Inhabilitan y multan a cuatro altos directivos del “brazo comercial” de Petróleos Mexicanos, PMI Comercio Internacional; entre éstos, a la directora general María del Rocío Cárdenas. Los funcionarios habrían vendido gasolina con descuentos indebidos a las trasnacionales Trafigura y Gunvor, señala la Secretaría de la Función Pública. El perjuicio al erario ascendería a 24.3 millones de dólares. Al final del sexenio, la paraestatal habrá destinado más de 1 billón 500 mil millones de pesos a la importación del energético; mientras, los mexicanos se enfrentan al décimo gasolinazo del año
Una presunta defraudación por 24 millones 330 mil 221 dólares, unos 340 millones de pesos, en perjuicio de las finanzas de PMI Comercio Internacional descubre un negocio que sólo beneficia a los extranjeros: la compra-venta de gasolinas. Y es que mientras a las exportaciones se les aplican descuentos multimillonarios, las importaciones se pagan a precio de mercado.
Tan sólo en este sexenio, México habrá gastado 1 billón 700 mil millones de pesos en la importación de productos petrolíferos; de éstos, al menos 1 billón 500 mil millones se habrán destinado a la compra de gasolinas al cierre de 2012, revela información oficial de Petróleos Mexicanos (Pemex).
De acuerdo con el documento Indicadores petroleros, informe mensual sobre producción y comercio de hidrocarburos (volumen XXIII, número 8, agosto de 2011), las importaciones realizadas en el periodo 2007-2011 suman un equivalente, en pesos, a 1 billón 349 mil 40 millones: en 2007, por 237 mil 132 millones; en 2008, por 328 mil 636 millones; en 2009, por 197 mil 484 millones; en 2010, por 299 mil 754 millones; y en 2011, por 286 mil 34 millones de pesos.
El monto involucrado hasta este año es 11.5 veces la inversión total de Pemex para la fallida refinería Bicentenario, que se ubicará en Tula, Hidalgo, y de la cual sólo se ha construido la barda perimetral. De acuerdo con el boletín 193 de la paraestatal, con fecha del 6 de noviembre de 2009, la construcción costará apenas “129 mil millones de pesos, contemplados en diversas partidas anuales [desde 2010] hasta 2015”.
A pesar del contraste de las cifras, sin una mayor producción nacional, las importaciones continuarán causando una sangría relevante a las arcas públicas. Al finalizar el gobierno calderonista, el gasto en este rubro se cerrará en, al menos, 1 billón 699 mil 40 millones de pesos: en el año electoral de 2012, las adquisiciones de los energéticos superarán los 350 mil millones, el mayor monto sufragado hasta ahora.
De acuerdo con el diputado federal Mario Di Costanzo Armenta, el próximo año, sólo las compras de gasolinas ascenderán a 22 mil 500 millones de dólares; mientras que otros productos petrolíferos implicarán un gasto de 2 mil 500 millones. Así, la estrategia de la paraestatal más importante del país ha sido importar gasolina cara y exportar gasolina barata.
Ello a pesar de que las costosas importaciones del energético no sólo impactan las finanzas públicas, sino también los bolsillos de todos los mexicanos. El 8 de octubre pasado, el gobierno federal hizo efectivo el décimo gasolinazo del año: el litro de Magna alcanzó un precio de 9.56 pesos, el de Premium llegó a los 10.5 pesos y el diésel se incrementó a 9.92 pesos. El argumento de las autoridades federales es la supuesta “incapacidad” financiera para seguir solventando el subsidio al energético.
El presunto fraude
Contrario al detrimento que sufren las finanzas públicas y familiares, las trasnacionales se ven favorecidas por las exportaciones de gasolina barata. Tal fue el caso de las empresas de origen holandés Trafigura y Gunvor, beneficiarias entre 2008 y 2009 de la política de rebajas (similar a la aplicación de los factores K y K’ en el precio del crudo de exportación, que Contralínea reveló en su edición 253, del 2 de octubre de 2011).
Así lo documenta una investigación de la Secretaría de la Función Pública en PMI Comercio Internacional, que derivó en la destitución, inhabilitación y multa de cuatro altos directivos de esa filial, considerada la segunda en importancia al interior de Pemex.
