Entre diciembre de 2012 y enero de 2015, la Procuraduría General de la República (PGR) integró sólo 2 mil 803 averiguaciones previas por delitos del crimen organizado, revela un reporte entregado por la dependencia a Contralínea, por medio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
De éstas, sólo 84 correspondieron a delitos contra la salud o narcotráfico, a pesar de que México es el tercer productor mundial de planta del opio o adormidera (Papaver somniferum), según el International narcotics control strategy report 2015 (INCSR 2015); y presenta altos niveles de cultivo de amapola (Papaver rhoeas), de acuerdo con la Presidential determination on major drug transit or major illicit drug producing countries for fiscal year 2015, de la Casa Blanca.
En dicho documento, el gobierno de Barack Obama manifiesta que México es el principal proveedor de derivados ilegales de esa planta a Estados Unidos.
Otro dato que contrasta con las apenas 84 averiguaciones previas por delitos relacionados con el narcotráfico es el señalamiento hecho por el Departamento de Estado, en su INCSR 2015, de que México es el principal exportador de metanfetaminas al vecino país del Norte.
El resto de las averiguaciones previas, 2 mil 719, se refieren a otros delitos previstos en la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, entre los que están el secuestro, la trata de personas, el tráfico de indocumentados, el lavado de dinero, el tráfico de órganos y el terrorismo.
En entrevista con Contralínea, Carlos Antonio Flores –investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social– indica que la estrategia contra el crimen organizado del actual gobierno ha tenido una tendencia muy similar al de la pasada administración, en términos de focalizarse hacia los actores más operativos.
Por ello, el doctor en ciencias políticas y sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México opina que la estrategia sigue estando mal enfocada. Se debe “focalizar la atención en los actores más significativos, que no son los operativos, sino que son los que les brindan protección [a los criminales] desde las instituciones municipales, estatales y federales; y son los que les brindan la posibilidad de integrar su dinero a la economía [formal]. Mientras esto no se haga, la estrategia solamente es como los fuegos artificiales”.
De acuerdo con la respuesta a la solicitud de información 0001700060515 hecha por Contralínea, en diciembre de 2012 –el primer mes del gobierno de Enrique Peña Nieto–, la PGR abrió 121 averiguaciones previas por ilícitos cometidos por el crimen organizado. Sólo tres de ellas fueron por delitos contra la salud.
Y aunque el presidente Peña aseguró en su Tercer informe de gobierno que se combate con firmeza el crimen, en 2014 sólo fueron 1 mil 299 averiguaciones, de las que 22 se relacionaron con delitos contra la salud. Y en enero de 2015, fueron 81, de las que sólo dos fueron por tráfico ilegal de narcóticos.
Los magros números que ofrece la PGR en torno a las investigaciones abiertas por delincuencia organizada se contraponen al discurso oficial: “Estamos desarticulando sus estructuras operativas y capacidades financieras y hemos emprendido modificaciones de fondo para prevenir la incidencia delictiva y fortalecer las instituciones de seguridad y justicia”, aseguró Peña.
También revelan que la dependencia que encabeza Arely Gómez sigue sin investigar los miles de homicidios vinculados al crimen organizado (principalmente al narcotráfico) y al uso de armas de uso exclusivo del Ejército.
Ello, a pesar de que oficialmente se reconoce que entre diciembre de 2012 y noviembre de 2014 se cometieron 34 mil 470 homicidios dolosos en el país, según el informe Cifras de homicidio doloso, secuestro, extorsión y robo de vehículos 1997-2014, elaborado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. De éstos, 1 mil 726 ocurrieron en diciembre de 2012; 18 mil 331 en 2013, y de enero a noviembre de 2014, 14 mil 413.
Pese a estos datos oficiales, la Presidencia de la República presume en su Tercer informe de gobierno que “los homicidios disminuyeron 24 por ciento y en 2014 se tuvo la tasa más baja en 6 años”.
Según el reporte Cifras de homicidio doloso, secuestro, extorsión y robo de vehículos 1997-2014, entre diciembre de 2012 y noviembre de 2014 se denunciaron 3 mil 158 secuestros, considerados entre los delitos que castiga la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
El número de narcotraficantes detenidos es otro indicador que revela que en México no se ha combatido frontalmente al crimen organizado. Y es que en 2013 apenas se detuvieron a 130 con vínculos probados con cárteles del narcotráfico, refiere la respuesta de la PGR a la solicitud 0001700007214, hecha por Contralínea.
