Por primera vez, un sacerdote mexicano acusado de pederastia podría ser expulsado de la iglesia católica. Mientras en El Vaticano el caso está por dictaminarse, en México prevalece el secretismo respecto del número de curas sujetos a procesos eclesiásticos y civiles por abuso sexual de menores. Miedo de las víctimas, encubrimiento de la iglesia y complicidad de la autoridad civil abonan a que se desconozca la dimensión real del problema, señalan especialistas
El sacerdote Carlos López Valdés podría ser expulsado de la iglesia católica por abusar sexualmente de, al menos, un menor de edad. Éste sería el primer cura mexicano en recibir la “pena máxima” que El Vaticano impone a los religiosos que cometen ese delito.
El juicio contra el clérigo inició en 2007. Entonces, Jesús Romero Colín –abusado sexualmente durante nueve años, cuando era menor de edad– lo denunció ante las autoridades eclesiásticas.
La Congregación para la Doctrina de la Fe –órgano de la iglesia católica encargado de juzgar los delitos más graves, entre ellos los abusos sexuales cometidos por clérigos contra menores de 18 años– considera que las pruebas presentadas por el Tribunal Eclesiástico Interdiocesano de México son “contundentes”. Entre ellas, un disco compacto con pornografía infantil que incluye imágenes de la víctima tomadas por el propio agresor.
Por ello, se espera que El Vaticano encuentre culpable a López Valdés. De acuerdo con David Peña Rodríguez, abogado de la víctima, el papa Benedicto XVI dictará la sentencia en octubre o noviembre próximos.
Cuestionada por una serie de denuncias contra clérigos católicos que cometieron abusos sexuales en diferentes partes del mundo, la justicia eclesiástica se muestra diligente con el caso de Romero Colín. Por el contrario, la justicia civil en México ha dilatado el proceso en contra del sacerdote López Valdés, acusado de abuso sexual y violación de un menor, corrupción de menores y posesión, almacenamiento y distribución de pornografía infantil.
Peña Rodríguez, abogado de Romero Colín, considera que la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Sexuales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal –que desde diciembre de 2009 lleva el caso– está actuando “de manera sumamente irregular”.
A los 11 años, Jesús Romero Colín era acólito de la iglesia San Agustín de las Cuevas, en la delegación Tlalpan de la ciudad de México. Tanto su familia como él mantenían una estrecha relación con López Valdés, entonces párroco del lugar. A nadie le extrañó que éste invitara a Jesús a pasar un fin de semana en la casa de descanso que tenía en Cuernavaca, Morelos.
El sábado, ya en su habitación, el sacerdote le dijo al niño que era antihigiénico dormir con pants. Esa noche lo tocó por primera vez. Tan sorprendido como espantado, Jesús atribuyó la conducta del padre a que “estaba dormido; no sabía lo que hacía”.
A la semana siguiente, el cura ofreció a los padres de Jesús hacerse cargo de su manutención y educación a cambio de que el niño se fuera a vivir a la casa parroquial con él. Jesús no había contado a su familia nada de lo ocurrido en Cuernavaca ni lo haría durante los siguientes nueve años en los que no sólo hubo tocamientos, también otros abusos sexuales, como prácticas de masturbación, sexo oral y violaciones.
“Yo sentí mucha culpa porque lo relacioné con lo de Cuernavaca y dije ‘yo tuve la culpa por no decir nada, yo tuve la culpa por no decirle a este tipo que no me hiciera cosas’… Cuando pasó el asunto, tenía miedo de qué iban a decir mis papás, si iban a pensar que era mi culpa; qué iba a decir la gente de mí. Me quedé callado por miedo”, relata Jesús, ahora de 27 años.
Además de abusar sexualmente de Jesús, el joven cuenta que el cura le tomaba fotografías en trusa o desnudo. “Las primeras veces me tomó fotos cuando estaba dormido. Después me dijo que quería tener un álbum de mí para ver cómo iba creciendo”. A los 15 años, Jesús encontró correspondencia postal que el cura mantenía con otras personas, “supongo que pederastas también, que le pedían más fotos mías. Entonces, él las intercambiaba”.
Tras ese descubrimiento, Jesús increpó al cura y le dijo que lo acusaría. “Pues denúnciame”, recuerda que le contestó. “Entonces yo lo pensé y me dio mucho miedo. Tenía miedo hasta de lo que fueran a pensar de mí y no me decidí. Me enojaba y me desquitaba con la pared”.
