Del megaproyecto privado que impulsan el Gobierno del Distrito Federal, la inmobiliaria Grupo Frisa y la Universidad Nacional Autónoma de México se conoce muy poco. El gobierno de Marcelo Ebrard mantiene en el secretismo uno de los proyectos más importantes de su administración. A pesar de que fue presentado como un desarrollo sustentable, el negocio traerá consecuencias ambientales y viales severas para los habitantes de la ciudad de México, señalan especialistas
Elva Mendoza / Segunda y última parte
Ciudad del Conocimiento, Campus Biometrópolis, megaproyecto cuyo costo asciende a 23 mil 256 millones de pesos –tan sólo 9 mil millones de pesos menor al monto solicitado por el gobernador Enrique Peña Nieto para el ejercicio 2011 del Estado de México–, es el primero de cuatro campus que, de acuerdo con el Gobierno del Distrito Federal, harán de la segunda ciudad más grande del mundo una “metrópoli del conocimiento”.
El Campus fue anunciado durante la semana de la Ciencia y la Innovación en 2008 por personajes como Alvin Toffler, escritor y futurista estadunidense; Satyan Gangaram Pitroda, presidente de la Comisión Nacional del Conocimiento en la India, y Rajendra K Pachauri, presidente del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la Organización de las Naciones Unidas y ganador del Premio Nobel de la Paz.
El megaproyecto de inversión privada se realiza a iniciativa del Gobierno del Distrito Federal. El jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard Casaubón, designó como coordinador y representante gubernamental del proyecto al exregente de la ciudad de México Manuel Camacho Solís. Los otros participantes son la inmobiliaria Grupo Frisa (a cargo de la construcción y de la inversión) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a través de su Coordinación de Innovación y Desarrollo.
Presentado como un proyecto “verde” que cumple con los más altos estándares internacionales de arquitectura sustentable, el Campus habrá de construirse sobre la reserva natural Los Encinos, predio de alto valor geológico, biológico, ambiental e histórico, ubicado en bulevar Adolfo Ruiz Cortínes, sin número, entre las vialidades Camino a Santa Teresa y Carretera al Ajusco, contiguo a las instalaciones de Televisión Azteca y la Unidad Hospitalaria de Petróleos Mexicanos (Pemex), en la delegación Tlalpan.
En el terreno de alrededor de 71 hectáreas se construirán empresas tecnológicas; zonas habitacionales, comerciales y de servicios; hospitales para investigación y educación, y laboratorios e instalaciones de investigación aplicada.
La construcción, que destruiría cuevas de origen volcánico de más de 2 mil años de antigüedad, estará conformada por 45 bloques o edificaciones, dos de los cuales serán de hospitales; 10 de laboratorios y facultades de medicina; 19 bloques estarán destinados a oficinas; dos, a hoteles, y 20, a edificaciones para uso habitacional. En 36 de los 45 bloques, habrá locales comerciales.
Las líneas de investigación por desarrollarse dentro de la ciudad “sustentable” serán cancerología, nutrición y diabetes, geriatría, cardiovascular, farmacéutica e infectología.
Biometrópolis relacionaría sus actividades con la industria, incubadoras y capital de riesgo. Concentraría trámites y autorizaciones en patentes, importaciones de materiales de laboratorio y nuevas oportunidades de negocios, recita la página oficial del proyecto.
Sin especificar si los inmuebles, las actividades y los resultados de las actividades que ahí se realicen serán de carácter público o privado, el 1 de diciembre de 2009 el gobierno capitalino y la iniciativa privada firmaron el Convenio de Concertación para el Desarrollo de un Proyecto de Protección y Salvaguarda Ecológica, así como la Creación del “Campus Biometrópolis”, del cual Contralínea tiene copia.
Los firmantes de tal Convenio son Salvador Río de la Loza Castillo y Carlos Allegre Bobolla (a nombre de Vistas del Pedregal, SA de CV; Desarrollos Modernos del Sur, SA de CV; Inmobiliaria y Constructora El Encino, SA de CV; Inmobiliaria El Encino, SA de CV, e Inmobiliaria y Constructora Géminis, SA de CV); los hermanos Gaspar, Alberto y Alejandro Rivera Torres Prado (el primero, presidente de la inmobiliaria Grupo Frisa, aunque firma junto a Alberto por Fraccionadora y Constructora Tor, SA; Gaspar firma también por Inversiones Bis, SA); Marcelo Luis Ebrard Casaubón, como jefe de Gobierno del Distrito Federal; José Ángel Ávila Pérez, secretario de Gobierno; Felipe Leal Fernández, secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda; Martha Delgado Peralta, secretaria del Medio Ambiente; José Armando Ahued Ortega, secretario de Salud; Raúl Armando Quintero Martínez, secretario de Transportes y Vialidad; Ramón Montaño Cuadra, oficial Mayor; Leticia Bonifaz Alfonzo, consejera Jurídica y de Servicios Legales, y Ramón Aguirre Díaz, director general del Sistema de Aguas.
