Trescientos ataques sexuales se han registrado en instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de 2006 a la fecha. En ese periodo –que abarca el final del rectorado de Juan Ramón de la Fuente; la gestión del actual secretario federal de Salud, José Narro Robles, y la administración de Enrique Graue Wiechers– también han muerto 36 personas en los distintos campus.
De esos fallecimientos, los nueve más recientes ocurrieron en poco más de 1 año. Y aunque las investigaciones ministeriales aún no concluyen, en algunos casos –como el de la joven Lesvy Berlín Osorio, muerta el pasado 3 de mayo en Ciudad Universitaria– se sospecha que se trató de asesinatos.
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En ese mismo lapso, cinco estudiantes desaparecieron. De éstos, dos hombres y dos mujeres fueron localizados con vida; pero de la quinta víctima, una alumna, se localizaron sus restos.
Académicos y universitarios señalan que durante los rectorados de José Narro Robles (noviembre de 2007-noviembre de 2015) y de Enrique Graue (quien está en el cargo desde el 17 de noviembre de 2015) se incrementó la presencia de grupos porriles y de narcomenudistas en la Ciudad Universitaria.
“Las mafias están dentro de la Universidad. Cada director sabe quién y en dónde trafica con drogas. Incluso las mafias tienen salones en donde despachan. Y los directores establecen pactos de no agresión ante la imposibilidad de superarlas”, advierte el investigador Alfonso Bouzas, doctor en derecho con especialidad en trabajo, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y consejero universitario hasta hace 7 meses.
El clima de violencia no es privativo de las instalaciones universitarias sino del país y de la Ciudad de México, coinciden profesores e investigadores consultados por Contralínea. Sin embargo, a esa realidad se suma que las autoridades de la Universidad “se han preocupado más por otro tipo de cuestiones que no son precisamente el cuidado de los jóvenes, la atención a sus necesidades, la seguridad en las zonas de afluencia de estudiantes”, señala Bouzas, investigador titular del Instituto de Investigaciones Económicas.
Considera que los intereses de las actuales autoridades universitarias están en “los gastos muy superfluos, muchos para beneficio del funcionario en turno; y han abandonado el servicio de vigilancia, de fotocopias, el control de estacionamientos”.
Carlos Lozano Ángeles, catedrático en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, miembro del Consejo Técnico de esa escuela y vicepresidente de la sección 69 de la Asociación Autónoma del Personal Académico de la UNAM (AAPAUNAM), está de acuerdo en que las autoridades tienen conocimiento de los ilícitos que se cometen en la Universidad y de quienes los cometen.
“Las autoridades saben muy bien cómo están los movimientos de las drogas; saben quién las trafica. Porque hay todo un sistema de observación de inteligencia universitaria”, explica el profesor de las asignaturas Introducción al Pensamiento Político y Social y México en la Concepción del Mundo Moderno.
Agrega que desde hace tiempo se han detectado bandas dedicadas a la comisión de ilícitos, entre los que destaca el narcomenudeo. Y las investigaciones internas de la UNAM, a decir de Lozano Ángeles, señalan que algunos de esos grupos están vinculados con corporaciones policiacas de la Ciudad de México, concretamente con integrantes de la Policía de Investigación, antes Policía Judicial, de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) local. “Hay una complicidad ahí”.
Y es que, aunque el problema de la violencia y el narcomenudeo en la UNAM no es nuevo, anteriormente se realizaba en lugares muy específicos, comenta el sociólogo y doctor en estudios políticos y sociales con orientación en ciencia política Valeriano Ramírez Medina.
“El problema es que se ha diversificado hacia casi todas las facultades”. El investigador adscrito al Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales observa una “displicencia” de parte de las autoridades que ha agudizado el problema.
“Las zonas más conflictivas, más inseguras, son, curiosamente, las adyacentes a Rectoría; afuera de la Torre”. Se refiere a los jardines conocidos como las Islas, los pasillos por los que se ingresa a la puerta Norte de la Biblioteca Central. “Ahí hay consumo de alcohol y drogas a cualquier hora del día; y en la noche esa displicencia aumenta mucho más. Y Rectoría nunca ha hecho nada al respecto”.
