Falsos positivos en la Sierra de Guerrero

José Antonio Rivera Rosales

El Tule, Tecpan de Galeana, Guerrero. Tropas del 19 Batallón de Infantería dieron muerte, en ejecución sumaria, a seis jóvenes de esta región de la Costa Grande de Guerrero, a quienes después presentaron como sicarios caídos en un combate armado. La afirmación consta en múltiples declaraciones de testigos recogidas por la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del estado de Guerrero y por el reportero en la región de la Sierra.

El domingo 2 de septiembre un boletín de la Procuraduría General de Justicia de Guerrero informaba que durante un recorrido de reconocimiento por la Sierra de Tecpan de Galeana, personal del Ejército Mexicano fue emboscado por civiles que abrieron fuego de fusiles. Según la versión oficial, los militares repelieron la agresión causando la muerte de los agresores.

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En el comunicado, la dependencia dice haber sido informada del enfrentamiento al filo de las 18:00 horas, pero que las actuaciones legales se llevaron a cabo cerca de las 23:00 horas, “debido a las condiciones climáticas y difíciles de la región”. De esta manera, la Procuraduría local dio por buena la versión del supuesto enfrentamiento en el que fallecieron los seis civiles cerca de la comunidad de La Palma, “hechos por los que se inició la averiguación previa GALE/SC/04/431/2012”, según el acostumbrado léxico oficial.

Sin embargo es muy distinta la versión tanto de los agraviados como de la generalidad de los habitantes de esta región, para quienes este asesinato múltiple sólo fue el colmo de una serie de atrocidades cometidas por personal militar contra la población civil, por lo menos desde principios de año, cuando se recrudeció el hostigamiento de las unidades militares destacadas particularmente en el área de San Luis de la Loma y San Luis San Pedro, poblados situados sobre la carretera Acapulco-Zihuatanejo, a los que las tropas tratan como enemigos.

Juan Alarcón, presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero, no adelanta juicios: “Vamos a investigar”, dice; pero reconoce que en la zona han recogido más de 60 quejas por agravios de los miliares cometidos contra la población.

El caso, que ya analiza la Comisión, se produjo en un confuso incidente ocurrido el 1 de septiembre en las faldas del Filo Mayor. Ese sábado, un grupo de habitantes de esta pequeña localidad –donde reside una treintena de familias– se congregó para festejar el cumpleaños de Jorge Granados Ávila. La fiesta terminó en tragedia cuando un par de vehículos militares arribaron al lugar, aproximadamente a las 14:00 horas, y se llevaron detenidos a seis miembros de esa familia, incluyendo al festejado.

Aquel día los jóvenes no sólo festejaban el cumpleaños de Jorge Granados, quien cumplía apenas 17 años de edad; también despedían a su primo Heber Daniel Granados García, de 17 años, quien unos días después partiría a Querétaro, donde estudiaba la preparatoria.

En la reunión estaban presentes, además, Bulmaro Granados Sánchez, recién cumplidos los 17 años un par de días antes, el 28 de agosto; así como Joaquín Granados Vargas, de 37 años, quien era parapléjico. Otros miembros del círculo de amigos eran José Olea López, también de 17 años, y José Carlos Atrixco Isidra, de 23 años de edad.

En su derredor se agruparon cerca de una veintena de vecinos y amigos que expresamente acudieron a esta comunidad, donde está situada la casa paterna, para conmemorar tanto los cumpleaños como la inminente separación del grupo, por la partida de cada uno de ellos a sus comunidades ante la aproximación del nuevo ciclo escolar.

Como se acostumbra en las regiones rurales de Guerrero, las fiestas son citadas a partir del mediodía y se desahogan en el transcurso de la tarde. Jamás se imaginaron que el festejo sería interrumpido de tan abrupta manera.

Los militares, todos encapuchados según los testigos, llevaban consigo a tres personas también vestidas como soldados e igualmente tapadas de la cara, pero que en lugar de botas calzaban huaraches. Eran dos hombres y una mujer que iban señalando a cada uno de los presentes en la fiesta familiar.

Con un llanto que apenas puede contener, Antonia Ayvar Ureña, abuela del joven festejado, explica que los militares irrumpieron violentamente y que iban a bordo de “dos comandos” (vehículos militares), precedidos por los civiles que los guiaban. Estos últimos, indica, fueron seleccionando de entre los presentes a quiénes se llevarían.

