La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha sido señalada –por defensores de derechos humanos y académicos– de ser omisa, costosa, burocrática e ineficiente desde su creación. Por ello, el próximo titular deberá asumir un compromiso real con los derechos de la sociedad mexicana, cumplir con investigar, con absoluta independencia política, todas las violaciones acontecidas y, sobre todo, tendrá que “afianzar” su labor con las víctimas, coinciden especialistas consultados por Contralínea. En el Senado, de la terna despunta María del Rosario Piedra Ibarra, defensora de derechos humanos.
Oficialmente, la presidencia de Luis Raúl González Pérez culmina el próximo 15 de noviembre, tras su decisión de no competir por la reelección. Quien llegue ahora a dirigir la CNDH depende del Senado, donde se discute intensamente el nombramiento. Y aunque tras negociaciones entre las bancadas se logró una terna el 29 de octubre, aún no hay consenso para alcanzar la mayoría calificada, así que la votación se corrió para este 5 de noviembre.
Además de Rosario Piedra, compiten José de Jesús Orozco, investigador, profesor y miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM e integrante del Consejo Consultivo de la CNDH; y Arturo Peimbert Calvo, titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Si en la próxima votación no hubiera consenso, el Senado tendrá que armar otra terna.
Los especialistas coinciden en que la designación del titular debe acatar los Principios de París, los cuales señalan que la composición de las instituciones nacionales de protección y promoción de los derechos humanos deberá ajustarse a un procedimiento que ofrezca todas las garantías necesarias para asegurar la representación pluralista de las fuerzas sociales.
Una de las principales características que se requiere del futuro titular es tener una trayectoria reconocible que no se haya visto envuelta en algún tipo de acusación sobre violaciones a derechos humanos. “Debe ser una persona que garantice su independencia y actuar, y no tenga relaciones de partido ni de ciertos grupos de poder que puedan influir en su desempeño”, explica Itzel Checa, coordinadora del Observatorio de Designaciones Públicas.
Agrega que deben existir elementos éticos que hablen de la persona, de su experiencia y que cuente con una trayectoria de, al menos, 5 años de trabajo directo con víctimas, es decir, que conozca a profundidad el marco de derechos humanos.
Para la defensora de derechos humanos Alejandra Ancheita Pagaza, es importante que quien quede al frente muestre una posición de legitimidad con las organizaciones de la sociedad civil “que hemos venido defendiendo los derechos humanos, y que no venga de ninguna experiencia en cargos de seguridad pública”.
En entrevista con Contralínea, la senadora panista Kenia López Rabadán, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, explica que el proceso de designación que se está practicando ahora ha logrado avances significativos, pues es “innovador”, ya que parte de las premisas fundamentales “de transparencia, máxima publicidad y parlamento abierto”.
“Es tan innovadora porque son varias vías en las que la sociedad pudo proponer aspirantes, enviar preguntas, enviar casos prácticos y ayudar a definir el perfil del próximo presidente y gracias a eso los senadores podrán tomar la mejor decisión”, afirma.
Asimismo, la legisladora llama a que, quien presida la CNDH, “se ocupe de defender los derechos humanos de todas las personas, más allá de instrucciones o filias políticas, porque podrá ejercer sus atribuciones con el objetivo primordial de defender los derechos de todos los mexicanos”.
Gloria Ramírez Hernández, fundadora de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), indica que aunque exista una “nueva plataforma de elección, en lo sustantivo no se ven cambios, pues quienes tengan mayor fuerza política en el Senado serán quienes designarán al próximo titular”.
Por ello exhorta a los legisladores a hacer de ésta una elección transparente y no dejar los criterios de elección “en lo oscurito, como se ha hecho en años pasados”.
La Comisión es un órgano autónomo creado en 1990, cuyo objetivo principal es promover y defender los derechos humanos de todas las personas que viven o transitan por el país. Asimismo, tiene como mandato legal investigar las violaciones que servidores públicos comentan en contra de cualquier integrante de la sociedad.