En el documento se establecen las cláusulas por convenir entre los privados y el Gobierno de Marcelo Ebrard. La tercera cláusula, “Trasmisiones de propiedad”, determina la creación de un Área Natural Protegida de 25 hectáreas (el 35.5 por ciento del total del predio) a cambio de que el Gobierno revierta, a favor de las empresas, áreas que en 1993 le fueron donadas para la construcción de calles y zonas verdes.
Otro punto de “acuerdo” es la donación por parte de Grupo Frisa de 87 hectáreas en La Cañada, predio localizado dentro de la delegación La Magdalena Contreras, supuestamente para la regeneración del Río Magdalena, y donde el Gobierno del Distrito Federal desarrollará un proyecto de recarga del acuífero de la ciudad de México.
“Con estas decisiones, estamos actuando con gran responsabilidad social y ambiental”, aseguró el presidente de Frisa, el 1 de diciembre de 2009, luego de la ceremonia donde se llevó a cabo la firma del documento.
El Convenio –obtenido por Contralínea a través de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal– prevé obras complementarias al Campus. Las partes, narra el impreso, reconocen la “vital importancia” de “tener vías públicas de acceso que eviten congestionamientos y puedan alimentar a dicho proyecto”, por lo que el Gobierno del Distrito Federal se compromete a ampliar un carril en la lateral del Periférico, a crear un centro de transferencia modal que ordene los flujos del transporte público provenientes de las colonias del Ajusco; a realizar una “conexión” con el Sistema de Transporte Colectivo Metro; a construir dos puentes de acceso y sus respectivos retornos sobre el Periférico y, por último, a sustituir los microbuses por una ruta Express sobre el Periférico.
La cuarta cláusula establece que, a manera de incentivo, el gobierno local otorgará “beneficios fiscales” a los contribuyentes que se establezcan en Campus Biometrópolis; a llevar a cabo todas las acciones necesarias para operar vialidades y acciones en materia de transporte, y a coadyuvar con la obtención expedita de permisos, licencias y autorizaciones requeridas.
Biometrópolis operará mediante un Fideicomiso Maestro cuyo órgano máximo de gobierno será el Comité Técnico, integrado en su mayoría por miembros de capital privado (“propietarios del predio”), a quienes pertenecen siete de 11 lugares; del resto, dos corresponderían al Gobierno del Distrito Federal, uno a la Universidad Nacional Autónoma de México y uno más para Satyan Gangaram Pitroda, empresario, científico y funcionario de la India.
Aunque en el documento no se menciona a Grupo Frisa, a través de un boletín fechado el mismo día en que se firmó el Convenio, esta empresa se adjudicó “el desarrollo y la implementación” de Biometrópolis. La entidad es un grupo inmobiliario dedicado al sector comercial, industrial, de vivienda y turismo. Entre sus proyectos se cuenta el centro comercial Mundo E y el Magnocentro, ubicados en Satélite e Interlomas, respectivamente, y 33 plazas comerciales más.
Su presidente y propietario Gaspar Rivera Torres, en conferencia de prensa, aseguró: “Con esta inversión, el Grupo se coloca a la vanguardia en el sector inmobiliario al incursionar en la economía del conocimiento, en el campo de la promoción de negocios de ciencia y tecnología”.
De acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental presentada por Inmobiliaria el Encino, SA de CV, y BBVA Bancomer Servicios, SA de CV, a la Secretaría del Medio Ambiente capitalina, el predio se encuentra fraccionado y pertenece a las empresas Vistas del Pedregal, SA de CV; Inmobiliaria El Encino, SA; Desarrollos Modernos del Sur, SA; Hermanos Rivera Torres, e Inmobiliaria y Constructora Géminis, SA de CV.
Las empresas, a través del Convenio de Concertación, reconocen que Los Encinos ha sido objeto de procedimientos judiciales y administrativos relativos a su titularidad y aseguran contar con los documentos y certificados que acreditan su “legítima y plena propiedad de los predios”.
