“Estamos ante un tsunami pensionario”, sentencia el presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), Abraham Vela Dib. “En términos absolutos, ya sea que se trate de personas de ingresos altos o bajos, la verdad es que las pensiones van a ser muy modestas”.
Ése es el escenario en el que pronto se sumirán las personas de la tercera edad: sólo faltan 3 años para que la primera “generación Afore” empiece a pensionarse y, en cuanto dejen de laborar, sus ingresos caerán 70 por ciento o más de un día para otro.
“Cuando queremos ver en montos a cuántos pesos mensuales puede aspirar un trabajador, pues francamente estas pensiones son lacerantes, vergonzosas; es por eso que tenemos que llevar una gran reforma al sistema de pensiones”, señala en entrevista con Contralínea el doctor en economía por la Universidad de California.
Y es que a quien mejor le vaya recibirá tan sólo 30 por ciento de su salario, de tal manera que si se tratara del mínimo, cada día percibiría 30.6 pesos para sobrevivir. En casos tan precarios como ése, el erario federal asumirá la carga, reconoce el doctor Vela Dib.
“Los recursos de su cuenta individual los tomaría el gobierno para fondear parte de la pensión mínima garantizada, que es equivalente a un salario mínimo traído a precios actuales: alrededor de 3 mil 200 pesos mensuales. Entonces estaríamos hablando de que un alto porcentaje de trabajadores, la gran mayoría, estaría obteniendo 3 mil 200 pesos mensuales, más la pensión universal de adultos mayores de la nueva administración, que es de 1 mil 275 pesos al mes. Si sumamos estas dos cantidades, estaríamos hablando que la mayoría de trabajadores que están en el Sistema de Ahorro para el Retiro estarían obteniendo pensiones de alrededor de 4 mil 475 pesos.”
La mayoría, sin embargo, ni siquiera aspirará a esa pensión, porque no logrará cubrir el mínimo de semanas cotizadas: 1 mil 250, unos 25 años. En esos casos, los trabajadores recibirán sus ahorros en una sola exhibición y serán responsables de su manutención para el resto de sus vidas.
“La tasa de reemplazo dependerá del ingreso propio de cada trabajador, que es lo que determina cuánto pudo acumular en su cuenta. En el caso de los trabajadores de ingresos más bajos, que son la mayoría, esta tasa puede llegar a representar hasta el 30 por ciento de sus últimos ingresos. Pero en caso de los que tienen ingresos más altos, va a ser bastante baja”, explica el doctor Vela Dib.
Elizama González pronto se enfrentará a ese tsunami pensionario del que habla el titular de la Consar. La mujer tiene 55 años pero sólo ha tenido un empleo formal. Narra que por 10 años trabajó en una empresa de joyería de fantasía y pudo cotizar en una administradora de fondos para el retiro (Afore).
Su mayor deseo ahora es recibir una pensión de retiro al cumplir los 60, pero entiende que para ello debería realizar aportaciones mediante el ahorro voluntario. “Yo preferiría tener una pensión, porque si me dan todos los ahorros no sabría cómo invertirlos para que duren. Pero el ahorro voluntario me parece riesgoso. ¿Quién me garantiza que no se pierda?”
En el estado de cuenta que la Afore XXI Banorte le envió en diciembre de 2018, y que corresponde al último trimestre de ese año, se observa una minusvalía de 1 mil 30 pesos en el apartado de rendimientos, cuenta. Ese dinero ya jamás lo recuperará.
La demógrafa y socióloga Verónica Montes de Oca advierte que en México la población de más de 60 años crece rápidamente a una tasa de 7 por ciento anual. Pero, apunta, no hay condiciones para un “envejecimiento digno”.
Esto debería implicar un cambio vertiginoso en políticas públicas, fundamentalmente en materia de seguridad social, señala la también coordinadora del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Sin embargo, el nuevo gobierno no parece tener esa prioridad. Abraham Vela comenta que, aunque es urgente atender a los trabajadores que empezarán a ejercer su derecho al retiro en 2022, “la instrucción del presidente [Andrés Manuel] López Obrador y del propio secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa, es que la gran reforma se estaría planteando hasta la segunda parte de la presente administración”.