Los funcionarios sancionados son la ahora exdirectora general, María del Rocío Cárdenas Zubieta; el exsubdirector Comercial de Gasolinas y Componentes, Alberto Olimón Salgado; el exgerente Comercial de Gasolinas y Componentes, Alejandro Tello Winniczuk; y el exencargado de despacho de la Dirección Comercial de Refinados, César Elías Covarrubias Prieto.
En conferencia de prensa, el secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, explicó que el daño ocasionado al erario de PMI Comercio Internacional asciende a 1 millón 757 mil dólares, mientras que el perjuicio a la paraestatal es de 24 millones 330 mil dólares. De acuerdo con Vega Casillas, éste es el primer caso en el que se ve involucrada una alta funcionaria de PMI.
Tras recibir una denuncia anónima, el Órgano Interno de Control realizó un análisis de los expedientes comerciales y advirtió el presunto otorgamiento de un descuento excesivo e injustificado en la venta de gasolina cóquer. Éste se determinó al tomar como referente internacional a la gasolina RBOB menos un descuento.
Sin embargo, señala la autoridad federal, “no se encontró evidencia de que el descuento otorgado se hubiera basado en la diferencia de calidad entre la gasolina cóquer y la gasolina RBOB, utilizada como referente, tal y como debe ocurrir en este tipo de operaciones”.
Las sanciones
Como lo adelantó Contralínea (edición 227, 3 de abril de 2011), todas las operaciones encabezadas por María del Rocío Cárdenas eran fiscalizadas por el Órgano Interno de Control desde 2010. Entre otras cosas, los contralores presumían actos de corrupción y conflicto de intereses en su gestión.
Quien también fuera directora Comercial de Refinados (de enero de 2008 a enero de 2009) finalmente fue destituida, inhabilitada por 10 años para ejercer cargos públicos y multada con 238 millones 942 mil 24 pesos por el caso de la supuesta venta irregular de gasolina cóquer. No obstante, los resultados de los otros expedientes de investigación podrían sumarse a la lista de presuntas irregularidades.
De acuerdo con el secretario Vega Casillas, ella omitió establecer y dirigir estrategias y actividades de comercialización, en lo relativo a diversas operaciones comerciales de gasolina cóquer.
“Como directora Comercial de Refinados de PMI, suscribió indebidamente dos contratos y un convenio modificatorio celebrados con la empresa Trafigura, Ag, para la venta de gasolina cóquer con un descuento indebido e injustificado y sin contar con un análisis de costo-beneficio de cada operación comercial. Además, omitió informar detalladamente al Comité Interno de PMI Trading, Ltd, los resultados de las operaciones comerciales en las que participó, toda vez que no dio a conocer el estado de pérdidas y ganancias reales de dichas operaciones.”
Cárdenas Zubieta tampoco supervisó al exsubdirector Comercial de Gasolinas y Componentes en la negociación y determinación del monto del descuento excesivo e injustificado otorgado en diversas operaciones comerciales de venta de gasolina cóquer.
En la lista de sancionados están César Elías Covarrubias Prieto, exencargado de despacho de la Dirección Comercial de Refinados de PMI (entre febrero y diciembre de 2009). A éste se leinhabilitó por 10 años y multó con 85 millones 68 mil 654 pesos. Alberto Olimón Salgado, exsubdirector Comercial de Gasolinas y Componentes de PMI (entre enero de 2008 y febrero de 2009), inhabilitado por 10 años y multado con 170 millones 683 mil 234 pesos. Y Alejandro Tello Winniczuk, exgerente Comercial de Gasolinas y Componentes de PMI (entre enero de 2008 y febrero de 2009) y encargado del despacho de dicha Subdirección (entre febrero y diciembre de 2009), inhabilitado por 10 años y multado con 12 millones 35 mil 816 pesos.
Al interior de la paraestatal, el escándalo es de tal magnitud que cimbra la gestión de Juan José Suárez Coppel: mientras PMI Comercio Internacional es la negociadora directa de la operación de compra de acciones de la trasnacional Repsol, las empresas “privadas” PMI Holdings, BV, y PMI Holdings Petróleos España, SRL –propiedad de Pemex–, son las tenedoras de esas acciones.
