La disputa por la Presidencia de la República inició en la constreñida elite de inteligencia. Dos grupos priistas libran una batalla al interior de los organismos de seguridad nacional para acomodar sus piezas rumbo a las elecciones de 2012.
La anunciada “reestructuración” al interior del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) es en realidad un “reacomodo” de las facciones predominantes “con miras a la restauración del priismo”, considera el doctor Guillermo Garduño, especialista en seguridad nacional y expositor en el Colegio de la Defensa Nacional y en el propio Cisen.
De acuerdo con el investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, de los siete grupos que operan “de manera paralela” a la estructura formal del Centro, dos mantienen una disputa por el control del organismo civil de inteligencia y contrainteligencia del Estado mexicano: el que encabeza Jorge Carrillo Olea y el de Manlio Fabio Beltrones. Cualquiera de las fracciones que gane preparará el advenimiento del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de nueva cuenta a la Presidencia de la República. “Estos grupos conocen el tipo de información que necesitó la hegemonía priista”, dice.
Y es que, asegura, la restauración del priismo está en marcha. Considera que la disputa por la Presidencia se está dando desde ahora al interior del Cisen. Los priistas se aglutinarán en torno al grupo que controle los servicios de inteligencia. Agrega que los “cuadros” panistas encajados en el Cisen desde inicios del foxismo fueron fácilmente desplazados y han perdido el control operativo.
“Lo que contemplamos es una doble estructura. Por un lado, la estructura de inteligencia propiamente dicha que prepara el retorno de los brujos y el retorno al pasado. Y la otra, la formal, que bien podría llamarse –dice, irónico– área de estudios de opinión de la Presidencia”.
A decir del doctor en sociología con especialidad en seguridad nacional, la elite de inteligencia civil está dividida en siete grupos. Cinco de ellos están “muy acotados” o “sin ninguna oportunidad de reproducirse ni moverse”. Y los dos restantes son los “realmente vivos”, que desde el Centro preparan el regreso del priismo.
“Y el regreso de Jorge Tello Peón a la política nacional (como asesor del presidente en materia de seguridad nacional) muestra la nueva era que ya se está contemplando. Con el retorno de los brujos se señala que hay nuevas necesidades de información.”
Por su parte, Jorge Luis Sierra, posgraduado en política y economía de la defensa por la Universidad de la Defensa Nacional en Washington, señala que actualmente se vive una reestructuración del sistema de seguridad nacional, como la que tuvo lugar en 1994.
El investigador, quien ha sido consultor de The Washington Office on Latin America, considera que la reorganización obedece a que “el sistema de inteligencia mexicano fue prácticamente desmantelado, pues salieron sus cuadros más profesionales; además, se politizó su mando y llegaron directores que tienen una experiencia mínima en el manejo de los recursos de inteligencia”.
Así, la reestructuración, a decir de Jorge Luis Sierra, podría devenir en una “reprofesionalización” del Centro. Sin embargo, Garduño insiste: al interior del Cisen existen siete grupos visibles y actuantes; dos de ellos, los más fuertes, se disputan la Presidencia de la República desde ahora y en las esferas de inteligencia.
El primer grupo estaría encabezado por el coronel Jorge Carrillo Olea, quien se encargó de concluir el periodo de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y fundar el Cisen, del cual fue su primer director. Aunque de manera formal controló el Centro por un periodo menor a dos años (del 1 de diciembre de 1988 al 15 de octubre de 1990), su influencia al interior del órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación (Segob) se extendió por casi 10 años más: dos de las cuatro direcciones posteriores a la suya estuvieron a cargo de sus “alumnos”.
Carrillo Olea llegó a la DFS, y posteriormente al Cisen, luego de haberse licenciado en administración militar en la Escuela Superior de Guerra, y de adquirir el grado de coronel de infantería y ser jefe de la Sección Segunda (el área de inteligencia) del Estado Mayor Presidencial (EMP).