Las agresiones que Jesús se infligía llegaron hasta el intento de suicidio: a los 19 años y en estado de ebriedad, trató de cortarse las venas. Fue detenido por un amigo suyo y por el cura. Desde los 14 años, Jesús consumía alcohol y drogas para “solventar” la vida que llevaba, en la que tenía que ocultar a su familia y amigos lo que padecía cada noche al lado del párroco.
El joven asegura ya no creer en la iglesia ni en dios desde hace mucho tiempo, no sólo por lo que sufrió sino porque considera que los sacerdotes “predican algo que no es cierto”.
El último episodio que vivió al lado del cura –y que lo motivó a denunciarlo– fue en el templo de San Pedro Apóstol, cuando el obispo Guerrero Corona dio la bienvenida a López Valdés diciendo: “Llega el buen pastor y todo va a estar bien; van a estar cuidados por él”.
Cuando la madre de Jesús acudió con el obispo de la Sexta Vicaría, Jonás Guerrero Corona, a denunciar al cura que había abusado de su hijo, éste le espetó: “¿Qué quieres que haga yo con tu hijo? ¿Qué tal si él después regresa a pedirle dinero a Carlos (López Valdés) o a mí?”.
A la tosca respuesta del obispo siguió, sin embargo, la salida de López Valdés de la parroquia donde oficiaba; no así la suspensión de su ministerio, que se efectuó hasta seis meses después, de acuerdo con el oficio JGC/042-07, enviado por Guerrero Corona a López Valdés el 13 de septiembre de 2007, del cual Contralínea tiene copia.
En dicho oficio, el obispo Guerrero Corona no sólo informa al cura López Valdés de su suspensión, sino que también refiere que, desde el 2 de abril de ese año, el clérigo había aceptado sus “conductas inadecuadas”, por lo que el obispo le solicitó que buscara ayuda. El 13 de marzo anterior, Guerrero Corona le había enviado al cura una carta de extrañamiento en la que le recomendaba acudir a terapia para atender su “problemática”.
El 3 de abril, señala el oficio, se entregó a López Valdés una “amonestación canónica” para que cambiara su conducta y evitara “el escándalo”. Guerrero Corona también hizo una tercera recomendación para que buscara “atención médica”.
La víctima asegura que el obispo tenía conocimiento de los abusos de López Valdés desde 2004, pues un seminarista de nombre Alexander Feria lo denunció con él al encontrar fotografías de varios menores de edad, entre ellos del propio Jesús, en la caja fuerte del sacerdote.
Para el investigador Edgar González Ruiz, especializado en el estudio de la iglesia y de la derecha política en México y América Latina, las reacciones más comunes de la jerarquía católica ante estas situaciones son el encubrimiento y la complicidad, como cuando deciden enviar a un religioso responsable de abuso a otra ciudad o país.
González Ruiz señala que hay arreglos extrajudiciales para acallar a las víctimas o “medidas disciplinarias” que no trascienden públicamente; por ejemplo, mandar a los religiosos abusadores a “centros de rehabilitación especiales” para ellos. “En todo caso, lo que la jerarquía busca es preservar su autoridad moral ante la feligresía y no combatir esos abusos”.
Luego de denunciar el estupro, Jesús padeció en su domicilio el asedio de curas durante un año. “Yo convivía con muchos sacerdotes y eran los que mandaba el obispo a que hablaran conmigo. Creo que para tranquilizarme o para que no dijera nada, para que no hiciera escándalo, pero yo me negué a hablar con ellos”.
El joven recuerda que los acercamientos de sacerdotes comenzaron el mismo día que interpuso la denuncia civil. “A la media hora, un sacerdote ya estaba tocando la puerta de mi casa, cosa que se me hace rara. Hay contubernio [entre las autoridades judiciales y la iglesia] o no sé qué habrá, pero sí es muy raro”.
Hasta la fecha, se desconoce el paradero del cura López Valdés. Aunque está suspendido, su nombre aun figura en el registro de ministros de culto de la Dirección de Asociaciones Religiosas de la Secretaría de Gobernación.
Entrevistado por Contralínea, el padre José de Jesús Aguilar, responsable de Radio y Televisión del Arzobispado de México, dijo desconocer el caso de López Valdés, no obstante el proceso al que se encuentra sujeto en El Vaticano y que podría derivar en su expulsión de la iglesia católica.
