En lo que va de la administración de Enrique Peña Nieto se han reportado 520 extorsiones a sacerdotes, 17 asesinados, 25 atentados contra seminaristas, laicos y presbíteros, dos desaparecidos y dos secuestrados.
Para el 2018, Peña Nieto podría concluir su mandato con un alza estimada al ciento por ciento de homicidios contra religiosos -por encima del saldo rojo del expresidente Felipe Calderón, en cuyo periodo fueron ultimados 15 sacerdotes-, siendo el sexenio más peligroso para el ejercicio del sacerdocio de la era moderna.
Este fenómeno en creciente desarrollo es resultado de la incapacidad del gobierno mexicano para controlar la violencia desbordada por grupos del crimen organizado en las distintas zonas geográficas del país, advierte Omar Sotelo Aguilar, director de la unidad de investigación del Centro Católico Multimedial (CCM).
Asegura que la principal causa de las extorsiones a los religiosos está relacionada con la venta de seguridad por parte de los cárteles del narcotráfico y el crimen organizado y, en algunos casos, por elementos que pertenecen o formaron parte de las fuerzas armadas de país.
Sotelo Aguilar señala que los crímenes contra los prelados de la iglesia católica pone en evidencia la incomodidad que el sacerdocio representa para el poder político y para “los poderes fácticos encumbrados en el imperio de la corrupción e impunidad”.
En entrevista advierte que la violencia tiene su origen en un enemigo invisible, que mantiene en vilo la seguridad de sacerdotes y laicos que han perdido la vida a causa de realizar su misión a pesar de las dificultades y extrema violencia que se vive en el país.
Precisa que los estados del país más peligrosos para el ministerio sacerdotal son Guerrero, Ciudad de México, Veracruz y Michoacán, donde “el horror ya es ordinario y ha llegado al punto de la trágica indiferencia oficial”. Le siguen Veracruz, Michoacán, Chihuahua, Baja California, Tamaulipas y Puebla; Oaxaca, Jalisco, Estado de México, Coahuila, Hidalgo, Aguascalientes, Guanajuato, Sinaloa, Durango y Colima.
En ese sentido, considera que el gobierno de Peña Nieto “ensoberbecido por sus reformas estructurales, envuelto en la vergüenza por las miles de víctimas de una guerra no declarada, desapariciones, vulneración de los derechos humanos, impunidad y corrupción”, se perfila como el más negro de la historia moderna de México.
Sotelo Aguilar afirma que el periodo de 2006 a marzo del 2017 ha sido devastador para los ministros religiosos en México, fenómeno que no ha sido atendido por el gobierno federal, empecinado con su lucha contra el crimen organizado, que sólo ha dejado muerte y desolación en muchas regiones del país.
Esta cruda realidad, dice, coloca a México a la cabeza de la lista de los países de América latina con mayor número de crímenes contra sacerdotes, religiosos y de agravios a templos en la última década, al registrarse 33 asesinatos (17 de ellos en los últimos cuatro años) que han tenido el mismo modus operandi: amenaza, extorsión, levantamiento, tortura y muerte.
Estos crímenes “no pueden tipificarse como delitos del fuero común, como lo ha señalado el subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Humberto Roque Villanueva, sino como delitos de alto impacto”, destaca.
Añade que la posición del subsecretario de Gobernación manifiesta falta de seriedad para esclarecer y erradicar la violencia contra los clérigos, al señalar que estos hechos son delitos del fuero común.
Lo grave es que ni las procuradurías estatales, ni la Procuraduría General de la República han dado repuestas claras a este fenómeno delictivo. Por el contrario, las investigaciones están plagadas de irregularidades y vacíos, y más del 80 por ciento de los asesinatos de sacerdotes no han sido resueltos o se les ha dado carpetazo.
Para saber su opinión sobre el tema, se solicitó entrevista con el subsecretario Roque Villanueva, pero al cierre de la edición no hubo respuesta.
Respecto al robo de templos, de 2005 a la fecha han sido profanados 3 mil 220 iglesias, entre ellos la Catedral Metropolitana. Los daños causados por irrupción y vandalismo contra imágenes, mobiliario y objetos religiosos, se estima en 10 millones de pesos.
El asesinato de sacerdotes evidencia la vulnerabilidad de instituciones y de aquellos agentes pastorales que han hecho suyos los reclamos de poblaciones enteras que están a merced del crimen organizado, como acontece en la zona de Tierra Caliente, Guerrero, expresa Bernardo Barranco Villafán, director del Centro de Estudios de las Religiones de México.
