Zósimo Camacho, @zosimo_contra/Cuarta parte y última
Apenas terminado el cardenismo (1934-1940) inició el acoso gubernamental contra las escuelas normales rurales. De Manuel Ávila Camacho a Gustavo Díaz Ordaz y de Luis Echeverría a Enrique Peña Nieto –pasando por los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón– los sucesivos gobiernos federales han buscado exterminar este modelo educativo. Hasta ahora, el mayor golpe contra normalismo rural ha sido el asestado por el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Al principio de su administración (1964), 37 escuelas estaban organizadas en torno a la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM): 29 normales rurales, dos centros normales regionales, tres normales urbanas federales y tres normales urbanas federalizadas. Al final de su mandato (1970) sólo sobrevivían 15.
Del embate gubernamental dan cuenta los documentos generados por la policía política de aquellos años, la Dirección Federal de Seguridad (DFS), a la sazón comandada por el capitán Fernando Gutiérrez Barrios. Los archivos, organizados en una versión pública –a solicitud de Contralínea, con folio 0495000006008–, suman 10 mil 3 fojas contenidas en 31 legajos bajo resguardo del Archivo General de la Nación en su Galería 1.
La información recabada por los agentes policiacos, y sistematizada por los analistas de Gutiérrez Barrios, permite señalar que el golpe al normalismo rural se preparó durante varios años. El gobierno federal, sin embargo, no encontraba el pretexto ni un ambiente político a favor para desaparecer a las normales rurales. La embestida contra el movimiento estudiantil en 1968 y la masacre del 2 de octubre de ese año significaron un punto de no retorno. Si ya había reprimido a los alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y de otras instituciones en la Ciudad de México, era hora de ajustar cuentas con los combativos alumnos de las normales rurales de los estados de la República.
Los documentos permiten ver que la intención gubernamental fue cerrar todas las escuelas. Al final, cerró las que pudo: más de la mitad. No hubo razones académicas o de desarrollo regional para ello, como después se quiso justificar. Las normales rurales cerradas fueron finalmente las que no pudieron resistir el embate policiaco y militar.
Infografía:
Desde febrero de 1968, las escuelas normales rurales se encontraban movilizadas. El movimiento estudiantil que cimbraría al país había iniciado ya, aunque no en la Ciudad de México, donde aún no se vislumbraran manifestaciones. La agitación estudiantil había comenzado en los estados de la República: las normales rurales estaban en lucha por mejorar sus condiciones materiales y sólo encontraban represión. Demandaban el cumplimiento del pliego petitorio presentado a la Secretaría de Educación Pública (SEP) desde 1962.
A pesar de que las autoridades educativas federales se habían comprometido por escrito a resolver cada una de las demandas, cada año les decían a los estudiantes que no se contaba aún con el presupuesto para solventar los requerimientos materiales.
Las demandas se encuentran en los propios documentos generados por la DFS 5 años antes. En la investigación ordenada por el entonces titular de la dependencia, coronel diplomado de Estado Mayor Manuel Rangel Escamilla, y llevada a cabo por los elementos Blas García Hernández y Rafael Quintanilla Pacanins, se contiene el pliego petitorio de los alumnos. Mediante el oficio fechado el 9 de julio de 1963, los agentes enumeran cuáles son las demandas de los estudiantes. Todas son de carácter académico. Sin embargo, la recomendación de los agentes es que la autoridades educativas sean inflexibles con los alumnos, “[…] ya que [de acceder] daría lugar a fincar un precedente, que perjudicaría los intereses del Gobierno, y afectaría directamente al presupuesto de la Secretaría de Educación Pública, y Planteles de otra rama presentarían peticiones similares […]” (sic).
Enseguida, y de manera contradictoria, aceptan los analistas de la DFS que:
“No concedérseles ninguno de sus puntos inmediatamente, lo tomarán como base para hacer un movimiento de carácter Nacional.
“Este movimiento sería aprovechado por el Movimiento de Liberación Nacional, Frente Electoral del Pueblo, Central Campesina Independiente […] para crear agitación con miras políticas futuras” (sic).