“Esta fracción –señala Garduño– incluso terminó gobernando Morelos”. El propio Carrillo Olea sería el gobernador del estado, pero no terminó su mandato, pues tuvo que renunciar presionado por sectores sociales que lo acusaron de proteger a bandas de secuestradores.
El grupo de inteligencia que encabeza el coronel Carrillo Olea –el hombre que protegió a Luis Echeverría en Ciudad Universitaria en 1975 cuando grupos de estudiantes que consideraron una burla la visita del presidente le lanzaron piedras y lo descalabraron– ahora vuelve a la palestra a través de su alumno más destacado: Jorge Enrique Tello Peón.
Jorge Carrillo Olea no tiene dudas. De su alumno más destacado dice: “Jorge Tello es la mejor persona a nivel nacional para hacer en materia de inteligencia y seguridad nacional lo que se tenga que hacer”.
Sin embargo, dice que no deben generarse muchas expectativas porque al estar entre los panistas que “no entienden nada” y al haber fallas estructurales desde la Segob, “Jorge no podrá hacer mucho”.
En el último trimestre de 2008, específicamente el 19 de octubre, el presidente Felipe Calderón rehabilitó a Jorge Tello Peón en las labores de inteligencia. El papel que desempeña es más importante de lo que alcanza a decir el cargo: asesor de la Presidencia de la República en Materia de Seguridad Nacional.
En realidad, coordinará todos los sistemas de inteligencia y espionaje que incluyen, en primer lugar, al propio Cisen, pero también a la Sección Segunda del EMP y del Estado Mayor de la Defensa Nacional; a las direcciones de inteligencia del Estado Mayor y Estado Mayor Operativo de la Marina Armada de México; la Dirección de Coordinación de Inteligencia de la Policía Federal; el Centro de Planeación para el Control de Drogas (Cendros) y la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada, ambas de la Procuraduría General de la República; y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Tello Peón, como el más destacado de los tres “alumnos” de Carrillo Olea que dirigirían el Cisen, estuvo a cargo del Centro del 16 de enero de 1994 al 25 de mayo de 1999. También fue fundador del Cendros, y de marzo de 2001 hasta el día de su nuevo nombramiento fungió como vicepresidente de Desarrollo de Información Internacional del Área de Planeación y Finanzas de Cemex. Asimismo, se encargaba del Sistema de Información Estratégica de la trasnacional del empresario regiomontano Lorenzo Zambrano.
Sin embargo, se le recuerda más por ser el funcionario al que “se le fugó” Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, el 19 de enero de 2001. Entonces, Tello Peón se desempeñaba como subsecretario de Gobernación y tenía a su cargo el sistema penitenciario nacional. Versiones periodísticas de la época señalaron que Tello Peón había visitado ese mismo día el penal de Puente Grande, Jalisco, horas antes de que el Chapo se fugara. A mediados de marzo de ese año renunció al cargo. Ahora se encargará de combatir a, entre otros actores, los narcotraficantes que han desafiado al Estado mexicano.
“La fracción de Carrillo Olea proviene concretamente de la Sección Segunda del EMP del sexenio de Echeverría. Esta fracción, con Tello Peón, vuelve al momento actual y en una posición muy importante y privilegiada”, señala Guillermo Garduño.
Jorge Luis Sierra considera que con el regreso de Tello Peón podría buscarse la continuidad del proyecto que dio origen al Cisen y que se vio interrumpido “porque no se pudo garantizar su estabilidad orgánica y empezó a sufrir los vaivenes sexenales”.
Sin embargo, Carrillo Olea ataja: “Jorge no podrá hacer mucho en la dirección de la profesionalización mientras el presidente no entienda lo que es la seguridad nacional”.
La otra camarilla al interior del Cisen estaría encabezada por el senador Manlio Fabio Beltrones. Actual coordinador de la bancada del PRI en el Senado de la República, Beltrones representaría a otro grupo de la elite de inteligencia que ha sido gobierno y que incluso ha llegado a detentar la Presidencia de la República.
