Los primeros contagios de Covid-19 en cárceles del país sucedieron la segunda semana de abril en el Estado de México: cuatro internos y un custodio del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Cuautitlán fueron diagnosticados positivos al virus SARS-CoV-2. Uno más fue documentado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en un reclusorio de Yucatán.
En total, las oficinas de Naciones Unidas en México han alertado que 208 mil 343 personas (197 mil 516 hombres y 10 mil 827 mujeres) en reclusión se encuentran en situación de vulnerabilidad ante la pandemia, debido a las condiciones de reclusión y los espacios reducidos de convivencia.
Defensores de derechos humanos consultados por Contralínea observan que la pandemia agrava las condiciones en las que viven las personas privadas de la libertad (hacinamiento, tortura, corrupción y autogobierno), porque faltan protocolos de seguridad y sanidad. Ello, coinciden, se debe a la carencia de un sistema de salud para atender a los presos, pero también de lo más básico: la higiene general y personal, por lo que estos centros serían caldo de cultivo para la propagación de Covid-19 y la vulneración aún mayor de los derechos humanos.
Denisse Montiel Flores –coordinadora del área temática de tortura del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD)– señala que en muchos centros penitenciarios del país los reos tienen que pagar para acceder a servicios públicos y básicos, como el agua potable, los baños y las regaderas, así como productos de limpieza e higiene, como jabón, gel antibacterial y cloro.
En entrevista, agrega que la falta de agua es una violación al derecho a la vida y es aún más grave en este contexto de pandemia. Además, indica que prevalece la desinformación en torno a lo que sucede al interior de los penales y las medidas específicas que las autoridades y los gobiernos van a adoptar ante la falta de suministros, equipamiento y seguridad que caracteriza a las prisiones, lo que viola el derecho a la información. Ello, indica, es sumamente preocupante debido a la vulnerabilidad en la que se encuentran las personas privadas de libertad.
En el caso de Jalisco, la defensora Montiel Flores asegura que se han detectado problemáticas en los principales centros penitenciarios, como sobrepoblación e ingobernabilidad; incluso, señala, están rebasados entre el 200 y el 300 por ciento de su capacidad. “Obviamente no pueden aplicar la sana distancia ni tampoco mantener las instalaciones limpias, ni el poder estarse lavando constantemente las manos, ya que no cuentan muchas veces con los servicios básicos para realizarlo”.
No obstante, el director general de Reinserción Social de Jalisco, José Antonio Pérez Juárez, asegura a Contralínea que se cuenta con el Protocolo Penitenciario de Prevención del Coronavirus SARS-CoV-2, con base en el cual iniciaron el proceso de concientización hacia las personas privadas de la libertad, personal laboral y visitas familiares.
Agrega que se establecieron cercos sanitarios con dos filtros, tanto en Puente Grande como en los centros penitenciarios regionales: desde el ingreso a ellos y en el paso previo al área de población. En ese segundo filtro se abastece de gel antibacterial y cubrebocas, los cuales son fabricados en los talleres de costura del núcleo penitenciario de Puente Grande.
También afirma que han mejorado las técnicas de sanitización: se ha incrementado la cantidad de cloro para la limpieza en las áreas de baño, cocina, gimnasios y lugares de alta concentración de reos y personal.
Añade que, como medida preventiva, se han enviado a sus casas a los trabajadores que tienen algún rasgo de vulnerabilidad, como ser mayor de 60 años o padecer enfermedades crónico degenerativas. Además, 13 reclusas embarazadas fueron transferidas a sus casas y se cancelaron las visitas en todas las prisiones.
Sobre esa última decisión, el director José Antonio Pérez explica que se cerró el acceso a las visitas familiares, de defensa legal y de observación por parte de asociaciones civiles. “Este blindaje nos permite tener la certeza de que no va a ingresar el coronavirus, porque no nos va a llegar del exterior. Y en el caso de nuestro personal, que obviamente tiene que ingresar, establecimos una revisión con los signos fundamentales del coronavirus como es la temperatura corporal, el enrojecimiento en los ojos, el flujo nasal, la tos y el estornudo frecuente”.
A la falta de las visitas familiares, se estableció una línea telefónica (01 33 30300447) exclusiva para información del estado de salud o estado jurídico de las personas privadas de la libertad, dice el funcionario. Y a éstos “se les aperturó el horario de las llamadas telefónicas que normalmente realizan. No hay ya limitaciones: se ampliaron los horarios para que los internos tengan comunicación al exterior con la telefonía pública con la que cuentan los centros, ya que estamos ahorita en una etapa de cero visitas y sólo se tiene acceso a personal que tenga una tarea específica y fundamental al interior de los centros”.
