Contrabando ilegal de telas, lavado de dinero, falsificación de documentos y evasión fiscal, entre los delitos cometidos por una red criminal que opera en México y en Estados Unidos. En el país vecino ya fueron condenados dos empresarios por estos hechos, pero aquí el gobierno de Felipe Calderón no sólo se ha mostrado lento, sino omiso en las pesquisas. Al menos 243 cargamentos provenientes de Indonesia y Shangái habrían servido para enriquecer a unas cuantas familias.
A pesar de la colaboración del gobierno de Estados Unidos, que ya condenó a dos empresarios confesos y cómplices del contrabando técnico de textiles hacia México, las autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Procuraduría General de la República (PGR) han sido incapaces de juzgar a una red criminal que habría lavado dinero y se beneficiaría del ingreso de mercancías asiáticas defraudando al fisco.
Con la emisión de facturas y certificados de origen falsos, empresarios estadunidenses participaron entre 2005 y 2009 en una red de corrupción que permitió evadir el pago de aranceles y el ingreso al territorio mexicano de al menos 243 cargamentos de textiles provenientes de Indonesia y Shangái.
Una investigación del Grupo de Fraude Comercial en Laredo, Texas, del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés), demuestra desde 2009 que en México cuantiosas y frecuentes importaciones de textiles asiáticas fueron ordenadas por empresas fachada que ocultaban la identidad de sus accionistas.
Hasta ahora, sin embargo, el gobierno mexicano ha sido incapaz de proporcionar información sobre el daño económico que provocó al fisco este fraude y contrabando técnico. Tampoco ha citado a declarar a los involucrados a pesar de que autoridades estadunidenses los tienen plenamente identificados.
La PGR, a través del titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, Irving Barrios Mójica, acepta que “el monto debe ser considerable porque las operaciones ilícitas se estuvieron realizando durante mucho tiempo”.
Aunque la investigación se inició formalmente en 2010, fue hasta 2011 cuando se abrió la averiguación previa UEIDFF/ FISM08/185/2011 en México, por los delitos de fraude fiscal y contrabando de productos textiles procedentes de varios países asiáticos, en donde se adquiría la mercancía para luego ser introducida a territorio mexicano por la frontera con Estados Unidos. En ese expediente, cuyas copias tiene Contralínea, se establece que empresas estadunidenses les otorgaban facturas y certificados de origen amparados en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), con el fin de engañar al gobierno mexicano y avalar que dichas mercancías se producían en Estados Unidos y por eso entraban exentas de impuestos.
Con base en el acuerdo firmado entre los gobiernos de México y Estados Unidos sobre Asistencia Mutua entre las Administraciones de Aduanas y en apego al Plan Estratégico Bilateral del 13 de agosto de 2007, la Administración Central de Investigación Aduanera mexicana solicitó el 9 de febrero de 2010, mediante el oficio 800-05-00-00-00-2010-0609, el apoyo de las autoridades de Aduanas de Estados Unidos para verificar la existencia de las compañías estadunidenses NY Aynilian & Co, Inc, y Lulú Fashions, Inc, ambas con domicilio en Nueva York, así como para validar la autenticidad de facturas comerciales y certificados de origen expedidos por dichas empresas a favor de la compañía mexicana Comercializadora Luna Blue, SA de CV. Los avances, sin embargo, son nulos.
Así, a unas semanas de concluir el gobierno de Felipe Calderón, la PGR reconoce que el caso de contrabando de textiles y corrupción, que en Estados Unidos se investiga desde 2009, en México será heredado al próximo gobierno sin haber sido investigado adecuadamente.
“Esperamos que el próximo gobierno lo continúe porque es un asunto relevante que involucra miles de millones [de pesos] desde hace más de 10 años, y nos preocupa mucho”, asegura el subprocurador Barrios.