El pliego petitorio de los alumnos constaba de 12 puntos. En la transcripción de algunos de ellos, los elementos de la DFS se permitían hacer comentarios.
1. Inscripción con derecho a beca de los excedentes de alumnos. El comentario de los agentes es que se trata de 20 a 25 estudiantes por cada plantel y que se trata de “gaviotas que por lo regular son familiares de los alumnos” (sic).
2. Inclusión de los alumnos en el Instituto Mexicano del Seguro Social.
3. Jubilación de los maestros con edad avanzada. Los agentes de la DFS comentan: “Ellos [los alumnos] los creen incapacitados para ejercer sus Cátedras” (sic).
4. Mejoramiento de la infraestructura y material para el uso del personal docente y administrativo de cada escuela.
5. Incremento de la ración alimenticia (o beca) de 4.75 a 5 pesos por día.
6. Incremento de la beca para gastos académicos de 5 a 10 pesos por semana.
7. Aumento de la matrícula estudiantil en 3 mil espacios para distribuirse equitativamente en las 30 escuelas normales rurales federales.
8. Aumento de la partida presupuestal para los servicios médicos de cada escuela.
9. Aumento de la partida presupuestal de gastos especiales de cada escuela. Los elementos de la DFS comentan: “para recreación de los alumnos”.
10. Aumento de la partida presupuestal para la realización de prácticas profesionales. El comentario de los agentes es: “Para excursiones”.
11. Mejoramiento de la infraestructura de los servicios médicos y capacitación del personal que ahí labora. Los integrantes de la DFS comentan a su director: “Se quejan [los alumnos] de que el personal carece de Título Profesional, y en muchas de las normales no existe el Servicio Médico” (sic).
12. Mantenimiento general a toda la infraestructura de las normales. Acotan los elementos de la DFS: “Solicitan reacondicionamiento y ampliación, en algunos casos como en Oaxaca, piden construcción de Plantel; además piden que se les construyan campos deportivos, así como equipos para las distintas ramas del deporte” (sic).
Sobre las gestiones que los alumnos de la FECSM realizaban en la Ciudad de México para que sus demandas fueran atendidas también dan cuenta los agentes de la DFS en el mismo reporte:
“El maestro Alfonso Sierra Partida, por instrucciones del doctor Jaime Torres Bodet, y asesorado por el profesor Mario Aguilera Dorantes, sostuvo el día de hoy una junta con el Comité Nacional de la Federación de Estudiantes Socialistas de México, a las 11:00 horas, en la Filmoteca de la SEP, ubicada en el propio edificio, y no se les concedió ninguno de los puntos anteriormente mencionados, pero con el ofrecimiento de que se someterá a un estudio, designando a personas especializadas en cada rama, para buscar una solución favorable, y presentarla a la Comisión de Estudios de Presupuestos de la Secretaría de Hacienda y Autoridades Educativas, para que determinen en su oportunidad, qué puntos se les pueden conceder y qué presupuestos.
“El Comité Nacional de Estudiantes mencionado, se mostró inconforme en el transcurso de las pláticas, ya que no les fue resuelto de inmediato ningún punto” (sic).
Las gestiones de los alumnos en la Ciudad de México continuaron. Un nuevo reporte de Blas García Hernández dirigido al director federal de Seguridad da cuenta de la estrategia de las autoridades frente a los estudiantes.
Según el documento, fechado el 11 de julio de 1963, con sello de recibido 1 día después y con folio para archivo 63-19-63: “las autoridades educativas, creen conveniente que se debe dar un comprobante por medio de un Acta Notarial a los alumnos para ampararlos y que puedan comprobar en sus respectivas escuelas que vinieron a ésta [Ciudad] a tratar sus problemas, pero que no pueden ser resueltos de inmediato porque el presupuesto de la Secretaría de Educación y en especial la Partida de Normales Rurales no pueden ser modificados a la fecha.
