construcción de estos bordos, al momento de la supervisión la empresa no presentó documentos que acreditaran que las obras de construcción se realizaron de acuerdo al procedimiento establecido en el estudio a que se hace referencia y en los planos de ingeniería a detalle; sin embargo, la zona inició operaciones.
Del análisis, PODER concluye que los hechos y las omisiones por los que Buenavista del Cobre ha infringido la legislación ambiental son graves, riesgosos y pueden provocar daños a la salud humana, a los recursos naturales, a los ecosistemas y a la biodiversidad, poniendo en riesgo el equilibrio ecológico y violando el derecho humano a un medio ambiente sano.
Luego de inspeccionar a las 1 mil 130 minas que cuentan con registro oficial para operar en el país, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) reportó irregularidades en el cumplimiento de la normatividad ambiental en 729, el 64.51 por ciento de los proyectos mineros: 658 por alguna falta que no ameritó la clausura y 71 por incumplimientos graves que merecieron la clausura –61 con carácter total temporal y 10 de manera parcial temporal–; entre ellas, Buenavista del Cobre, SA de CV, subsidiaria de Grupo México.
Elva Mendoza, @elva_contra
[BLOQUE: INVESTIGACIÓN][SECCIÓN: PORTADA, MEDIO AMBIENTE]
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