Al respecto, la defensora Montiel explica que al teléfono público sólo acceden quienes pueden pagar. De la línea exclusiva para información activada por las autoridades, critica que “no se ha difundido por todos los medios y canales de comunicación necesarios y suficientes, para que las personas y las familias tengan acceso a esta información”.
En México existen 309 instituciones penitenciarias (tres de ellas, militares). En éstas hay 197 mil 516 hombres y 10 mil 827 mujeres en situación de vulnerabilidad ante la propagación del virus SARS-CoV-2, señalaron el 1 de abril pasado las oficinas en México de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
De acuerdo con el Diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria 2019 –elaborado por la CNDH–, del total de centros de reclusión, 281 dependen de gobiernos estatales (varoniles, mixtos y femeniles); nueve de autoridades municipales; y 17 del gobierno federal.
Además, de las tres prisiones militares indica que tienen una capacidad total de 1 mil 404 espacios y –al momento de la visita de supervisión– “se ubicaron 403 personas privadas de su libertad”.
A pesar de que las organizaciones internacionales presentaron los Estándares Especiales UNAPS COVID-19, que buscan prevenir la propagación del SARS-CoV-2 en los centros penitenciarios mexicanos, cada entidad federativa aplica sus propios protocolos.
Alejandrina Saucedo Hernández –vocera de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de Chihuahua– explica a Contralínea cómo se preparan en esa entidad para enfrentar la pandemia: al inicio de la Fase 1 de propagación del coronavirus se tomaron medidas enfocadas principalmente a los visitantes, como la toma de temperatura, revisión de garganta y ojos.
Agrega que a partir de que México entró oficialmente a la Fase 2, se estableció en cada uno de los centros penitenciarios un área de aislamiento en caso de que alguna persona privada de la libertad presente sintomatología, así como restricciones en las visitas.
La vocera de la Subsecretaría explica que se eliminó el acceso de las mujeres embarazadas, adultos mayores de 60 años y personas que hayan viajado al extranjero o presenten algún síntoma, como temperatura mayor a 37 grados, tos seca, ojos rojos, o escurrimiento nasal.
Para organizaciones de derechos humanos, la restricción a las visitas acentúa la falta de acceso a la información sobre lo que sucede al interior y exterior de las prisiones, lo cual provoca una gran incertidumbre tanto en los reos como en sus familias.
En muchas ocasiones los presos no tienen acceso a algún teléfono de forma gratuita y tienen que pagar por ese servicio y “son las visitas quienes generalmente les llevan el dinero […]. Muchas de las personas con las que hemos tenido un contacto en estos días nos han contado que sus familiares privados de su libertad les han dicho que no saben hasta cuándo podrán hablar nuevamente con ellos, porque ya no cuentan con el dinero para hablar por teléfono; entonces es un estado de total incomunicación”, afirma la defensora Denisse Montiel.
Esa falta de comunicación no sólo ha provocado una incertidumbre emocional, sino también económica, ya que para algunos sectores de la población penitenciaria la visita familiar es su única fuente de ingresos.
El impacto de no ver a las familias es tanto económico como emocional. El grupo de trabajo anticarcelario No Estamos Todxs dio a conocer dos cartas de los indígenas tzotziles Marcelino Ruiz Gómez (preso en el Centro Estatal de Reinserción Social 10, en Comitán de Domínguez), Adrián Gómez Jiménez, Germán López Montejo y Abraham López Montejo (recluidos en el Centro de Reinserción Social 5, en San Cristóbal de las Casas), en las cuales denuncian las condiciones insalubres que se agravan aún más ante la emergencia sanitaria.
Los adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del Ejército Zapatista de Liberación Nacional aseguraron que en las cárceles chiapanecas no se les proporciona jabón, pasta dental, papel higiénico ni detergente, sino que ellos deben comprarlo. Y por la restricción de las visitas, indicaron que ya no pueden vender sus artesanías con las cuales obtienen recursos para subsisitir y para sus familias.
“No nos da jabón el gobierno ni nada de nuestro aseo personal y han tomado medidas de seguridad de no dejar pasar visitas; por lo mismo han causado una crisis, ya que no podemos sacar nuestros trabajos y productos que elaboramos”, se lee en la carta de Marcelino Ruiz.
En entrevista con Contralínea, Juan Pablo Nava –integrante de No Estamos Todxs– cuestiona la restricción de las visitas, ya que “el hecho de que no vaya gente de derechos humanos y que no vayan personas que estén al pendiente de lo que sucede dentro de las cárceles puede vulnerar aún más los derechos humanos no sólo de nuestros compañeros sino de los presos en general”.
