María Juana aún guarda el trozo mal cortado de papel de estraza que alguna vez fue envoltorio de torta. La caligrafía de puño que tiene impresa por ambos lados ha resentido la marcha del tiempo: algunas de las letras escritas en tinta negra lucen escurridas. A pesar de ello, el mensaje de mayúsculas ligeramente recargadas hacia la derecha resulta legible. El escaso empleo de signos de puntuación o su atropellada ortografía, quizá producto de las circunstancias, no interfieren con su significado:
“moises cordero fui torturado fisica y sicologicamente para que firmara la declaracion estoy incomunicado desde el 25. feb. me detuvieron por falta de portacion de arma segun ellos y luego me torturaron 6 ocaciones para que dijera loque ellos querian tambien me acusaron de cohecho no es cierto me arraigan para que se me quitaran las huellas de golpes yo no hice nada…” (sic).
Una flecha de punta alargada indica que la escritura continúa en la parte posterior del papel marrón: “…y nunca me han dejado hacer una llamada solicito me dejen utilizar abogado y acudan alguien de derechos humanos la tortura se hizo con agua toques sin ropa bendado y esposado con manos atras, golpes con sus puños asficia con una bolsa en la cabeza me pusieron franelas en la boca y nariz para ahogarme y todos los conosi” (sic). Un punto bien ennegrecido marca el fin del mensaje.
Como el acordeón que se comparte, discreto en periodo de exámenes escolares, así depositó Moisés Cordero este trozo de papel en las manos de su esposa. No se estaba jugando una calificación; urgía ayuda luego del tormento al que fue sometido por servidores públicos.
María Juana ya lo sabía. La escritura sólo le brindó los detalles. Lo descubrió unos minutos antes cuando Moisés, quien se encontraba arraigado en una habitación del hotel Kyoto de la ciudad de Puebla, le rehuyó al abrazo y, ella, desconcertada, nerviosa, le levantó la playera. Entonces pudo constatar el lienzo de violencia en que se había convertido el cuerpo de su marido y que erosionaba en un gran hematoma plantado a la altura de la boca del estómago.
El lienzo se prolongaba en la parte trasera del tronco del hombre con quien María Juana procreó cuatro hijos, todos varones. Ahí, sin embargo, las marcas eran distintas, como si la técnica de grabado hubiera sido otra. Parecían como pellizcos, como pequeñas quemadas, como si a la espalda se hubieran aplicado choques eléctricos, relata la mujer.
—¿Qué te hicieron? –le preguntó ella, consternada y en voz baja, con los ojos clavados en cada pincelazo de violencia.
Él no respondió. La agente del Ministerio Público que atestiguaba el encuentro se mantenía alerta.
“¿Te golpearon, verdad?”, insistió ella, esperando que el dicho confirmara la evidencia visual.
“Sí”, alcanzó a decir Moisés, con voz diminuta. También, aunque de forma escueta, señaló que la tortura practicada en el sótano de las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia de Puebla le arrancó la confesión de culpabilidad de un crimen que, asegura, no cometió: el homicidio de una mujer de nombre Karla.
La entrega del papel de estraza terminó con el tema. Después vino la advertencia: “Cuídate de la [agente del] ministerio público. Ella estuvo presente durante la tortura”, dijo Moisés a su esposa.
De 2001 a mayo de 2015, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió 10 mil 688 quejas por tortura y trato cruel, inhumano o degradante, en promedio dos cada día. Así consta en sus Informes de actividades anuales y en su Sistema Nacional de Alerta.
Durante el mismo periodo, el organismo autónomo emitió 973 recomendaciones en total por diversos hechos violatorios de derechos humanos, dentro de los cuales se documentan 240 de tortura y trato cruel, inhumano o degradante.
En diciembre de 2014, Juan E Méndez, relator especial sobre la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), dijo que la “tortura es generalizada en México” y que ocurre especialmente desde la detención y hasta la puesta a disposición de la justicia, con motivo de castigar y extraer confesiones e información incriminatoria.
La estadística de la CNDH muestra un incremento considerable de los hechos de tortura y trato cruel, inhumano o degradante a partir de 2008, año en que esta instancia recibió 1 mil 8 quejas en la materia respecto de las 399 que procesó en 2007. La problemática, sin embargo, se agudizó en 2011, con 1 mil 668 quejas, lo que representa el registro más elevado.
Durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, el total de quejas por tortura y trato cruel, inhumano o degradante fue de 7 mil 55, es decir, 466 por ciento más que las 1 mil 514 reportadas en el gobierno de Vicente Fox Quesada.
A la fecha, estas prácticas continúan latentes. En poco más de 2 años de la gestión de Enrique Peña Nieto, la CNDH ha recibido un total de 2 mil 119 quejas en la materia, entre ellas la de Moisés Cordero. Ésta fue presentada con anterioridad, el 5 de marzo de 2014, ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (expediente 2460/2014-C), instancia que, según refiere María Juana Bautista, esposa de Moisés, le dio carpetazo.
La mujer comenta que días después de la visita que el personal de la Comisión estatal realizó a su esposo, el licenciado asignado al caso, José Luis Morales, le comunicó, vía telefónica, “que todo estaba bien y que no podía hacer nada”.
Si bien algunos casos de tortura y malos tratos se atribuyen a autoridades policiales y ministeriales –ya sean federales o locales–, en los últimos 14 años es el Ejército el que ocuparía el primer sitio.
Como puede corroborase en los informes de actividades anuales de la CNDH, de 2001 a la fecha, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha recibido un total de 103 señalamientos en los expedientes de queja por tortura, seguida de la Procuraduría General de la República, con 63, y la Policía Federal, con 20. La Sedena también destaca como la dependencia con más recomendaciones en la materia.
En su Informe de actividades 2014, la CNDH, que preside Luis Raúl González, concluyó que México atraviesa por un “periodo de crisis” como consecuencia de “un espiral de violencia”. Entre las graves violaciones a los derechos fundamentales que, a decir de la CNDH destacan en este periodo, se encuentran las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales, mismas que, asevera, “han lastimado sensiblemente el tejido social”.
La tarde del 25 de febrero de 2014, cuando transitaba por el Periférico de la capital poblana, Moisés Cordero, quien en ese momento se desempeñaba como escolta y chofer de la esposa de Enrique Agüera Ibáñez, exrector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), sería interceptado por una cuadrilla de policías ministeriales.
Los servidores públicos lo obligarían a detener la marcha del Chevy rojo que conducía, propiedad de sus patrones, y, por la fuerza, lo treparon en una camioneta Jeep Patriot para, posteriormente, trasladarlo a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia de Puebla, ubicada entre Boulevard Héroes del 5 de Mayo y 31 Oriente. Ahí, en el sótano del recinto público, viviría seis episodios de tortura.
Moisés cargaba una pistola .380, la herramienta que empleaba para su oficio de escolta. Esa situación sería el pretexto de su detención. “Algo anda mal con tu portación”, le habrían dicho los agentes que lo privaron de su libertad, sin importar que él les mostrara el permiso que lo autorizaba para portar un arma de fuego, además de un oficio expedido por la corporación de seguridad privada Grupo Maya, que acreditaba que en ese momento se encontraba comisionado al servicio del exrector universitario.
Casi 1 año y medio ha transcurrido desde esa tarde de febrero. Moisés permanece recluido en la celda 203 del Centro de Reinserción Social de San Pedro Cholula, procesado por los delitos de feminicidio, aborto y robo. Durante su estancia en este lugar, se le ha aplicado, en dos ocasiones, el Protocolo de Estambul, manual que contiene las líneas básicas con estándares internacionales en derechos humanos para determinar, a partir de la valoración médica y sicológica, si una persona fue víctima de tortura o algún mal trato.
El 29 de mayo de 2014, Moisés Ramírez Briones, perito médico legista certificado por el Consejo Mexicano de Medicina Legal y Forense, concluyó, luego de la confronta entre el examen médico que le practicó y el Protocolo de Estambul, que efectivamente “hay indicios de tortura”.
Esto porque a pesar de no encontrar en el cuerpo de Moisés Cordero evidencia de lesiones externas visibles, como equimosis o excoriaciones –lo que se explica por el tiempo transcurrido entre su detención y el momento en que se le practicó la prueba médica: 93 días–, sí le detectó síntomas crónicos, como cefalea, lumbalgia y dolor muscular, mismos que, de acuerdo con el Protocolo de Estambul, son indicativos de tortura.
