Informe Rand: México sin estrategia de seguridad nacional

El mayor think tank estadunidense concluye que el gobierno mexicano no está logrando los objetivos de recuperar territorios dominados por el narcotráfico, abatir la corrupción policiaca y hacer que prevalezca el estado de derecho. A decir del más influyente centro de estudios de América del Norte, México constituye una amenaza creciente para Estados Unidos, pues –desde que llegó el panismo al poder– no cuenta con “una estrategia cohesiva de seguridad nacional”. A pesar de ello, recomienda a Obama “apoyar a la principal corriente del gobierno mexicano”

El avance de la corrupción policiaca, el auge de los grupos trasnacionales del crimen organizado y la falta de cumplimiento de las leyes deterioraron la seguridad en México y amenazan con desbordarse hacia Estados Unidos, revela la Research and Development (Rand) Corporation –el influyente think tank (centro de pensamiento)– en su informe Seguridad en México. Implicaciones para los Estados Unidos: opciones políticas.

Tal menoscabo en la seguridad llevó al gobierno de Felipe Calderón a desplegar más de 40 mil soldados en todo el país para combatir a los cárteles y restaurar el orden en las zonas bajo su dominio; sin embargo, ese objetivo no se ha cumplido y el estudio apremia a la administración de Barack Obama para que elija, entre tres opciones políticas, cómo hará frente a esa amenaza y defina el futuro de las relaciones entre Estados Unidos y México.

Las opciones políticas que los analistas de la Corporación Rand –Agnes Gereben Schaefer, Benjamin Bahney y K. Jack Riley– proponen al nuevo gobierno estadunidense son: una asociación estratégica con México, su vecino, socio comercial y aliado, para apoyarlo en la superación de las deficiencias en seguridad (narcotráfico y tráfico de armas y personas), además de fortalecer la confianza de los mexicanos en sus instituciones. La otra opción sería mantener el statu quo de la colaboración y asistencia hacia México en los términos actuales; y la tercera sería limitar o reducir esa ayuda y cooperación a su mínima expresión.

Estas propuestas se insertan en un análisis exhaustivo de la estructura de seguridad de México. El informe indica que desde 2000, cuando se eligió al primer presidente de oposición, “México ha batallado para articular una estrategia cohesiva de seguridad nacional”, por lo que esa falta de estrategia condujo al cambio de responsabilidades, la duplicación de servicios en gran número de agencias y a la inestabilidad general en la estructura de seguridad de México.

También señala que ese ambiguo cambio y superposición de responsabilidades condujeron a esfuerzos sin coordinación, y a menudo a la confrontación, entre las fuerzas de seguridad federales, estatales y locales. Asimismo, aprecia que si la confianza en las instituciones públicas mexicanas ha sido históricamente baja, la confianza en la policía es particularmente menor. Cita que, de acuerdo con encuestas de opinión, el 80 por ciento de la población considera que la policía es corrupta.

A ese escenario se suma el soborno, “parte de la vida cotidiana en México”, que con el crimen y la desconfianza hacia los funcionarios contribuye a dispersar el fenómeno de la inseguridad.

De acuerdo con las entrevistas que sostuvieron los autores del informe con funcionarios estadunidenses y expertos no gubernamentales, todos confirmaron que en los últimos dos años la situación general de la seguridad interna en México se ha deteriorado. Tal panorama, plantean las fuentes consultadas por los analistas de la Rand, delinea tres áreas de donde provienen las amenazas potenciales para Estados Unidos: crimen organizado, incluyendo el tráfico de drogas y armas; migración ilegal y tráfico de personas, terrorismo e insurgencia rebelde. Las tres están entrelazadas, lo que hace más difícil aquilatarlas individualmente.

