[fullwidth style=”parallax” fullwidth=”yes” background_color=”” background_image=”https://contralinea.com.mx/wp-content/uploads/2016/07/empleo-plx.jpg” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” mesh_overlay=”no” border_width=”1px” border_color=”” padding_top=”20″ padding_bottom=”300″ padding_left=”20″ padding_right=”20″ text_align=”” text_color=””]
Como Narciso ante su espejo que le arroja una indulgente imagen distorsionada de la trágica realidad laboral de México, Enrique Peña Nieto exalta los 2 millones de empleos nuevos que se han creado en lo que va del actual gobierno, pero nada dice sobre la calidad de las plazas concebidas con salarios pagados, su estabilidad y seguridad laboral, como tampoco si esa cifra es la adecuada para equilibrar la oferta y la demanda anual de empleo, históricamente rezagada desde 1983.
Otro problemas del empleo son la creciente precariedad y flexibilidad de los puestos existentes; el alto número de desempleados, subempleados y trabajadores no remunerados, sin prestaciones sociales u obligados a ocuparse por su cuenta para subsistir; desertores que dejaron de buscar una ocupación por considerar que no la encontrarán y pasan a la informalidad.
Tampoco se esclareció cómo se generó esa cifra declarada “histórica” por el presidente Peña Nieto y que guarda un aroma artificiosamente estadístico. El escenario económico es similar a la de sus predecesores panistas que terminaron con un balance laboral mediocre: la tasa media anual de crecimiento económico hasta el momento (2.2 por ciento) es igual a la de los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, y la peor desde el sexenio de Miguel de la Madrid (0.3 por ciento) que, a su vez, sólo es superada por las negativas de principios de los años de 1930; una estructura productiva exportadora subordinada al ciclo económico estadunidense escasamente creadora de empleos formales y un mercado interno crónicamente débil.
Mucho menos hay preocupación por los síntomas recesivos internos y externos de 2016, reforzados con el alza en los réditos impuestos por Agustín Carstens, que eliminarán parte de los empleos creados, proceso que, por cierto, ya inició la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con recortes al gasto estatal, que arrojará a la calle a unos 24 mil empleados públicos.
“No es un asunto mágico”, dijo el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida. Es una “buena noticia”, insistió Peña Nieto, a la “cual debe dársele justa dimensión porque representa una cifra histórica. En esta administración se han generado más fuentes de trabajo de los que nunca antes se lograron en el pasado”. Son “cuatro veces más [que las creadas] en el mismo periodo del sexenio pasado (498 mil 941) y en la gestión de Vicente Fox a estas alturas había 200 mil menos; uno de cada tres empleos, 36 por ciento es para jóvenes”. Todo gracias a la política económica y las reformas estructurales. Peña y Navarrete se basan en los dudosos registros de trabajadores inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Comparativamente con otros sexenios, en 3 años y medio del gobierno de Ernesto Zedillo, el IMSS contabilizó 802 mil nuevos trabajadores afiliados; con Fox, apenas 19 mil; con Calderón, 750 mil, y con Peña Nieto 2 millones 284 mil. Si se excluye a los trabajadores temporales, los incorporados permanentemente en el mismo periodo y orden, sumaron 1.1 millón, 97 mil, 450 y 1.4 millones.
Si se considera que sexenalmente se requiere alrededor de un millón de nuevos empleos, 6 millones en total, el gobierno de Peña Nieto tiene un saldo negativo de al menos 1.2 millones hasta el momento.
En tanto que los nuevos trabajadores registrados en el IMSS, considerados como el mercado laboral formal, sólo equivalen al 36 por ciento de los ocupados en el país: 18.1 millones de 50.8 millones. Nada se dijo, sin embargo, de las condiciones en que fueron creadas esas plazas.