En efecto, en todo 1 año, cuando los narcomenudistas ya no se esconden y, por el contrario, venden abiertamente, intimidan y amenazan en el campus, la Universidad presentó apenas una denuncia.
De acuerdo con el oficio OAG/COJ/365/2017 –obtenido por Contralínea–, en todo 2016 y hasta el 31 de mayo de 2017, la UNAM presentó apenas una denuncia por venta de drogas en sus instalaciones. Además, no se trata del campus de Ciudad Universitaria, donde está el mayor problema.
Según el documento emitido por la Oficina de la Abogada General, Mónica González Contró, la única denuncia se presentó el 13 de marzo de 2017 ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de México.
La UNAM reconoce oficialmente que 35 personas murieron en sus instalaciones entre el 23 de junio de 2006 y el 8 de mayo de 2017. A la cifra debe agregársele una muerte ocurrida en una fecha posterior. Se trata del caso más reciente, ocurrido entre la Biblioteca Central y la Facultad de Filosofía y Letras el 12 de junio pasado.
Por medio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Contralínea tuvo acceso a los oficios OAG/COJ/368/2017 y DGAJ/DAJ/DTAI/3159/2017, emitidos respectivamente por la Oficina de la Abogada General, el 19 de junio de 2017, y por la Dirección General de Asuntos Jurídicos, el 15 de junio de 2017.
En la relación de la Oficina de la Abogada General sólo aparecen ocho casos. Cinco de los muertos enlistados eran personas integrantes de la comunidad universitaria (tres académicos, dos administrativos y un estudiante) y tres eran “externos”. Además, se informa de las “causas” de las muertes: dos accidentes, cuatro paros cardiacos, un coágulo cerebral y uno por herida punzocortante, este último ocurrido “entre las facultades de Química a Ingeniería” el 27 de mayo de 2016.
En esta relación, sólo tres casos ocurrieron en instalaciones del campus de Ciudad Universitaria (Facultad de Economía, Instituto de Fisiología Celular y “entre las Facultades de Química e Ingeniería”). Los otros cinco son de Escuelas Preparatorias (1 y 8), el Palacio de Minería, el Observatorio Astronómico Nacional (San Pedro Mártir, Ensenada, Baja California) y la Facultad de Estudios Superiores Acatlán.
Por su parte, el listado de la Dirección General de Asuntos Jurídicos se refiere únicamente a hallazgos en el campus universitario. Es decir, los 28 casos restantes ocurrieron en Ciudad Universitaria.
Tres han ocurrido en las Facultades de Arquitectura y de Ciencias; dos en las de Filosofía y Letras y de Derecho y en la Cantera Oriente. Un caso por lugar se ha presentado en las Facultades de Ciencias Políticas y Sociales y de Psicología; frente a la Torre de Rectoría; frente a la Facultad de Química; frente a la Facultad de Medicina, Veterinaria y Zootecnia; en la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios; en el Estadio de Prácticas Roberto Tapatío Méndez; frente al Edificio II del Instituto de Ingeniería; en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo; en la Dirección General de Obras y Conservación; en la Alberca Olímpica; en la Escultura G Cueto; en la Gasolinera UNAM; frente a la Estación de Bomberos UNAM, y frente a la Dirección General de Atención a la Salud.
Según esta lista, en 16 casos se trató de personas “ajenas a la comunidad universitaria”. En otros tres, de exalumnos. Además, cinco eran trabajadores; dos alumnos, y un académico. En esta lista no se incluye la causa de muerte.
Con los datos de ambos documentos queda claro que la muerte de personas en instalaciones de la UNAM se ha incrementado en los años más recientes. En lo que va de 2017 se han presentado cinco casos. Durante el año pasado también ocurrieron cinco hallazgos, igual cifra que en 2010. En 2015 y 2013 se llegó a seis por cada año. Tres ocurrieron en 2012. Dos en 2009. Una en 2014, 2011 y 2006; y ningún caso en 2008 y 2007.
Entre las muertes más recientes destaca la de Víctor Manuel Orihuela Rojas. El alumno de la Facultad de Odontología cayó desde varios pisos de la Facultad de Filosofía y Letras, sin que hasta el momento se haya determinado si fue asesinado o si se trató de un “suicidio”, como se apresuraron a filtrar a la prensa las autoridades universitarias y las del gobierno de la Ciudad. El hecho ocurrió durante la noche del pasado 12 de junio.