—Se los levantaron a las dos de la tarde. Llegaron preguntando nombres: “Tú, cómo te llamas; cómo te llamas”, y los agarraron a todos y los echaron al comando que traían ellos. Se los llevaron a las dos de tarde. Como a eso de las tres escuchamos unos disparos, muy lejos, pero nunca nos imaginamos que los habían matado. Nunca supimos nada, pensamos que los llevaban detenidos.

—¿Ellos no opusieron resistencia ni nada?

—No, ellos no. Eran como las dos de la mañana cuando pasó una persona en una bestia y fue el que nos dio parte. Llegaron esos médicos forenses y les dijeron: “Venimos a levantar seis cadáveres que nos dijeron que están por aquí”. Entonces nos movilizamos porque los cuerpos se los llevaron a Tecpan.

—¿Eso fue el día primero?

—Sí, el 1 de septiembre.

—¿Celebraban el cumpleaños de quién?

—De mi criatura, de Jorgito Granados. Se lo estábamos adelantando porque él se iba a regresar a clases. De ahí se los llevaron y los torturaron de la manera más vil del mundo. Yo lo que quiero es que se haga justicia. Vamos a luchar hasta lo último porque se le haga justicia a mi criatura. Hago responsable a este gobierno si algo me pasa a mí o a cualquier persona que declare. Los hacemos responsables y queremos justicia. Quiero que les apliquen todo el rigor de la ley por lo que hicieron.

—Aparte de usted, ¿había otras personas ahí cuando se llevaron a los muchachos?

—Sí, porque era un convivio y apenas comenzaba a llegar la gente. Había más personas; estaba ella [Solfina Vargas, también abuela de los jóvenes] y más o menos como 20 personas más.

—¿Todos fueron testigos de que se los llevaron vivos?

—Se los llevaron vivos. Llegaron preguntando: “Tú, cómo te llamas; cómo te llamas; cómo te llamas”. Se llevaron a todos los que se apellidaban Granados.

Solfina Vargas Caro, madre y abuela de los jóvenes Granados, coincide con el testimonio:

—Ellos estaban celebrando el cumpleaños de Jorge. Entonces ahí llegaron los soldados y los levantaron. Se los llevaron. Nosotros quedamos con pendiente de dónde se los habían llevado. Oímos disparos. Nosotros no sabíamos si eran disparos o eran cohetes. Pero ya más tarde, la abuela de uno de los muchachos habló preguntando si ya los habían bajado; entonces pasó un muchacho a caballo y vio los seis cuerpos sin vida. Fue ese muchacho el que nos avisó, ya por la noche.

—Para que quede muy claro: ¿se los llevaron de una fiesta familiar, se los llevaron desarmados, entre ellos un muchacho inválido, y los ejecutaron?

—Sí, así pasó. Se los llevaron de una fiesta y los ejecutaron. Los levantaron de mi casa, de El Tule, y los mataron de una forma muy cruel. Eran puros jóvenes. Queremos que se haga justicia.

Desconsoladas, las ancianas Ayvar Ureña y Vargas Caro demandan a las autoridades federales que los asesinos de los jóvenes Granados sean llevados ante la justicia y castigados con todo el peso de la ley.

—¿Los cuerpos tienen señales de que hayan sido torturados?

—Sí, sí tienen señales. Uno de ellos tiene piquetes en la cara, como con un cuchillo y los dientes quebrados. Todos estaban picados y golpeados. A mi criatura [Jorge Granados, el festejado] me lo picaron, me lo torturaron, y eso no se vale.

“¡Quiero justicia, quiero justicia!”, clama a gritos la señora Solfina Vargas, matriarca de la familia Granados y dueña de la casa donde ocurrieron los hechos.

Sin rodeos, los agraviados refieren la identidad de los responsables de los asesinatos y de la brutalidad de las tropas contra los civiles: el subteniente Rogelio Rosales Pantoja, un mayor de apellido Solís, un coronel de apellido Dante, adscritos al 19 Batallón de Infantería que, a su vez, está bajo la jurisdicción de la 27 Zona Militar, comandada por el general Benito Medina Herrera.

El doctor Reynaldo Soria Juárez es –dice– un sobreviviente de esta región en la que, a lo largo de los años, muchos de sus compañeros médicos fueron asesinados o huyeron por la violencia recurrente.