A decir de Guillermo Garduño, “se trata de una fracción bastante significativa que está tratando de controlar una parte muy importante del Cisen. Es un grupo que, a diferencia de otros que se crearon en las décadas de 1960 y 1970, sigue vigente”.
Aunque el capitán Fernando Gutiérrez Barrios –director de la DFS durante la Presidencia de Gustavo Díaz Ordaz, quien también pertenecía a este grupo– murió hace poco más de ocho años, para Guillermo Garduño su facción está activa a través, principalmente, de Manlio Fabio Beltrones. Gutiérrez Barrios controló la DFS no sólo en el periodo en que formalmente fue su director (1964-1968), sino que siguió haciéndolo por seis años desde la subsecretaría de Gobernación.
Manlio Fabio Beltrones ha estado vinculado a la elite de inteligencia desde sus años de estudiante de economía en la Universidad Nacional Autónoma de México, cuando conoció a José Antonio Zorrilla Pérez, quien, a su vez, lo presentó a Fernando Gutiérrez Barrios. Beltrones se convirtió en ayudante personal y luego secretario particular del capitán, quien nunca se desvinculó de las tareas de inteligencia.
Manlio Fabio –siempre bajo la figura de Gutiérrez Barrios y, a veces, bajo su mando directo– fue asistente de dos secretarios de Gobernación y secretario particular de otros dos durante la década de 1970. En la década de 1980 fue diputado federal, senador y subsecretario de Gobierno de la Segob. Este último cargo, cuando Salinas de Gortari era presidente de México y Fernando Gutiérrez Barrios, secretario de Gobernación.
Se le atribuye haber sido la única persona que interrogó a solas a Mario Aburto, asesino material del candidato del PRI a la Presidencia de la República en 1994, después del magnicidio.
El enfrentamiento entre estos dos grupos podría remontarse a la época en que se concluyó la DFS para dar paso al Cisen. A finales de la década de 1980 salieron a la luz pública desavenencias entre Fernando Gutiérrez Barrios y Jorge Carrillo Olea. Paradójicamente, en 1997, el periódico The New York Times, basado en supuestos informes de la DEA, vinculó tanto a Manlio Fabio Beltrones como a Jorge Carrillo Olea con el narcotraficante Amado Carrillo Fuentes.
Guillermo Garduño identifica a dos grupos más cuya influencia ahora ha sido “muy acotada”. El primero estaría encabezado por el general Miguel Ángel Godínez Bravo. La mayoría de sus integrantes provendrían de la Sección Segunda del Estado Mayor Presidencial.
Miguel Ángel Godínez Bravo fue jefe del EMP durante el sexenio de José López Portillo (1976-1982). Combatió al Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994. Supuestos informes de inteligencia militar, publicados por la revista Proceso en julio de 1997, lo relacionaron, junto con su hijo, con bandas de narcotraficantes.
El grupo de Godínez Bravo fue prácticamente acabado con el asesinato del candidato del PRI a la Presidencia en 1994, Luis Donaldo Colosio: el jefe de seguridad del político sonorense era el general Domiro García Reyes, el “alumno” más destacado de Godínez Bravo. Luego de la muerte de Colosio, Domiro fue acusado, sin que pudiera probársele, de haber participado en el asesinato. Actualmente se encuentra en la congeladora, fuera de las tareas de inteligencia, en la Dirección General de Cartografía de la Secretaría de la Defensa Nacional.
“De la fracción que creó el general Godínez, principalmente con gente del EMP, ya prácticamente no queda nadie importante. El único que queda es Domiro, el que de alguna manera entregó a Colosio. Pero este tipo está ahorita en Cartografía de la Defensa, o sea, en un puesto de congelamiento”, explica Garduño.