“Esta acta la firmarán los líderes estudiantiles y el Director General de Normales pero se buscará la manera de que sea redactada en tal forma que no comprometa a las Autoridades Educativas y sin herir susceptibilidades de los lideres, lo que se trata es de que regresen satisfechos con la impresión favorable para el Gobierno y evitar dentro de lo posible un paro general de Normales en la República” (sic).
Así ocurría año con año, hasta 1968. Los estudiantes normalistas decidieron iniciar en ese febrero una huelga para demandar que se cumpliera el pliego petitorio. Los objetivos eran todos de tipo académico y de mejoramiento de la infraestructura educativa de los planteles.
La DFS reporta en sus documentos que las autoridades federales deseaban cerrar las escuelas normales rurales desde, al menos, principios de la década de 1960. El rumbo que había tomado la Revolución Mexicana ya no era compatible con el modelo de educación socialista, autogestiva y autosustentable de esas escuelas fundadas en tiempos de Plutarco Elías Calles e impulsadas por el gobierno de Lázaro Cárdenas del Río.
En 1963 inició una investigación para explorar la manera de cerrar las normales con los menores costos políticos para el gobierno. Al final de su mandato al frente de la DFS, Manuel Rangel Escamilla encargó una investigación a los elementos Blas García Hernández y Rafael Quintanilla Pacanins acerca de las escuelas normales rurales. Mediante un oficio fechado el 9 de julio de 1963, los agentes enteran los resultados de sus pesquisas.
Por este documento, foliado con el número 63-19-63, se puede saber que, a esa fecha, existían 29 escuelas normales rurales, dos centros regionales y cuatro normales urbanas afiliadas a la FECSM.
Las escuelas normales rurales se dividían entre las que tenían “calendario tipo ‘A’” (16 planteles) y las de “calendario tipo ‘B’” (13 planteles). En el reporte se ofrecen los nombres oficiales de las instituciones, su ubicación y los nombres de cada uno de los directores.
De “tipo A” se identifican las escuelas de Champusco, Teteles y Zaragoza, Puebla; El Mexe, Hidalgo; La Huerta y Tiripetío, Michoacán; Mactzumactzá, Chiapas; Perote, Veracruz; Palmira, Morelos; Panotla, Tlaxcala; Reyes Mantecón y Tamazulapan, Oaxaca; El Roque, Guanajuato; Aguilera, Durango; Tenería, Estado de México, y Xocoyucan, Tlaxcala.
Las escuelas con “calendario de tipo ‘B’”: Atequiza, Jalisco; Ayotzinapa, Guerrero; Cañada Honda, Aguascalientes; El Quinto, Sonora; Galeana, Nuevo León; Hecelchakán, Campeche; Jalisco, Nayarit; Saucillo y Salaices, Chihuahua; San Diego Tekax, Yucatán; San Marcos, Zacatecas; Santa Teresa, Coahuila, y Tamatán, Tamaulipas.
Los centros regionales se encontraban en Ciudad Guzmán, Jalisco, e Iguala, Guerrero. Las normales urbanas en Morelia, Michoacán; La Paz, Baja California; Oaxaca, Oaxaca, y Pachuca, Hidalgo.
En total, para mediados de 1963 había 37 escuelas organizadas en torno a la FECSM.
Por un oficio del agente Blas García Hernández dirigido al titular de la DFS, con fecha del 15 de abril de 1964, también se puede saber el número de alumnos agrupados en la FECSM. Por las normales urbanas federales: 1 mil 376; por las normales urbanas federalizadas: 1 mil 150; por las normales rurales: 9 mil 981. No se cuenta con datos del número de alumnos de los dos planteles de los centros normales regionales. Así, la FECSM contaba con alrededor de 13 mil estudiantes.
En agosto de 1966, las normales urbanas crearon su propia organización: la Federación Nacional de Normales Urbanas, muy lejos ideológicamente de la FECSM. Fue el primer golpe al organismo estudiantil pues, en esos momentos, la Federación buscaba incluso sumar más escuelas en una sola organización.