Desde su constitución, diversas organizaciones de derechos humanos y académicos han señalado deficiencias recurrentes en su actuar, como la tardanza de sus recomendaciones y el nulo seguimiento de las mismas.
“No le rinden cuentas las instituciones a las que le exige acciones. Es un balance promedio de una institución que en un país como México debería hacer muchísimo más”, considera Cruz Silva del Carpio, coordinadora del área de estado de derecho, de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD).
La abogada señala que el papel de la defensoría no solamente está en el hacer real las recomendaciones, sino en buscar diversas formas de mejorar sus funciones para que el Estado no la tome como un enemigo, “sino como una institución crítica y de autoridad a la cual tiene que escuchar, pero ese manejo no se ha sabido hacer en la actual gestión y sin duda eso va en perjuicio de las propias familias”.
No obstante, la actuación de la principal institución mexicana de defensa y promoción de los derechos humanos ha resultado “lenta y poco efectiva” ante graves casos como la matanza de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas (24 de agosto de 2010); la ejecución extrajudicial de 22 personas a manos de militares en Tlatlaya, Estado de México; la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero (ambos hechos ocurridos en 2014); y el enfrentamiento entre profesores y policías federales que dejó ocho personas muertas y más de una centena de heridos, en Asunción Nochixtlán, Oaxaca, en 2016.
Las recomendaciones en los casos de Ayotzinapa y Nochixtlán han dejado mucho que desear, pues “han sido inoportunas políticamente”, explica en entrevista Fernando Ríos Martínez, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos.
La recomendación del caso Ayotzinapa se emitió “unas cuantas horas [antes] de que terminara [el gobierno de Enrique] Peña Nieto, sin que él tuviera el costo político que se merecía por la terrible situación propiciada por el gobierno federal”, asegura el también maestro en políticas públicas.
Y es que la Comisión Nacional presentó su recomendación 15VG/2018, el 28 de noviembre de 2018, es decir, 4 años después de lo acontecido la noche del 26 de septiembre de 2014, en el municipio de Iguala, Guerrero, y faltando sólo 72 horas para la culminación del gobierno peñista.
Ante esto, familiares de los jóvenes desaparecidos, sus abogados, el Equipo Argentino de Antropología Forense y una integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos criticaron la recomendación por incurrir “en graves omisiones, especulaciones, sesgos y errores”.
Mientras que familiares de las víctimas de las agresiones perpetradas por policías durante un operativo del 19 de junio de 2016, se manifestaron en 2017 contra la recomendación 7VG/2017, ya que –consideraron– el informe era “parcial y que juega un papel de defensa hacia los responsables de la masacre (…) a las víctimas nos convierte en victimarias y a los responsables intelectuales y materiales en víctimas”.
Al respecto, Silva del Carpio afirma que la Comisión Nacional ha tenido diversas intensidades en su funcionamiento, pues “ha recibido críticas sobre la rapidez de su actuación y sobre su papel en la observación y protección de los derechos de grupos en situación de vulnerabilidad”.
También añade que “la Comisión ha respondido sobre delitos graves que siguen en la impunidad. Aunque desde la Fundación hemos tenido la experiencia de que la Comisión sí ha dado respuesta, pero sólo cuando las víctimas se lo han insistido públicamente… ¿Puede mejorar su trabajo? Sin duda”.
Una de las principales atribuciones que tiene la Comisión es precisamente la de emitir recomendaciones a las autoridades responsables de violentar los derechos de las personas y en el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se le faculta para formular recomendaciones públicas no vinculatorias ante las autoridades respectivas.
Una recomendación es la resolución que emite la institución, en la que determina cuáles fueron las violaciones a derechos humanos, quiénes fueron las autoridades responsables y se les indica la manera en la que deberán restituir o reparar el daño de las personas afectadas.
