El tránsito por México de personas indocumentadas –provenientes de Centroamérica con destino a Estados Unidos– es considerado por el gobierno federal como la quinta de 10 amenazas a la seguridad nacional, y no como una crisis humanitaria, descubre la Agenda Nacional de Riesgos 2015.
Dos temas preocupan sobre manera a los órganos de inteligencia civiles y militares: los flujos migratorios descontrolados y la porosidad en la frontera Sur. Respecto de esta última, alertan que “las estructuras de seguridad son institucionalmente frágiles y presentan poca o nula capacitación, así como altos niveles de corrupción que han permitido la infiltración de la delincuencia organizada”.
Para enfrentar la fragilidad institucional, en 2014 el gobierno federal instauró su Programa Frontera Sur, que criminaliza a los migrantes sin documentos por medio de operativos y redadas en extremo violentos.
“Parte del problema de la política migratoria tiene que ver con esa visión de seguridad nacional, porque la seguridad nacional tiene otros intereses que no son las personas ni los derechos humanos. En 2014, cuando empezó el Programa Frontera Sur, dijimos que era una política de lobo con piel de oveja. Ahora decimos que es una política de lobo con piel de lobo porque los operativos y las agresiones contra migrantes son cada vez más descarados y brutales”, señala en entrevista con Contralínea Arturo González González, coordinador del Servicio Jesuita para Migrantes México.
Como consecuencia de ese programa, y de las agresiones que ejercen diversos grupos del crimen organizado (secuestros, desapariciones, ejecuciones, extorsión, violaciones sexuales, trata sexual y laboral), los migrantes indocumentados han modificado sus rutas.
Ello ha derivado en la segunda “amenaza” a la seguridad nacional: los flujos migratorios descontrolados, es decir aquellos que las autoridades federales no pueden contener, por desconocer sus recorridos o porque éstos son de difícil acceso.
El interés de la política migratoria mexicana está en detener esos flujos para que la gente se quede en sus países, observa la doctora Sonja Wolf, especialista en el estudio de la migración centroamericana. En entrevista, explica que “se puede suponer que la preocupación de México y de Estados Unidos es que si se facilita esta huida de los centroamericanos más personas van a emprender este viaje. Pero como la situación [de violencia en sus países] no está cambiando, la gente no puede quedarse ahí; entonces van a seguir tratando de llegar a Estados Unidos”.
La investigadora en el Programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas señala que para analizar la política migratoria mexicana “hay que ver el grupo de migrantes del que estamos hablando, porque no es la misma para todos: hay una política para quienes están de manera legal en México y otra hacia los indocumentados de Centroamérica. En este último caso, la estrategia ha sido la detección, detención y deportación a su país de origen”.
Por ello, poco a poco, los migrantes indocumentados han ido abandonando las ocho “rutas tradicionales” –tres de las cuales estaban marcadas por igual número de trayectos de la Bestia, como se le conoce al tren–, pues éstas se encuentran extremadamente vigiladas. Ahora se internan en zonas agrestes hasta formar nuevas brechas que les permitan acceder al llamado sueño americano. Se trata de, al menos, 13 vías que transitan con frecuencia.
“La mayoría de los migrantes se desplazan por rutas y zonas aisladas en su intento por no ser detectados por las autoridades. Estas rutas incluyen principalmente el Istmo de Tehuantepec [Oaxaca] y el corredor migratorio Tabasco-Veracruz-Tamaulipas”, observa el informe Situación de derechos humanos en México 2016, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Aunque el objetivo de las personas sin documentos es evadir los dos tipos de violencia (la del crimen organizado y la de los propios operativos del Instituto Nacional de Migración, INM, con asistencia de la Policía Federal), su paso por México es cada vez más largo y crítico.
No obstante, en la Agenda Nacional de Riesgos 2016 este tema se vuelve a considerar entre las prioridades del gobierno como “amenaza” a la seguridad nacional. De acuerdo con el Cuarto informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, el tópico “flujos migratorios irregulares” se encuentra entre los 10 “factores que pueden vulnerar el pleno desarrollo de la nación o que busquen atentar contra los objetivos e intereses nacionales”.