El otro grupo “acotado y sin oportunidad”, a decir de Guillermo Garduño, sería el de Carlos Salinas de Gortari. Los operadores de esta facción serían José Carreño Carlón, quien se desempeñó como vocero de Salinas de 1992 a 1994; Fernando del Villar, quien fue director del Cisen del 16 de octubre de 1990 al 31 de enero de 1993 (también durante el salinismo), y Patricio Chirinos, quien fue uno de los amigos más cercanos a Carlos Salinas durante su sexenio, además de secretario de Desarrollo Urbano y Ecología y gobernador de Veracruz.
Tres grupos más, según Guillermo Garduño, aún persisten en el Cisen, aunque sin ninguna oportunidad de influir en los destinos Centro. Se trata de los grupos de Manuel Bartlett, José Zorrilla Pérez y del fallecido Javier García Paniagua.
Antes de ser gobernador y senador de su estado natal (Puebla), Bartlett Díaz estuvo vinculado a las labores de seguridad nacional. Primero como director general de Gobierno de la Segob, director en jefe para Asuntos Políticos de la Secretaría de Relaciones Exteriores y, finalmente, como secretario de Gobernación durante el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988). Fue el responsable de la “caída del sistema” durante el conteo de votos en las elecciones que contendieron Carlos Salinas de Gortari y Cuauhtémoc Cárdenas.
José Antonio Zorrilla se encuentra preso purgando una condena de 35 años por el asesinato del periodista Manuel Buendía y por estar vinculado al narcotráfico, principalmente a la banda que en la década de 1980 encabezaba Rafael Caro Quintero. Zorrilla era director de la DFS cuando ordenó la ejecución del periodista. Dos agentes de la propia Dirección Federal de Seguridad se encargaron del homicidio. Durante este periodo, pistoleros de Caro Quintero y él mismo portaron credenciales de la DFS firmadas por Zorrilla Pérez.
Javier García Paniagua encabezó la DFS de 1970 a 1978, la época más cruenta de la Guerra Sucia. Durante este periodo se creó la Brigada Blanca, el brazo ejecutor (en más de un sentido) de la DFS. Después siguió cultivando su influencia en los aparatos de inteligencia desde una subsecretaría de la Segob. Fue considerado “presidenciable” en 1982, pero finalmente el PRI postuló a Miguel de la Madrid. García Paniagua murió en noviembre de 1998, pero aún existe parte del “cuadro” formado por él.
Los especialistas consultados coinciden en que el panismo fracasó en construir servicios de inteligencia que respondieran al Estado mexicano y no a los grupos políticos que se disputan el poder.
Guillermo Garduño y Jorge Luis Sierra señalan que se perdió la oportunidad de que el Cisen se transformara en una institución profesional y moderna, como formalmente se planteó luego de la desaparición de la DFS.
Según Garduño, los panistas no entendieron para qué sirven los servicios de inteligencia. Los confundieron con oficinas de encuestas y estudios de opinión.
“Si quisiera dibujar con una frase el papel que juega actualmente el Cisen, diría que es el mismo que jugaba el espejo de la bruja de Blancanieves: decirle al presidente quién es el más bonito. Si el Centro ha gastado muchos recursos es porque se ha metido a hacer estudios de opinión y mercadotecnia que son altamente costosos”, explica Guillermo Garduño.
Agrega que, mientras, se descuidaron las labores que son realmente de seguridad nacional. Quienes dirigen formalmente el Centro, además, “creen que saben y conocen el rumbo; pero la verdad, incluso carecen de oficio político. Y esto ha tenido como resultado que se han ido estrellando contra la realidad en el momento de tratar de hacer alianzas y proporcionar información puntual. Finalmente terminan rebasados por otras fuerzas políticas”.
Así, considera el investigador, el Centro no funciona al Estado mexicano, pues no tiene claridad en el papel que debe desempeñar. “El Cisen no tiene una agenda real; trabaja a bomberazos. Por ejemplo, si se empieza a revisar el contrato colectivo de trabajo en Petróleos Mexicanos, en 24 horas se tiene que presentar al presidente un informe en el que se señalen quiénes son los líderes y caciques, cuáles son los mecanismos tradicionales de negociación y qué tanta influencia tienen los trabajadores. Así se trabaja actualmente.”