El problema no sólo se reduce al momento en el que se impulsará la reforma, sino también al fondo de la discusión: mientras la Consar propone que sea el trabajador quien duplique o triplique las aportaciones para poder aumentar la pensión; un grupo de académicos exige poner fin al “lucrativo” sistema de capitalización privada, que constantemente pone en riesgo los ahorros y cobra “onerosas” comisiones, que llegan a representar hasta una cuarta parte del ahorro total.
“Una Afore es un negocio redondo: no tuvieron que invertir mucho para poner una, captaron todos los ahorros y obtuvieron ganancias. Pero, ¿y el trabajador?”, se pregunta la economista Berenice Ramírez. Lleva 20 años estudiando este sistema y apunta que una de sus principales debilidades es que no garantiza rendimientos positivos.
“Además de los riesgos propios del ciclo vital –enfermedad, vejez o muerte–, hacen que el ahorrador entre al riesgo financiero. El mismo contrato señala que su rentabilidad depende del mercado”, explica.
Héctor Rodríguez, quien fue promotor asesor de Afore XXI Banorte durante 11 años, reconoce que las condiciones previas a la reforma a la Ley del Seguro Social en 1995 eran mucho mejores. Antes, dependiendo de los años trabajados, una persona podía recibir como pensión entre el 60 y el ciento por ciento de su salario. Hoy ni siquiera hay garantía de que el ahorrador se va a beneficiar con la administración privada.
Y es que el mercado especulativo es el que dicta el comportamiento de las futuras pensiones y de ello se deriva su inestabilidad. “Para convencer al ahorrador de que se cambie de Afore se le muestra el rendimiento de ese momento. Pero en realidad no se puede garantizar una rentabilidad: puede ser que a las inversiones no les vaya muy bien”, explica Rodríguez.
El exasesor se refiere a las operaciones financieras que realizan las Afores usando los ahorros, que en abril de 2019 sumaban 3 billones 586 mil 4 millones de pesos. Este dinero es administrado por 10 Afores y de acuerdo con la Consar, corresponde a más de 63 mil millones de cuentas administradas. Sin voz ni voto de los ahorradores, el capital se “invierte” en proyectos privados y gubernamentales, como el fallido Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México. Es por ello que a veces hay rendimientos, pero otras sólo mermas.
No hay que retroceder mucho para encontrar “minusvalías” o “rendimientos negativos”, eufemismos empleados por las Afores para referirse a las pérdidas: en el último trimestre de 2018 ascendieron a 138 mil 580 millones de pesos, por la incertidumbre que generó el cambio de gobierno y la cancelación de proyectos. Y aunque en un comunicado la Consar aseguró que éstas habían quedado “más que superadas” con las plusvalías del primer trimestre de 2019, no todos opinan lo mismo.
“Lo que manejan como minusvalías sí es un perjuicio real”, comenta Berenice Ramírez, también académica del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Explica que recibió algunos casos de ahorradores que perdieron más de 10 mil pesos. “¿Cuándo van a recuperar ese dinero si cada mes le van metiendo 300 o 400 pesos? Según lo que hemos estudiado, ese dinero no se recupera de la forma en que lo explica la Consar”. La única manera de lograrlo, señala, es que el ahorrador trabaje más horas.
En respuesta a Contralínea, Afore Banamex envió un correo explicando que el “saldo depende del precio de la acción, el cual a su vez depende de los cambios del mercado”. Pero acota que “mientras no se vendan las acciones, en realidad no hay una pérdida, lo que hay es una minusvalía”.
Por su parte, Afore Sura responde que aunque en la regulación actual no existe una medida que obligue a las Afores a tener una rentabilidad mínima, sí está establecido en la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro que éstas deben “velar por los intereses de los trabajadores, asegurándose que todas las funciones se efectúen para la inversión de los recursos, se realicen con ese objetivo”.
Además, menciona que “el régimen de inversión establecido por el regulador (Consar) hace que los momentos de volatilidad no afecten de manera considerable los recursos de los clientes, ya que la alta diversificación en la composición de la cartera protege la inversión”.
No obstante, al estudiar los modelos privados de pensiones para el retiro en otros países de América Latina, la doctora Berenice Ramírez genera proyecciones para el caso mexicano, y advierte peores escenarios. “La rentabilidad en los primeros años es muy alta porque la masa que invierte es alta, pero esto disminuye con el tiempo. Además, se van acabando los espacios de inversión porque sólo le apuestan a la bolsa de valores”.
