Cuatro dependencias del gobierno de Chiapas gastaron 3 millones 963 mil 372 pesos –en el ejercicio de 2014– para la atención de personas desplazadas de sus lugares de origen. Sin embargo, no tomaron en cuenta a las familias que fueron expulsadas de forma violenta de las comunidades Viejo Velasco, Banavil y San Marcos Avilés.
Se trata de más de 110 familias que, además de quedarse sin hogar y sin tierras de trabajo, perdieron a familiares y amigos. Y es que en las tres expulsiones se registraron asesinatos y desapariciones.
Por su gravedad, los tres casos han sido visibilizados por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Centro Frayba), a través de la campaña Rostros del Despojo. Con ésta, los defensores buscan que los indígenas afectados regresen pacíficamente a sus tierras.
En entrevista con Contralínea, el defensor Pedro Faro, del Área de Sistematización e Incidencia del Centro Frayba, explica que la campaña fue lanzada el 13 de noviembre de 2014. Ésta, detalla, “pretende evidenciar cómo se han ido despojando históricamente los territorios originarios de los pueblos indígenas de manera persistente, sistemática”.
Para Faro, el desplazamiento forzado que se vive en Chiapas es una de las violaciones graves a los derechos humanos relacionadas con el conflicto armado interno, pero no sólo: también hay otros desplazamientos forzados que se dan por motivos religiosos, económicos o por proyectos de infraestructura.
Respecto de los casos específicos que forman parte de la primera etapa de la campaña Rostros del Despojo –Viejo Velasco, Banavil y San Marcos Avilés– indica que sí están relacionados con el conflicto armado.
Agrega que las víctimas se encuentran en condiciones muy graves de inseguridad, tanto en su integridad física –por los riesgos que entrañan las amenazas de muerte y desaparición– como en cuestiones alimentarias, de educación, salud y vivienda.
Uno de los casos que preocupan al Centro Frayba es el de las familias expulsadas violentamente de la comunidad Viejo Velasco. Dicha problemática inició el 13 de noviembre de 2006: fue una masacre que en ese momento tuvo como saldo cuatro ejecutados extrajudicialmente y cuatro desaparecidos. Cinco años después, los familiares encontraron los restos de dos de los cuatro desaparecidos. Por tanto, explica Pedro Faro, son seis ejecutados, dos desaparecidos forzados y 36 familias desplazadas.
El defensor de los derechos humanos destaca que, por su biodiversidad, la comunidad se localiza en una zona estratégica, y que a ello se suma un elemento de carácter político: la población es parte de la organización civil de defensoría Xi’Nich, conformada por comunidades indígenas de la Selva Lacandona Norte.
Anteriormente, en el lugar también se asentaban bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Pedro Faro dice que se trata de “un territorio ocupado a partir del levantamiento armado [en 1994]. Un territorio que la gente que lo estaba habitando se había ganado en la cuestión de la lucha por la tierra. Además de que es parte del territorio maya”.
Respecto de este caso, el Centro Frayba ha documentado “una acción de tipo paramilitar, donde participó la Opdic [Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos], que en ese tiempo era una organización de corte paramilitar, 300 elementos de seguridad pública, fiscales y [funcionarios de la] Sedesol [Secretaría de Desarrollo Social]”.
De acuerdo con Pedro Faro, los representantes de los gobiernos estatal y federal presenciaron la acción del desplazamiento, las desapariciones forzadas y las ejecuciones.
—¿La participación de funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social está documentada?
—Sí. Ellos acompañaron también.
Pedro Faro explica que justo por este caso se lanzó la campaña el 13 de noviembre de 2014. “Son 8 años de impunidad de la masacre de Viejo Velasco. Entonces ubicamos los rostros del despojo en ese sentido: no sólo es exterminar a la población, sino también quitarles los territorios que para el capitalismo y para las empresas, para los proyectos del gobierno, tienen un interés particular y, por lo tanto, los indígenas, los pueblos originarios, estorban”.
De acuerdo con el sitio www.rostrosdeldespojo.org –página oficial de la campaña que encabeza el Centro Frayba–, el 4 de diciembre de 2011, en la comunidad de Banavil, municipio de Tenejapa, integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) agredieron con arma de fuego a familias simpatizantes del EZLN. Este suceso provocó el desplazamiento forzado de 13 personas, quienes perdieron su hogar y sus pertenencias.