Pero en Estados Unidos, gracias al cruce de transferencias electrónicas a través de los circuitos del Valley National Bank en Wayne, Nueva Jersey, los investigadores del ICE pudieron confirmar la participación de al menos 20 mexicanos, a quienes los documentos oficiales y las declaraciones de los empresarios estadunidenses acusados ubican como parte de la “comunidad judía” y que habrían sido cómplices de esta red de corrupción.
Empresarios de la comunidad judía, según el ICE, habrían pagado por la emisión de certificados de origen que avalaron la importación de textiles estadunidenses y les permitió recibir en territorio mexicano los cargamentos de productos asiáticos pero declarados estadunidenses, con lo que recibieron ilegalmente el trato arancelario preferencial que marca el TLCAN. En México, ninguno de ellos ha sido investigado por las autoridades de la PGR, la Secretaría de Hacienda o Aduanas.
Para empezar, los empresarios involucrados habrían incurrido en un delito tipificado como “contrabando por subvaluación”.
Los documentos falsos, emitidos por las empresa NY Aynilian & Co, Inc, con sede en Nueva Jersey, eran aceptados en las aduanas mexicanas, en donde, de acuerdo con expertos en comercio internacional, las autoridades mexicanas tenían la obligación de verificar la autenticidad de los certificados.
Hasta ahora, a pesar de que en Estados Unidos la investigación llevó a la identificación de los empresarios presuntamente involucrados (expediente que ya fue entregado al gobierno mexicano), las autoridades mexicanas han sido incapaces de concluir la averiguación previa y consignarla ante un juez federal que lleve ante la justicia a unas 15 empresas y sus dueños por los delitos de fraude, evasión fiscal, contrabando, soborno y los que resulten.
En la lista de empresarios mexicanos que son investigados por Estados Unidos y cuyos nombres aparecen en documentos oficiales del ICE figuran José Husni Micha; Salomón Cojab Fallena; David Cojab Cohen, quien estaría involucrado en otro caso de contrabando de textiles; Moisés y Jaime Betch, dueños de Forromex; Noel Venado; Manolo Lua, dueño de Textiles Lua; Jack Casaab Attie, dueño de la empresa Casti y Casbo; Charlie Kim, dueño de Cini de México; Jorje Kim, de Kim Textiles y Grupo Cyprus; Mauricio y Eduardo Atri; Scion Shamosh, copropietario de Loubeck; Simón Shamosh, copropietario de Loubeck; Ronald Joseph Akiki Beirut; César y Ulises Sánchez, y Mauricio Niño Mora.
El titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, Barrios Mójica, confirma que, a pesar de que en Estados Unidos la investigación se inició hace varios años, en México es apenas hace ocho meses cuando comenzó la colaboración con las autoridades del ICE.
En México, agrega Barrios Mójica, la investigación está viva. Las autoridades de la PGR dicen que están armando el expediente a partir de la información que proporciona la Secretaría de Hacienda pero sobre todo el gobierno de Estados Unidos.
A pesar de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos encontró culpables de falsificación y contrabando a los empresarios Vahram Aynilian y a Fred Lukach, en México la PGR asegura que “ignora en qué momento se encuentra la investigación”.
En México la información sobre el caso fluye a cuentagotas. El subprocurador de Delitos Federales asegura que, por procedimiento, no se comparte toda la información hasta que se procede en contra de los responsables, con lo que se evita que, “desde México, algunos abogados ya cuenten con información para usar en los juicios [que se desahogan] allá”.
No obstante, la PGR también acepta que, hasta ahora, no se ha llamado a declarar a ninguno de los presuntos involucrados en el fraude y contrabando de textiles asiáticos, a pesar de que también podría configurarse el delito de
lavado de dinero. Las autoridades esperan integrar todos los expedientes y confirmar que son responsables para generar, entonces sí, medidas cautelares de arraigo.
“Cuando en Estados Unidos procesen al responsable allá de estas operaciones vamos a ver si podemos interrogarlo. Porque los empresarios judíos no son los que directamente operaron esto, eso lo hizo quien está en Estados Unidos”, dice el funcionario de la PGR.