Hasta ahora, la estrategia gubernamental para detener el flujo migratorio ha fracasado, señala el coordinador del Servicio Jesuita para Migrantes México, Arturo González. “Lo único que han hecho es que la frontera entre México y Guatemala se haya convertido en la frontera externa de Estados Unidos”.
Informaciones recabadas por defensores de derechos humanos y organismos de la sociedad civil, consultados por Contralínea, indican que –una vez que arriban al centro del país– los migrantes recurren a 13 rutas alternas a las ocho que son consideradas como “tradicionales”.
A ello se añade el hecho de que, en ocasiones, quienes transitan en forma individual o en familia prueban viajar por caminos inhóspitos que ellos mismos idean, para evitar cruzarse con otros migrantes y, al igual que el resto, con los operativos anti-migratorios y los criminales.
Los 13 nuevos corredores identificados hasta ahora son: Topolabampo-Chihuahua-Ojinaga; Topolabampo-Chihuahua-Ciudad Juárez; Manzanillo-Gómez Palacios-Monterrey; Lázaro Cárdenas-Querétaro-San Luis Potosí-Monterrey-Nuevo Laredo; Mazatlán-Durango-Torreón-Monclova-Sabinas-Allende-Ciudad Acuña; Mazatlán-Durango-Torreón-Monclova-Sabinas-Piedras Negras; Tapachula-Salina Cruz-Puerto Escondido-Acapulco-Lázaro Cárdenas-Manzanillo; Tapachula-Salina Cruz-Puerto Escondido-Acapulco-Ciudad de México; Mérida-Coatzacoalcos-Veracruz-Estado de México; Mérida-Coatzacoalcos-Veracruz; Manzanillo-Gómez Palacios-Ciudad Juárez.
—¿Esta política que ha seguido México en contra de la migración indocumentada ha sellado las fronteras? –se le pregunta a Sonja Wolf.
—No. Se habla mucho del cierre de fronteras pero las fronteras nunca se han sellado. Hay investigadores del Colegio de la Frontera Norte que indican que algunas partes de la frontera Norte de México sí están selladas, sobre todo en California; en Texas también: ahí difícilmente se pasa. Pero justamente por ese cierre parcial, la migración indocumentada ha buscado otras rutas. Por eso muchos migrantes centroamericanos han tenido que pasar por Tamaulipas, que es una zona muy peligrosa.
“En el caso de la frontera Sur, pues no se ha sellado. México dice que es difícil, que no tiene suficiente personal para las fronteras. Aquí la pregunta es si eso tiene que ver con el número de agentes o si hay interés real de cerrar la frontera.”
Consideradas altamente confidenciales, las Agendas para 2013, 2014 y 2015 –a las que Contralínea tuvo acceso– ponen especial atención en la vulnerabilidad de la frontera Sur.
Ésta “presenta un panorama complicado atribuido a sus características geográficas, las limitaciones para su desarrollo y la asistemática atención gubernamental”, admiten los documentos.
Agregan que esta situación se agrava por las condiciones de Centroamérica, “región que atraviesa por una situación crítica y de vulnerabilidad que compromete la viabilidad de esos Estados, debido a sus limitadas capacidades institucionales, la acción de la delincuencia organizada, el aumento de la pobreza, la desigualdad y la exclusión social, así como de la corrupción”.
Según el diagnóstico general que brindan las Agendas, en los lindes con Guatemala y Belice existen ocho o más cruces vehiculares informales por cada uno de los nueve cruces formales, y más de 350 pasos peatonales ilegales.
Además, los documentos elaborados por el Cisen, en coordinación con los demás órganos de inteligencia civil y militar, indican que en esa frontera se tiene debilidad institucional no sólo por la corrupción y la infiltración del crimen organizado, sino porque en la zona “sólo operan dos aduanas y siete puntos de control aduanero”.
Otra debilidad de la frontera Sur, según las Agendas para 2013, 2014 y 2015, es el hecho de que “Guatemala y Belice cuentan con un despliegue limitado de fuerzas de seguridad en la franja fronteriza.
Las instancias de seguridad en ambos países presentan alta debilidad institucional”.
Como respuesta a este análisis, del 8 de julio de 2014 a marzo de 2016, por medio del Programa Frontera Sur, se pusieron en operación tres centros de Atención Integral al Tránsito Fronterizo en los municipios de Huixtla, Trinitaria y Catazajá, Chiapas, y se gestionó el funcionamiento de otros dos en Palenque, también chiapaneco, y Frontera, Tabasco.