Además, durante el ataque fue asesinado Pedro Méndez López, otras seis personas resultaron heridas y se registró la desaparición forzada de Alonso López Luna.
También dos personas fueron detenidas arbitrariamente, indica la campaña de visibilización: Lorenzo López Girón, quien fue herido por arma de fuego y acusado de lesiones calificadas, y Francisco Santiz López, base de apoyo del EZLN, quien se encontraba en un lugar distinto a donde ocurrieron los hechos. Posteriormente ambos obtuvieron su libertad.
Sin embargo, las familias, cuatro en total, aún no pueden regresar porque están amenazadas por quienes los despojaron. Más aún, una niña de 11 años de edad que formaba parte de los 13 desplazados falleció el pasado 21 de febrero, víctima de un edema cerebral.
En el tercer caso, el de San Marcos Avilés, Pedro Faro indica que también tiene que ver con el conflicto interno: ahí todos son bases de apoyo del EZLN y ellos están siendo despojados de sus tierras de trabajo.
En un primer momento –en septiembre de 2010– fueron desplazados también de sus hogares, pero pudieron retornar a partir de la presión de la Junta de Buen Gobierno: ocuparon de nuevo sus hogares, pero las tierras laborables permanecen despojadas.
Agrega que en este despojo participaron afiliados al PRI, al Partido Acción Nacional y al Partido de la Revolución Democrática, quienes se encuentran en posesión de las tierras laborables.
El defensor de los derechos humanos Pedro Faro explica que, hasta ahora, y a pesar de conocerse los autores de los tres desplazamientos, nadie está en la cárcel. “En los tres casos hay denuncias, hay averiguaciones previas y no hay ningún detenido. Los detenidos que en algún momento hubo por el caso Banavil fueron liberados a inicios de 2014”.
—¿Y sí eran los responsables?
—Sí.
—¿Y de los otros dos casos no ha habido detenciones?
—No, aunque se tienen identificados quiénes están participando y quiénes participaron.
—¿También se tienen identificados con nombre y apellido a los que eran representantes de la Sedesol?
—Sí, porque ellos mismos testificaron ante la Procuraduría [General de Justicia del Estado de Chiapas]. La justificación es que ellos entraron a auxiliar. Pero nosotros siempre hemos sostenido que ninguna representación de gobierno actúa tan pronto y menos alguien de la Sedesol. Entonces sí había una acción planeada de despojo con niveles diversos de participación, de desplazamiento hacia este grupo de la comunidad de Viejo Velasco.
—Actualmente, ¿cuántas víctimas hay?
—En San Marcos Avilés son 70 familias, en Viejo Velasco son 36 y en Banavil son cuatro. Aparte hay otros desplazamientos que también están relacionados con el conflicto armado; por ejemplo, en Palenque hay 800 familias desplazadas que salieron de Tila, pero ahí lo que ha faltado es un proceso organizativo: muchos decidieron ya no retornar. En otros casos han ido retornando de manera paulatina, sin justicia, sin medidas de reparación ni seguridad, tanto en la zona Altos como en la zona Norte.
Una vez despojadas de sus tierras, las víctimas se dispersan o aceptan habitar lugares no aptos e indignos. Pedro Faro explica que las familias de Banavil están en un campamento en San Cristóbal de las Casas. “Es un campamento montado por ellos en tierras prestadas”.
En el caso de San Marcos Avilés, aunque los desplazados viven en sus casas no pueden salir a trabajar sus tierras, mientras que en el caso de Viejo Velasco, las 36 familias están dispersas con familiares en Palenque y Ocosingo. “Están trabajando en tierras prestadas, en condiciones muy desfavorables”.
Por ello, el activista dice que un primer objetivo de la campaña Rostros del Despojo es el retorno. “Ésa es una de las demandas principales, porque cuando alguien sufre un desplazamiento se le vulneran todos los derechos y es una situación de vulnerabilidad permanente y una violación de derechos humanos sistemática. Y que este retorno vaya acompañado con justicia, medidas de reparación y de no repetición. Ésas son las principales demandas de la campaña”.
Pedro Faro considera que en los tres casos se ha marcado la no atención del gobierno y han mantenido los crímenes en la impunidad. “Con esta campaña lo que queremos es que a través de la solidaridad se pueda hacer presión ante las instancias del gobierno para el retorno a sus tierras e impulsar la cuestión de la justicia y las medidas de reparación”.