La Comisión ha tenido “algunos errores bastante graves. Por ejemplo, las recomendaciones de Nochixtlán y Ayotzinapa, ambas tienen muchas carencias, que las mismas víctimas ya han señalado con mucha contundencia”, señala Jorge Luis Aguilar, integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria.
El aún presidente de la Comisión, Luis Raúl González Pérez, declaró en el marco del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura que la institución emitió 343 recomendaciones desde el año 2000 y hasta mayo de este año.
La defensora Ancheita Pagaza, reconocida recientemente con un doctorado honoris causa por la Université Paris Nanterre, indica que el tiempo que toma la CNDH para emitir una recomendación se debe a la carga de trabajo que tiene y “aunque no son los tiempos que las víctimas o las propias organizaciones quisiéramos, porque estamos trabajando bajo la urgencia, creo que los tiempos siempre serán un reto y sin duda es algo que se tiene que mejorar”.
Otro de los aspectos que debe cambiar es la gestión de oficios y aceptación de las denuncias provenientes de grupos en situación de vulnerabilidad, indica Silva del Carpio. También, observa, se necesita mayor presupuesto y, sobre todo, “ser dotada de un personal que no sólo se sepa un funcionario que tiene que responder a la sociedad, si no que se considere a sí mismo como un defensor de derechos humanos porque eso es lo que hace la Comisión”.
Hasta ahora, la CNDH no ha sabido gestionar sus recursos para hacer frente a la gran cantidad de crímenes y a la crisis humanitaria que se está viviendo en México, porque no se ha asumido en ese escenario y por eso no ha tenido buenos resultados, explica la también investigadora.
Para Itzel Checa, la Comisión ha tenido aciertos y deudas históricas, pues “esta institución estuvo cooptada con perfiles muy cercanos al poder”. Sin embargo, considera que la administración de Luis Raúl González Pérez trató de dar un mensaje distinto.
Aunque “en términos generales la Comisión tiene muchas áreas de oportunidad para que pueda ser un mecanismo efectivo de acceso a derechos, el que tenga fuerza para que las instituciones cumplan sus recomendaciones es un gran pendiente: saca recomendaciones, pero muchas están sin cumplirse, y ahora con el proceso de designación [del ombudsperson] es un momento importante para poder darle un giro a esta institución”, asegura la también presidenta de la Academia Nacional de Evaluadores de México.
Luis González Plascencia, integrante del consejo directivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, afirma que el funcionamiento de la defensoría no ha sido adecuado, pero esto también depende del titular. “Han habido más sombras que luces, pues en los casos en los que ha tenido posibilidades de intervenir no ha dejado satisfechas del todo a las víctimas ni a la opinión pública”.
Aunque, agrega, la Comisión también debe priorizar los derechos económicos sociales, culturales y ambientales. “Es necesario pensar en qué medidas y en qué momentos habrá que invertir la relación de privilegios que han tenido los derechos civiles y políticos, para centrarse más en los derechos económicos y sociales e incluso los derechos de las empresas, de las colectividades y, por supuesto, de los pueblos indígenas”.
Asimismo, el también expresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal resalta que falta priorizar el tema de la corrupción, pues “es una violación al derecho humano de tener una buena administración y de que quienes nos gobiernan lo hagan con respeto a todas las normas que nos rigen, cuidando el gasto público con profesionalidad, para poder atender los problemas que se presenten en el ámbito de su competencia”.
El presidente de este organismo es el responsable de formular los lineamientos generales para las actividades administrativas y dictar las medidas que juzgue convenientes para el mejor desempeño de las funciones del organismo.
En el caso de la gestión de González Pérez, a pesar de los claroscuros se le ha reconocido mejores resultados que los que se habían visto en gestiones pasadas. “Aunque todo puede ser mejorable, en las grandes situaciones hemos visto que el presidente se ha manifestado con mucha claridad y ha mantenido la valentía al señalar las preocupaciones más importantes en temas de derechos humanos. Ha sabido hacer bien las cosas y más en momentos difíciles”, afirma la directora de la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, AC (CADHAC), Consuelo Gloria Morales Elizondo.