Otro caso es el de Lesvy Berlín Osorio (que en el listado aparece como “exalumna”, aunque oficialmente no haya bajas en la UNAM). Fue encontrada en una cabina telefónica el 3 de mayo de 2017. Al principio, las autoridades señalaron “suicidio” y un grupo de ecoextremistas misántropos se adjudicó el asesinato. Hoy se tiene como sospechoso del asesinato al novio de la víctima.
Un tercer hallazgo que destaca es el del jefe de servicios químicos José Jaime Berrera Moreno, ocurrido el 27 de junio de 2016. El asesinato con arma punzocortante también ha sido reivindicado por el grupo ecoextremista, aunque las autoridades de la Ciudad de México apuntan hacia tres trabajadores y dos alumnos.
En la relación de la UNAM, no se incluyen los casos de integrante de la comunidad universitaria asesinados fuera de las instalaciones de la Universidad. Sin embargo, la organización Nos Hacen Falta ha documentado 12 casos desde 2004 entre asesinados y desaparecidos. Uno de ellos es el de Víctor Castro Santillán, asesinado en Monterrey en abril de 2010, cuando se encontraba de intercambio académico en la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Otro es el Carlos Sinhué Cuevas Mejía, tesista de la Facultad de Filosofía, activista estudiantil y promotor cultural. Fue asesinado luego de salir de Ciudad Universitaria, al bajarse del transporte que lo llevó hasta las cercanías de su domicilio. La noche del 26 de octubre de 2011, Sinhué fue atacado a balazos después de meses de estar recibiendo amenazas por sus actividades políticas y culturales en la Universidad.
Un caso más destaca. Data de 2004. El estudiante y activista Pável González desapareció el 19 de abril de ese año. Su cuerpo fue encontrado en el Ajusco, colgado de una cruz con una suástica, con huellas de tortura y violación.
Más de 300 agresiones sexuales se han presentado en las instalaciones de la UNAM de 2006 a la fecha. Dos oficios de dependencias de la Oficina de la Abogada General dan cuenta de las incidencias. Obtenidos por Contralínea, se trata del documento OAG/UNAD/156/2017, de la Unidad para la Atención y Seguimiento de las Denuncias dentro de la UNAM, fechado el 2 de junio pasado, y el DGAJ/DAJ/DTAI/3302/2016, del 16 de junio de 2017, de la Dirección General de Asuntos Jurídicos. Ambos cuentan con datos actualizados al 30 de abril pasado.
Las dos estadísticas se obtuvieron de las quejas por violencia sexual que conocieron las dependencias. La Unidad para la Atención y Seguimiento de las Denuncias contabilizó 262, mientras que la Dirección de Asuntos Jurídicos otras 38.
De ambos documentos se despende que la violencia sexual dentro de la UNAM también se ha agudizado año con año. En 2006 no se reportó caso alguno. Para 2007 se registraron cuatro; 10 en 2008; nueve en 2009; 11 en 2010; nueve en 2011; 17 en 2012; 31 en 2013; 72 en 2014; 47 durante 2015; 70 en 2016, y, hasta el 28 de febrero de este 2017, ya se habían presentado 20 casos.
Prácticamente las agresiones han ocurrido en todos los niveles educativos con los que cuenta la UNAM, desde el prescolar hasta el posgrado. La propia Torre de Rectoría no está a salvo. En el séptimo piso, donde se encuentra la Secretaría General, han ocurrido tres agresiones sexuales. Además, un ataque se ha presentado en el Jardín de Niños. La Iniciación Universitaria (educación básica secundaria) está en el listado de los lugares donde han ocurrido ataques sexuales, sin embargo no especifica número de casos.
El bachillerato ha presentado 69 agresiones. En los planteles de la Escuela Nacional Preparatoria han ocurrido 37; en los del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), 32.
