En las plataformas petroleras, las áreas más protegidas de Pemex, se registra desde hace dos años el robo de costosos equipos. Burlando el resguardo militar y los sofisticados sistemas de vigilancia de la Armada de México, la Plataforma México de la SSP y el trabajo de inteligencia del Cisen, hasta un helipuerto fue robado. El saqueo pone en entredicho la seguridad nacional y es parte del ocultamiento de información de Juan José Suárez Coppel al Legislativo, pese a las evidencias de la infiltración de la delincuencia organizada en la paraestatal
Paraíso, Tabasco. Pasaban de las 10 de la mañana cuando el Bell 412 de Heliservicios de Campeche aterrizó sobre el helipuerto de la Yaxche-Bravo, la nueva plataforma de perforación tipo horse ubicada a 20 tirantes de agua en el Activo Integral Litoral de Tabasco (AILT), uno de los activos de Petróleos Mexicanos (Pemex). Aún los motores no terminaban de apagarse, cuando los supervisores de Pemex Exploración y Producción (PEP) abrían las puertas y bajaban con la cabeza gacha, esquivando el último rehileteo de las aspas, acelerados por iniciar su trabajo. Evaluarían los últimos detalles antes de autorizar la conexión de la Yaxche con los pozos para extraer crudo ligero.
Con la respiración cortada, pasaron de la sorpresa a la incredulidad. La novísima plataforma de 126 millones de pesos había sido saqueada: gabinetes, puertas, tableros e instrumentos de control. Los ladrones se llevaron también todo el cableado, la tubería de asbesto y aluminio; la red de tierras físicas y electrónicas; las alarmas, los sistemas de detección de gas y fuego; todo el alumbrado y hasta las luces de emergencia.
Su asombro no tenía tregua. A medida que recorrían la instalación, tropezaban con tornillos y pedazos de cable. Donde antes estaban los equipos, sólo había huecos. Hacía seis meses que la moderna plataforma –comprada a Industria del Hierro, subsidiaria de ICA– era instalada. Ahora parecía un vehículo recién desvalijado. La premura con la que una hora antes habían descendido del helicóptero les había impedido percatarse que en el helipuerto ya no había luces, señalizaciones ni cableado. Hasta el pararrayos se habían llevado.
El robo implicaba no sólo el valor de los equipos sustraídos, los graves daños a la instalación o la merma de la Yaxche a la producción petrolera contabilizada para ese año; significaba que, la víspera de aquel 15 de septiembre de 2008, alguien había burlado el cerco militar, los patrullajes náuticos y sobrevuelos de la Armada de México, esquivado la mira de Control de Tráfico Marino de Pemex (que revisa la maniobra de las embarcaciones) y la vigía de la Capitanía de Puerto; también, que los equipos fueron desmantelados por expertos –instaladores, maniobristas e instrumentistas– y sacados del área en una embarcación que no fue detectada por las Fuerzas Armadas.
La Yaxche-Bravo es una de las plataformas que comprenden los activos integrales Abkatún-Pol-Chuc y Litoral de Tabasco, los campos con mayor producción de crudo ligero y superligero de la industria mexicana (con 212 mil barriles de petróleo crudo por día y un volumen promedio diario de 531 millones de pies cúbicos de gas), administrados por la Región Marina Suroeste de PEP.
A diferencia de la mayoría de las plataformas que operan en la Sonda de Campeche, las de esta zona sí son propiedad de Pemex. En los últimos tres años, se formalizaron las últimas adquisiciones, en una multimillonaria inversión, para aumentar la producción de los llamados campos maduros. Se trata de sofisticados equipos de primer nivel con tecnología de punta, construidos en patios portuarios de Tampico, Pueblo Viejo y Tuxpan, o adquiridos en el extranjero. De manera que el robo o daño a cualquiera de sus equipos representa un fuerte descalabro a las arcas públicas.
Al área de plataformas, que comienza 20 kilómetros mar adentro del Puerto Marítimo de Dos Bocas, sólo puede acceder el personal adscrito a su operación, y los elementos de las corporaciones encargadas de su vigilancia: Gerencia de Servicios de Seguridad Física (GSSF) de Pemex –integrada básicamente por militares–, Armada de México y Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). Ingresan vía helicóptero o barco, en traslados estrictamente controlados por Pemex y la Capitanía de Puerto.
Desde tierra, se le monitorea mediante sistemas de supervisión y control de datos, como el sistema Supervisión, Control y Adquisición de Datos, unidades de monitoreo remotas y sistemas de vigilancia que opera la GSSF. Para prevenir robos, ataques, atentados o cualquier situación que vulnere la zona –clasificada de seguridad nacional–, participan también inteligencia militar y, desde 2007, la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) a través de Plataforma México.