Por su parte, Ríos Martínez reconoce la labor del ombudsman: “ha hecho un trabajo distinto durante estos años y que nos parece apropiado; hay quienes creemos que dejó un avance significativo y el siguiente titular tendrá que aportar a lo que ya se ha hecho y erradicar las carencias que tuvo la dirección de Luis Raúl”.
Otra valoración positiva es la hecha por González Plascencia, que opina: Luis Raúl ha destacado mucho, en comparación con otros presidentes de la CNDH, porque ha tenido una presencia pública mucho más combativa. “Quizá al rubro en donde le falló más fue en la relación con las organizaciones de la sociedad civil, pues no logró conformar un trabajo común. Pero no dudaría en decir que ésta ha sido una de las mejores administraciones”.
La lucha de género es un punto favorable para el ombudsman saliente. Al respecto, Ramírez Hernández, fundadora de la Cátedra UNESCO, recalca el papel de esta administración sobre el reconocimiento de los derechos de las mujeres, más aún en el ámbito de los derechos sexuales y reproductivos, pues “ha interpuesto acciones de inconstitucionalidad contra la penalización del aborto y en ese ámbito ha sido muy relevante; sí ha sido una institución de cambio, cuando anteriormente no lo fue en defensa de los derechos de las mujeres”.
Los especialistas coinciden en que la existencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es de suma importancia, pues en “el contexto mexicano actual es indispensable para generar estrategias que nos permitan salir de estos índices de violencia”, asegura Eduardo Espinosa, director ejecutivo del Centro Nacional de Comunicación Social.
Agrega que “es fundamental por su trabajo con las víctimas, las acciones de inconstitucionalidad que está generando y por su papel como contrapeso de los poderes políticos. Es ahí donde la CNDH se vuelve doblemente importante y para que se encuentre fuerte, la persona que la dirija deberá tener mucha claridad y enfocar sus esfuerzos en tratar de salir de este espiral de violencia que se vive en el país”.
Por su parte, la directora de CADHAC resalta que el papel de la Comisión resulta vital porque es una institución que puede hacer un equilibrio ante algún abuso de cualquier autoridad de los tres niveles del Estado. “Si no contáramos con la CNDH, no habría una máxima entidad que protegiera la dignidad de las personas”.
Al respecto, Itzel Checa asegura que es sumamente esencial la existencia de la Comisión. “En otros países llaman a estas instituciones Defensorías del Pueblo y me parece que esas palabras encierran la importancia de la institución, de defender al pueblo de abusos, omisiones o acciones de autoridades que no están garantizando sus derechos humanos”.
“El rol de la CNDH es muy necesario, porque es una institución que puede abrir el diálogo público para el reconocimiento y protección de los derechos. En los últimos años, la Comisión ha emitido una serie de recomendaciones muy críticas, no sólo frente al gobierno federal, sino también frente a actores privados que sin duda han sido herramientas muy útiles para organizaciones civiles, pues da un respaldo al trabajo que hacemos”, considera Alejandra Ancheita.
Su existencia obedece a factores como la complejidad que tiene el poder judicial para procesar casos de violaciones a derechos humanos, ya que tardan muchísimo tiempo, suelen ser onerosos y siempre requieren de un abogado. Mientras que las comisiones de derechos humanos sirven como ese mecanismo que facilita a la ciudadanía buscar justicia y resolver problemas muy concretos, que, quizá, no tendrían relevancia judicial, observa Luis González Plascencia.
Por último, los expertos consideran que la Comisión debe afianzar su respaldo social, no sólo con las organizaciones, sino también con el pueblo, ya que ellas son las personas que carecen de representaciones y el ombudsperson tendrá que defender a la señora de casa, al campesino, a trabajadores de todo el país. Y si se gana ese sector tendría un respaldo fundamental.
Karen Ballesteros
[INVESTIGACIÓN] [PORTADA] [SOCIEDAD]
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