Explicó que ello se debe a que los casos que llegan a los tribunales eclesiásticos no necesariamente son conocidos por todos los sacerdotes, aun cuando se juzguen casos de abuso sexual.
En una comunicación posterior, el religioso refiere que la suspensión de López Valdés sólo se informó a los sacerdotes de su zona “para no afectar su buena fama” hasta que no se le dicte sentencia. También asegura que el cardenal Rivera Carrera y los obispos de la Arquidiócesis sí están enterados, “para que no le den ningún nombramiento ni permiso para celebrar en otro lugar”.
José de Jesús Aguilar menciona que “alguien denunció que [el sacerdote] había sido visto celebrando en una funeraria, pero eso lo hace sin permiso de nadie porque las funerarias no están bajo control del Arzobispado”. En su comunicación, añade que se informó a dicha funeraria que el cura no tiene licencias para oficiar misas.
En una nota publicada por el diario Milenio el 7 de abril pasado, el cura Jorge Estrada, responsable de Casa Damasco, afirmó que en ese lugar se atendían curas con problemas de alcoholismo, adicciones, depresión y “situaciones de vida afectiva”.
De acuerdo con la reportera Eugenia Jiménez, Estrada puntualizó que no reciben a ningún cura “que tenga una acusación o haya cometido el crimen de la pederastia”.
La periodista Sanjuana Martínez detalla en su libro Prueba de fe que en uno de estos centros de rehabilitación, Casa Alberione, ubicado en Jalisco, “no hay estadísticas, no hay listas de internos, tampoco antecedentes de los hombres que han pasado por allí. Todo en el centro es secreto”.
Sin embargo, persiste el secretismo respecto del número de procesos que mantiene la iglesia católica contra este tipo de delitos. El padre Aguilar Valdés dice que ello se hace “por respeto a las víctimas”.
El pasado 6 de abril, la agencia de noticias estatal Notimex informó que, de acuerdo con fuentes confidenciales de El Vaticano, en los últimos nueve años se ha abierto un centenar de procesos canónicos contra sacerdotes mexicanos acusados de abusos sexuales contra menores.
Aunque la agencia no dio los nombres de los clérigos que han sido procesados, destacan los casos del fallecido Marcial Maciel Degollado, fundador de la congregación Legionarios de Cristo y que fue obligado a dejar el ministerio sacerdotal en 2006; y de Nicolás Aguilar Rivera, sacerdote de la diócesis de Tehuacán, Puebla, quien también fue separado del sacerdocio por abusar de menores de edad.
Eric Barragán, director en México de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual de Sacerdotes, critica el secretismo que prevalece en los procesos de la iglesia católica, que obliga a las víctimas a jurar confidencialidad. “Después de que resuelve un juicio, El Vaticano no lo hace público; se queda dentro de la iglesia y es información completamente confidencial”, señala.
Las nuevas Normas sobre los delitos más graves, publicadas por la Congregación para la Doctrina de la Fe, insisten en la confidencialidad de los procesos “para titular la dignidad de las personas implicadas”.
En opinión de Barragán –quien también fue abusado sexualmente por un sacerdote durante su infancia–, el ocultamiento de esta información favorece no sólo el desconocimiento sobre la dimensión real del problema, sino que desincentiva a las víctimas a denunciar los abusos: “No hay una ejemplificación de cómo los casos pueden ser perseguidos”.
En una entrevista publicada el 13 de marzo pasado en la revista italiana Avvenire, el fiscal para temas de pedofilia de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Charles Scicluna, refirió que de 2001 a 2010 la Congregación ha analizado 3 mil casos de sacerdotes abusadores, de los cuales 300 han estado relacionados con actos de pedofilia.
Sin embargo, la cifra de clérigos pederastas podría ser mayor. El libro El legionario de Cristo. Abuso de poder y escándalos sexuales bajo el papado de Juan Pablo II, de Jason Berry y Gerald Renner, refiere que en 2004 la Conferencia Episcopal de Estados Unidos admitió que al menos 4 mil 400 sacerdotes habían abusado sexualmente de menores, en su mayoría adolescentes, entre 1950 y 2000.