Respecto del crimen organizado, Gereben, Bahney y Riley expresan: “Casi todos los funcionarios estadunidenses, académicos y representantes de organismos no gubernamentales con quienes hablamos coincidieron en que el crimen organizado es la primera amenaza de seguridad para Estados Unidos desde México”. Agregan que este fenómeno ha infiltrado todos los niveles de gobierno y de las fuerzas policiacas en este país, donde los elementos criminales también se involucran en gran variedad de actividades ilegales y el saldo son los miles de ciudadanos muertos asesinados cada año, así como el aumento desde 2007 de los ataques dirigidos contra oficiales de la policía y del Ejército.

El tráfico de drogas es la segunda amenaza potencial. Los analistas estiman que la ganancia por las drogas que ingresan ilegalmente a Estados Unidos desde México representa entre 25 mil millones y 30 mil millones de dólares anuales. Citan que el informe International narcotics control strategy 2009 del Departamento de Estado afirma que cerca del 90 por ciento de la cocaína que ingresa a Estados Unidos se trafica a través de México, y que en 2007 el país produjo para exportar a Estados Unidos unas 15 mil 500 toneladas métricas de mariguana, con lo que se convirtió en su primer proveedor de esa sustancia. Además, gran parte de la metanfetamina producida en México se exporta a ese destino.

El informe de la Rand sostiene que cuatro grandes organizaciones han dominado históricamente el tráfico de drogas en México: el cártel del Golfo, el cártel de Sinaloa, el cártel de Juárez y el cártel de Tijuana. El estudio indica que esa constelación de cárteles “está cambiando por la atomización en unidades de esos grandes cárteles” hasta convertirlas en unidades descentralizadas que provocan una creciente guerra violenta sobre las rutas y plazas (cruces fronterizos para las drogas que se trafican hacia puertos de entrada en territorio de Estados Unidos).

Explica el análisis que, en respuesta a ese auge de la delincuencia organizada, Felipe Calderón desplegó 40 mil soldados desde 2006 en todo el país, aunque “este uso, sin precedente de los militares, provocó preocupaciones tanto de organizaciones internacionales de derechos humanos como internas”.

Además, revelan los autores, la violencia asociada al tráfico de drogas afecta crecientemente a las ciudades fronterizas estadunidenses, “que son las que cargan con el mayor efecto”. Aseguran también que el gobierno estadunidense “ha encontrado las huellas de las operaciones de los contrabandistas mexicanos en todos los estados del país vecino, salvo en dos: Vermont y Virginia”. Todas esas operaciones incluyen secuestros y asesinatos, agrega el informe.

No obstante, el estudio también admite que el número de investigaciones de corrupción que involucran a agentes de la Patrulla Fronteriza estadunidense va en aumento.

Con relación al tráfico de armas –la tercera gran amenaza para la seguridad de Estados Unidos–, el informe establece que aumentó el número de autoridades mexicanas abatidas por traficantes fuertemente armados. Señala que casi todas las armas ilegales capturadas recientemente en México han sido contrabandeadas desde Estados Unidos. “En muchas formas, las características del comercio de armas refleja la dinámica del mercado de drogas: el flujo de éstas desde el norte de México hacia Estados Unidos, mientras que las armas fluyen del sur de Estados Unidos hacia México”.

Los autores incorporan información de la oficina estadunidense de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos que señala que, entre el 90 y el 95 por ciento de las armas usadas en crímenes violentos en México, relacionados con drogas, ingresaron ilegalmente desde el país vecino. Así como ocurre en el contrabando de drogas o el secuestro, agrega el informe, no es inusual encontrar a “funcionarios policiacos, personal militar o agentes aduanales involucrados en el comercio ilegal de armas”. La investigación añade que en los dos años anteriores algunos funcionarios han sido arrestados en ambas partes de la frontera por participar en el comercio de armas.

Las otras dos amenazas potenciales para Estados Unidos son la migración ilegal y el tráfico de personas, así como el terrorismo y las insurgencias. En el primer caso, la Corporación Rand precisa que “los terroristas podrían usar las redes de tráfico de personas para tener acceso a Estados Unidos”; sin embargo, descarta la posibilidad de que los terroristas usen esa frontera, pues aclaran que “no existe un solo informe” de un terrorista que ingrese a aquel país desde México.