Esta región de la Costa Grande de Guerrero, situada en las faldas del Filo Mayor de la Sierra Madre del Sur, es conocida históricamente por su alta incidencia en producción de amapola y mariguana. Esto ha colocado a la entidad como el primer lugar nacional en producción de estupefacientes. Esta incidencia también ha propiciado que los habitantes, con frecuencia, sean vistos por las autoridades federales como traficantes de droga.

Militante de la izquierda histórica, fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y representante local del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que lidera Andrés Manuel López Obrador, el médico Soria Juárez sostiene que los mandos del Ejército Mexicano acantonados en esta región están construyendo un escenario de guerra en cuyo contexto la población civil es vista como “el enemigo”.

—¿Cómo es eso de que el Ejército está construyendo un escenario de guerra?

—¡Ya lo construyó! Aquí lo que estamos viendo es que el Ejército ya construyó un escenario de guerra. ¿Por qué? Por las siguientes razones: el Ejército ya instaló aquí tres cuarteles en San Luis de La Loma. Está uno, tengo entendido, en una casa de un señor conocido aquí; otro, pasando el río que divide a los pueblos [San Luis de La Loma y San Luis San Pedro]; en total son cuatro bases de operaciones. Entonces nosotros estamos angustiados, tanto la población de San Luis como la población de la Sierra, estamos angustiadísimos. Nosotros vemos un peligro inminente de guerra. Hay un problema: hace varios días el Ejército mató a seis personas [los Granados]. En su declaración, el Ejército dice que eran sicarios que cayeron en enfrentamiento…

—Pero no fue enfrentamiento…

—No fue enfrentamiento. Las pruebas de rodizonato [prueba hecha para la detección de residuos por disparo de arma de fuego] que se les hicieron a los muchachos en el Servicio Médico Forense salen negativas. Ése es un antecedente de cómo empezó esta situación.

—¿Se puede decir que fue una ejecución sumaria?

—Fue una ejecución sumaria y después se van dos o tres días [el Ejército], pero regresan a instalar cuarteles. Ellos instalan los cuarteles pero además salen a provocar a la gente. Le han mentado la madre a algunas personas, les han dicho: “Qué me ves, pendejo…”.

—¿Hostigan a la población?

—Definitivamente. ¿Por qué lo están haciendo? Lo están haciendo para provocar. Y lo que nos da miedo es que al grupo que ellos agredieron venga y les responda, y de ahí se desencadene una guerra de baja intensidad.

—¿Estamos en ese ínter, de que se produzca una respuesta de la población?

—No, la población no. La población va a ser víctima. El miedo es que algún grupo con los que Ejército pelea –del crimen organizado o como quieran llamarlo– venga y les responda por lo que ellos hicieron. Entonces la población civil queda en medio. Si ellos [los militares] quieren fincar su teatro de operaciones, su teatro de guerra, que lo finquen en otro lado donde no haya gente, donde no hayan niños. Van a morir civiles inocentes como siempre ha pasado. Entonces, el movimiento de la ciudadanía no es ni en contra del Ejército ni en contra del crimen organizado, es una llamada de atención para que se vayan y eviten una mayor confrontación que involucre a inocentes en esta región.

—¿Ustedes piden la salida del Ejército?

—Pedimos la salida del Ejército en buen plan. Es más, ahorita lo que queremos es dialogar con ellos. Si es posible, que se establezca una comisión de nosotros para ir a platicar directamente con los mandos.

—¿Está consciente de que el bloqueo de las carreteras es un delito federal, a final de cuentas?

—Sí, sí sabemos. Es lo que voy a proponer con la gente, porque otra situación es que los que estemos aquí nos levanten acta y luego que nos lleven a Zihuatanejo. En Zihuatanejo a toda la gente que ha ido de aquí a declarar allá, o que se la ha llevado el Ejército, la ha matado o la ha desaparecido un grupo de allá de Zihuatanejo.

—¿Qué personas que han desaparecido o qué otros casos específicos de hostigamiento a la población ha conocido?