De manera que el robo a la Yaxche, inédito en la industria, generó una reunión urgente entre el personal de la GSSF y la V Región Naval Militar, destacamentada en Centla, Tabasco. En ésta, los directivos de PEP plantearon que personal del área había visto una lancha pesquera cerca de la zona. “Nadie pareció creer en la tesis –explica uno de los asistentes a la reunión–. No hay lancha que aguante el peso de esos equipos, y era imposible desmontarlos sin grúa”. Se acordó “reforzar” la vigilancia.
Tres semanas después, el 11 de octubre, un robo similar se registró en la plataforma Kab-A, una Sea Pony a 24 tirantes de agua, también comprada a Industria del Hierro por 126 millones. Además de llevarse los mismos equipos que en la Yaxche, sustrajeron lo sistemas de cómputo y tableros de control, lo que dañó toda la instalación.
Los partes informativos sobre el hecho, emitidos por la Subdirección de Ingeniería y Desarrollo de Obras Estratégicas (SIDOE), registran además “actos de vandalismo”.
El 14 de octubre el atraco fue a la Kix-2, plataforma tipo hexápodo, ubicada a 20 tirantes de agua hacia la Sonda de Campeche. Además de llevarse los mismos equipos que en los casos anteriores, sustrajeron el panel solar, el banco de baterías y las luces de ayuda para la navegación.
Al siguiente día, en calidad de urgente, en las instalaciones de Pemex en la Terminal Marítima de Dos Bocas, los directivos del área se reunieron con mandos de la Zona Naval. La conclusión, relata el asistente a este encuentro, “fue que ni la Marina ni la Gerencia de Seguridad de Pemex sabían de qué manera detener estos robos, porque no existen procedimientos para emergencia de robo en plataformas, pues jamás habían ocurrido situaciones así”.
Minimizando una situación que implicaba un caso de quebrantamiento de la seguridad nacional, la labor del jurídico de Pemex se circunscribió a presentar las denuncias para hacer válidas las pólizas de los seguros.
Ante la falta de investigación de los robos, personal administrativo de PEP en el área creyó que quizá en Marina Nacional no se tenía conocimiento pleno de lo que ocurría en plataformas, de manera que enviaron relatorías de cada asunto al director general de PEP, Carlos Morales Gil, y al abogado general José Néstor García Reza. Desde las oficinas centrales de Pemex (en Marina Nacional), se les ordenó limitarse a tramitar los seguros y preparar contratos por adjudicación directa para sustituir los equipos robados.
El equipamiento “de última generación”, dijo el secretario Mariano Francisco Saynez Mendoza, serviría para vigilar las plataformas y evitar algún ataque terrorista.
No habría ninguna embarcación o aeronave, aseguró el almirante, que no fuera divisada por el sofisticado sistema que le permitiría a la Semar detectar “alguna incursión de aeronaves o embarcaciones que se estén aproximando a una zona restringida o prohibida. Por principio de cuentas, se detectará cualquier transporte que no tenga nada que hacer en el área mucho antes de que represente un peligro para las instalaciones, por lo que se podrá dar la alerta y comenzar acciones para interceptar las embarcaciones o derribar las aeronaves”.
Se incorporaron también buques, fragatas, patrullas misileras e interceptoras, helicópteros artillados en sobrevuelos frecuentes y personal de la Marina a bordo de 225 de las plataformas que opera Pemex.
Todo ello fue burlado por quienes el 8 de marzo de 2009 prácticamente desmantelaron todo el cableado de cobre, las fotoceldas y el helipuerto de la plataforma Sinan-SO, en el AILT. Recién había concluido la ingeniería de esta instalación, que le costó a Pemex más de 200 millones de pesos, incluso apenas se estaba autorizando los vuelos diurnos.
En los meses subsecuentes se registraron robos similares en otras plataformas, entre ellas la Sinan-SO, blanco de un segundo saqueo en marzo pasado. Se robaron los instrumentos de medición, los tableros de seguridad y control de pozos, las puertas de tablero de interfase, celdas solares, tubería, tableros, gabinetes, banco de baterías. Al desmontarlos, dañaron el resto equipo y todo el cableado.
Luego ocurrió lo impensable: el robo de todo un helipuerto. La instalación, de unas 20 toneladas, fue sustraída de la Yaxche-Bravo. Desmontarlo implicaba una embarcación con grúa, posicionamiento dinámico y mínimo 12 personas expertas en maniobras. Fue sacado del área en una sola noche.
El martes 4 de mayo, por primera vez en su larga carrera como piloto, el conductor del Bell 412 giró la cabeza para preguntar a sus pasajeros dónde aterrizarían. Disminuyó la velocidad y comenzó un lento sobrevuelo: el helipuerto había desaparecido.