También se promovió la creación de tres Fiscalías Especializadas para la Atención a los Delitos Cometidos en contra de Migrantes en Tabasco, Campeche y Quintana Roo, y se gestionó el “redireccionamiento” de programas sociales federales hacia los 23 municipios de la franja fronteriza Sur.
Desde la elaboración de la Agenda 2013 –la primera que desarrollaron los órganos de inteligencia en el actual sexenio– ya se enunciaban “aciertos” del gobierno federal para contener la “amenaza”. Al respecto, indica que se fortaleció “la presencia federal en el marco de la operación Frontera Sur: Secretaría de la Defensa Nacional, cerca de 8 mil 800 efectivos; Secretaría de Marina, 2 mil 510 efectivos; la Policía Federal, 183 elementos; y 53 de las fuerzas federales. El Instituto Nacional de Migración tiene siete puntos de control migratorios; dos puntos fijos de revisión y tres móviles. Coordinados [sic]”.
Para el doctor en ciencias políticas y sociales Carlos Antonio Flores Pérez, “el gobierno mexicano ha cedido a la presión de Estados Unidos para aplicar las políticas de control migratorio en función de los intereses no de los mexicanos sino de la potencia hegemónica, de tal suerte que al llevar a cabo este tipo de medidas se ha criminalizado la migración”.
El investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social apunta que esta criminalización ha orillado a los migrantes a que “cada vez dependan más de organizaciones delictivas, de delincuencia organizada, cuando no necesariamente ocurría así, y en unas condiciones en las cuales es clara la necesidad económica [en Estados Unidos] de la mano de obra barata y sin protección social que representan los migrantes centroamericanos y mexicanos. El punto es que al mismo tiempo en esta lógica de frenar el flujo de personas pero de mantener el flujo de bienes y servicios altamente demandados, aunque sean ilegales, se generan condiciones de inestabilidad. Además, representa una apertura a elementos de violación a los derechos humanos muy significativa”.
Agrega que las fronteras se cierran para las personas pero no para los bienes. “Ése es el principio paradójico de los esquemas del neoliberalismo. Cierras las fronteras para las personas pero las abres para los bienes, aún si éstos no son legales. Para todo efecto práctico las abren”.
En materia de los derechos humanos de las personas en tránsito, las Agendas Nacionales de Riesgos consultadas revelan que una de las preocupaciones de este gobierno no es el respeto por los mismos ni acabar con la impunidad que impera en casos de violaciones, sino “limpiar” la imagen internacional: “Abundantes casos de violaciones a los derechos de los migrantes centroamericanos motivan presiones internacionales a México”.
Esos casos han aumentado desde la puesta en operación del Programa Frontera Sur. Éste tuvo su origen en las políticas que instruyó Estados Unidos para la seguridad regional, señala Arturo González. Agrega que el programa tenía tres objetivos: el ordenamiento del flujo migratorio (“que no fue un ordenamiento porque lo único que se hizo fue lanzar los operativos y detenciones de migrantes”), defender a los migrantes de las bandas del crimen organizado y proteger sus derechos humanos (“pero estos dos últimos nunca han operado”).
Un indicador de lo anterior es el número de migrantes detenidos y deportados. Al respecto, la Agenda 2013 destaca las estadísticas de extranjeros retenidos en las estaciones migratorias de la frontera Sur entre enero y marzo de ese año: en Chiapas, 10 mil 275; en Tabasco, 1 mil 551; en Campeche, 193; y en Quintana Roo, 73.
Pero las detenciones y deportaciones se han incrementado. Según el informe Un camino de impunidad: miles de migrantes en tránsito enfrentan abusos y medidas severas en México, publicado por la organización Washington Office on Latin America (WOLA) en agosto pasado, en el primer año del actual gobierno se registraron 86 mil 298 detenciones en total, de las cuales 80 mil 757 correspondieron a centroamericanos; en ese mismo año, 80 mil 902 personas fueron deportadas, de las cuales 78 mil 733 fueron centroamericanos.