El perito a cargo, también catedrático de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, tuvo acceso a los resultados de un examen médico practicado a Moisés Cordero el 1 de marzo de 2014, cuando aún se encontraba arraigado en el hotel Kyoto. Dicho dictamen, en el que constan tres equimosis –una en la región lumbar y dos en la espalda–, así como una excoriación en la palma de la mano izquierda, le permitió confirmar su diagnóstico. Ello porque, según señala, las lesiones que entonces se le detectaron tienen una “enorme similitud” con los síntomas crónicos que él le descubrió.
A decir del médico legista, la evidencia de tortura recae también en el trastorno de estrés postraumático que Moisés Cordero padece, y que se desprende de su reexperimentación del trauma (con frecuencia escucha las voces de los policías ministeriales que lo golpearon) y de la depresión en que se encuentra sumido (se siente desganado, sin interés por la vida e incluso ha contemplado la posibilidad del suicidio).
El 24 de febrero de 2015, a Moisés Cordero se le aplicó, por segunda ocasión, el Protocolo de Estambul. Esta vez a cargo de María del Carmen Castaneira, perita médica criminalista. El resultado fue similar. La especialista determinó que “la ausencia de signos físicos no excluye la posibilidad de que se le hayan infligido torturas o malos tratos”. Y es que, según asienta en el dictamen que emitió a 11 meses de la detención de Moisés Cordero, por el tiempo transcurrido “ya no es factible encontrar lesiones o la presencia de dolor”, no así secuelas sicológicas, mismas que, acota, “son difíciles de desaparecer”.
De acuerdo con la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes –instrumento de derechos humanos de la ONU firmado y ratificado por el Estado mexicano–, se entenderá por tortura “todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un servidor público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia”.
En México no existe un registro nacional que refleje la totalidad de casos de tortura y trato cruel que se comenten. Así lo verificó Juan E Méndez, relator especial sobre la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la ONU, durante la visita de trabajo que realizó al país entre el 21 de abril y el 2 de mayo de 2014.
La estadística oficial existente obra en los registros de la CNDH, las comisiones estatales de derechos humanos –26 de las cuales recibieron para el periodo 2008-2013 un total de 2 mil 323 quejas por tortura y otros malos tratos que derivaron en 392 recomendaciones, según revela Amnistía Internacional México– y las contadas denuncias que se presentan ante las instancias de procuración de justicia dado que, como observó Juan E Méndez, “muchos casos no se denuncian por temor a represalias o desconfianza, y existe una tendencia a calificar actos de tortura o malos tratos como delitos de menor gravedad”.
De 2006 a 2014, la sociedad civil mexicana ha documentado alrededor de 500 casos de tortura y trato cruel, inhumano o degradante.
En su informe Fuera de control. Tortura y otros malos tratos en México, Amnistía Internacional México alude a 25 casos de tortura: Claudia Medina; Alejandro Lugo; Jorge González; Wilbert Terán; Bárbara Italia Méndez y otras; José Esqueda y Gustavo Fuentes; Inés Fernández y Valentina Rosendo; Ramón y María Guadalupe Durán y Javier Delgado; Ángel Colón; Israel Arzate; Adrián Vázquez; Luis Ángel Zazueta; Juan Gerardo Sánchez; Germán Heredia; 25 policías municipales de Tijuana; Óscar Valle; Benjamín y Juan Pablo Ortiz; Luis Adrián, Jesús Iván y Juan Antonio Figueroa; Noé Fuentes, Rogelio Amaya, Ricardo Fernández y Gustavo y Víctor Manuel Martínez; Jethro Ramsés Sánchez; Miriam López; Ramiro y Rodrigo Ramírez, Ramiro López y Orlando Santaolaya; Cristel Piña; Gerardo Torres y otros; y Jacinta Francisco, Alberta Alcántara y Teresa González. Además, en fechas próximas, la organización dará a conocer cinco nuevos casos que acompaña, entre ellos el de Moisés Cordero.
Por su parte, el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), en voz de Raymundo Díaz Taboada, su coordinador estatal en Acapulco, refiere que, en los 10 años que tienen de existencia, han acompañado 416 casos de tortura y trato cruel inhumano y degradante. Detalla que en 282 de ellos las víctimas son mujeres.