Subraya, en cambio, que en 2003 el gobierno estadunidense estimó que había al menos 100 organizaciones de contrabando de personas y pandillas activas en México y que, como otras facetas del crimen organizado, hay informes “creíbles” de que personal de policía, inmigración y aduanas están involucrados en el tráfico de personas.

En cuanto a la amenaza generada por la “insurgencia” en México, el informe establece que desde el 11 de septiembre de 2001 “se ha especulado sobre el interés de Al Qaeda por usar a México como puerta de entrada hacia Estados Unidos o como punto de lanzamiento para un ataque hacia ese país”. No obstante, aclara el análisis, tal visión es “extremadamente controversial” y ha recibido atención significativa de los medios, a pesar de que no hay informes de terroristas conocidos o sospechosos arrestados en la frontera de ambos países.

“A pesar de que muchos funcionarios estadunidenses indicaron que no había evidencia actual de vínculos fuertes de Al Qaeda hacia México, incluimos esa posibilidad en nuestra lista de prioridades porque permanece como una área continua de potencial preocupación”, explican los autores.

Por otra parte, indica que el Ejército Popular Revolucionario (EPR) –“una guerrilla marxista formada a mediados de la década de 1990– podría causar trastornos y desafiar al gobierno mexicano”. Esa organización explotó gasoductos de Petróleos Mexicanos entre el 6 y el 10 de julio de 2007 y cortó los suministros de gas en el centro de México; el 10 de septiembre de ese año, el EPR saboteó de nuevo, lanzó 12 explosiones de gasoductos simultáneos y causó una pérdida económica estimada en casi 1 mil millones 600 mil pesos.

Además, el estudio Seguridad en México. Implicaciones para Estados Unidos: opciones políticas hace énfasis en las cifras de las víctimas mortales vinculadas con el comercio de drogas: 2 mil 275 en 2007, que se duplicaron en 2008 al sumar 6 mil 290. Adicionalmente, los cárteles de las drogas enfocaron a las fuerzas policiacas como su “blanco deliberado, pues han reforzado la aplicación de la ley como nunca antes”.

Prioridades para Obama

Dado el impacto del crimen organizado, el tráfico de drogas y armas, migración ilegal y tráfico de personas y la amenaza del terrorismo, la nueva administración estadunidense debe atender la “degradante” situación de la seguridad en México, proponen Agnes Gereben Schaefer, Benjamin Bahney y K. Jack Riley. La exhorta a decidir cuáles asuntos de seguridad deberían emprenderse para ubicar la ayuda de la administración de Obama hacia México y cómo esa ayuda debería priorizarse.

Cuatro prioridades potenciales emergen del estudio: ayudar a la principal corriente del gobierno mexicano y racionalizar la entrega de servicios de seguridad; alentar al gobierno mexicano para tender un puente en la brecha de coordinación entre la seguridad federal y local; apoyar los esfuerzos de México para dirigir las preocupaciones domésticas, tales como el crimen común y la inseguridad personal; y enfocarse menos en la transferencia de tecnología y más en la construcción de la confianza hacia las instituciones.

Estado fallido o Plan Mérida

Laura Carlsen, directora del Programa de las Américas, considera que el informe de la Corporación Rand no ofrece información nueva, además de que le parece “muy floja y no actual”, pues cita fuentes secundarias como notas periodísticas que, a su vez, citan fuentes oficiales. La analista encuentra dos aciertos en el estudio: que México no tiene y debe tener una estrategia de seguridad nacional y que la ayuda del gobierno estadunidense no debería enfocarse únicamente en el crimen organizado y el narcotráfico, sino considerar las “amenazas cotidianas” a la seguridad de las personas, aunque no aporta ninguna sugerencia de cómo fortalecer ese rubro.