En la presentación de los informes Employment Outlook 2016, Perspectivas para el empleo 2016 e igualdad de género en la alianza del Pacífico y la Evolución del Mercado Laboral en México, Gabriela Ramos, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), delineó con unas cuantas pinceladas la “situación complicada y preocupante” del mercado laboral en México: los bajos salarios pagados, la baja productividad, un menor nivel del empleo y de mala calidad, altas tasas de desempleo e “informalidad”, la exclusión juvenil y de los llamados “ninis”, entre otros rasgos.
La tasa de empleo (población ocupada de 15 a 64 años de edad) no ha recuperado su nivel existente antes de la crisis sistémica. En 2007 la tasa era de 61.5 por ciento, al inicio del peñismo de 61 por ciento y en el primer trimestre de 2016 de 60.9 por ciento. En 2016, en la OCDE la media fue de 60 por ciento. Además, los trabajadores mexicanos enfrentan la inseguridad y las dificultades financieras en caso de pérdida del empleo.
La ocupación en los jóvenes (15-24 años de edad) ha declinado con mayor fuerza: su tasa de empleo era de 46 por ciento al cierre de 2007 y actualmente es de 41 por ciento.
En su tercer informe de gobierno, el presidente de la República dijo que durante su mandato el poder adquisitivo del salario mínimo general promedio acumuló una recuperación de 5.8 por ciento, la mayor con relación a ocho administraciones anteriores. El pasado día del trabajo agregó que esa mejoría era de 5 por ciento y esperaba que llegara a 6 por ciento al término de 2016, “la mayor recuperación para un periodo igual en los últimos 36 años”.
En las estadísticas se reconoce una mejoría acumulada en salario mínimo real, pero ésta sólo es de 2.4 por ciento durante el peñismo. Para 2016 quizá se reducirá debido a los efectos inflacionarios de la devaluación.
En cualquier caso, de qué sirve esa mejoría si al cierre de 2016 el salario mínimo real registrará una pérdida histórica de 72 por ciento en su poder de compra desde 1976 o de 75 por ciento si se considera la canasta básica. Los salarios contractuales reales presentan retroceso de 45 por ciento o de 65 por ciento en el caso de la canasta básica desde 1982.
Globalmente, el poder adquisitivo es el peor desde 1934, cuando se oficializan las percepciones mínimos, por lo que no sería extraño que su poder de compra sea similar al existente a finales del porfiriato.
Gabriela Ramos, de la OCDE, también observa otra historia: el salario medio real (del conjunto de los trabajadores) cayó, en promedio anual, 1 por ciento entre 2007 y 2015; y agrega: el ingreso de los trabajadores mexicanos es el peor entre los trabajadores de los 34 países miembros de la OCDE. El Outlook señala una pérdida acumulada de 2.4 por ciento, ya sea medido el salario medio real en pesos mexicanos, en dólares o por el poder de compra de las monedas.
Peña Nieto señaló que por primera vez en 40 años se ha revertido la tendencia negativa en materia de competitividad, si bien de forma modesta, dijo, pero el 1.4 por ciento rompe con la tendencia.
La competitividad implica mayor productividad, lograda por los avances tecnológicos, racionalización del proceso productivo, la reducción de los costos de producción.
Pero Ramos agrega otro dato curioso: entre los trabajadores de los 34 países de la OCDE, los mexicanos son los que más horas trabajan al año, 2 mil 246 horas o 280 días, suponiendo jornadas de 8 horas. La media laborada en dichos países es de 1 mil 766 horas o 221 días. Sin embargo, los menos productivos y los peores pagados son los connacionales. En cambio, en naciones donde los asalariados ganan más y trabajan menos horas, como Alemania (1 mil 371 horas o 171 días), Holanda (1 mil 419 horas o 177 días), Noruega (1mil 424 horas o 178 días) o Dinamarca (1mil 457 horas o 182 días), la productividad es mayor, sea cual sea el método en que se mida ese indicador.
La competitividad mexicana está dada por sus bajos salarios pagados, los peores del mundo, la “flexibilidad” laboral, los privilegios fiscales, las laxas normas ambientales, su cercanía al mercado estadunidense, entre otros factores.