Sin embargo, desde el 3 de diciembre de 2009, en Estados Unidos, el Departamento de Justicia dio a conocer que Vahram Aynilian y Fred Lukach fueron declarados culpables de falsificar certificados de origen, facturas y de esquemas ilegales de exportación.
Para su defensa, Vahram Aynilian contrató al despacho de Cathy Flemming, abogada que defendió al exsubprocurador General de la República, Mario Ruiz Massieu, hasta que éste se “suicidó” en territorio estadunidense, cuando enfrentaba un juicio por acusaciones de lavar dinero para cárteles del narcotráfico en México.
Los agentes del ICE acordaron con la prestigiada abogada una reunión con el empresario acusado de contrabando de textiles para verificar la autenticidad de las facturas y certificados de origen que tenían de membrete la firma de su empresa NY Aynilian & Co, Inc. El primer encuentro se realizó en Nueva York el 5 de mayo de 2010, en donde el empresario Aynilian reconoció que dichos documentos no eran auténticos, pero aseguró que no habían sido emitidos por él ni por su compañía, y que la firma en el certificado de origen era falsa.
Sin embargo, el 14 de junio de 2010, el agregado del ICE de la Embajada de Estados Unidos en México, Jere Miles, le envió otro escrito –FRAU:1088:MX08UR 08LD0037:bs– al administrador central de Investigación Aduanera de México, Alfredo Fisher Melgar, en donde le informa que Vahram N Aynilian finalmente había declarado tener una sociedad con el ciudadano estadunidense Fred Lukach, quien en múltiples ocasiones le pagó, “en representación de terceras personas en México”, 1 mil dólares a cambio del consentimiento de Aynilian para que empresarios mexicanos produjeran fraudulentamente un juego de factura y certificado de origen TLCAN con el membrete de NY Aynilian & Co, como emisor de los mismos y ser utilizados en el contrabando de telas hacia México.
Fue así como Vahram Aynilian y Fred Lukach llegaron a un acuerdo con el fiscal del Departamento de Justicia de Estados Unidos a fin de declararse culpables de cometer actividades ilícitas. También habrían proporcionado información sobre sus “clientes” mexicanos que hoy forma parte de la investigación que sigue abierta en los tribunales estadunidenses.
El 8 de julio de 2010, Vahram Aynilian y Fred Lukach fueron sentenciados, en cada caso, a tres años de libertad supervisada y a pagar multas por 5 mil dólares. Adicionalmente, Aynilian entregó un cheque certificado por la cantidad de 199 mil 201 dólares como parte de su acuerdo de culpabilidad, cantidad que fue embargada como ganancia ilícita. Quien emite un certificado de origen para exportación es responsable, según las autoridades de Estados Unidos.
El expediente del ICE, así como información del Departamento de Justicia de Estados Unidos, revela que Aynilian recibió al menos 199 mil 201 dólares por la emisión de certificados de origen falsos que acreditaban los textiles exportados a México como productos manufacturados en la zona del TLCAN.
Vahram y Name, cómplices
Graduado en la Universidad de Nueva York, en el Instituto de la Moda de esa ciudad, el estadunidense Vahram Aynlian fundó la empresa NY Aynilian & Co, Inc, dedicada a la compra y venta de textiles sin incluir la manufactura ni producción de telas.
Ante agentes especiales del ICE, Aynilian declaró que fue en 1996 cuando conoció al empresario mexicano Anuar Name, con participación en el sector textil, exsocio de Isaac Saba y presidente del grupo Name.
Name Yapur, a quien el empresario estadunidense identificó como “comprador de textiles para México”, le presentó a su sobrino Juan Name Name, quien en 1998 le propuso utilizar su compañía para producir facturas y certificados de origen falsos para aprovechar, en el marco del TLCAN, las preferencias arancelarias para la exportación de telas a México.