Al referirse a la opción política de la asociación estratégica que propone la Rand a la administración de Obama, Carlsen considera que el estudio no define la base de esa asociación que “en la práctica es una forma de intervención inaceptable y ineficaz”.

Acerca de la amenaza del “terrorismo e insurgencias” que aborda el informe, Carlsen señala que es preocupante que se integre este tema, pues los autores admiten que “no existe evidencia actual de vínculos fuertes de Al Qaeda en México”. Por otra parte, desestima el análisis de amenazas que por ahora no son manifiestas, pues se corre el riesgo de caer en la especulación.

“Ésta es una desviación de la metodología del mismo informe, que se propone analizar las amenazas existentes no potenciales. ¿Por qué si el estudio habla de amenazas en potencia sólo menciona las insurgencias rebeldes, cuando en México existen grupos paramilitares que han cometido atrocidades y que, sin duda, dado el nivel de desertores y corrupción en las fuerzas armadas y policías, se beneficiarían de los nuevos equipos de capacitación que envíe el gobierno estadunidense?”

Respecto del diagnóstico del think tank estadunidense, Raúl Benítez Manaut, presidente del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, estima que sus autores parten de la base de que México tiene áreas fallidas sin ser un Estado fallido, como calificó a este país y a Pakistán el informe Joint operating environment 2008 del Comando Conjunto de las Fuerzas de Estados Unidos en su capítulo “Estados débiles y fallidos”.

“Si ese fuera el caso, Estados Unidos no se plantearía hacer una asociación estratégica de gobierno a gobierno con México; ellos no harían una asociación estratégica con un Estado fallido, sólo harían una alianza estratégica con un Estado en funciones, aunque tenga muchos problemas, como el caso colombiano”.

Benítez apunta que la mayoría de los diagnósticos que hacen los think tanks en Estados Unidos y en el mundo coinciden en señalar que Colombia está hecha pomada, aunque el Estado está funcionando, está reformándose, combate a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y al narcotráfico, por lo que tampoco es un Estado fallido, sino un país con muchas fallas donde el Estado tiene la “energía” para combatir a sus amenazas.

Admite que el Estado mexicano es incapaz de ganar la guerra contra el crimen organizado con sus propios recursos, por eso el presidente Calderón “pide la Iniciativa Mérida, pues es preferible ser aliado de Estados Unidos que serlo del crimen organizado”.

A partir de esa premisa, indica Benítez, los analistas de la Rand enfatizan que la Presidencia de México, el Ejército y algunos servicios de inteligencia, como el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional y algunos núcleos de la Procuraduría General de la República, son eficientes y honestos, por lo que hay que apoyarlos.

El especialista en seguridad estima que la idea de una asociación estratégica con México no es nueva, data de 1994 cuando un informe del Departamento de Defensa de Estados Unidos propuso un acuerdo de libre comercio en el sector Defensa con México, pues al acuerdo comercial le faltaba un proyecto estratégico que estrechara los vínculos entre ambos países.

Para el especialista en seguridad nacional José Luis Piñeyro, las tres opciones políticas para la administración de Obama que proponen los autores del estudio de la Rand deben analizarse bajo el marco de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN); en particular, la opción de la asociación estratégica significaría el retorno de las viejas presiones de Estados Unidos al gobierno mexicano para que permita cumplir las cuatro solicitudes que le planteó –y que presionó para obtenerlas– al gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado respecto del narcotráfico.

La primera consistía en que los agentes antidrogas estadunidenses de la Drug Enforcement Administration pudieran estar armados y realizar arrestos de narcotraficantes en México; la segunda, que esos agentes pudieran supervisar y participar en los operativos antinarcóticos en México; la tercera, que esos agentes supervisaran para qué se usaba el material y equipo aéreo (en términos prácticos, aviones, helicópteros y otros equipos), y cuarta, que se permitiera la persecución en caliente en la zona fronteriza, lo que significa que, cuando un presunto narcotraficante mexicano ingresara a México desde Estados Unidos, los agentes traspasaran la frontera para apresarlo.