Considerada una de las entidades con más biodiversidad en el país y en el mundo, Chiapas podría vivir una nueva oleada de despojos. Pedro Faro advierte que las nuevas reformas a las leyes sólo auguran la continuidad y profundización del despojo territorial de los pueblos originarios.
“Las reformas que se hicieron están claras en ese sentido. De por sí ya venían con estos proyectos: ahora ya armaron una serie de leyes donde garantizaron el despojo territorial. Y lo han dicho: van a hacer a un lado todo lo que no permitió en otros años el desarrollo de las inversiones. Entonces se trata de la profundización del despojo territorial de los pueblos originarios a través del desplazamiento forzado. Y es necesario un proceso organizativo que impida esto, porque en los territorios de los pueblos indígenas está la vida, la construcción de alternativas de vida distintas al capitalismo, están los lugares sagrados, la espiritualidad de una humanidad que por mucho tiempo ha interpelado al mundo occidental y al neoliberalismo, que es un sistema de muerte que no da cabida a la diversidad y que está aplastando a otras formas de sistemas más humanos y más sensibles de proyecto de vida”.
Es por ello que los defensores buscan, por medio de la campaña Rostros del Despojo, visibilizar otros problemas, como el derivado de la carretera San Cristóbal-Palenque, del Proyecto Mesoamérica, “donde hay diferentes violaciones a derechos humanos, como el derecho a la consulta, y también ir identificando otros rostros del despojo, impulsándolos con casos específicos donde el Estado mexicano está violentando los derechos colectivos de los pueblos indígenas y no está respetando sus territorios”, detalla Faro.
Agrega que “el territorio es la base material, la columna vertebral donde los pueblos indígenas gozan sus derechos colectivos que el Estado mexicano se ha estado negando a respetar, a pesar de que ha firmado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y los propios Acuerdos de San Andrés, que es una ley legítima donde los pueblos están construyendo su forma de organización, [pero] que el Estado no quiso reconocer”.
México: 281 mil personas desplazadas en 4 años
Defensores de derechos humanos señalaron que, entre 2011 y lo que va de 2015, 281 mil 418 personas se han desplazado de manera forzada en diversos estados de la República Mexicana, en el contexto de violencia generalizada que atraviesa el país.
En una carta abierta, el pasado 23 de abril, los defensores solicitaron al Senado que incluya el desplazamiento forzado interno y las ejecuciones arbitrarias como temas prioritarios en su agenda legislativa.
La misiva fue dirigida a los senadores Enrique Burgos, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales; Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos; Roberto Gil Zuarth, presidente de la Comisión de Justicia; Graciela Ortiz, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos; Alejandro Encinas, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda; Gabriela Cuevas, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores; y Raúl Gracia, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera.
En la carta, señalaron que el desplazamiento forzado es considerado como una de las crisis humanitarias más importantes de este tiempo: los desplazados son uno de los grupos poblacionales más desprotegidos, al experimentar múltiples violaciones a los derechos humanos y padecer una progresiva degradación de los derechos sociales, económicos, civiles, políticos y culturales.
Los defensores manifestaron estar profundamente preocupados tras notar que en el proyecto de decreto por el que se reforma el Artículo 73, fracción XXI, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el desplazamiento forzado interno y las ejecuciones arbitrarias no son considerados temas prioritarios en la agenda legislativa de este periodo.
“Pese al impacto devastador que ha tenido este fenómeno, no sólo sobre quienes lo padecen sino sobre la sociedad y sobre el territorio tanto expulsor como receptor, México carece aún del andamiaje legal e institucional necesario para proteger y asistir la problemática del desplazamiento interno”, criticaron.
Los defensores –integrantes del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios; de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; de Freedom House México; de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México; de Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho; de Fundar, Centro de Análisis e Investigación; de ID(H)EAS Litigio Estratégico en Derechos Humanos; de Servicios y Asesoría para la Paz, y Carlos Ríos Espinosa–pidieron a las autoridades federales que reconozcan cuanto antes el fenómeno del desplazamiento como un problema que se extiende hacia diversas entidades del país y evitar relegar la responsabilidad de promover, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas desplazadas a los estados.
Nancy Flores, @nancy_contra
[Sección: Portada]
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