Para el WOLA, “México ha sido capaz de contener los flujos migratorios en su frontera Sur sólo mediante el aumento de operativos de control migratorio, incluyendo el aumento de patrullajes a lo largo de la ruta del tren y zonas donde viajan los migrantes, polémicas redadas en lugares remotos y el incremento de puestos de revisión móviles y fijos, lo que ha resultado en un incremento abrupto en la detención de migrantes”.
La organización civil señala que “el Programa Frontera Sur de México ha aumentado las violaciones de derechos humanos y delitos contra migrantes en el contexto de operativos de control migratorio. Los refugios de migrantes siguen documentando secuestros, extorsiones, robos y otros abusos en todo el país; muchos de ellos a manos de funcionarios corruptos”.
En sus apartados “Violencia e inseguridad”, las Agendas Nacionales de Riesgos consultadas indican
que el flujo migratorio indocumentado (guatemaltecos, salvadoreños y hondureños, en mayor medida) fortalece a las organizaciones de tráfico y trata de personas y contrabando de mercancías, lo que impacta en las economías formales.
Para la doctora Sonja Wolf, “hay una evolución en el actuar del crimen organizado hacia los migrantes. En un inicio, y todavía puede haber actos de violencia y obviamente hay crímenes cometidos hacia los migrantes indocumentados, pero realmente lo que el crimen organizado ha logrado hacer es un negocio alrededor de la migración indocumentada”.
La investigadora explica que “los grupos del crimen organizado se dieron cuenta que sí podían obtener ciertas ganancias de los migrantes indocumentados: aunque son personas de escasos recursos, si está dentro de sus medios siempre van a buscar dinero: vendiendo por ejemplo su casa o buscando algún préstamo en su país o con familiares que ya están en Estados Unidos. Y si logran obtener los recursos para pagar el viaje, lo hacen. A través de los coyotes, que son sólo un eslabón dentro de esta cadena de personas y de grupos que lucran con los migrantes, que pagan por el viaje por México y que de esta manera llegan a Estados Unidos. Es costoso pero para los que logran obtener los recursos es una manera ‘segura’ de llegar a Estados Unidos. Muchas personas reciben algún pago: no sólo los coyotes, sino el crimen organizado que controla los territorios por donde transitan los migrantes y también agentes del Estado, sean de migración o de la Policía, que reciben sobornos para dejarlos pasar”.
De acuerdo con las Agendas elaboradas por el Cisen, las ganancias generadas por el tráfico ilegal de personas, drogas, armas y combustibles incentivan la proliferación de organizaciones delictivas locales y su asociación con las internacionales.
Como ejemplo, indican que en Guatemala existen alrededor de 12 mil pandilleros, de los cuales 4 mil se han establecido en la frontera con México: esto representa una fuente de reclutamiento para la delincuencia organizada. Además cita a las organizaciones criminales asentadas en la franja fronteriza del lado guatemalteco: los locales Chamalé, Leones y Lorenzana, y los mexicanos Zetas, Pacífico y Golfo.
Arturo González, coordinador del Servicio Jesuita para Migrantes, observa que el crimen organizado es uno de los principales peligros que enfrentan los migrantes en México. Los delitos que más se han repetido entre 2014 y lo que va de 2016 son el robo, la extorsión, las lesiones, el secuestro, señala.
Los órganos de inteligencia mexicanos han priorizado las vulnerabilidades que enfrenta la seguridad nacional por el tema migratorio. Por el nivel de riesgo, tres destacan como más graves, con nivel 4. La primera de ellas es la debilidad institucional, la corrupción y escasez de recursos de los gobiernos locales de la zona limítrofe México-Centroamérica.
Le sigue la violencia generada por el reacomodo de organizaciones delincuenciales en Guatemala y Belice, que trasciende al territorio nacional mexicano.
La tercera con nivel 4 es la transformación del Triángulo del Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador) de una zona de tráfico de drogas a una de procesamiento de cocaína y drogas de diseño, que incide en el comercio ilegal de droga en México.
Le siguen con un nivel 3, riesgo “medio”: la nula capacidad de contención de nacionales de interés especial para México, derivado de la política de fronteras abiertas en Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, así como la incapacidad de las autoridades con jurisdicción en la zona para disuadir la instalación de retenes ilegales operados por organizaciones criminales, dedicados a cobrar por el paso de vehículos y mercancías.
Y en nivel 2, “bajo”: la pérdida de la cohesión social de la población mexicana asentada en la zona motivada por el debilitamiento de su identidad nacional.