En entrevista con Contralínea, Perseo Quiroz Rendón, director ejecutivo de Amnistía Internacional México, coincide, pese a la postura oficial, en que la tortura en el país es práctica generalizada. Esto porque, como explica, se da a lo “largo y ancho del territorio nacional”, es decir, no hay una sola entidad de la República exenta de estos casos. Además, porque no hay corporación policial, judicial o cualquier otra fuerza encargada de hacer cumplir la ley, que no haya sido señalada como responsable de esta práctica.
Respecto de si, en el contexto mexicano, es posible o no definir a la tortura como una violación grave a los derechos humanos, el defensor explica que aunque ésta consta entre los delitos contenidos en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, para que pueda considerarse como violación grave debe cumplir con dos requisitos técnicos: ser generalizada y sistemática.
En ese sentido, acota, “desde Amnistía Internacional decimos que hay una práctica generalizada y tolerada por el Estado mexicano, pero no tenemos la evidencia suficiente para comprobar una práctica sistemática”.
Para Díaz Taboada, la tortura en México resulta, igualmente, generalizada, dado que “se da en toda la geografía del país”. Se trata, asimismo, de un mal endémico en el sentido de que se encuentra profundamente arraigado al actuar de los servidores públicos, quienes no sólo son verdugos sino, en algunos casos, víctimas también de tortura con el objeto de deshumanizarlos.
La tortura, asegura el coordinador estatal del CCTI, cumple también con características de sistematicidad, ya que, por ejemplo, sus víctimas predilectas cumplen con determinado perfil, en el que destaca –como también lo señaló el relator de la ONU– la condición de pobreza o de sector social marginado; además de que la forma de proceder en los casos de tortura parece responder a un patrón específico.
En México la tortura se tolera, permite, fomenta y, para rematar, se mantiene en la impunidad, asevera Díaz Taboada. Su dicho cobra sentido a la luz de la estadística oficial –revelada en el Informe del relator especial sobre la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, Juan E Méndez, documento fechado el 29 de diciembre de 2014–, según la cual, sólo se dictaron cinco sentencias condenatorias por tortura entre 2005 y 2013.
Asimismo, se observa que es mínimo el número de recomendaciones que la CNDH emite respecto de las quejas por tortura y malos tratos que recibe. Por ejemplo, frente a las 8 mil 746 quejas que en la materia registró entre 2005 y 2013, el organismo autónomo tan sólo determinó 223 recomendaciones.
El 25 de febrero de 2014, minutos después de su detención, Moisés Cordero, expolicía auxiliar, fue ingresado a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla por un supuesto problema con su portación de arma de fuego, según se le dijo.
La preocupación del hombre de 43 años de edad iba en ascenso. El tiempo transcurría y traía consigo un panorama cada vez más irregular. Ya no era sólo la detención arbitraria, si no la negativa de permitirle hacer una llamada; las esposas con las que le fueron sujetadas ambas muñecas.
Éste sería apenas el preámbulo de la tortura. Lo peor estaba por venir: la bolsa de plástico, transparente y gruesa, que le colocaron sobre la cabeza con el fin de obstaculizarle el aliento; la sensación de desprotección y sometimiento que le produjo la obligación del desnudo –un cuerpo a expensas–; el episodio en el que, estando tendido boca arriba, le cubrieron la boca y la nariz con una franela sobre la cual le vaciaron agua a chorros; el terror sicológico que le infundieron las amenazas de violación sexual y de daño a su familia; los constantes golpes sobre los riñones, el estómago, los muslos, los codos; y, para rematar, la prolongada sesión de descargas eléctricas con blanco en los riñones y testículos.
De acuerdo con la versión de Moisés Cordero, la tortura de la que fue objeto se prolongaría a seis sesiones suministradas durante varios días y noches. Sus verdugos: cuatro policías y un comandante de nombre Rafael.
Como consecuencia del daño físico y sicológico infligido, Moisés Cordero habría orinado sangre en cuatro ocasiones y firmado una declaración en la que acepta su participación en el feminicidio de Karla López Albert, mujer de 31 años de edad y en condición de embarazo que, a principios de febrero de 2014, apareció muerta en la vía pública de la delegación Tláhuac, en la Ciudad de México.
María Juana Bautista comenta que a la fecha no ha interpuesto denuncia penal por la tortura a la que fue sometido su esposo, puesto que desconocía que podía hacerlo.
Para la realización de este trabajo se solicitó entrevista con Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH, así como con Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
Flor Goche, @flor_contra
[PORTADA]
[SOCIEDAD]
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