Jorge Luis Sierra señala que el sistema de seguridad nacional no funciona porque ni siquiera se tienen mutua confianza los organismos que realizan labores de inteligencia.
Durante el panismo, explica, “los servicios de inteligencia están separados, desintegrados: no hay canales institucionales confiables como para que el Ejército pueda compartir con el resto de los organismos de inteligencia la información que produce. Y la información que produce el Cisen tampoco encuentra canales adecuados para compartirse con la que se genera en los estados”.
Señala que la labor de Tello Peón, como asesor de la Presidencia en Seguridad Nacional, debería ser lograr la colaboración entre los servicios de inteligencia “con una visión de Estado y con el único fin de preservar los intereses nacionales”, algo que, señala, ni siquiera han intentado los directores del Centro durante el panismo.
El actual procurador general de la República, Eduardo Tomás Medina-Mora Icaza, fue el primer director del Cisen del panismo. Se encontró al frente del Centro del 21 de diciembre de 2000 al 27 de septiembre de 2005. Fue el encargado de subordinar las facciones priistas a los nuevos grupos que ingresaron con la llegada del PAN a la Presidencia de la República.
A Medina-Mora se le atribuyó el despido de más de 300 agentes del Centro y de “desorganizar” los servicios de inteligencia. También se le acusó de favorecer las aspiraciones presidenciales del entonces secretario de Gobernación, Santiago Creel.
Sus antecedentes lo vinculan al sector empresarial: fue ejecutivo del Grupo Desc, actualmente es accionista en Televisa y Grupo Ocesa, y su primo hermano, Manuel Medina-Mora, es presidente y director general de Banamex, banco propiedad del estadunidense Citigrup.
“En la etapa de Medina-Mora –señala Garduño– se desmantelaron los mecanismos de control de los movimientos armados. Incluso a grupos como el Ejército Popular Revolucionario se les dejó de dar seguimiento.”
Jaime Domingo López Buitrón fue colocado en la dirección del Cisen el 13 de octubre de 2005 por el entonces secretario de Gobernación, Carlos Abascal Carranza. Permaneció en el cargo hasta el 9 de enero de 2007. Fue uno de los personajes más cercanos al secretario supuestamente vinculado con la organización clandestina de ultraderecha El Yunque. Antes de hacerse cargo de la dirección del Centro, López Buitrón fue subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Segob. En esta misma Secretaría, había trabajado previamente en el Registro Nacional de Población e Identificación de Personal y en la de Desarrollo Político.
A decir de Guillermo Garduño, durante la gestión de López Buitrón al frente del Cisen, se “fugó” información de seguridad nacional.
“Fue un personaje demasiado oscuro que llegó como el hombre de confianza de Abascal. Fue una etapa muy peligrosa, porque se corrió a una cantidad enorme de gente, la cual incluso ya era parte de un nuevo planteamiento doctrinario, y todo se puso en riesgo: gente de la extrema derecha, como es Abascal, se apoderó de la base de información del Cisen. A eso se dedicaron López Buitrón y Abascal: a saquear la base de información del Estado mexicano”, asegura Guillermo Garduño.
Los especialistas consultados no ven otro mérito en el actual director del Cisen, Guillermo Valdés, que su amistad con el presidente Felipe Calderón. Valdés llegó a la dirección del Centro luego de que, durante el proceso electoral de 2006, la empresa encuestadora que dirigía, GEA ISA, dijo que quien iba adelante en la intención del voto era el candidato panista.
“Estamos en la cuarta etapa, la del mercadólogo, donde privan las encuestas y la mercadotecnia. Y todo parece indicar que la quinta será la del retorno al pasado, es decir, a un modelo autoritario que responde a un sistema semidemocrático”, concluye Garduño.
Se solicitaron entrevistas con Manlio Fabio Beltrones y con legisladores integrantes de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional. En ningún caso, y hasta el cierre de esta edición, hubo respuesta.