En opinión del profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, no sería raro que si avanza la primera opción política que propone el informe de la Rand se regrese a éstas y otras peticiones, como sería la eventual persecución aérea en espacio mexicano, o bien en aguas territoriales mexicanas, a presuntos narcotraficantes mexicanos por fuerzas estadunidenses. El académico dice: “En un sentido amplio y con respecto del narcotráfico, eventualmente entraríamos en la lógica de la ASPAN en la que, como hemos visto, Estados Unidos siempre plantea que primero es la seguridad (energética, control de zonas para controlar a posibles terroristas o narcotraficantes, y seguridad del libre tránsito de mercancías que para ellos es fundamental) y siglos después vendrá la prosperidad”.

De acuerdo con lo que propone el estudio Seguridad en México. Implicaciones para los Estados Unidos: opciones políticas, Piñeyro considera que México entraría en la lógica del Comando del Norte, en donde la cercanía entre las fuerzas armadas de México, Canadá y Estados Unidos fuese mayor. Señala asimismo que, mientras se mantengan la asimetría y la dependencia abismal frente al mercado estadunidense, no habrá prosperidad para México.

Asegura que “a los gobernantes entreguistas que hemos tenido en México” se les olvida decir que la Unión Europea, por ejemplo, es una alianza geopolítica y geoeconómica que instrumentó fondos económicos de compensación para los países pobres de ese club: España y Portugal, entre otros, para que disminuyeran las desigualdades regionales y sociales. La posibilidad de una asociación estratégica con Estados Unidos no plantea, en cambio, la prosperidad para México ni la disminución de las enormes desigualdades que existen entre regiones y clases sociales.

Por otra parte, la propuesta de la Rand plantea el riesgo de que la agenda bilateral “se narcotice” y que el diálogo entre los gobiernos caiga en una espiral en la que México haga propia la agenda antiterrorista estadunidense y descuide asuntos como el de reclamar los derechos laborales de quienes emigran hacia Estados Unidos o la regularización de la estancia de millones de compatriotas.

También, puede abandonar otros temas centrales como el proteccionismo estadunidense por la actual crisis económica y financiera y que afectará el comercio exterior mexicano.

Finalmente, Piñeyro aprecia que, si México aceptara la propuesta de esa asociación estratégica, sería reconocer implícitamente que hay una incapacidad del Estado mexicano para mantener un control soberano en el plano territorial político e institucional. “No se trata de no cooperar con Estados Unidos y con quien sea, el problema radica en el contenido concreto de esa cooperación y coordinación internacional”, pues si no se analiza se estaría reconociendo que no hay capacidad de respuesta autónoma y soberana por parte de México.

El académico reitera que él y otros analistas mexicanos han puesto el acento en que la ayuda estadunidense (equipo y capacitación) para combatir al crimen organizado, traducida en términos monetarios, representan migajas en comparación con lo que gasta anualmente el Estado mexicano en seguridad. Y a cambio, aquel país “se siente con el derecho de supervisar, participar y orientar” la operación mexicana. Recomienda que México debe conseguir asistencia técnica y capacitación en Francia, España o, incluso, Brasil, para diversificar esa relación.

Think tank para el Pentágono

El vocablo think tank se utilizó por primera ocasión en la década de 1960 para denominar a la Rand Corporation, cuyo nombre deriva de la contracción de las palabras inglesas research (investigación) y development (desarrollo). Esa corporación conjuntó las tareas de investigación para proponer soluciones que influyen en las políticas públicas de sus diversos clientes, entre ellos, el Departamento de Defensa y la comunidad de inteligencia estadunidenses.