Recuerda que sus compañeros –los cuatro indígenas tzotziles recluidos– han vivido desde el momento de su detención situaciones deplorables de salud e higiene. Por esa experiencia, dice que las prisiones chiapanecas no cuentan con el equipo y el personal médico adecuado para hacer frente a la emergencia sanitaria del coronavirus SARS-CoV2.
A esto, señala, se suma la cancelación de las visitas. Por lo cual, estima, “la violación a derechos humanos va a repuntar porque los presos no van a poder comunicarse, por la falta de dinero en los centros penitenciarios. La única forma de comunicarse es pagando la tarjeta [telefónica] que se acaba muy rápido. Nuestros compañeros nos han comentado que esta tarjeta suele durar muy poco tiempo”.
José Miguel Alarcón García, subsecretario de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad de Chiapas, explica a Contralínea que en atención a la Fase 2 de propagación del coronavirus se cerró el acceso total a visitas en ocho de los 16 centros penitenciarios. En los otros ocho sólo se permite el acceso a un familiar de primer grado por persona privada de su libertad, que no se encuentre dentro de los grupos vulnerables.
Agrega que el personal administrativo, operativo y las visitas que ingresan a los centros deben “cumplir con un protocolo de higiene personal, usando cubrebocas en caso de alergias o síntomas afines, aplicándose gel antibacterial […]. También deben llenar un cuestionario con la finalidad de identificar si tienen alguna sintomatología o han tenido contacto con personas en el extranjero”.
Añade que se habilitó un sistema de comunicación telefónica y de video llamadas para mantener la comunicación entre los presos y sus familiares, defensas legales y organizaciones de acompañamiento.
El subsecretario Alarcón García asegura que no hay desabasto de productos higiénicos y de limpieza. “Se asignaron productos necesarios, entre los que encuentren agua, cloro y jabón, así como la fabricación de líquido antibacterial, la cual fue llevada a cabo gracias a un tutorial realizado por personal médico de la Subsecretaría”.
La mayoría de los penales del país han restringido o cancelado las visitas para evitar la propagación de Covid-19. Al respecto, la defensora Denisse Montiel menciona que esta decisión revela “que no cuentan con la capacidad ni con los recursos materiales, ni personal para atender los posibles casos que se pudieran dar dentro de los centros penitenciarios, debido a la gran población penitenciaria”. Así como los deficientes servicios de atención médica, también saturados.
Para la integrante del CEPAD, la falta de comunicación provoca mucha incertidumbre, y esta situación puede generar estrés y ansiedad en los reclusos que deriven en motines y fugas, tal como ha sucedido en países como Brasil, Colombia, Italia y Perú.
Al respecto, el director general de Reinserción Social de Jalisco, José Antonio Pérez Juárez, explica que en los centros penitenciarios de esa entidad se han instrumentado “alternativas para neutralizar el estrés, la ansiedad, la depresión y la frustración, que obviamente genera el que los internos se sintieran sin la presencia de sus familiares […], por lo cual también nuestro Protocolo de Prevención de Covid-19 nos establece incrementar las actividades deportivas, culturales, educativas, de salud e inclusive lúdicas nosotros iniciamos una serie de actividades al interior de los centros”.
Agrega que los prisioneros han demandado información sobre el tema y los motivos de las medidas. “Ellos quieren oír de la voz de sus autoridades sobre cuál es la realidad, y en la medida en que han tenido respuesta hemos encontrado tranquilidad, no hay casos de crisis hasta el día de hoy. Yo he estado presente en una convivencia deportiva de mujeres y hombres privados de su libertad y lo que advertí fue tranquilidad y confianza de saber que sus autoridades no jugaron, no titubearon y asumieron en tiempo y forma la respuesta y el protocolo para enfrentar lo que era inminente que llegaría a México, que sería la Fase 2”.
Sin embargo, no descarta la posibilidad de que más adelante se presenten amotinamientos al interior de las prisiones, como ha ocurrido en otros países. Por ello, explica, cuentan con personal capacitado en psicología y criminología que trabajan permanentemente para actuar si es que advierten inseguridad, temor y desconfianza.
En el caso de Chiapas, mantener las actividades de esparcimiento no ha sido posible. El subsecretario José Miguel Alarcón explica que una de las medidas preventivas ha sido la suspensión de actividades físicas y grupales “para evitar conglomeraciones que impliquen el contacto físico”.
Para el activista Juan Pablo Nava, esta medida es “sumamente torturante” porque la actividad física –como el deporte– y los talleres que se imparten al interior de los penales son terapéuticos y permiten disminuir el impacto emocional que genera el estar en condiciones de encierro.