El trabajador mexicano labora más horas porque lo obligada el patrón o por la necesidad de ampliar su pésimo salario con horas extras laborables. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el 2000 el 22 por ciento de los ocupados (8.5 millones de 39 millones) trabajaba más de 48 horas a la semana. En lo que va de 2016, equivale a 27 por ciento (14 millones de 51 millones). Al inicio del peñismo la tasa era de 28 por ciento (13.7 millones de 48.7 millones).
Es cierto que el desempleo abierto se ha reducido durante el peñismo, Su nivel inicial era de 5 por ciento y en enero-mayo de 2016 bajó a 4 por ciento. Pero no ha recuperado la tasa media que existía antes de la crisis: 3.7 por ciento en 2007.
En el caso de los jóvenes (15-25 años de edad), su tasa de desempleo al inicio de 2016 se ubicó en 8.5 por ciento, el doble del porcentaje de los desmovilizados totales. Peña Nieto inició con una tasa de 9.4 por ciento. En pleno colapso, en 2009, llegó a 10 por ciento. La reducción de este año, aunque sea temporal, es de 6 por ciento. Pero en 2007 la tasa era de 7.2 por ciento y ya mostraba una tendencia ascendente, pues en 2005, cuando la OCDE inicia su registro, era de 6.9 por ciento.
Al presumir sus 2 millones de empleos, Peña Nieto resaltó el compromiso de los trabajadores por adquirir una mayor capacitación para formalizarse en el mercado laboral. Del total de los desempleados, en 2005, el 32 por ciento tenía estudios medio-superior y superior. En 2012 la proporción se elevó a 37 por ciento y en 2016 a 45 por ciento. La menor cantidad de desmovilizados se concentran entre las personas que tienen primaria incompleta y completa.
Simétricamente, lo anterior puede verse del lado de los empleos generados. De acuerdo con el Inegi, entre 2012 y 2016 se concentraron entre quienes perciben hasta tres veces el salario mínimo (pasaron del 58 por ciento del total a 63 por ciento, de 29 millones a 32 millones) y son los trabajadores con menos calificación. En cambio, quienes obtienen más de cinco veces el salario mínimo y que son especializados, declinaron de 8 por ciento a 6 por ciento del total, de 4 millones a 3 millones. En el 2000 equivalían a 11 por ciento, y eran 4.2 millones.
En los documentos citados se añaden otros aspectos relevantes. Uno de ellos es el caso crítico de los jóvenes (15-29 años de edad) que no estudian ni trabajan y ni concluyeron los estudios secundarios. Ellos representan la mitad de ese segmento de la población. El promedio de la OCDE es de 38 por ciento de ese colectivo y más del 50 por ciento en lugares como España o México, donde uno de cada cinco jóvenes en edad laboral ni tiene empleo ni se está formando. Estos jóvenes, dice la funcionaria de la OCDE, corren un alto riesgo de quedar desconectados del mercado laboral.
La incidencia del trabajo informal se mantiene alta. Antes de la crisis, en 2007, la de tasa de ocupación en el sector informal —la población ocupada que trabaja para una unidad económica no agropecuaria, que opera con los recursos del hogar y no son una empresa — era de 27.2 por ciento (12 millones de personas); en 2016 es de 27.1 por ciento (13.8 por ciento).
La tasa de informalidad laboral —los ocupados laboralmente vulnerables, los trabajadores domésticos pagados, por cuenta propia, los trabajadores agrícolas de subsistencia, los no remunerados y otros— pasaron de 58.3 por ciento a 57.4 por ciento, de 25.8 millones de personas a 29 millones.
Las mujeres han sido las más afectadas laboralmente. Su tasa de ocupación y sus remuneraciones son menores a la de los hombres, su coeficiente de desempleo y de informalidad también son mayores. La informalidad de los hombres es de 49.7 por ciento y la de las mujeres de 57.2 por ciento.
Marcos Chávez
[PORTADA]
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