Menos conocido es que desde noviembre de 2008 figura como miembro del Consejo de Administración el empresario Carlos Slim Helú. Al anunciar la incorporación del mexicano en su directorio, James A. Thomson, el presidente de la corporación, mencionó que “Slim Helú indudablemente ayudará a Rand a fortalecer nuestros 60 años de éxitos en proveer de análisis objetivos y soluciones efectivas que hagan frente a los retos que enfrentan los sectores privado y público en todo el mundo”.

Vicente Fox y su esposa, así como José María Aznar, estuvieron presentes en la conmemoración de los 60 años de existencia de ese centro.

De acuerdo con Raúl Benítez, Rand Corporation es el principal think tank proveedor de informes y análisis para el Pentágono. Si bien son pocos sus estudios especializados sobre México, en 1995 redactó uno sobre la emergencia zapatista en Chiapas –a solicitud del Departamento de Defensa– que fue muy influyente. Su autor, David Rumsfeld, fue el primero en señalar que el movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional llevaba a cabo una “guerra de redes”.

A partir de ese informe, recuerda Benítez Manaut, se expandió entre los analistas la idea de que los zapatistas no oponían al gobierno mexicano una guerra militar, sino una “guerra de redes o guerra cibernética” en la que compensaban su debilidad militar con la habilidad de comunicación del subcomandante Marcos.

“Fue tan importante ese informe que todos los que escribieron entonces de la crisis en Chiapas utilizaron ese concepto de la ‘guerra de redes’ que puso en boga el informe de la Corporación Rand”, señala el investigador. Por su parte, José Luis Piñeyro agrega que hacia fines de la década de 1980 la Rand elaboró un estudio sobre las Fuerzas Armadas mexicanas, cuyo autor fue, también, David Rumsfeld.

En el capítulo correspondiente a sus finanzas, el Informe anual 2008 de la Rand describe que sus valores actuales equivalentes en efectivo suman 74 mil 768 millones de dólares. Sus propiedades netas y equipo representan 128 mil 473 millones de dólares y sus inversiones a largo plazo corresponden a 183 mil millones de dólares. Asimismo, describe que, a septiembre de 2007, los contratos facturados para agencias gubernamentales estadunidenses representan alrededor de 13 mil millones de dólares, y los no facturados, 26 mil millones de dólares.

El informe

La investigación Seguridad en México. Implicaciones para los Estados Unidos: opciones políticas forma parte de un trabajo más amplio destinado a examinar un amplio rango de asuntos socioeconómicos en México; apenas fue liberada al público el 28 de abril de este año. Consta de 108 páginas redactadas por Agnes Gereben Schaefer, Benjamin Bahney y K. Jack Riley, quienes sostuvieron entrevistas con funcionarios responsables de las áreas de seguridad de ambos países (a los que no identifican), como es usual en las monografías de la Corporación Rand.

Si bien ninguno de los autores se especializa en temas mexicanos, sí lo son en asuntos estratégicos de esa corporación, como K. Jack Riley, que dirige la División de Investigación en Seguridad Nacional de la oficina de Pittsburgh de la Rand, donde coordina los análisis y propuestas para el sector público y privado en seguridad interior, seguridad fronteriza y aplicación de la ley para contener el avance del crimen organizado.

Así, los estudios de Riley llegan hasta la oficina del secretario de Defensa, el Comando Conjunto, la Marina y la comunidad estadunidense de inteligencia, entre otros, pues gran parte de su trabajo reciente está enfocado al sector de la reforma en seguridad como sus análisis sobre Afganistán, Liberia y México.

Agnes Gereben es una científica política de la Universidad Internacional de Florida, especializada en inteligencia interna. Entre sus trabajos comparativos destaca el análisis La respuesta del Ejército al huracán Katrina: la respuesta a la salud pública.

Benjamin Bahney es experto en relaciones internacionales por la Universidad de San Diego y asociado a la División de Investigación de Jack Riley en donde se ha especializado en contraterrorismo, contrainsurgencia y combate al narcotráfico, además de trabajar en las áreas de salud, asuntos internacionales, terrorismo y seguridad interior. (NE)