El “maestro” de generaciones de la elite de inteligencia y contrainteligencia civil mexicana dice no encabezar ningún grupo que se dispute el control del Cisen.
“No, no hay nada de eso”, asegura sin sobresaltos. “En realidad soy muy retraído y casi no salgo”, argumenta con poca convicción. Sin embargo, reconoce que “una que otra vez” los propios directores del Centro le han pedido consejos.
“Jaime (Domingo López Buitrón, el antecesor del actual director Valdés Castellanos), me invitó a desayunar. Le di mis puntos de vista. Me invitó de nueva cuenta a comer. Platicamos. Y luego me invitaron a dar una conferencia en la escuelita del Centro.”
Al final, Carrillo Olea concede: “Bueno, puede que sea un punto de referencia, pero nada más”. Acerca de Manlio Fabio Beltrones, a quienes analistas ubican como la cabeza del grupo contrario al suyo, categórico señala: “No, hombre. Manlio no tiene nada qué hacer en el Cisen. Ahí él no está, no representa nada”.
En su evaluación sobre el trabajo actual del Centro, coincide con los especialistas consultados: “El Cisen sirve actualmente para llevarle información al presidente, pero información basada en técnicas de estadística y no de inteligencia”.
Agrega que el trabajo del Centro es tan deficiente “que no ha podido dar con el cerebro negro que controla el narcotráfico y otros delitos como los secuestros; porque lo que está pasando no es producto de esos hombres panzones con sombrero; no se trata de varios grupos, sino de uno solo que tiene un cuartel general”. (ZC)
A decir de Guillermo Garduño, México no cuenta con servicios de inteligencia para un Estado democrático. Ninguno de los grupos que se disputan la hegemonía en el Cisen plantea un sistema que responda realmente a la seguridad nacional. Panistas y priistas representan proyectos que buscan la protección de grupos políticos y empresariales. Aunque el sistema priista es más eficaz, es un modelo más autoritario.
Cuatro características deben reunir los sistemas de inteligencia y contrainteligencia en un Estado democrático, de acuerdo con Guillermo Garduño:
1. Anticipatorio. Capacidad de prever riesgos y amenazas a la nación
2. Secretismo sólo para asuntos que realmente vulneren la seguridad de la nación. La información generada no debe responder a los intereses del grupo político en el poder, sino a los del Estado mexicano
3. Transparencia en el uso de los recursos
4. Participación a la ciudadanía de información para la toma de decisiones (ZC)
En la caída del Learjet 45 el 4 de noviembre pasado –que terminó con la vida del entonces secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño y 14 personas más– el Cisen podría tener parte de la responsabilidad, coinciden los especialistas consultados por Contralínea.
Señalan que aunque la responsabilidad al interior de la aeronave recae en el Estado Mayor Presidencial (EMP), el área de contexto, es decir, todas las condiciones que se deben observar para garantizar que el ambiente en los que se desenvuelve el secretario del rango del de Gobernación sean seguros, recae en el Cisen.
Jorge Luis Sierra explica: “Se trata de círculos concéntricos. El más estrecho en torno a Mouriño, en ese momento, debió ser el EMP, que representa la última línea de defensa. Pero alrededor de ese círculo, se encuentra otro más amplio, en el que se encuentra el Cisen. Si el EMP es el responsable de la seguridad de las operaciones del secretario de Gobernación, el Cisen es el responsable del ambiente en que estas operaciones se están realizando”.
Guillermo Garduño considera que no pudo haber una falla técnica en el Learjet y cuestiona la supuesta conversación entablada por los pilotos segundos antes de que el aparato se viniera en picada.
“Entre los pilotos profesionales, y máxime de ese nivel, existe lo que se denomina ‘La Letanía’: antes de emprender el vuelo, la persona tiene, por principio de cuentas, que señalar y probar cada uno de los puntos, o sea, debe escanear el avión. Eso se hace a conciencia. En todos los casos se entrega un informe a la torre de control antes de partir. Y si por alguna razón falla algún elemento, el avión no sale.”