Otro punto que beneficia a la iniciativa privada y perjudica a los trabajadores es el de las onerosas comisiones que cobran las Afores por administrar los ahorros, es decir, por jinetear el dinero.
Pocos trabajadores saben cuál es el costo total de las comisiones, y la Consar sólo informa que se trata de aproximadamente 1 por ciento anual sobre el saldo. Imposible imaginar que esta cifra, en apariencia insignificante, termina siendo aproximadamente un 25 por ciento del total de los ahorros individuales.
Incluso el doctor Abraham Vela considera imposible esta estimación: cree que hay un error en el cálculo o que algún numerador está siendo mal usado. “Eso no puede ser: implicaría que la tasa de reemplazo estuviera viéndose reducida en ese porcentaje como resultado de las comisiones”.
Pero la doctora Berenice Ramírez sostiene que ésa es la realidad, y se manifiesta sorprendida por lo que califica como la “ignorancia de los funcionarios”. La investigadora de la UNAM estima que en un trayecto de 25 años el costo de comisiones oscila entre 23 y 25 por ciento, dependiendo de las condiciones laborales del ahorrador.
Ramírez no es la única estudiosa del tema que llega a esta conclusión: el actuario Alberto Valencia realiza el cálculo a 45 años y encuentra que las comisiones alcanzan el 29 por ciento. Usa, entre otros valores, un aporte anual constante de 10 mil pesos desde 1997 hasta 2042. En su análisis tiene el cuidado de incluir la comisión sobre flujo que se cobraba hasta 2008.
El valor del aporte o los años cotizados pueden cambiar, comenta en entrevista, pero sigue dando como resultado “un porcentaje muy similar”. Incluso el cobro de comisión puede aumentar cuando una persona pierde su trabajo o consigue un empleo informal. Aunque no pueda realizar aportaciones, las Afores no dejan de cobrar la comisión cada año sobre el total que exista en la cuenta.
De su explicación se desprende que la trampa de las comisiones radica precisamente en esta fórmula: cada año, las Afores cobran la comisión sobre el ahorro total.
“En realidad se trata de un cálculo simple en el que se compara el resultado del ahorro con comisiones y sin ellas, pero la Consar tiene publicaciones sesgadas”, lamenta el actuario y estudioso del tema de las pensiones, quien actualmente labora en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Para el experto, como las comisiones, otros datos también son manejados con “muy poca objetividad” y no ayudan a que las personas tengan conciencia real de cuánto van a obtener como pensión mensual.
De acuerdo con la última actualización del Inegi, la tasa de desocupación durante el primer trimestre de 2019 aumentó a 3.6, la mayor en 2 años. Esta cifra corresponde al porcentaje de la población económicamente activa (PEA) que no trabajó ni 1 hora a la semana pero sí intentó obtener un empleo.
Otros datos arrojados en de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo muestran que el 57.1 por ciento de la población ocupada se encuentra en la informalidad. Esta cifra aumentó 0.2 puntos respecto a marzo de 2018.
Para la doctora en ciencias sociales Verónica Montes de Oca, un empleo formal es una condición necesaria para tener una vejez digna. “¿Por qué en México sólo el 30 por ciento de la población con 60 años y más tiene una pensión? Porque desgraciadamente la mayoría hizo trabajo no reconocido mucho tiempo”.
La investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM destaca que en este contexto las mujeres se enfrentan a peores condiciones: además de tener salarios más bajos, muchas tienen que dejar sus empleos al tener hijos. En caso de cotizar en Afores, dejan temporalmente de aportar y tardan mucho más en alcanzar el requisito mínimo de las 1 mil 250 semanas cotizadas. Paradójicamente, ellas tienen mayor esperanza de vida que los hombres, 78 años y 73 años respectivamente, de acuerdo con datos del Inegi en 2016.
Denisse Pina tiene 20 años de edad y ya ha tenido la oportunidad de trabajar por breves temporadas en una empresa formal, misma que le permitió empezar a cotizar en la Afore Banamex. Ella lamenta que se hayan incrementado las semanas de cotización necesarias para tener derecho a pensión.
“Es una circunstancia desalentadora para mí y para todos los jóvenes del país saber que trabajaremos incansablemente si queremos terminar en condiciones dignas y siendo autosuficientes en una edad tardía.”