No obstante, el funcionario Miguel Alarcón explica que, si bien la población reclusa en Chiapas está preocupada por la emergencia sanitaria, “lo han tomado de buena forma, están siendo muy conscientes de la problemática de salud que está generando en todo el mundo y se están sumando a las acciones de prevención que estamos realizando como autoridad”.
Respecto del riesgo de motines, asegura que en el estado cuentan con protocolos de seguridad y con personal capacitado para enfrentar acciones de esta naturaleza.
Por su parte, la vocera de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de Chihuahua, Alejandrina Saucedo, indica que a las poblaciones en cárceles del estado se les ha concientizado sobre la problemática de salud, y aunque les ha afectado la falta de contacto con sus familias, entienden los riesgos.
“Han aceptado bien la situación”. La funcionaria señala que no pueden descartar una crisis de pánico individual o colectiva, por lo que cuentan con el personal del área de psicología, trabajo social y psiquiatría, así como con los protocolos de bioseguridad y biocustodia para atender dicha situaciones.
La defensora Denisse Montiel expone como antecedente de este riesgo lo ocurrido en 2009 –durante la crisis de influenza AH1N1–, cuando se suspendieron las visitas al interior de los centros penitenciarios y ocurrieron hechos violentos.
Ahora, indica, “si a eso le sumamos también el hecho de que los centros penitenciarios carecen del personal de custodia para salvaguardar la seguridad, no sólo de las personas privadas de la libertad sino también para las personas que laboran en dichos centros, y por otro lado no se cuentan con programas y protocolos específicos de cómo atender y prevenir estos incidentes violentos, pues la respuesta va a ser justo como ha sido en otras ocasiones: la represión, el uso excesivo de la fuerza y uso de armas letales”.
Además, advierte que hay mucha desinformación respecto del actuar de la CNDH y de las comisiones estatales, pues aunque han solicitado medidas cautelares a todas las autoridades del sistema penitenciario nacional, no hay información de si se están cumpliendo. “No se sabe si están realizando algún tipo de visita extraordinaria, si están en constante comunicación con los familiares de las personas privadas de su libertad; lo único que se sabe es que por parte de la CNDH se amplió el horario de recepción de quejas telefónicas”.
Agrega que “uno de los pasos importantes que debería realizar es socializar esa información, […] ya que si la población en general no cuenta con esta información, entonces al interior de los centros penitenciarios se dificulta aún más”.
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El pasado 20 de abril, el Pleno del Senado de la República aprobó –con 68 votos en favor, 14 en contra y dos abstenciones– el dictamen a la minuta que expide la Ley de Amnistía, con el objetivo de “descongestionar los centros penitenciarios y aminorar el contagio de Covid-19 al interior de los reclusorios”.
Ese dictamen reconoce que muchas de las conductas castigadas con cárcel no generaron un daño grave a un bien jurídico tutelado, no pusieron en peligro insuperable los derechos fundamentales de terceros, ni pone en evidencia la intención del sujeto activo de volver a delinquir.
“La amnistía reconoce que en las cárceles del país hay personas que pudieran ser inocentes o podrían haber compurgado su pena en libertad”, indica el texto. Por ello, la población beneficiada es: mujeres procesadas o sentenciadas en tribunales federales por aborto en todas sus modalidades; personas obligadas a participar en delitos contra la salud por sus condiciones de pobreza o por el crimen organizado y ciudadanos que portaban dosis pequeñas de drogas sin fines comerciale; indígenas que no recibieron una defensa acorde a su lengua y cultura; presos por razones políticas y a aquellos que cometieron ilícitos menores sin violencia ni armas”.
Ello sólo aplica a personas que no sean reincidentes respecto del delito por el que están indiciadas o sentenciadas, y siempre que los ilícitos se hayan cometido antes de la fecha de entrada en vigor del decreto.
Respecto del tema del aborto, el texto indica que favorecerá a la madre del producto del embarazo interrumpido, a los médicos, cirujanos, comadronas o parteras, u otro personal autorizado de servicios de salud, que hayan auxiliado en la interrupción del embarazo, cuando la conducta delictiva se haya realizado sin violencia y con el consentimiento de la madre.
De acuerdo con el comunicado, en el tema de los delitos contra la salud, “la amnistía será procedente cuando la persona que los cometió se encuentre en situación de pobreza o de extrema vulnerabilidad, tenga discapacidad permanente, o el ilícito lo haya realizado por indicación de su pareja sentimental, pariente consanguíneo, por temor fundado, o haya sido obligado por grupos de la delincuencia organizada”.
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