—¡Vamos a la Enlace y desde allí regresamos en lancha! –sugirió uno de los ingenieros.
Llegar a la plataforma Enlace, la habitacional del complejo, les llevó poco tiempo, no así los 60 minutos en los que repitieron una y otra vez el hallazgo a los boquiabiertos compañeros.
—Esto ya parece un Triángulo de las Bermudas –bromeó el jefe de mantenimiento. Después, nadie dijo nada. El asunto era muy serio; denunciarlo, riesgoso.
Debían reportar el hallazgo de inmediato, de manera que los cuatro supervisores (de las áreas de Pozos, Mantenimiento y Seguridad Industrial) subieron a una de las lanchas que se usarían para una evacuación de emergencia de la Enlace, y navegaron de regreso a la Yaxche.
Con cuerdas tarzaneras atadas a la cintura y enganchadas a la plataforma, ascendieron poco a poco por la zona de marea. Arriba se percataron que, además del helipuerto, los ladrones se habían llevado el resto de los equipos de instrumentación y control.
Mientras dos levantaban los reportes, los otros dos avistaban hacia el horizonte, sumidos en el temor de que los que se llevaron los equipos regresaran a la zona o los estuvieran vigilando.
Aun cuando las plataformas están aseguradas, este tipo de robos implicará para Pemex millonarios gastos adicionales por rehabilitación, de acuerdo con información proporcionada por fuentes de la petrolera que participan en la coordinación de estos trabajos. Hasta el momento, refieren, aún no termina de evaluarse el costo total de rehabilitación y puesta en operación de las plataformas.
Otra pérdida, quizá la más costosa, es “por el petróleo que no produce una plataforma que está fuera de operación”, lo que impacta en la producción estimada, explica Joaquín Dorantes, petrolero que durante 33 años laboró como directivo del área marítima de Pemex. Además de que “este tipo de robos implica una disminución acelerada del valor de los activos de la paraestatal”, añade.
Para la Unidad Jurídica de la SIDOE, prácticamente se ha vuelto rutina tramitar cobros de seguros por robos en plataformas. Así lo refleja la documentación interna entre la SIDOE y la Subdirección de la Región Marina Suroeste. Después del último robo a la plataforma Yaxche-Bravo, por ejemplo, el coordinador de Ejecución de Proyectos del AILT, Gonzalo J Olivares, consultó a la SIDOE qué debía hacer respecto de ese robo.
En el oficio Número GPDM-SCO-D8-190 -2010, del 4 de mayo SIDOE, responde:
“Habida cuenta que existen antecedentes sobre otros robos ocurridos en la plataforma Yaxche-B y que tenemos entendido que el AILT solicitó la intervención de su área jurídica, y en consecuencia ya deben existir expedientes o averiguaciones previas al respecto, consideramos que lo más idóneo es que también este último robo vinculado con el helipuerto de la plataforma Yaxche-B, sea la misma área jurídica la que lleve este caso, a solicitud del AILT, tomando en cuenta las ventajas que representa la atención jurídica integral del asunto y/o por estrategia jurídica.”
El atraco del 4 de mayo, magistralmente coordinado para hacer desaparecer del área un helipuerto, generalizó la indignación de los trabajadores de plataformas que han sido mudos testigos del nuevo modus operandi del robo a la paraestatal. “Parece un delirio lo que está pasando en las plataformas si fueron capaces de burlar todos los dispositivos del almirante Saynez Mendoza para el Golfo de México. Sólo falta que entren aquí para levantarnos, como ocurre a los compañeros que están en tierra, o que de plano metan a operar plataformas para ordeñar pozos”, dice Raúl Méndez, un supervisor.
Hasta hoy, no hay pronunciamiento alguno sobre estos hechos por parte de las autoridades involucradas en la seguridad de la zona. La Semar aún “evalúa” responder a la solicitud de entrevista solicitada por Contralínea sobre los hechos aquí planteados. Por parte de Pemex, los directivos se negaron a responder.
La tesis de algunos mandos medios de PEP, tal y como se lo plantearon al director general Juan José Suárez Coppel, es que los equipos podrían estarse revendiendo a Pemex o enviándose al extranjero para usarse en plataformas en otros países, como ocurre con el crudo y condensados que en un mercado negro paralelo se les distribuyen también a petroleras estadunidenses.
Laura Itzel Castillo, secretaria de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, dice que el ocultamiento de información por parte de Suárez Coppel impide que el Legislativo tenga evidencia de si este caso es parte de la infiltración de la delincuencia organizada en Pemex y el nivel de operación que el crimen organizado alcanza en la petrolera.