—El 1 de enero, el Ejército fue al poblado de Santa Lucía y se trajo a un individuo, porque parece que le encontraron afuera de su casa un arma. Se lo llevaron como a las 10 de la mañana. Lo depositaron ante la PGR [Procuraduría General de la República] como a las ocho de la noche. Al otro día, a las nueve de la mañana salió. Ya lo estaba esperando un grupo armado y lo desaparecieron.

—¿Y esto fue en Zihuatanejo?

—Sí. Otro caso de aquí, de San Luis de la Loma, es el del que vendía autopartes en un deshuesadero. Se lo llevó también el Ejército ahí mismo, a la PGR; la PGR lo remitió a la cárcel. La esposa lo visitó y lo dejó ahí mismo, vivito y coleando, en la cárcel, y al llegar aquí a San Luis de La Loma, le avisan que se había colgado, que se había suicidado.

—¿Se puede tratar de un escenario de contrainsurgencia lo que se está armando aquí?

—Aquí no hay insurgencia. Este movimiento precisamente trata de demostrar que lo único que queremos es trabajar en paz. Esto no tiene nada de insurgencia ni de política. Éstas son violaciones tras violaciones a los derechos humanos. Yo no lo veo como algo político. Lo veo exclusivamente como un problema de defensa de los derechos humanos. La violación a los derechos humanos aquí ha sido abierta y constantemente. Es una situación ya intolerable: aquí las fiestas nocturnas se acabaron, la alegría juvenil se acabó, en parte por el crimen organizado y ahora por la actitud del Ejército.

—Como lo que pasó en Acapulco, que ya casi nadie transita por las calles de noche, ya no hay fiestas, se deprimió la economía…

—Este movimiento busca restaurar la tranquilidad. Yo le digo a la gente que en un conflicto, así sea de baja intensidad, la gente común y corriente somos los que la pagamos: los negocios cerrados. En la calle principal de San Luis no hay movimiento de gente. La economía se acaba. Yo soy médico, tengo un consultorio, pero en la noche nadie circula porque tiene miedo, no hay servicio de urgencias en el hospital. Hay testimonios de personas que han parado los soldados y las detienen para investigarlas. Uno no sabe. Uno se dedica a su trabajo. Yo llevo 35 años viviendo en San Luis y me considero un sobreviviente porque todos mis amigos médicos han sido asesinados. Aquí nunca ha habido un médico que lo velen y que tomemos un café porque se murió de un infarto. O los han corrido o los han matado. Ése era un tipo de inseguridad; pero ahora está peor, porque imagínese una guerra en San Luis de La Loma. Por eso nosotros queremos dialogar con el Ejército, con sus mandos…

—¿No debiera ser con el gobernador Ángel Aguirre?

—No. En todo caso con el gobierno federal, porque esto es federal. Pero el presidente de la República es un dipsómano; él está propiciando todo esto. Toda esta situación que tenemos aquí es producto de [Felipe] Calderón, más de 70 mil muertos en el país.

—¿Este operativo de tropas está encuadrado en el Operativo Guerrero Seguro?

—No, no. El Guerrero Seguro es otro. Éste es exclusivamente el Ejército contra un grupo, y con tal de aniquilar a ese grupo no le importa arrasar con la población. Su campo de batalla, en lugar de hacerlo donde está el mal, lo quieren hacer aquí en San Luis. Y nosotros no queremos guerra. Ya estamos cansados: la economía de San Luis se ha venido abajo, la alegría ha desaparecido.

El médico refiere que el asesinato de los jóvenes Granados –entre ellos Joaquín Granados Vargas, de 37 años, parapléjico desde hace años debido a un accidente automovilístico– despertó la furia de la comunidad que, tras varias reuniones, decidió organizarse para demandar justicia.

Por ello, el 10 de septiembre casi 2 mil habitantes –hombres, mujeres y niños– bloquearon la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo a la altura del puente que divide a las dos poblaciones, San Luis San Pedro y San Luis La Loma. Esto obligó a los mandos militares a retirar parcialmente las cuatro bases de operaciones apostadas en el interior y los linderos de la comunidad.

Ingeniero de profesión, Leopoldo Soberanis Hernández es un productor frutícola con experiencia laboral de más de una década en Corea y Japón. Apreciado por los habitantes de la región, es uno de los principales líderes naturales de estos poblados asolados por la violencia. Leopoldo explica que, según denuncias de pobladores que por seguridad se mantienen en el anonimato, particularmente esta región de la Costa Grande es vista como un botín por la organización criminal Los Caballeros Templarios, que disputan la zona con otros grupos delictivos como La Familia Michoacana y, probablemente, algún otro grupo del crimen organizado, como Los Zetas.