Aunque la mayoría de los ataques de carácter sexual se concentran en el campus de Ciudad Universitaria, las demás instalaciones de la Ciudad de México y del país no están exentas. En la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán han ocurrido 22; 15 se han presentado en la FES Iztacala y en la FES Cuautitlán. Por su parte, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales han ocurrido 14, mientras que en la Facultad de Derecho 13; en la de Filosofía y Letras 11; nueve en la Facultad de Ciencias, y siete tanto en la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, como en la Unidad de Apoyo Jurídico.
Seis se han registrado en la Facultad de Medicina y en la FES Aragón; cinco en las Facultades de Química y de Arquitectura; cuatro en la Facultad de Contaduría y Administración.
Las dependencias en las que se han presentado dos ataques sexuales son las Facultades de Música; Artes y Diseño, y FES Zaragoza; la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad León; los Institutos de Fisiología Celular, y de Ciencias del Mar y Limnología; las Direcciones Generales del Deporte Universitario, de Legislación Universitaria, de Servicios Generales; de Revalidación e Incorporación de Estudios; de Personal; y en la Dirección de Danza y en la Biblioteca Central.
En una ocasión se ha registrado un ataque sexual en los Institutos de Materiales; de Investigaciones Filosóficas; de Investigaciones Jurídicas; de Investigaciones Filológicas; de Química; de Ciencias Nucleares; de Biología; las Direcciones Generales del CCH; de Divulgación de la Ciencia, y de Personal. Además, en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia; el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras; la Coordinación de la Investigación Científica; el Centro de Nanociencias y Nanotecnología; el Centro de Ciencias de la Atmósfera; la Coordinación de Servicios Administrativos Campus Morelia; el Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico; la Facultad de Ingeniería; la División de Estudios de Posgrado; el Museo de las Ciencias Universum; la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia.
Otras áreas en las que han ocurrido al menos una agresión sexual son la Tienda UNAM; un Pumabús; consultorios de la Dirección General de Servicios Médicos (cuatro); lugares indeterminados de Ciudad Universitaria (dos); la Dirección General de Obras y Conservación (tres); el estacionamiento del Estadio Olímpico Universitario; el pasillo externo entre la Facultad de Filosofía y la Biblioteca Central; el pasillo del Metrobús de la Zona Cultural; la Base de Vigilancia 5 de la Zona Cultural; la Dirección de Medicina del Deporte; la caseta de vigilancia en la Unidad de Apoyo Jurídico; el Área de Seminarios; la Unidad Coordinadora de Servicios de Apoyo Administrativo; el Centro de Documentación del Deporte y Recreación; el Centro Mascarones de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación; y los Talleres de Conservación.
La UNAM reconoce oficialmente que, entre 2015 y 2017, de sus instalaciones se “extraviaron” cuatro personas. Y que “dichas personas fueron localizadas después del reporte ante el Centro de Personas Extraviadas y Ausentes de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.
De acuerdo con el oficio DGAJ/DAJ/DTAI/3301/2016 –elaborado por Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Oficinas de la Abogada General– reporta dos casos ocurridos en 2015 y dos en este año.
El documento, obtenido por Contralínea, consigna un caso del 30 de octubre y otro más de 14 de noviembre de 2015. Los otros dos son del 3 de febrero y 22 de febrero de 2017. No se señala en qué condiciones se “extraviaron” o desaparecieron ni, tampoco, en qué condiciones fueron encontrados.
No consiga el caso de Adriana Morlett, la estudiante de la Facultad de Arquitectura que desapareció el 6 de septiembre de 2010 tras acudir a la Biblioteca Central a retirar un libro. De la alumna no se supo nada por más de tres meses. El libro que ella sacó misteriosamente fue devuelto sin que las autoridades universitarias pudieran determinar quién lo entregó. El cuerpo de Morlett apareció el 17 de diciembre en la carretera Picacho Ajusco. No se ha determinado quién la secuestró y la asesinó ni por qué motivos.
Tampoco consigna los casos de universitarios desaparecidos fuera de las instalaciones y que, hasta la fecha, se desconoce su paradero. Una de las desapariciones que ha documentado la organización Nos Hacen Falta es la de Jesús Israel Moreno Pérez. Estudiante de la licenciatura de Geografía en la Facultad de Filosofía y Letras, desapareció el 8 de julio de 2011 en Chacahua, Oaxaca.