Aynilian aceptó –de acuerdo con su confesión ante agentes del ICE– y comenzó la emisión de facturas y certificados que fueron utilizados para introducir textiles de Estados Unidos a México sin declarar ante las aduanas mexicanas su verdadero origen asiático.
De esta forma, Name Name, quien operaba en Laredo, Texas, un negocio de almacenaje y reenvío de textiles a México, introdujo al empresario estadunidense en un círculo de falsificación de documentos que durante cinco años les habrían permitido evadir el pago de los impuestos correspondientes. Aynilian no sólo se involucró en la emisión de documentos falsos; también amplió su participación a la logística que permitió llevar los textiles asiáticos a México.
El sobrino del empresario textilero Name Yapur le presentó a otro empresario estadunidense: Fred Lukach, quien se dedicaba, a través de la empresa DR Logisticsk, a dar servicios de almacenaje y fletes en Laredo.
Juan Name le dijo a Vahram Aynilian que Lukach fungiría como intermediario en la logística de la elaboración y pago de los documentos fraudulentos. Con la participación de Lukach, Name evitaba aparecer en los registros bancarios porque era este empresario estadunidense quien enviaba a Aynilian las transferencias electrónicas que cubrían el pago por los certificados falsos. A los investigadores del ICE, Aynilian les explicó que por cada juego de factura y certificado de origen falso, el mexicano pagaba 1 mil dólares.
Además de Lukach, en la triangulación de los pagos, el expediente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas señala al mexicano Jesús Eduardo Magnuson Salinas, transportista con operaciones en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y de quien una Corte de Distrito del Sur de Texas reporta como presunto involucrado en un caso de narcotráfico de al menos 50 kilogramos de mariguana. Magnuson impugnó la acusación ante el Poder Judicial de Estados Unidos.
Sobre el mexicano Jesús Eduardo Magnuson, en Laredo, Texas, agentes especiales del ICE reportaron haber encontrado información sobre la estrategia del transportista para lograr el ingreso de los textiles al territorio mexicano.
Jesús Eduardo Magnuso, reporta un documento del ICE con fecha 5 de mayo de 2009, le pagaba a la organización criminal Los Zetas para que permitiera el cruce de los embarques a México sin ser secuestrados o robados.
Jesús Eduardo Magnuson, a quien se le identificó con una cuenta bancaria en HSBC México, depositaba el dinero en una cuenta bancaria y un miembro de Los Zetas le daba la autorización para introducir los embarques de textiles a México.
Además del supuesto pago a Los Zetas para lograr inmunidad, Magnuson también enviaba pagos a la compañía NY Aynilian por la compra de documentos fraudulentos, y a veces escoltaba los embarques de textiles a la Ciudad de México.
Los agentes especiales del ICE en Laredo, Texas, notificaron un requerimiento de información ante el Valley National Bank de Nueva York a fin de que proporcionara información sobre las transferencias electrónicas recibidas de 2007 a 2008 en la cuenta 41114841, que se abrió en dicho banco a nombre de Vahram Aynilian.
Derivado de lo anterior, el Valley National Bank de Nueva York proporcionó a los agentes especiales del ICE en Laredo, Texas, un listado sobre transferencias enviadas a la referida cuenta por diversas personas y compañías, entre las cuales se encuentra Jesús Eduardo Magnuson Salinas quien realizaba pagos a nombre de terceros involucrados.
Entre las empresas y personas que realizaron transferencias electrónicas se encuentran Platino World Limitied, SA de CV; Silvia Patricia Martínez Mancilla; Citiex Fabric; Comercializadora e Importadora Alba; Gerónimo Guevara Rodríguez; Alie Camara DBA PAPA; Dreamwell Collection; Adverting Creations; Paul W Huick; Deona E Magnuson Salinas; Artemide, Inc; Oscar García; Elloise International Corporation; Ward and Co, Ltd; Texport, Inc; María Antonia del Rivero Díaz; Salomon James; Abdou S Marong; CID Ribeiro; Proyecciones de Marca, SA de CV; Cotswold Industries, Inc; Libre Mercantil Mexicana, SA de CV, y Altex.