Además, explica, los pilotos revisan el Plan de Vuelo antes de salir. En dicho Plan se establecen los niveles de altura en que se desplazará el avión para no interceptar a otro; si fijan las corrientes; también se establece la velocidad a la que viajarán y el tipo de vientos que van a enfrentar”.
Se muestra extrañado de los errores en que habrían incurrido los pilotos, según las investigaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
“Resulta que los pilotos no conocían este tipo de aviones; confunden Salamanca con Tula, y resulta que, en el punto donde tienen que establecer contacto directo con la torre de control de aeropuertos, antes de entrar a la ciudad de México, no bajan la velocidad a 180 nudos como por regla lo deben hacer; y, luego, se colocan exactamente detrás de un avión a una distancia menor a 5 millas.”
Sobre la supuesta conversación que entablaron los pilotos, añade: “Más allá del lenguaje que utilizaron, cómo es posible que el copiloto le dijera al piloto: ‘déjamelo’. Y el piloto: ‘tuyo’. Eso es un error garrafal. Eso no se puede hacer”.
Garduño concluye: “Es una cadena constante de errores. ¿Alguno de ellos tendría que ver con una intencionalidad de echar abajo el avión? Antes, los aparatos de inteligencia tenían fichados hasta con huellas digitales a quienes se encargaban de transportar a los altos funcionarios. En ese accidente, dónde quedó el Cisen”. (ZC)
Jorge Luis Sierra, autor de El enemigo interno. Contrainsurgencia y fuerzas armadas en México, señala que históricamente los servicios de inteligencia del país se han utilizado para combatir a la oposición política. Incluso se aliaron a grupos delincuenciales y hasta cárteles del narcotráfico para acabar con los movimientos guerrilleros. Ahora que supuestamente enfocan sus baterías hacia las mafias que trafican drogas hacia Estados Unidos, se encontrarían en una situación relativamente nueva.
“Durante mucho tiempo, todos los recursos del Estado mexicano en materia de inteligencia estaban enfocados hacia el combate a la oposición: campesina, sindical, de los partidos políticos y, sobre todo, armada.”
Agrega que en su lucha contra la oposición, principalmente de izquierda, los gobiernos en turno no tuvieron empacho en aliarse con el crimen organizado, principalmente el narcotráfico.
“Eso se puede constatar en los casos de Jalisco y Sinaloa, en donde el Estado compartía información con la delincuencia organizada. Y eso se mantuvo hasta la desaparición de los movimientos armados del país, en 1985.”
Sierra explica que entonces vino una simbiosis entre la policía de inteligencia (entonces la Dirección Federal de Seguridad) y la delincuencia organizada.
“Parece que dijeron: ‘¿Y ahora qué hacemos si ya no hay guerrilla?’ Fue el periodo de la más intensa corrupción de los grupos de inteligencia. Fue cuando mataron a Enrique Camarena (agente de la DEA infiltrado en el narcotráfico) y cuando integrantes de la propia DFS participaron en la formación del cártel de Juárez y otros tantos de los principales que operan en México.
“Entonces, antes no había información de la delincuencia organizada. El Cisen comenzó a tener trabajos al respecto desde hace un tiempo relativamente corto. A partir de los últimos cuatro años comenzó a tener información valiosa en ese ámbito.”(ZC)
En el marco de la supuesta “guerra contra el narcotráfico”, la administración de Felipe Calderón Hinojosa habría reeditado estrategias empleadas por los gobiernos priistas durante la Guerra Sucia e incluso habría echado mano de personajes vinculados con los crímenes de lesa humanidad que se cometieron a nombre del Estado mexicano y por órdenes presidenciales, durante las décadas de 1960, 1970 y principios de 1980.
Tal sería el caso del general Mario Arturo Acosta Chaparro, involucrado en la desaparición de al menos 143 personas supuestamente vinculadas a grupos subversivos de Guerrero, en la década de 1970 y principios de la de 1980, informó la columna Oficio de papel, el 29 de diciembre de 2008.
