Unas 184 hectáreas de bosque en la comunidad San Francisco Magú, municipio de Nicolás Romero, Estado de México, podrían ser devastadas. Esta zona verde ha sido afectada por la tala de árboles que conforman la metrópoli. Ahí, también se asienta la comunidad otomí encargada de preservar el área, ancestralmente.
El motivo es la construcción de un proyecto inmobiliario que pretende edificar 11 mil viviendas para unas 50 mil personas. Se trata del desarrollo “Bosques del paraíso, de la empresa Merket.
Como en otros proyectos que afectan comunidades indígenas y el medio ambiente, los habitantes de la zona supieron de él cuando se comenzó con la tala de árboles. Allí viven unas 15 mil personas que conservan los ojos de agua, el mismo bosque y especies vegetales. Es también el espacio de donde recogen las variantes de hongos que crecen de manera silvestre y utilizan para alimentarse.
Berenice Sánchez, representante de las autoridades autónomas de San Francisco Magú, relata a Contralínea: “desde el momento en que nos dimos cuenta de que se estaba talando el bosque, a mediados de noviembre de 2012, convocamos a asamblea general en el pueblo de San Francisco Magú. La asamblea es la máxima autoridad, no el ayuntamiento ni el gobierno estatal, tampoco; es el pueblo que tenía que definir lo que sucedía con este bosque. Se determinó exigir la cancelación y revocación total de todos y cada uno de los permisos que hayan extendido cada una de las dependencias”.
El proyecto inmobiliario que se pretende construir tiene un impacto ambiental y cultural, dice la joven indígena, porque vulnera los usos y costumbres de la comunidad otomí. “El hecho de que tanta gente de fuera vaya a llegar de un solo golpe a nuestra comunidad terminaría aniquilando nuestra forma de vida; además, deja en total indefensión a las futuras generaciones. Somos una zona que históricamente ha estado marginada por el municipio, nosotros contamos con nuestro propio sistema de agua potable, un sistema autónomo; de llevarse a cabo el proyecto inmobiliario, deja en total aniquilamiento la zona de recarga de los mantos acuíferos”.
El caso de San Francisco Magú ha sido observado por diversas organizaciones que se pronuncian por la defensa del medio ambiente, como la Red de Afectados Ambientales, y el problema es del conocimiento del relator especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya, para que las autoridades de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente suspendieran el proyecto inmobiliario.
En México existen más de 300 conflictos socioambientales, dice en entrevista el investigados Víctor Toledo, del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien sostiene que “existen grandes problemas ecológicos y la mayor parte de estos suponen conflictos de tipo socioambiental… Las causas de éstos, por lo regular, son las actividades industriales llevadas a cabo por empresas o corporaciones tanto nacionales como extranjeras, frente a las cuales la ciudadanía organizada o las comunidades rurales y urbanas se oponen y resisten. Ante ello, los organismos estatales, por lo general, se ponen del lado de las corporaciones o se mantienen neutrales”.
El investigador calcula que estos conflictos se han incrementado en los últimos años a unos 300, de los cuales ha dado cuenta en su obra Ecocidio en México. La batalla final es por la vida. También identifica que hasta el momento se afecta a 180 municipios en todo el país. De la tipificación, los conflictos impactan de la siguiente forma: biotecnológico, 9; energético, 35; hidráulico, 33; minero, 71; turístico, 12, y urbano, 17.
Para el académico de la UNAM, “los conflictos socioambientales no sólo generan tensión social, sino víctimas: seres humanos privados de sus medios de subsistencia, sus hogares, tradiciones y hasta su vida. Aquellos que defienden in situ a la naturaleza se enfrentan ineludiblemente a las fuerzas desbocadas del capital, grupos de talamontes locales o regionales, impulsores de megaproyectos, gigantescas empresas y consorcios”. Expone que el Estado actúa, casi siempre, de lado del empresariado bajo los “escudos” justificativos del progreso, la modernización y el desarrollo.
Los conca’ac son otro de los grupos indígenas que se han puesto en resistencia ante la planeación de meproyectos en su territorio. Las amenazas: una desaladora, turbinas generadoras de electricidad y la minera La Peineta, que pretende explotar el oro de la zona.
Gabriela Molina, una de las voceras de la comunidad, dice que en ningún momento se les consultó sobre las concesiones mineras que hay en la zona y que hasta el momento son siete; “casi la mitad del territorio conca’ac está concesionada, una de ellas en fase de exploración, justamente en un lugar que se llama La Peineta y la minera tomó el nombre del lugar”.
El grupo actuó cuando se dio cuenta de que había maquinaria en el territorio, restituido bajo un decreto presidencia, “Justamente, La Peineta queda en medio del territorio, nuestra guardia tradicional se percató que la empresa ya había entrado y nos avisó. La explotación en este territorio ponen en riesgo la reproducción del borrego cimarrón y los ojos de agua que tenemos”.
Las denuncias llegaron a instancias gubernamentales y no hubo respuesta, fueron los mismos habitantes de la región quienes lograron detener los trabajos de esta empresa; pero saben que esa situación puede ser temporal.