Según un documento de la DFS, fechado el 24 de junio de 1967 y firmado por su titular, Fernando Gutiérrez Barrios, el gobierno de la República buscaba terminar con el modelo del normalismo rural. Para ello, había organizado un congreso a celebrarse del 3 al 5 de julio de ese año en el Distrito Federal y en el que participarían la SEP y los directores de las normales rurales.
En el mismo escrito se señala que con estas medidas “[…] terminarán los problemas estudiantiles normalistas rurales, ya que serán controladas las becas y aceptación de inscripciones en el aspecto político-ideológico, abatiéndose los conflictos como huelgas y paros improcedentes, así como reduciendo las posibilidades de que cualquier movimiento cobre auge por motivos de las suspensión del alimento y hospedaje […]”.
Finalmente, los estudiantes se movilizaron para detener la celebración de ese congreso y lo lograron. Pero Díaz Ordaz ya había tomado la decisión. Todo el aparato de espionaje se volcó sobre las normales para estudiar sus fortalezas y debilidades.
A finales de febrero de 1968, Fernando Gutiérrez Barrios, titular de la DFS, tenía en su escritorio un grueso expediente de las relaciones que los alumnos de cada escuela mantenían con las comunidades agrarias circunvecinas.
El informe que cada uno de los agentes de la DFS desplegados en las normales rurales debía contener: descripción de la infraestructura de la escuela, número de alumnos, nombres de los integrantes del comité estudiantil, ejidos y comunidades indígenas aledañas a la escuela, nombre de los miembros de los comisariados ejidales o comunales, número de campesinos, organización a la que pertenecían y tipo de relaciones que mantenían con los estudiantes. Además, principales cultivos en la zona y tipo de producción pecuaria. Cada informe finaliza con un mapa de ubicación de la escuela y los pueblos aledaños.
Casi en todos los informes los agentes señalan que las comunidades agrarias pertenecen a la Confederación Nacional Campesina (CNC), afiliada al gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI). Sin embargo, todas mantienen relaciones “de mucha cordialidad” con los estudiantes; y los campesinos generalmente apoyan a los alumnos en sus movilizaciones para demandar mejoras a las escuelas.
Las comunidades agrarias de la CNC son clasificadas como “pertenecientes”, mientras que las simpatizantes con la opositora Central Campesina Independiente son clasificadas como “adictas”.
Destaca el informe de las normales rurales de Puebla. Se trataba de las ubicadas en Champusco, Zaragoza y Teteles. Hoy sólo sobrevive esta última. En el informe, firmado por el agente 47, Gabriel Guarneros M, se asienta:
“Con relación a la influencia del sector campesino de estos tres lugares en el conflicto que confrontan las escuelas normales rurales, éste no influye en el movimiento, pero sí los [campesinos] apoyan ampliamente, pues todos los alumnos y alumnas de estas escuelas son de extracción 100% campesina” (sic).
La campaña mediática también había iniciado. La Confederación de Jóvenes Mexicanos (CJM), otrora aliada de la FECSM y ahora abiertamente plegada a Díaz Ordaz, pedía la desaparición de las normales. De lo anterior da cuenta un desplegado pagado por la CJM en el diario El Universal publicado el 14 de marzo de 1968. La ficha al respecto, elaborada por los agentes de la DFS, señala que dicho desplegado se publicó “en todos los diarios matutinos y vespertinos”.
El expediente armado en el Archivo General de la Nación es parco en señalar la participación de los normalistas rurales en el movimiento que había estallado en la Ciudad de México a finales de agosto de ese año y que terminaría con la represión del 2 de octubre.
Para noviembre, las escuelas normales rurales de calendario tipo “A” habían sido cerradas y sus puertas selladas. Cuando los alumnos regresaban del periodo de vacaciones se encontraron con que no podían ingresar y que el mobiliario había sido sacado por las autoridades días antes.
Un informe dirigido al director de la DFS, fechado el 19 de noviembre, señala que incluso las escuelas normales de Ayotzionapa, Guerrero, y Cañada Honda, Aguascalientes, están sitiadas por el Ejército. Y que con respecto de la de Jalisco, Nayarit, “existe la amenaza constante de que sea tomada por el Ejército, teniendo una vigilancia constante, y el día 8 la presencia de dos carros de la 13ª. Zona Militar” (sic).