Vahram Aynilian siempre cobraba 1 mil dólares estadunidenses por cada juego de documentos fraudulentos, con lo que manifestaba que la mercancía (que nunca había visto y que, sabía, venía de otro país) había sido manufacturada en Estados Unidos.
Ante las autoridades estadunidenses, Lukach declaró que “el dinero utilizado para comprar los documentos fraudulentos a Vahram Aynilian usualmente era enviado directamente por los clientes judíos a la cuenta bancaria de Jesús Eduardo Magnuson Salinas y luego transferido electrónicamente a la cuenta bancaria de Vahram Aynilian en Nueva Jersey.
El documento del ICE, firmado por su agregado, Jere Miles, no precisa si la cuenta de Magnuson era la misma que tenía registrada en HSBC.
Así, en Estados Unidos el proceso sigue y se encuentra a cargo del fiscal Roel Canales, en el Distrito de Texas, División de Laredo. En México, tienen conocimiento de este hecho de corrupción –que sigue impune después de 10 años– el secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña; el jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena; la procuradora General de la República, Marisela Morales; el subprocurador de Delitos Federales de la PGR, Irving Barrios Mójica; el administrador General de Aduanas, Gerardo Perdomo Sanciprián; el administrador General de Auditoría Fiscal Federal, Alberto Real Benítez, y el administrador Central de Programas Especiales de la Administración Federal del SAT.
Las pruebas del contrabando
En un escrito con clave FRAU:1081:MX 08UR08LD0037:bs, y fecha del 4 de junio de 2010, el agregado del ICE en la Embajada de Estados Unidos en México, Jere Miles, le informa al administrador central de Investigación Aduanera de México, Alfredo Fisher Melgar:
“Investigadores del ICE adscritos a esta Agregaduría realizaron diversas búsquedas en las bases de datos comerciales a las que tiene acceso esta agencia respecto a la compañía estadunidense NY Aynilian & Co, Inc, y su propietario y presidente Vahram N Aynilian. Su domicilio se ubica en 381 Broadway St Westwoood, Nueva Jersey 07065.”
La segunda empresa es Lulú Fashions, Inc, con domicilio en 400 Broadway, Nueva York 10013, y su presidente es Vahram Aynilian.?Los agentes especiales del ICE asignados al Grupo de Fraude Comercial en Laredo, Texas, ya habían realizado investigaciones sobre supuestas actividades ilegales relacionadas con el empresario.
Un documento de la Cámara de Diputados reconoce que al investigar el contrabando técnico –como sucedió en el caso del grupo español Inditex, operador de las tiendas Zara– la falsificación de los certificados de origen es difícil de comprobar ya que es necesario hacer la indagatoria en el país exportador y en la mayoría de los casos no se cuenta con el apoyo de los países exportadores para hacer las investigaciones necesarias, sino que, por el contrario, protegen a sus productores.
Además, según la Administración General de Aduanas, no cuentan con la autoridad suficiente para hacer estas indagatorias en el exterior. El caso de la colusión entre supuestos empresarios de origen judío –tradicionalmente ligados al sector textil– es diferente porque las autoridades estadunidenses no defienden a los empresarios estadunidenses vinculados en el caso, pues no se trata de fabricantes sino de comercializadores. El camino estaba libre para que el gobierno de Felipe Calderón aplicara la justicia en este caso. Sin embargo, no fue así.
En México, además, la investigación tendría que ampliarse a los compradores de esos textiles asiáticos. El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados asegura que “el contrabando técnico es una práctica en que incurren incluso las grandes tiendas de prestigio, evadiendo los pagos arancelarios y los impuestos”. Según la Administración General de Aduanas, las investigaciones por contrabando técnico se extenderían a 3 mil casos en donde se indagó la participación de tiendas de prestigio.
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Fuente: Contralínea 308 / octubre de 2012