“Los conca’ac siempre hemos sido excluidos como grupo étnico dentro del estado de Sonora; no llega ningún tipo de apoyo y hasta cierto punto lo consideramos bien, porque estamos defendiendo nuestra autonomía, es nuestra forma de resistencia; vivimos de la pesca; sin embargo, quieren despojarnos de todo, ahora con estos proyectos”.
El Panorama Minero del Estado de Sonora, del Servicio Geológico Mexicano, revela que el potencial geológico-minero del estado es “muy amplio y favorable, teniendo posibilidades de localizar nuevos yacimientos minerales de interés económico, ya que aún existe una gran cantidad de zonas geológicamente prospectivas, que justifican realizar trabajos de mayor detalle.
“En los últimos años se tuvo un incremento en las actividades de exploración en el estado, motivado principalmente por el alza en el precio de las cotizaciones internacionales del oro y el cobre, lo que ocasionó una reactivación en cuanto a exploración se refiere por parte de empresas extranjeras, además de las empresas tradicionales que tienen como soporte la explotación de alguna(s) mina(s)”, se lee en el documento.
María Fernanda Paz Salinas, investigadora del Centro de Regional de Investigaciones Multidisciplinaria (CRIM) de la UNAM, dice en entrevista que los conflictos socioambientales son la respuesta social ante este avasallamiento del capital, con anuencia y apoyo del Estado. “Lo que vemos a lo largo y ancho del país, desde Baja California hasta la península de Yucatán, tiene diversas expresiones y formas de manifestarse; pero tienen en común las respuestas ante megaproyectos que impactan sobre la vida, las actividades y el bienestar de las personas”, dice.
La académica, integrante del Programa de Estudios Socioambientales del CRIM, expone que la conflictividad socioambiental no es nueva, pero que se ha ido intensificando con los años. “Podemos encontrar conflictos que tienen que ver con la gestión ambiental, con la afectación de áreas naturales protegidas, en los bosques, comunidades y ejidos. Esto está muy vinculado al proceso de expansión del capital y una privatización de espacios públicos”.
La minería es una de las actividades que mayores conflictos ha generado en el país, y en el que los investigadores ponen especial énfasis. El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina tiene documentados 37 conflictos, que coloca al país como el de mayor conflictividad, por encima de países mineros como Perú y Chile.
La conflictividad que se incrementa en el país y que ha cobrado ya la vida de más de una decena de activistas y ha amenazado a varios más, está vinculando la defensoría de los territorios.
Se trata de la “Campaña en defensa de la madre tierra y el territorio”, que acompañan 215 comunidades y pueblos de 17 estados del país, acompañados de 43 académicos, músicos, actores, actrices y religiosos.
Los conflictos que enfrentan las comunidades suscritas a la Campaña son 97 y se tipifican en proyectos de generación de energía, 34 por ciento; minería, 32 por ciento; privatización del agua, 15 por ciento; infraestructura transporte, 12 por ciento; urbanización, 11 por ciento; extracción de agua, 7 por ciento; desarrollos turísticos, 7 por ciento; contaminación ambiental, 6 por ciento; explotación forestal, 4 por ciento; no regularización de tierras, 4 por ciento; gestión del agua, 4 por ciento, y de soya transgénica, 1 por ciento.
Entre los conflictos se encuentran algunos ya conocidos, como el de San Salvador Atenco, frente al proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México; el Río Papagayo, en Guerrero, por la extracción de grava, y con la posible reactivación de órdenes de aprehensión contra voceros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota.
También en Tecámac y Coyotepec, Estado de México, con las amenazas a integrantes del Sistema Autónomo de Agua Potable. Los barrios de Santo Domingo y los pueblos La Candelaria y Los Reyes, en Ciudad de México, que defienden el venero afectado por una empresa inmobiliaria.
Lo ocurrido en Xochicuautla, Estado de México, con acciones de despojo y demolición de casas e infraestructura para la construcción de la autopista Naucalpan-Toluca. En Amilcingo, Morelos, con el hostigamiento judicial a Eleazar Zamora y Samir Flores, defensores del territorio.
En el Río San Pedro con el intento de imposición del proyecto hidroeléctrico “Las Cruces”, por medio de una supuesta consulta al Pueblo Náyeri y en la comunidad Maya de Chablekal, Yucatán, donde se desalojó a una familia y se detuvo 4 personas.
Carlos Fazio, docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, retoma el término acuñado por el politólogo Achille Mbembe de necorpolítica, “que exhibe la lógica de la política capitalista de nuestros días como ‘administración y trabajo de muerte’… Según poblaciones enteras, cuerpos y enemigos son ubicados especialmente en neocolonias, cuya administración se da bajo una lógica de guerra que legitima la expropiación del territorio y la distribución y explotación de sus habitantes, en un mundo que se acaba con el límite de la muerte.
Érika Ramírez
Contralínea 493 / del 20 al 25 de Junio 2016
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