En entrevista, dice que ser ministro de culto es una tarea de muy alto riesgo en el México actual, convulsionado por violencia, la corrupción y la impunidad. “Con una reputación bien ganada, nuestro país se destaca por ser el país donde más se asesina al clero”, enfatiza.
“México es el país más peligroso para los sacerdotes católicos en América Latina. Yo me pregunto por la situación de otros ministros de culto evangélico del cual no tenemos cifras ni datos consolidados, pero estamos seguros que no escapan al entorno de inseguridad sangrienta, con un componente adicional: la intolerancia”, subraya.
Sin embargo, considera que en la actualidad se han diversificado los móviles de violencia y agravios a los sacerdotes. No son sólo perpetrados bajo la consigna ideológica ni de anticlericalismos radicales. Los actores religiosos han sido alcanzados por la cultura de la muerte. El exterminio de sacerdotes no es privativo hacia la institución católica, más bien refleja la violencia sistémica y generalizada en el país.
El experto en temas religiosos asegura que los grupos de poder y de la delincuencia se ensañan con aquellos curas que se atreven a defender su comunidad y denunciar los atropellos del crimen organizado en colusión con las estructuras de gobierno. Los levantones, extorsiones y asesinatos de los religiosos evidencian el martirio que cotidianamente vive la sociedad.
Bernardo Barranco destaca la tibieza con la que ha actuado el episcopado mexicano respecto a los crímenes contra los ministros de la iglesia. No bastan gestos ni comunicados, aun fuertes como el ¡Ya Basta!, son recursos insuficientes ante las miles de amenazas y advertencias al clero, de los cuales se han presentado sólo 500 denuncias de extorsión.
Considera que la iglesia tiene la exigencia de jugar un rol de protección de la integridad y la defensa de la vida, no únicamente de su cuerpo eclesial, sino de la población. Para resguardarse, la iglesia tiene que ser solidaria con la sociedad y ser mucho más crítica con la clase política.
Advierte que el episcopado está obligado a salir de su zona de confort clerical, abandonar el glamour que otorga el roce del poder; salir a la periferia como mandata Francisco y escuchar los lamentos de su pueblo que exige justicia, fin a la impunidad y perseguir la corrupción. No hacerlo es exponer aún más a decenas de actores religiosos como Raúl Vera, Alejandro Solalinde, Pedro Pantoja y Gregorio López Jerónimo, por mencionar sólo a algunos.
Por su parte Omar Sotero Aguilar refiere que el fenómeno de la violencia contra sacerdotes, religiosos y laicos en México se registra en 13 de las 18 provincias que comprende la configuración eclesiástica, lo que corresponde 72 por ciento de territorio nacional.
Las entidades y ciudades que representan el mayor riesgo de atentados contra religiosos, son aquellas donde operan grupos del crimen organizado y grupos aislados que cometen actos de extorsión o robo a mano armada en las carreteras del país.
Destacan las carreteras del estado de Chihuahua (zona fronteriza y Valle de Juárez); Baja California (Tijuana), Ciudad de México (salidas a Querétaro, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo); Jalisco (Tlaquepaque, Los Altos y Puerto Vallarta), Michoacán (Apatzingán y municipios de tierra caliente); Nayarit (Tepic)), Sinaloa (Los Mochis y Culiacán), Durango y Coahuila (Comarca Lagunera), Zacatecas y San Luis Potosí (centro y 3 Valles), Monterrey (centro), Tamaulipas (Nuevo Laredo, San Fernando) y Veracruz (Boca del Rio, Orizaba y Xalapa).
En dichas entidades, algunos sacerdotes y obispos mexicanos fueron interceptados cuando se dirigían a cumplir funciones pastorales al tiempo que fueron amenazados y despojados de sus pertenencias.
De 57 atentados contra sacerdotes, religiosos y agentes de pastoral registrados en los últimos 26 años, sólo han sido resueltos el 10 por ciento; con resultado no satisfactorio un 4 por ciento, y el mayor dato corresponde a los crímenes irresueltos con un 86 por ciento de los casos, considera Sotelo Aguilar.
Los crímenes de agentes de pastoral perpetrados entre 1990 y 2016 por amenaza, extorsión, levantamiento, tortura y asesinato, equivale al 44 por ciento; robo a parroquia, 35 por ciento; agresión en calle, 15 por ciento, y causa desconocida, 6 por ciento, es decir, por situaciones ajenas a funciones religiosas.