La legisladora acusa que hay negligencia en la ligereza con la que los directivos de Pemex manejan la situación. Explica: “Sorprende la ligereza con la que los funcionarios de Pemex están tomando el asunto, como ocurre con el mercado negro de combustible. Por ejemplo, en una reunión que tuvimos algunos legisladores con Carlos Morales Gil, llamó ‘competencia’ a los delincuentes que se apoderan de los hidrocarburos en la zona para venderlos en Estados Unidos. Si se tiene tanta información al respecto, ¿cómo es posible que no se actúe contra la delincuencia? No se promueve ninguna investigación ni acción diplomática”.
Aunque lo que ocurre en plataformas, explica Castillo, “evidencia que México pasó ya de ser un Estado fallido a un Estado criminal. Ahora ya no sólo es el robo de hidrocarburos, sino de las instalaciones que están custodiadas por la Marina y el Ejército. Sobre esto deben dar una explicación Felipe Calderón y Suárez Coppel, porque éste es un asunto de seguridad nacional y los dos tienen una responsabilidad directa”.
Legisladores integrantes de la Comisión de Marina alertan que los robos en plataformas son un tema de primer orden, ya que dejan al descubierto la vulnerabilidad de la seguridad nacional, por lo que pedirán a las dependencias respectivas información sobre cada caso.
“Éste es un asunto absolutamente delicado porque significa que ya los actos de la delincuencia organizada llegaron también a nuestra plataformas marinas, lo que pone en riesgo uno de los bienes fundamentales para la nación”, dice la diputada Ifigenia Martínez Hernández, integrante de dicha Comisión y experta en seguridad energética.
La obligación del Ejecutivo, agrega la diputada Martínez, “es garantizar que la explotación de Pemex se haga en condiciones de protección a los bienes de la nación, por el beneficio de todo el país, de manera que Calderón debe responder respecto del daño que estos actos están provocando”.
Legisladores consultados por Contralínea alertan que en tanto Suárez Coppel no clarifique lo que ocurre en las plataformas de Pemex, la escalada de delitos irá en aumento, colocando a la petrolera en una situación de alto riesgo; por ello, el tema es ya una de las prioridades para la Comisión de Energía del Legislativo.
“Hay una gran preocupación porque todos nos preguntamos en manos de quién estamos y si hay un descontrol absoluto. Finalmente, quienes se acaban apoderando de las riqueza son quienes están al frente de esta delincuencia organizada, pero con la complacencia de las autoridades federales”, explica la diputada Castillo.
La inacción en los robos a las plataformas petroleras no compete únicamente a las Fuerzas Armadas. En el gobierno de Felipe Calderón, a Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública (SSP), se le dieron atribuciones para establecer estrategias de prevención y combate del delito y la delincuencia organizada en las zonas petroleras –incluidas las plataformas– a través de Plataforma México.
El “cerebro informático que facilita el análisis de inteligencia para combatir la criminalidad”, como definió Calderón la Plataforma México (al clausurar la V Cumbre de la Comunidad Latinoamericana y del Caribe de Inteligencia, en julio pasado), no ha logrado prevenir este tipo de delitos.
Según las funciones de Plataforma México, en este sistema debía registrarse cada caso, establecer el perfil de los responsables y el modus operandi. La información de este sistema debía cruzarse además con la de la Policía Federal y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Hasta ahora, no hay evidencia de que la SSP tenga conocimiento de los casos. A la solicitud de entrevista de Contralínea para hablar sobre esos hechos, la SSP rehusó dar respuesta.
Irónicamente, en el sexenio de Felipe Calderón, cuando mayor tecnología y elementos de inteligencia militar se han desplegado en las zonas petroleras, la delincuencia alcanzó las plataformas.
En las reuniones de los directivos de Petróleos Mexicanos con la Armada de México, los funcionarios plantearon la tesis de que los robos de los sofisticados equipos podrían haber sido ejecutados por un pescador del área, pero las lanchas pesqueras no tiene capacidad para cargar más de 2 toneladas; los equipos saqueados requerían de un barco capaz de cargar hasta 20 toneladas. No hay lancha pesquera que soporte ese peso. Hace cinco años que la costa del Golfo de México, desde Paraíso a Ciudad del Carmen, tiene férreas restricciones para impedir que las lanchas se acerquen a menos de 200 metros de las patrullas que circundan cada plataforma.
Si una lancha invade la zona de restricción, los tripulantes son arrestados y trasladados a la Capitanía de Puerto en Ciudad del Carmen, donde tras permanecer encerrados durante tres días, son liberados siempre y cuando paguen una fianza por la lancha y por cada pescador detenido, explica Juan Chablé, pescador de San Pedro.
De manera que, agrega David, otro pescador, “nos sale muy caro acercarnos a las plataformas; por eso mejor nos vamos a más millas por otros lados”.
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