Según esos testimonios, las tropas y mandos del Ejército destacados en la región parecen favorecer las operaciones ilícitas de Los Caballeros Templarios, pues se hacen acompañar de personas de ese grupo delictivo, como Los Tito, para asesinar a quienes no ceden a las extorsiones o a quienes consideran miembros de algún grupo contrario.

“El grave problema que afrontamos es que, como población civil productiva, nosotros quedamos en medio de esta disputa en la que intuimos que los militares pudieran tener alguna preferencia”, dice Soberanis Hernández. Esos civiles que operan intercalados con las tropas son los mismos que, en su opinión, señalaron a los jóvenes Granados para ser ejecutados.

—Hay versiones de que, cuando ocurrió el incidente, con los militares iban dos o tres civiles, entre ellos una mujer, con capucha, que iban señalando a las víctimas. ¿Esto es verídico?

—Los familiares de los fallecidos nos indican que el Ejército, los que llevaban casco y uniforme, preguntaban a los que se veían como civiles porque no tenían la corpulencia ni el porte de los militares. Todos iban encapuchados; inclusive sus unidades tenían cubierto el número de la matrícula. Entonces no podías identificarlos porque iban totalmente cubiertos. Y esas personas que se veían que eran personal ajeno al Ejército les servían para señalar a quiénes sí y a quiénes no. Ellos hacían algún tipo de seña sobre cómo seleccionar a las personas que se llevarían.

—¿Estos civiles iban encapuchados?

—Iban encapuchados y entre ellos nos mencionan la presencia de una mujer.

—¿Éstos pueden ser miembros de bandas delictivas?

—Nosotros consideramos que son miembros del crimen organizado pero que están intercalados, participando en rondines del Ejército para inculpar a terceros inocentes.

—O a enemigos…

—Sí, o a gente que son enemigos de su grupo.

—La versión es que quienes andan tratando de entrar en esta zona son Los Caballeros Templarios. ¿Eso es cierto?

—Es una realidad. De hecho apenas hace días aparecieron una serie de mantas desde los municipios de Acapulco hasta Atoyac, y en el municipio de Zihuatanejo. Los Caballeros Templarios están haciendo advertencia a los Zetas de que se abstengan de cometer muertes de personas inocentes. Entonces aquí nosotros no sabemos exactamente cómo está todo este manejo; lo que sí detectamos es que hay presencia de bandas delictivas en la zona.

—¿Algunas de esas personas tienen algún tipo de trato con mandos del Ejército?

—Nosotros intuimos que hay presencia a partir de que existe personal de estas bandas delictivas infiltradas dentro de los vehículos militares.

Soberanis Hernández explica que, tradicionalmente, los militares han cometido una serie de actos, como el hurto, cuando allanan propiedades sin orden judicial. “Ellos se meten a las casas arbitrariamente y hacen actos de pillaje. Roban desde un celular, joyas, dinero en efectivo y enseres domésticos. Han desvalijado casas con todo su menaje: estufa, refrigeradores, salas, comedores y camas. Las casas las dejan totalmente vacías en las comunidades. Han hecho eso aquí mismo dentro del pueblo San Luis”.

—¿Se sabe cuántas comunidades se han visto agraviadas por este proceder?

—Estimamos un mínimo de 12 o 16 comunidades que han tenido este problema.

—¿Cuánta es la población afectada por esta situación anómala?

—Directamente afectada tanto por los grupos delincuenciales que pululan en la zona como por el Ejército, fácil estimamos una población de 1 mil 200 o 1 mil 500 personas; pero indirectamente se han visto afectadas por la inseguridad, la violencia y los abusos de poder cerca de 30 mil que habitan la región.

En palabras de Soberanis Hernández, con auxilio de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que preside Juan Alarcón Hernández, la comunidad está en estos momentos en la fase de “documentar las atrocidades cometidas por los militares”. En un conteo inicial, suman más de 60 agravios contra civiles que van desde las intrusiones violentas en los domicilios, amenazas, agresiones físicas, pillaje, hurto, hasta la tortura y el homicidio.