Respecto al perfil de los delincuentes durante los últimos 26 años, muestra patrones de evolución criminal, que concierne más a delincuencia organizada, ya no sólo les interesa un simple robo común o extorsión al interior de templo religioso. Ahora se encuentran en un perfil de alto impacto, promueven la agresión física hacia su víctima, a través de la tortura, con el fin de perpetrar homicidio con agravantes.
Los atentados presentan como constante signos de golpes contusos y tortura; además, se valen de arma blanca o de fuego; también utilizan mecates, bolsa de plástico y objetos diversos para torturar a los ministeriales.
Algunos hechos tienen antecedentes de que los religiosos denunciaron acciones ilícitas, así como contra aquellos que se pronunciaron por los graves problemas e injusticias que afectan a la comunidad donde prestaban su servicio ministerial.
En los casos de secuestro, los presbíteros fueron inducidos al dolor extremo, bajo tortura, hasta lograr la muerte del religioso. En al menos 3 homicidios recibieron mutilación y 5 casos incineración, lo cual ha sido señalado por las autoridades ministeriales como “incidencia delictiva”.
Sotelo Aguilar destaca que los sacerdotes son asesinados por su capacidad de convocatoria, por promover el Evangelio, porque ofrecen su apoyo donde hay ausencia de libertad expresión y donde son nulas las acciones de gobierno y existe una grave descomposición social, desempleo, migración e inseguridad.
“En el centro del país, así como en Oaxaca, Michoacán, Veracruz y Guerrero, el sacerdocio se enfrenta a la violencia de insolentes por problemas añejos que interpelan a las comunidades. Otros casos son por las constates diferencias que prevalecen en algunos pueblos en conflicto por tierras o de familias que sostienen asesinatos de generaciones anteriores”.
Asimismo, dice, se da el caso de que las predicas de los religiosos molestan a grupos de poder que operan en acciones ilícitas, bajo eternos cacicazgos en zonas donde se concentran altos porcentajes de población indígena y pobreza extrema.
Otro factor es porque los ministros de culto defienden a los migrantes en su paso por México, a quienes ofrecen albergue para continuar con su viaje, lo cual molesta a las organizaciones del crimen organizado, que ven ocasión en los migrantes para realizar sus acciones ilícitas.
El director del Centro Católico Multimedial, Omar Sotelo Aguilar, afirma que a más de un cuarto de siglo del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, se puede resumir como letal para el ejercicio sacerdotal, por la violencia desbordada en contra de los ministros sacerdotales
En el periodo de 1990 a 2016 aumentó un 375 por ciento los homicidios contra integrantes de iglesia católica, desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari hasta el actual de Enrique Peña Nieto.
Los últimos 26 años se traducen en 61 atentados contra miembros de la iglesia católica, de los cuales 59 son crímenes arteros; dos sacerdotes desaparecidos y dos a secuestros frustrados. La lista la encabeza 1 cardenal, 41 sacerdotes, 1 diácono, 4 religiosos, 9 laicos y una periodista católica.
El 44 por ciento de los atentados corresponde a extorsión, secuestro tortura y asesinato; 35 por ciento robo a parroquia; 15 por ciento agresión en calle, y 6 por ciento causa desconocida.
Estas cifras colocan a México como el país más peligroso de América Latina para ejercer el ministerio sacerdotal, que se ha convertido en una labor de alto riesgo, señala Sotelo Aguilar.
Agrega que a nivel mundial, México es calificado como un país de especial observación, y ha sido comparado con naciones como la India, Pakistán Turquía y Egipto, que sufren problemas de intolerancia y constantes violaciones sistemáticas a los derechos humanos, según el organismo Libertad Religiosa Internacional.
La tendencia de crímenes contra la iglesia ha ido en aumento desde el sexenio de Ernesto Zedillo (1994-2000), con 3 homicidios; seguido por el periodo de Carlos Salinas (1990-1994), con 4; Vicente Fox (2000-200), con 5 casos; Felipe Calderón (2006-2012), con 15 homicidios, y el periodo de Peña Nieto que aún no termina, ya acumula 17 asesinatos, por lo que la cifra de curas asesinados será mayor al concluir su periodo.
José Réyez
Contralínea 538 / del 08 al 14 de Mayo 2017
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