Para la elaboración de este trabajo, se solicitó entrevista con Juan José Suárez Coppel, director de Pemex; y con Cárdenas Zubieta, exdirectora de PMI Comercio Internacional. Hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.
Operaciones trianguladas a paraísos fiscales
Las operaciones de PMI Comercio Internacional para la compra-venta de gasolinas en el extranjero involucran a la empresa “privada” PMI Trading, propiedad de Petróleos Mexicanos (Pemex). Ésta fue constituida el 8 de mayo de 1991 con recursos públicos, en el paraíso fiscal de Irlanda, desde donde realiza todas las transacciones.
A pesar de no tener ni oficinas ni empleados, es PMI Trading la que ejecuta todas las importaciones y exportaciones de los productos petrolíferos de Pemex Refinación, mediante un esquema de triangulaciones. El negocio entre PMI Trading y Pemex Refinación se basa en un contrato de compra-venta, en el cual el segundo se obliga a vender al primero la totalidad de los productos disponibles para la exportación.
No obstante que en el papel es PMI Trading quien figura como negociador, su condición de empresa de portafolio permite que quien cierre verdaderamente las operaciones sea el personal de PMI Comercio Internacional, SA de CV. Un contrato de prestación de servicios posibilita que el autonombrado “brazo comercial” de Pemex controle a PMI Trading.
Dicho convenio “obliga” a la filial brindar a esa última asistencia para la negociación de toda clase de contratos; administración y operación de contratos; asistencia para el análisis de mercado; asistencia en la comercialización de productos petrolíferos, petroquímicos, gases y otros.
Función pública desmantela PMI
Tras detectar “formas sutiles de corrupción” en PMI Comercio Internacional “difíciles de acreditar”, la Secretaría de la Función Pública inició un proceso de desmantelamiento discrecional del círculo de directivos. Con las recientes destituciones e inhabilitaciones, son nueve los altos ejecutivos que han salido de la subsidiaria de Pemex entre 2009 y 2011.
Como lo ha documentado Contralínea, de 2009 a la fecha, la Función Pública ha destituido, inhabilitado o presionado para presentar su renuncia a nueve altos ejecutivos del “brazo comercial” de Petróleos Mexicanos en el mercado internacional de combustibles, ahora incluida la directora general, María del Rocío Cárdenas Zubieta.
Además de ella y sus tres allegados, inhabilitados el pasado 11 de octubre, han salido Karen Miyasaki Hara, acusada de defraudar por 13 millones de dólares al erario; Carlos Armando Cantú Guerra y Margarita Nieto Ramos, señalados e inhabilitados por pagar irregularmente una compensación por separación voluntaria; Luis Crispín Garnica, inhabilitado por usurpación de profesión; y Mario Blenda Ahumada, quien presentó su renuncia tras conocer que era sujeto de investigación por supuestos hechos de corrupción.
Crispín Garnica, quien encabezaba la Dirección de Finanzas de PMI, fue inhabilitado y separado de su cargo en 2009 tras comprobarse que ostentaba el título de licenciado sin haber obtenido este grado.
Miyasaki Hara, exsubdirectora Comercial de Destilados Intermedios, fue destituida el 23 de mayo de 2010. En este caso, la Secretaría de la Función Pública la acusó ante la Procuraduría General de la República por su probable responsabilidad en un fraude por 13 millones de dólares, por falsear su declaración patrimonial al no reportar 16 millones de pesos y por supuesto enriquecimiento ilícito.
Mario Blenda Ahumada, exsubdirector Comercial de Residuales, renunció a mediados de 2010 tras enterarse que el Órgano Interno de Control en PMI lo investigaba por un supuesto fraude a las finanzas públicas.
La investigación en contra de Blenda Ahumada aún no concluye, revelan fuentes de la Función Pública. De acuerdo con los avances, se podrían acreditar 32 viajes –cada uno con duración de dos días y estancia de un par de horas (sólo los fines de semana)– a París, Francia, durante un año.
Carlos Armando Cantú Guerra, exdirector de Administración, y Margarita Nieto Ramos, exgerente de Recursos Humanos, fueron destituidos de sus cargos e inhabilitados el 8 de febrero pasado por autorizar la liquidación por 5 millones 668 mil 405 pesos a favor del exdirector de Finanzas, Crispín Garnica.