Según fuentes cercanas a la seguridad pública, citadas por el periodista Miguel Badillo, Acosta Chaparro sería parte de una estratagema diseñada desde la Secretaría de Gobernación (Segob): la organización de comandos clandestinos de elite militar similares a la Brigada Blanca (corporación creada por el gobierno durante la Guerra Sucia para exterminar a las guerrillas rural y urbana).
La supuesta “diferencia” es que ahora buscarían administrar y posteriormente erradicar la violencia que impera en México, atribuida a la delincuencia organizada: en lo que va del sexenio calderonista, se han perpetrado más de 7 mil ejecuciones –en su mayoría de civiles–, aún sin esclarecer.
Además, entre diciembre de 2006 y mayo de 2008, organizaciones defensoras de los derechos humanos han documentado al menos 23 desapariciones forzadas de activistas sociales o con móvil político, aunque la cifra de levantados con este perfil podría superar los 300.
Al igual que los escuadrones de la muerte, los comandos militares actuarían en la clandestinidad y tendrían autorización para cometer ejecuciones extrajudiciales en contra de los “narcotraficantes”. Su labor, por tanto, estaría al margen de la ley.
Dichos comandos estarían operando en zonas específicas desde 2007, aunque no como parte de los operativos conjuntos acordados entre el gobierno federal y los gobiernos estatales. Ello, pese a la denuncia hecha por defensores de los derechos humanos, respecto a que la “guerra” contra el narcotráfico es una simulación que tiene por objetivo acabar con el descontento social.
De acuerdo con la información publicada por Oficio de papel, uno de estos comandos operaría en el sureste de México, bajo las órdenes del general Acosta Chaparro, quien fuera parte de la Brigada Blanca y que también fungió como director de los Servicios Especiales de la extinta Policía Judicial de Guerrero durante el sexenio del gobernador Rubén Figueroa Figueroa.
La encomienda le habría sido conferida por la Segob, luego de su liberación, ocurrida en junio de 2007. El general brigadier pasó seis años y 10 meses privado de su libertad en el Campo Militar Número 1, de la ciudad de México, y logró su exoneración por medio del juicio de amparo 29/2007.
Su detención ocurrió el 30 de agosto de 2000 –junto con el fallecido general Francisco Quirós Hermosillo–, acusado de brindar protección al cártel de Juárez y a su entonces líder Amado Carrillo Fuentes, alias el Señor de los Cielos.
La sentencia a favor de Acosta Chaparro –dictada el 27 de junio de 2007 por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal, con sede en el Distrito Federal– obligó a que le fueran restituidos sus emolumentos, su grado de general y su libertad.
Además de ser juzgado por la supuesta comisión de delitos contra la salud, cuya sentencia alcanzó 15 años de prisión, a fines de 2002 fue notificado de un proceso penal en su contra por el delito de homicidio calificado en contra de 143 personas, a quienes se les vinculó a la guerrilla y que habrían sido ejecutadas y arrojadas al mar desde un avión Arava IAI-201, de fabricación israelí, en las costas de Oaxaca, durante la Guerra Sucia.
El 28 de junio de 2006, el juez cuarto de Justicia Militar, Domingo Arturo Salas Muñoz, absolvió a Acosta Chaparro de estos crímenes de lesa humanidad y decretó el auto de libertad con el argumento de “desvanecimiento de datos”.
Por órdenes de Gobernación, Acosta Chaparro operaría la misma zona que recorrió con los escuadrones de la muerte en la década de 1970: el sureste de México. En la conflictiva zona se localizan las guerrillas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente y del Ejército Popular Revolucionario. Se solicitó a la oficina de Comunicación Social de la Segob, a cargo de Homero Niño de Rivera, conocer la versión de la Secretaría al respecto. Hasta el cierre de edición no hubo respuesta. (Nancy Flores)
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