Un caso más es el de Mónica Alejandrina Ramírez Alvarado, estudiante de la licenciatura en Psicología en la FES Iztacala. Fue desaparecida el 14 de diciembre de 2004. Desde entonces nada se sabe de ella.
Al inicio del nuevo ciclo escolar, los estudiantes se encontraron con más espacios restringidos y vallas. En efecto, también lugares de consumo y venta de drogas se encuentran enrejados. Ha sido la “respuesta” de las autoridades de la UNAM ante las críticas por los niveles de violencia en el campus.
Sin embargo, la venta y consumo de drogas permanece. Los narcomenudistas siguen ahí y basta con que sobres y billetes se intercambien por las rejas. Al parecer, tampoco ha impactado el abatimiento de líder del cártel de Tláhuac –Felipe de Jesús Pérez Luna, el Ojos– el pasado 20 de julio. Supuestamente él era el jefe de los vendedores que tienen como plaza Ciudad Universitaria.
“Están aislando a la gente de la Universidad, como en un proceso, una oleada, de tratar de restringir el ingreso a las áreas comunes”. Señala el doctor Valeriano Ramírez Medina. Agrega que “Ciudad Universitaria se va a convertir solamente en un área de tránsito y ya no de convivencia”.
Lo que le preocupa al sociólogo es que las vallas, credenciales y enrejados se utilicen con otros fines. “Parece ser que la intención es: primero aíslas, después vas a cobrar. Ése es otro peligro”.
“Estoy en contra [de las rejas y las credenciales]”, dice el politólogo Carlos Lozano. “De repente te sientes en un reclusorio”. Se refiere a la sensación que le provoca pasar por los espacios recientemente enrejados.
Considera que la UNAM debe seguir siendo un espacio que “conserve la particularidad del diálogo, la libertad, la crítica”. Sin embargo, también reconoce que sí es necesario implantar medidas de seguridad, “tomando en cuenta las circunstancias actuales del país”.
Explica que las medidas no deben estar enfocadas sólo al tema de la venta de drogas. “Hay otro tema muy grave en la Universidad. Es el robo. La merma que se hace en equipo y recursos es impresionante. Ahí hay otra mafia que le está haciendo mucho daño a la UNAM”.
Por su parte, Valeriano Ramírez señala que la solución al problema de la seguridad pasa por un diálogo entre los tres sectores de la Universidad: estudiantes, académicos y trabajadores. Las medidas impuestas por las autoridades, sin el consenso de la comunidad, están condenadas al fracaso.
“Lo más sensato sería que los estudiantes comenzaran a ocupar esos espacios en actividades extracurriculares, actividades deportivas, musicales. Y que los profesores acompañemos este proceso, también participando, incluso organizando caminatas.”
Los académicos consultados coinciden en que la Universidad “es mucho más” que las notas sobre la inseguridad. Lamentan que la UNAM sea “noticia” por los problemas asociados a la violencia.
Carlos Lozano dice que la “resonancia” en los medios de los problemas de inseguridad “sí termina afectando a la Universidad. Cuando hoy se habla de la UNAM se refiere a estos hechos de violencia y no a toda la producción científica, tecnológica y docente que se desarrolla”.
Para Alfonso Bouzas, el lugar privilegiado que mantiene la Universidad en Iberoamérica no es gracias a las autoridades, “pues ni plan académico tienen”, sino a pesar de ellas.
Contralínea solicitó una entrevista en la Dirección General de Comunicación Social, que encabeza Néstor Martínez Cristo, sobre el problema de la inseguridad que atraviesa la Universidad. El reportero presentó su solicitud ante Guadalupe Díaz, directora de Información. Hasta el cierre de edición, y a pesar de la insistencia del medio, no se obtuvo respuesta.
El doctor Alfonso Bouzas considera que a las actuales autoridades universitarias “les ha faltado un programa con acciones concretas en donde integren a todos; no han sido capaces de generar una acción, un proyecto conjunto. Pareciera que sólo vienen únicamente a usufructuar el cargo, los recursos. A la Universidad nos la han cambiado de forma dramática. Se conducen como virreyes, y creen que en su virreinato pueden hacer lo que les da la gana”.
Zósimo Camacho
[BLOQUE: INVESTIGACIÓN][SECCIÓN: PORTADA]
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