El 8 de noviembre las normales rurales se iban a huelga para tratar de frenar la embestida en su contra. Como se señala en un volante, recuperado por los agentes de la DFS, ya habían sido aprehendidos ocho alumnos de la normal rural de Jalisco, Nayarit; 13 de la de El Quinto, Sonora, y ocho de la de Atequiza, Jalisco.
El intento gubernamental falló y con 14 escuelas normales rurales en huelga lograron la reapertura de las otras 15.
En 1969 vendría el golpe definitivo: 13 escuelas serían separadas del ciclo lectivo para transformarse en “secundarias técnicas agropecuarias”. De nueva cuenta las autoridades esperaron un periodo vacacional para decretar el cierre. Tomaron en cuenta el informe previo sobre las comunidades agrarias circunvecinas a cada normal. Las que estaban rodeadas de ejidos o comunidades priístas fueron las más vulnerables.
Los estudiantes que trataron de recuperar las escuelas se toparon con un operativo que incluía al Ejército Mexicano, las policías locales, la Dirección Federal de Seguridad, el Servicio Secreto y la CNC. En los documentos se asienta que se organizaron contingentes de hasta 200 campesinos afiliados al PRI para enfrentar a los estudiantes de manera abierta en cada escuela. Contaban siempre con el apoyo de los militares y las corporaciones policiacas.
Así, otro documento, sin folio ni fecha, señala: “[…] en algunas Normales Rurales núcleos de campesinos impidieron que las mismas fueran tomadas por los alumnos; en otros casos elementos de la Policía o del Ejército se posesionaron de los planteles para evitar que los estudiantes lo hicieran […]” (sic).
El informe detalla el caso de algunas escuelas, como la de Santa Teresa, Coahuila, de la que se informa incluso que los militares apostados eran del 16 Regimiento de Caballería.
Así, para fines de 1969, la FECSM agrupaba a 15 escuelas normales rurales: Cañada Honda, Aguascalientes; Panotla, Tlaxcala; Saucillo, Chihuahua; Tamazulapan, Oaxaca; Teteles, Puebla; Atequiza, Jalisco; El Mexe, Hidalgo; El Quinto, Sonora; Hecelchakán, Campeche; Mactumactzá, Chiapas; San Marcos, Zacatecas; Aguilera, Durango; Tiripetío, Michoacán; Tenería, Estado de México, y Ayotzinapa, Guerrero. En el sexenio de Luis Echeverría se crearía una Escuela Normal Rural más, gracias a la presión de los estudiantes y de algunas comunidades campesinas de Morelos: la de Amilcingo, ubicada en ese estado.
Desde entonces, las normales han sobrevivido gracias las movilizaciones que realizan año con año: para que las autoridades educativas publiquen las convocatoria de nuevo ingreso, mantengan el sistema de internado, mantengan o incrementen la beca alimenticia y para que mejoren las condiciones materiales en las que realizan sus actividades académicas.
En 2007, los gobiernos federal panista, encabezado por Felipe Calderón, y estatal priísta, a cargo del actual secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, concretaron la desaparición de la normal rural de El Mexe, Hidalgo. Desde 2003, a la escuela se le había suspendido el nuevo ingreso. Los estudiantes perdieron la lucha y otra escuela hermana perdió la FECSM.
Sin embargo, la lucha de los purépechas en Michoacán a finales de la década de 1990 logró la apertura de la Escuela Normal Indígena. Cuenta con los cinco ejes del normalismo rural (académico, político, productivo, cultural y deportivo) y desde hace aproximadamente 3 años es la más joven integrante de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México.
Zósimo Camacho, @zosimo_contra/Cuarta parte y última
Primera parte: Normales rurales: 3 décadas de embate de la DFS
Segunda parte: Normalistas rurales, los primeros estudiantes guerrilleros
Tercera parte: Normalistas rurales, espiados por el FBI
Cuarta parte: “Golpe de mano” contra el normalismo rural
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