Cita algunos de estos casos:

El 1 de enero de 2012, los militares incursionaron en la comunidad de Santa Lucía, de donde trajeron detenido a Arnulfo Chávez Cortés, a quien pusieron a disposición de la Procuraduría General de la República. El detenido fue liberado al día siguiente, pero un grupo que ya lo esperaba se lo llevó secuestrado y hasta la fecha nadie sabe de él.

En febrero, en Rancho Alegre del Llano, comunidad cercana a San Luis La Loma, las tropas del 19 Batallón de Infantería interceptaron a dos jóvenes, a quienes acribillaron. Uno de los jóvenes era Rubén García Barriga, de 38 años, oriundo de Zihuatanejo. Su acompañante está en calidad de desconocido. Ambos resultaron negativos a la prueba de disparo de arma de fuego.

El 5 de mayo pasado, los soldados marcaron el alto a Miguel Cebrero Soberanis, de 21 años, quien conducía un vehículo de su propiedad. Debido al miedo que se le tiene a los militares, el joven originario de San Luis emprendió la huida. En los momentos en que intentó saltar una malla perimetral fue impactado por disparos de los soldados. Su pierna quedó colgada de la malla mientras su cuerpo caía al piso. Ya tirado, los soldados le dieron el tiro de gracia por la boca.

—Raúl Magaña es el hombre que, en mayo, fue detenido y encarcelado en el penal de Zihuatanejo, pero quien “convenientemente” se suicidó dentro de la cárcel luego de recibir la visita de su esposa.

También en mayo, los productores de mango Heriberto Magaña Aguilar, de 45 años de edad, y su empleado Francisco Javier García Ojendis, de 18, fueron detenidos y torturados por los militares, quienes al día siguiente tuvieron que soltarlos al no comprobarles ningún delito.

La peor parte de toda esta cauda de hostigamiento, represión y asesinatos se la han llevado las comunidades rurales de la parte alta de la Sierra. A decir de comisarios, que pidieron reservar sus identidades, la gente ha sido expulsada de la región por una banda armada a la que no atinan a identificar.

Según la denuncia, desde principios de año a la fecha esas comunidades se han visto asoladas por ese grupo de desconocidos armados que han expulsado a más de un centenar de familias de las faldas del Filo Mayor, donde los sicarios han asesinado a no menos de una decena de personas. Esas comunidades son Huamilito, La Palapa, Cuaulotal, El Banco, Ojo de Agua, La Maroma, La Caparrosa, La Sombra y El Pantano.

Lo paradójico del caso es que al pedir el auxilio de la tropa, los habitantes observaron con desencanto que en lugar de enfrentar a la banda armada, los militares acudieron con vehículos de transporte para llevarse el menaje de las casas: camas, estufas, salas, comedores y hasta enseres de cocina.

En lugar de ayudar, el Ejército saqueó las casas abandonadas, sostiene uno de los comisarios de esa región, una zona frutícola y ganadera de las más ricas en la Costa Grande. Hasta el momento la situación en esa zona de la sierra de Tecpan se mantiene sin cambio alguno.

En el caso del multihomicidio de los Granados, lo que jamás imaginaron los militares es que, sin que se percataran, una persona atestiguó directamente los hechos.

Felipe, a quien se le guarda la identidad por las previsibles represalias que podría sufrir, es un civil que acostumbra trabajar en ranchos ganaderos de la Costa Grande por temporadas. Ese día, cuando buscaba un animal extraviado, escuchó gritos desgarradores y detonaciones de armas de fuego. Asustado, desde lo alto de una ladera se asomó y, en el fondo de una hondonada, observó cómo un grupo nutrido de militares mantenían sometidos a los seis muchachos. Las víctimas eran interrogadas y constantemente golpeadas en el cuerpo con un palo, además de recibir más golpes en el rostro con el cañón de los fusiles de cargo G-3.

Con quien más se ensañaron, asegura Felipe, es precisamente con el joven parapléjico, a quien martirizaron de diferentes formas. Después de interrogarlos, los uniformados les dispararon a corta distancia. Los cuerpos quedaron tirados en un espacio lineal de unos 10 o 12 metros.

Situado a unos 100 metros de distancia, sobre lo alto de la ladera, el testigo se aterrorizó y pensó que si lo veían, también a él lo matarían, razón por la que huyó desaforadamente por el lado contrario del cerro.