No obstante, Érika Larios, de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, dice a Contralínea que el predio cuenta con un expediente abierto en dicha dependencia.
Al respecto, Daniel Márquez, investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, explica que convenir la creación de un proyecto sobre un predio en litigio es riesgoso para la ciudad, puesto que peligra la permanencia del Área Natural Protegida.
De acuerdo con fuentes de la Secretaría del Medio Ambiente, los instrumentos notariales presentados por los promoventes de cualquier proyecto sujeto a evaluación de impacto ambiental se reciben “de buena fe”, lo que indica que no hay mecanismo alguno para verificar si son o no apócrifos.
Cuestionado acerca de la propiedad del predio, Gonzalo Nadal, vocero de Grupo Frisa, dice a Contralínea que la inmobiliaria es propietaria del predio.
Debido a su ubicación, colindancias y vialidades, Los Encinos detenta un alto valor comercial. Al predio se puede acceder por Anillo Periférico Sur; la carretera Picacho Ajusco, y las líneas 1 y 4 del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Es contiguo a Televisión Azteca, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la Universidad Pedagógica Nacional, la editorial Fondo de Cultura Económica, El Colegio de México, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y la unidad habitacional Emilio Portes Gil, comúnmente conocida como Pemex.
En 1987, los propietarios obtuvieron autorización para construir un fraccionamiento sobre Los Encinos conforme a los usos de suelo H4 (usos habitacionales y mixtos con una densidad de hasta 400 habitantes por hectárea) y C (corredor urbano con usos mixtos comerciales y de servicios), de acuerdo con lo establecido en el Programa Parcial de Desarrollo Urbano para la delegación Tlalpan.
Fue en 1997 cuando se modificaron los usos de suelo y se estableció como único uso permitido el de Área Verde, categoría que impide cualquier edificación sobre el sitio. Los propietarios interpusieron un juicio donde demandaban a las autoridades reconocer como uso de suelo los establecidos en el Programa de 1987, pues pretendían construir el desarrollo inmobiliario Vistas del Pedregal, destinado a usos comerciales, de oficinas y viviendas.
En 2008, el juez Noveno de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal dictó sentencia favorable a los propietarios que les permitía construir en un polígono de actuación con los usos de suelo solicitados.
El Gobierno de Marcelo Ebrard no desconocía los riesgos de construir sobre un predio de tales características e importancia, pues en el Convenio de Concertación se señala que la Secretaría del Medio Ambiente recomendó al jefe de Gobierno intervenir para modificar el diseño del desarrollo e incorporar criterios de sustentabilidad urbana “con la finalidad de evitar la destrucción de flora y fauna, el daño al sistema de cavernas volcánicas y la disminución de la captación de agua”.
El Gobierno del Distrito Federal asegura, en el documento, encontrarse en una posición complicada, pues de cumplir con la orden del juez causaría daño al medio ambiente, y de no cumplir, violaría la ley. Se evaluó, continúa, la posibilidad de expropiar con el fin de declarar Área Natural Protegida al predio en su totalidad. Sin embargo, sin mostrar evaluaciones financieras que así lo acreditaran, el Gobierno de la Ciudad determinó que el costo de la indemnización hacía inviable la expropiación.
Como una manera de “solucionar” el conflicto, Grupo Frisa encomendó el Plan Maestro de Biometrópolis al despacho inglés de arquitectos Foster and Partners. La firma dirigida por su fundador Norman Foster es famosa en el mundo debido a sus propuestas basadas en la arquitectura sustentable.
Foster and Partners exhibió las maquetas de sus proyectos más relevantes, incluida la del Campus Biometrópolis en el Museo de San Ildefonso, en el centro histórico de la ciudad de México. La exposición “El arte de la arquitectura” fue inaugurada por el jefe de Gobierno en mayo del año en curso.
Para Rodrigo Gutiérrez Rivas, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el argumento es contradictorio y manifiesta que hay un trato desigual en relación con los espacios cuando se decide expropiar a los pequeños propietarios.
El también especialista en derechos humanos señala que el gobierno de Marcelo Ebrard no está operando bajo la noción de interés público establecido en la Constitución y no asienta argumentos para justificar la utilidad pública de Biometrópolis.