La doctora Wolf observa que los flujos de centroamericanos aumentan en ciertos momentos, como el actual: esto “tiene que ver con el cambio de la situación doméstica en Centroamérica, sobre todo en los países del Triángulo del Norte. Durante muchos años los migrantes centroamericanos que pasaron por México lo hicieron para buscar otras oportunidades económicas, ése era uno de los motivos fundamentales para irse a Estados Unidos. Pero a lo largo de los años la situación de seguridad ha empeorado mucho en el Triángulo del Norte y esto ha motivado a muchas personas, hombres, mujeres, adolescentes, a abandonar sus países e irse a Estados Unidos”.
Las Agendas identifican cinco escenarios de riesgo vinculados al flujo irregular de migrantes. El primero de ellos es el incremento y sofisticación de la actividad de organizaciones delictivas trasnacionales que operan desde Centroamérica.
El segundo, la utilización de la estructuras y redes sociales de las pandillas (maras) por parte de organizaciones delictivas transnacionales. Le siguen el crecimiento de la frecuencia y gravedad en la violación de los derechos humanos de los migrantes indocumentados; el aprovechamiento de la debilidad institucional en la frontera Sur de México para la internación y tránsito de terroristas y/o de sustancias de uso dual para atentar contra intereses de Estados Unidos; y la expansión de los niveles de violencia en Guatemala y Belice a municipios de la frontera Sur de México.
Para la doctora Sonja Wolf, se necesita un cambio en la práctica, no tanto en las leyes. “Una parte que se ha criticado mucho es la detención de los migrantes indocumentados. Parece que algunos avances se están dando en el caso de los niños y niñas migrantes, pero siempre lo que se prevé es la detención en las instalaciones del DIF [Sistema de Desarrollo Integral de la Familia]. Ése es uno de los problemas que queda. Y los otros cambios en la legislación deberían abordar la colaboración entre los agentes migratorios y la policía y también el enfoque de la seguridad nacional. Pero realmente lo que se necesita más es cambios en la práctica, en la manera en que opera el Instituto Nacional de Migración”.
En entrevista con el diario El Universal (22 de mayo de 2016), el comisionado del INM, Ardelio Vargas Fosado, aseguró no tener el parámetro para decir si la migración indocumentada que pasa por México es “urgencia o emergencia, lo que sí puedo decir es que es mucha gente la que sale de su país y tiene que atenderse esta problemática”.
Para la elaboración de este trabajo, Contralínea solicitó entrevista con el comisionado Vargas, a través de la coordinadora general de Comunicación Social, Sofía Aurora Vega Gutiérrez. No obstante, ésta indicó en varias ocasiones que Vargas Fosado “nunca da entrevistas” por ser representante de una institución de seguridad nacional.
Conflictos fronterizos
En la Agenda Nacional de Riesgos 2013 se destacan los conflictos fronterizos –“problemática intercomunitaria”– como indicadores potenciales de atención. El documento confidencial refiere como un peligro la desatención a la problemática existente entre pobladores del ejido Tziscao, municipio de La Trinitaria, Chiapas, y habitantes de la aldea El Quetzal, municipio de Nentón, departamento de Huehuetenango, en Guatemala, motivada por la construcción y uso de un camino que comunica a ambas localidades.
También, un potencial diferendo territorial entre México y Guatemala: el municipio guatemalteco Las Cruces, creado recientemente en el departamento de Petén, invade 800 metros cuadrados de territorio mexicano, señala.
Oficialmente, gobierno desconoce los flujos migratorios descontrolados
Por medio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, Contralínea solicitó a las autoridades responsables de atender la supuesta “amenaza” a la seguridad nacional conocer cuáles son los flujos migratorios descontrolados.
Las secretarías de la Defensa Nacional, Marina y Gobernación, así como el Instituto Nacional de Migración y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública respondieron carecer de esa información (solicitudes 0000700104216, 0001300044116, 0000400168016, 0411100041716, 2210300028816), mientras que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (solicitud 0410000016416) se declaró incompetente.
Nancy Flores/X
[BLOQUE: INVESTIGACIÓN][SECCIÓN: PORTADA/SEGURIDAD]
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Contralínea 509 / del 10 al 15 de Octubre 2016
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