Según su testimonio, el cual ofrecerá ante el Ministerio Público que desahoga el procedimiento penal correspondiente por la comisión de homicidio, no hubo tal enfrentamiento. Se trató de una ejecución simple y llanamente.

Con 30 años de ejercicio profesional, experto en escena del crimen, el médico forense Carlos González Ríos ofrece sus impresiones sobre el caso después de visitar el escenario del crimen y observar las fotografías del levantamiento cadavérico, que obran en la averiguación previa GALE/SC/04/431/2012.

—Con base en lo que usted observó de las fotografías del levantamiento cadavérico de este caso y también lo que observó en el lugar de los hechos, ¿qué es lo que se puede concluir?

—Evidentemente hay cosas que no encajan. El sitio que revisé no es un sitio que se preste para una confrontación armada entre dos grupos. Es un sitio relativamente muy pequeño, es un lugar de no más de 30 metros cuadrados. Para una confrontación armada no es apropiado. Una confrontación armada, sobre todo cuando se utilizan armas de grueso calibre, habitualmente se produce en distancias mucho más amplias.

Luego, el especialista anota las incongruencias observadas a primera vista sobre la escena del crimen:

—La primera incongruencia es que el sitio donde aparecen los cadáveres no es propicio para una confrontación de dos grupos armados. La segunda incongruencia es que los cadáveres, de acuerdo con las fotos que se ven en el expediente, son cuerpos que se encuentran muy cerca uno del otro, como si hubieran estado formados. Estaban en hilera, no en posición de combate, lo que desdice la versión de una supuesta confrontación. Otra incongruencia es la posición en la que quedaron los cadáveres de acuerdo con las fotografías. El rígor mortis no es congruente con una persona que fallece disparando un arma. Más bien tienen posiciones como si hubieran estado maniatados, sometidos.

La cuarta incongruencia, indica el médico, que tampoco es coherente con una confrontación armada, es la posición en la que aparecen las armas. “Por ejemplo, uno de los cadáveres tiene la pistola en el muslo, sobre su pierna. Si una persona recibe un impacto de bala de un calibre 7.62, que es de alto impacto, lo más probable es que la pistola la aviente o caiga a los lados. Sin embargo, esta pistola está en el muslo, lo cual en términos de criminalística no es posible”.

Añade: “La quinta que yo veo es que el sitio de la confrontación no es un sitio como para que los soldados hayan hecho un recorrido. Más bien considero que se salieron de la ruta de vigilancia por la que transitaban. Es un lugar muy inaccesible. Da la impresión como si buscaran un sitio muy escondido para someter a una persona o torturarla. No es un sitio para una confrontación, es un espacio muy pequeño para ello. Por todo esto –abunda el galeno– concluyo que no hubo una confrontación armada. Por tanto, los militares incurrieron en una conducta que deberá ser esclarecida en los tribunales. Hace falta mucho estudio pericial ahí, tomando en cuenta que el levantamiento cadavérico por parte del personal de la Procuraduría General de Justicia de Guerrero fue por la noche. Para un lugar de tanta vegetación, pues lógicamente considero que la autoridad no levantó ningún indicio que permita evidenciar cómo sucedieron los hechos.

Con rabia contenida, Azael Granados Soberanis, miembro de la familia agraviada,  concluye: “Lo que hizo este gobierno con los Granados es una injusticia, porque ningún artículo de la ley dice que las personas deban ser ejecutadas cuando están sometidas. Ellos no querían enfrentarse al gobierno, el gobierno fue a buscarlos hasta su casa. Uno de los caídos era inválido, dos de los caídos eran sus pies de él [lo transportaban], y los otros tres eran para sus mandados, pero no para pelear contra el gobierno. Eran para su defensa de él nada más, pero no para pelear contra el gobierno. ¿Por qué? Porque estamos peleando contra una gente que está atacando esta zona injustamente. ¿Sabe quiénes son esos? Son Los Caballeros Templarios los que están haciendo todo ese daño, apoyándose en este gobierno que tenemos aquí. Y lo digo de corazón y no me importa”.

Contralínea solicitó entrevista con la Secretaría de la Defensa Nacional para conocer su versión y posición ante los hechos. Hasta el cierre de edición no se obtuvo respuesta.

Fuente: Contralínea 305 / Octubre de 2012