En el futuro, a la joven sí le gustaría ser madre y también tener un trabajo fijo en el campo editorial. Espera conseguir estas condiciones laborales al acabar la licenciatura, pero sabe que el panorama no es fácil.
“Muchas empresas piden requisitos con los que es difícil cumplir en cuanto a experiencia laboral o de lo contrario ofrecen salarios que resultan insuficientes para cumplir con las demandas que implica vivir en la Ciudad de México.”
La doctora Montes de Oca recuerda que desde 1994 advirtió de esas dificultades: “No es posible reformar un sistema de pensiones si se están generando condiciones para disminuir el empleo formal, es una burla”. Explica que en el modelo anterior sólo hacía falta cotizar 15 años; los 25 años requeridos ahora son casi imposibles de lograr en un país donde prima la informalidad: “quienes no tienen estabilidad laboral simplemente no cotizan”.
Ante un escenario que urge cambios, el presidente de la Consar sugiere que los trabajadores deberían ahorrar el 15 por ciento de sus salarios. “No hay sistema que pueda otorgar pensiones dignas y suficientes con las aportaciones del 6.5 por ciento que tenemos hoy”, señala Abraham Vela.
Cuestionado sobre la viabilidad de solicitar una garantía de rentabilidad mínima a las Afores para que el trabajador no tenga riesgo de perder sus ahorros, opina que esto sería posible pero inconveniente. “Estaríamos creando un incentivo para que las Afores sólo inviertan en activos de bajo riesgo y aseguren de esa manera rendimientos positivos. Pero aquí hay un dilema: sabemos que en un horizonte largo de tiempo, durante la vida activa de un trabajador, las inversiones con cierto riesgo siempre van a ofrecer rendimientos más altos que los de los valores gubernamentales, que tienen un riesgo menor”.
Menciona que tampoco optaría por regresar al sistema anterior, ya que “era financieramente insostenible y representaba una carga creciente a las finanzas públicas del país”. El doctor Vela Dib afirma que las aportaciones solicitadas no permitían fondear las pensiones que se prometían. Además, los recursos fueron mal administrados e incluso “se pudieron haber esfumado con el fantasma de la corrupción”.
En ese sentido, el presidente de la Consar dice no estar de acuerdo con la reversión que sugiere la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Se refiere al informe La reversión de la privatización de las pensiones: aspectos clave que ese organismo especializado de las Naciones Unidas presentó en México en marzo pasado.
Durante esa presentación, el especialista de la OIT, Flavio Durán Valverde, comentó que América Latina “no tuvo un caso de éxito” en la privatización del sistema de pensiones: no existe ni mayor cobertura ni mayores beneficios, por lo que planteó abrir la discusión para una reversión, o cuando menos un mayor control del Estado mexicano.
Aunque México ratificó el Convenio 102 de la OIT relativo a la seguridad social, la especialista en derecho del trabajo, la doctora Ascensión Morales, considera que el sistema de pensiones por capitalización individual no es congruente con lo establecido.
“De acuerdo con el Convenio, debe existir la certeza de una pensión, las personas deben percibir por lo menos el 40 por ciento de su salario y el Estado debe intervenir como regulador. Pasa que el sistema en este país no cumple: no sabes siquiera de cuánto va a ser tu pensión”, explica la doctora en derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Para la investigadora, el objetivo de las Afores es el “lucro”, por lo que no buscan cumplir con lo relativo a la seguridad social. “Menos del 30 por ciento van a recibir pensión y como sociedad vamos a tener que apoyar a los demás a través de los impuestos”.
La economista Berenice Ramírez considera que el actuar de los funcionarios de la Consar y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) corresponde a una formación con perspectiva económica neoclásica: “Hay una escuela que considera que el mejor sistema es la capitalización individual y es la que empieza a ubicarse en Hacienda desde que Guillermo Ortiz era el titular [1994-1998]. Plantea que el funcionamiento del mercado financiero permite solucionar muchos de los problemas del mercado laboral”.
Explica que este grupo tuvo una injerencia principal en la elaboración de las reformas que dieron paso a la privatización del sistema de pensiones para el retiro. “Ellos opinan que el Estado sólo debe administrar las condiciones para que la gente no caiga en pobreza extrema. Pero no buscan un mecanismo de mayor distribución de la riqueza”.