Por ser contenedor de cuevas de origen volcánico de considerable rareza, belleza y tamaño, hábitat de especies endémicas, protegidas y en peligro de extinción, Los Encinos es un sitio de utilidad pública que debió ser declarado Monumento Natural, dice Zenón Cano Santana, biólogo y profesor en la Facultad de Ciencias de la UNAM.
Antonio Lot, secretario ejecutivo de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, coincide con Cano Santana cuando se habla de la importancia de preservar el sitio, por los servicios ecosistémicos que brinda a los habitantes de la ciudad de México.
Lot asegura a Contralínea que es muy difícil preservar áreas verdes en una urbe como la ciudad de México y reflexiona sobre el peligro que corren al ser objeto de la especulación inmobiliaria: “En cualquier momento, hacen un desarrollo y se pierde todo”. Aunque considera que debería preservarse y restaurarse el ciento por ciento del predio, se muestra agradecido de que la UNAM participe en el manejo de las 25 hectáreas declaradas como Área Natural Protegida con la categoría de zona de protección hidrológica y ecológica.
Además, dice el experto, violenta el derecho al medio ambiente establecido en el artículo 4 de la Constitución; viola la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; el derecho a la participación ciudadana; a la información; al Plan Verde y al Programa de Desarrollo Social. Todos, derechos establecidos en leyes internacionales, federales y en leyes que ha impulsado, incluso, el Gobierno de la ciudad.
El megaproyecto, continúa, contradice también el derecho a la ciudad, reconocido en la Carta de la ciudad de México por el derecho a la ciudad, firmada en julio de 2010 por el jefe de Gobierno.
A juicio del investigador, los grandes proyectos de infraestructura del gobierno capitalino propician la construcción de una ciudad fraccionada e inequitativa, donde la minoría con mayor poder económico accede a la infraestructura que opera, como ghettos para ricos, espacios privados.
Andrés Lajous, maestro en planeación urbana por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, también habla, en entrevista para Contralínea, de la fragmentación de la urbe, producto de acciones de infraestructura que segregan y segmentan el espacio público, generando así una ciudad ineficiente y “no muy agradable para vivir”. Una idea de ciudad, dice, que ve en los bienes raíces el motor del desarrollo.
Cuando se le pregunta a Rodrigo Gutiérrez su opinión acerca de que la Universidad sea partícipe de dicho proyecto, responde sin dudar, desde su cubículo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que la casa de estudios “tiene la responsabilidad y el compromiso de reflexionar sobre el tipo de ciudad donde queremos vivir, en función de una ciudad para todos, segura, sustentable, equitativa, donde todos quepamos; no una ciudad blindada con plumas y policías”.
Jesús Carrasco Gómez, secretario técnico de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y miembro del Partido de la Revolución Democrática, arguye que no tienen conocimiento del Campus Biometrópolis porque no ha llegado a la Asamblea. Según el también ingeniero agrónomo y especialista en bosques, no existe motivación alguna para exigir información al respecto y, asegura, en la Comisión hay mucho trabajo para “preocuparse” por el megaproyecto.
El diputado del Partido Acción Nacional Rafael Calderón Jiménez, quien es miembro de dicha Comisión, refiere no tener información al respecto: “Habrá que revisar muy bien el impacto ambiental y vial que habrá de traer a la ciudad el principal proyecto del gobierno de Marcelo Ebrard”.
Ante la falta de información y discusión, tanto Lajous como Rodrigo Gutiérrez piden que el gobierno capitalino entregue la información a los habitantes de la ciudad, quienes habrán de asumir las consecuencias en materia ambiental y vial de las obras que autoriza el gobierno. Los costos, a decir de Lajous, se vinculan directamente con el cambio en el mercado de bienes raíces, el aumento del tránsito de vehículos, la deficiencia en la calidad de vida derivada de la expansión horizontal de la ciudad, además de las repercusiones económicas con cargo al erario para beneficiar a privados.
Contralínea solicitó a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal el monto asignado en los ejercicios fiscales 2008, 2009 y 2010 al Proyecto Ciudad del Conocimiento, Campus Biometrópolis, a lo que respondió, a través del oficio GDF/SF/DGE A/0371/2010, “no hay recurso presupuestado para el proyecto en los años referidos”.
El secretario de Finanzas de la capital, Armando López Cárdenas, en su comparecencia ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, indicó que 10 mil millones de pesos del Presupuesto de Egresos 2011 se destinarán a obras de infraestructura relacionadas con el mejoramiento urbano y desarrollos inmobiliarios “como Biometrópolis”.
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