En Berlín, Alemania, el 14 de abril pasado se manifestaron decenas de personas que fueron víctimas de maltratos y abusos sexuales en orfanatos y hospicios manejados por la iglesia católica entre 1940 y 1970. Se calcula que el número de menores que llegaron a esos centros tras la Segunda Guerra Mundial ascendió a 800 mil.
En 2004, la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) y la asociación Católicas por el Derecho a Decidir presentaron un informe ante el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas en el que señalan que, de 1950 a 2002, en los medios de comunicación se presentaron 5 mil denuncias de niñas y niños abusados por clérigos católicos, “entre los que destaca México, como uno de los 16 países que da cuenta de este delito”.
El informe también refiere datos del Departamento de Investigaciones de Asuntos Religiosos: de 1993 a 2004 se registraron 750 denuncias, 35 por ciento de éstas fueron por agresiones sexuales, que incluían la pedofilia, el estupro y la utilización del secreto de confesión para satisfacer las necesidades sexuales de religiosos con mujeres mayores de 18 años. De éstas, una tercera parte había sido cometida por curas católicos.
El director ejecutivo de la Redim, Juan Martín Pérez, apunta que los casos de curas pederastas en México se han dado “en una lógica de complicidad” entre la iglesia católica y la autoridad civil, y enfatiza que la complicidad también significa omisión de la función de la autoridad investigadora.
El 19 de agosto pasado se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reformas al Código Penal Federal que el Senado había aprobado desde abril. Entre ellas, destaca la tipificación de la pederastia como delito grave y la penalización para quienes “se aprovechen de la confianza, subordinación o superioridad que tienen sobre un menor de 18 años derivada de una relación religiosa”.
En opinión del director de Redim, estas reformas “son bienvenidas pero no son suficientes, porque siguen colocadas en el marco tradicional de las leyes y están muy a diseño de los casos paradigmáticos recientes”.
Juan Martín Pérez también considera que la incorporación del término de pederastia no tiene que ir en menoscabo del “gran concepto” que es el abuso sexual. “Los casos de pederastia sexual son grotescos, notables en medios de comunicación, pero no se pueden comparar con los de abuso sexual, que es masivo”, señala.
De acuerdo con datos de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Sexuales, de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, tan sólo de enero a julio de este año se han denunciado 850 delitos sexuales cometidos contra menores de edad, la mayoría de los cuales han sido abusos sexuales (557) y violaciones (276).
En entrevista, la fiscal Juana Camila Bautista dice que, en los dos últimos años, la Fiscalía sólo ha recibido tres casos en los que el victimario ha sido un ministro religioso: dos sacerdotes católicos y un pastor evangélico. “Pero ya se resolvieron”, asegura Bautista.
El caso de Jesús, no obstante, sigue pendiente en dicha Fiscalía. Hasta ahora no se ha podido girar una orden de aprehensión contra López Valdés, porque la consignación hecha desde 2008 por el Ministerio Público, adscrito al Juzgado 55 en Materia Penal en el Distrito Federal, “incurrió en varias irregularidades” y el juez la rechazó, señala el abogado Peña Rodríguez.
Peña Rodríguez apunta que nunca se citó a declarar al acusado y tampoco se acreditó que fuera un ministro de culto, no obstante que dicho elemento era necesario para consignar que el victimario era alguien de confianza, lo que se considera una agravante en el delito de violación.
El abogado explica también que el Ministerio Público no incluyó en la consignación entregada al juez una serie de fotografías en donde se muestran actos sexuales explícitos entre el sacerdote y menores de edad, así como imágenes de Jesús en casa del cura. La autoridad ni siquiera ha investigado el delito de pornografía infantil, a pesar de que es una falta que se sigue de oficio.
Peña Rodríguez considera que, incluso, podrían fincárseles responsabilidades administrativas a los funcionarios de la Fiscalía que mantuvieron el expediente de Jesús inactivo, luego de que la consignación hecha por el Ministerio Público fue rechazada por el juez en diciembre de 2008.
La fiscal Bautista asegura que “no hay ningún retraso, toda vez que se consignó en su momento. De acuerdo con el criterio del juez, no hay los elementos suficientes y nos la devuelve”. Bautista asegura que se están allegando de los elementos solicitados por el juez, pero Peña Rodríguez señala que, hasta agosto, la Fiscalía seguía sin hacer las diligencias pendientes.
Contrario a ello, el abogado de Jesús Romero Colín destaca que El Vaticano fallará en contra del sacerdote pederasta a más tardar en noviembre de 2010.
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