Tanto la doctora Berenice Ramírez como la doctora Ascensión Morales esperaban cambios más drásticos en la presente administración. Entrevistadas por separado, lamentan la decisión de postergar la “gran reforma” en pensiones hasta la segunda mitad del sexenio, y señalan que la iniciativa de López Obrador, aprobada por la Cámara de Diputados, contiene modificaciones superficiales que no cambian el sistema actual y de hecho lo consolidan.
“Me decepcionó, fue incongruente con lo que dice públicamente. Lo que hace es darle más facultades a la Consar y para que las Siafores cambien de nombre y tengan mayores facultades de inversión. ¿Es progresivo? No es la reforma que un trabajador estaría esperando”, comenta la doctora Ascensión.
Por su parte, la investigadora Berenice explica que es difícil hablar de “reversión” porque el sistema anterior, de reparto y con beneficio definido, no tuvo el mejor desempeño. Sin embargo considera que el costo fiscal ocasionado por aquel modelo fue incrementado en gran medida por las desigualdades en el sistema de pensiones.
“Mientras la pensión promedio de una persona afiliada al Instituto Mexicano del Seguro Social era en promedio de 5 mil pesos, otra que se pensionaba por el sistema de la Comisión Federal de Electricidad o de Pemex, eran de 50 mil pesos. Y la desigualdad prevalece con las mismas características de trabajo o incluso el mismo salario.”
La economista plantea una discusión colectiva para formular un nuevo diseño que permita sostenibilidad y viabilidad. Para empezar, es necesario hacer una evaluación sistémica de los efectos de la reforma. “Todavía tenemos muchos espacios de información que las instituciones gubernamentales no transparentan”.
Lo que sí se necesita es una pensión contributiva de beneficio definido, dice. “El sistema no puede perder los ahorros de quienes ganan cinco salarios mínimos o menos. Tiene que garantizarles una pensión que les permita mantener, al menos, su nivel de vida. Y para aquellos que ganen mucho dinero y quieran jugar al mercado financiero, pues dejarles la opción del ahorro voluntario en las Afores”.
María de Lourdes Martínez es autora del libro Qué transa con las Afores e imparte un seminario con el mismo nombre. Dio inicio al proyecto en 2018 tras titularse de la maestría en defensa y promoción de los derechos humanos en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, con la tesis El sistema de Afores en México y la violación del derecho humano a la seguridad social.
“Usé el método investigación-acción participativa y encontré que muy poca gente sabía qué es la seguridad social. Ni siquiera los jóvenes, que van a ser los más afectados por las Afores [conocen el concepto]. Por eso doy este curso, para que la gente sepa que se trata de un mecanismo de despojo, que les han quitado un derecho”, comenta.
El seminario busca profundizar en el entendimiento de las Afores. Por ello incluye una revisión amplia de los conceptos, leyes e incluso factores históricos clave que derivaron en el sistema actual.
“La idea también es formar instructores, para que enseñen a otros sobre los derechos que tienen y luchen por ellos”, explica la maestra María de Lourdes frente a una veintena de personas, casi todos trabajadores retirados.
Alfredo Bastida tiene 70 años y es uno de los asistentes. Hace 1 año se retiró tras cumplir 35 años de servicio en una dependencia de la Secretaría de Gobernación. Aunque reconoce que actualmente no tiene la mejor situación económica, a diferencia de lo que pasará con “la generación Afore”, él sí percibe el ciento por ciento del salario con el que cotizó.
Ahora busca ayudar “con su granito de arena” para contrarrestar la falta de información en su entorno. “Lo que hemos aprendido en este seminario vamos a dárselo a los jóvenes que están empezando a trabajar”.
Para el señor Alfredo, el empresario puede traer inversión y dar trabajo a nuestros jóvenes, pero tiene que respetar sus derechos. Si los trabajadores no conocen cuáles son, no pueden reclamar, explica. “Muchas veces ellos nos ven como una maquinaria y cuando uno cumple 30 o 40 años de servicio ya no les sirves, lo que quieren es desecharte sin pagar ningún dinero”.
Históricamente, dice, “quienes nos enseñaron luchar nos dijeron que el trabajador es quien genera la riqueza. Por lo tanto, tiene derecho a una remuneración justa y a la seguridad social”.
Marcial Yangali
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