De acuerdo con esos datos, del Cártel de Sinaloa –considerado el más poderoso del país y el cual es nuevamente comandado por Joaquín Guzmán– sólo se detuvo a un integrante. La organización que tuvo más bajas por cárcel fue La Familia Michoacana, al sumar, apenas, 39 detenidos. Le siguió el Cártel del Golfo, con 25; el cártel de Los Caballeros Templarios, con 23; y los cárteles de Jalisco Nueva Generación y Los Zetas, con 21, respectivamente.
A los cárteles de Los Beltrán Leyva, Tijuana y Los Valencia no les fueron detenidos integrantes en ese lapso.
El doctor Carlos Antonio Flores observa que, en los hechos, el número de delincuentes que realmente queda sometido a proceso judicial, ya no se diga el que queda sentenciado, es muy deficitario. “Porque una cosa es que te procesen judicialmente y otra que te encuentren culpable. En ese sentido, los números son totalmente distintos: son ínfimos respecto al esfuerzo que está significando esto [la “lucha” contra el crimen] en términos de inversión institucional y de zozobra para la sociedad”.
En este sentido, advierte que este tipo de estrategia de despliegue masivo de Fuerzas Armadas ha sido fuertemente lesiva para la sociedad, que ha sufrido graves costos de violación de derechos humanos como efecto indirecto ante este tipo de esfuerzos.
El investigador indica que frente a los grandes números que se suelen ofrecer en medios de comunicación y a la presentación continúa de supuestos delincuentes detenidos, en realidad lo que queda es que el sistema judicial no es capaz de procesar un número significativo de ellos.
En ocasiones, detalla, es porque las condiciones en las cuales se les detiene es irregular o, en otras, porque las cantidades de droga son irrelevantes y se les detiene por posesión para consumo.
“En el esfuerzo nacional contra las drogas y el narcotráfico que reportan en el informe anual de la Presidencia, del Ejecutivo, se aprecia cómo el amplio número de sujetos supuestamente detenidos no se empata ni es razonablemente vinculado, sustentado, en términos de los números de la gente que es sentenciada. Esto nos habla de que este tipo de esfuerzos se está focalizando en gente que muy probablemente se le está acusando por posesión, no necesariamente por tráfico, o quizá vendedores al menudeo, pero que no son los actores más significativos de la delincuencia organizada dedicada al tráfico de drogas en México.”
El INCSR 2015, elaborado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, describe a México como un gran país productor de drogas ilegales y de tránsito de las mismas; pero también de lavado de dinero, producto de la corrupción, el secuestro, la extorsión, las violaciones de los derechos de propiedad intelectual (o piratería), la trata de personas y el tráfico de armas de fuego.
Y es que, en efecto, todos los delitos enlistados en la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada encuentran terreno fértil en México. En el caso del lavado de dinero, se calcula que éste asciende a entre 19 mil millones y 29 mil millones de dólares anuales.
Otro delito que se comete con mucha frecuencia en el país es el tráfico de personas. De acuerdo con el Trafficking in persons report 2015, elaborado por el Departamento de Estado, México es un país de tránsito y destino para hombres, mujeres y niños sometidos a la trata sexual y laboral (trabajo forzoso en la agricultura, el servicio doméstico, la comida procesada, la construcción, la economía informal, la mendicidad).
Los grupos más vulnerables, detalla, son las mujeres, los niños, los indígenas, las personas con discapacidades físicas y mentales, los migrantes y la comunidad lésbica-gay-bisexual-transgénero. El reporte agrega que en el país persiste el turismo sexual infantil, no sólo en zonas turísticas, sino también en las ciudades de la frontera Norte.
Para el Departamento de Estado, el gobierno de México no cumple plenamente con las normas mínimas para la eliminación de la trata. Además, critica la complicidad oficial, que “sigue siendo un problema grave y en gran medida sin resolverse”.
Nancy Flores, @nancy_contra
[BLOQUE: INVESTIGACIÓN] [SECCIÓN: SEGURIDAD]
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