Segunda de tres partes. Las denuncias de casos de violencia sexual y de género en universidades públicas se multiplican, mientras las instituciones carecen de herramientas para prevenirlos y actuar de manera efectiva cuando éstos ya ocurrieron. Ejemplo de ello son el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), dos de las escuelas más importantes del país.
En el primer caso, el Poli carece de un protocolo propio para atender a las víctimas de violencia de género: se rige bajo el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual dirigido a servidores públicos del gobierno federal. Por ello, la maestra en derecho Norma Bautista Romero observa que “los procedimientos en la institución educativa no son efectivos”.
Agrega que la poca efectividad del Protocolo federal es perceptible con el número de denuncias. El Informe anual de actividades 2018 del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI) da cuenta de 14 denuncias por hostigamiento o acoso sexual en las instalaciones del IPN durante ese año, de las cuales nueve seguían en proceso de atención y cinco pendientes de calificación.
La abogada advierte que esos datos reflejan un porcentaje mínimo respecto del número de estudiantes y profesores: en 2018, el Instituto registró 180 mil 801 estudiantes.
Bautista Romero agrega que ese número de denuncias no representa la realidad. Por ejemplo, durante la conferencia “Protocolos de acoso y hostigamiento sexual”, dentro de la jornada “Activismo: IPN, sin violencia”, se les preguntó a los asistentes si habían sido víctimas de hostigamiento por parte de algún profesor y 15 alzaron la mano.
Otro indicador son las denuncias anónimas y en redes sociales. Es en ese contexto en el cual la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas estableció este 2019 su propio Protocolo para Prevención y Atención del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual UPIITA-IPN para atender el problema.
En la conferencia “Protocolos de acoso y hostigamiento sexual”, Luis Miguel Rivero –promotor de los derechos humanos del IPN– reveló que en las capacitaciones a docentes, algunos han reconocido tener relaciones no académicas con sus estudiantes y que incluso hay quienes contraen nupcias con sus alumnas.
Hasta agosto de este año, el CEPCI registró cuatro denuncias por hostigamiento y ninguna por acoso, respondió el IPN a la solicitud de información 1117100123319, hecha por Contralínea.
La abogada Bautista Romero considera que el procedimiento para la recepción y atención de denuncias, así como el protocolo contra la violencia de género federal y el del IPN para la actuación de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés en Atención de Presuntos Actos de Discriminación “no es tan accesible. Para hallarla hay que ir paso a pasito y para las víctimas no es claro”.
Agrega que además “no hay suficiente difusión”, aunque desde 2016 el Instituto tuvo que haber divulgado e instrumentado dicho mecanismo de prevención, acompañamiento y sanción. Tan sólo “revisando la página institucional no se sabe a dónde ir”: es “grave” que la información para denunciar e identificar violaciones éticas esté “desperdigada y distribuida” en diferentes documentos, considera.
Tres años después de adoptado el protocolo federal, “los estudiantes no saben dónde denunciar. Los que han agotado el proceso son mínimos. Además no se sabe qué sucedió a partir de que se denunció”; pareciera que sólo se quedan en el reporte, puntualiza la especialista en derechos humanos.
Araceli García Rico, titular de la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género (UPGPG), asegura que los alumnos pueden acudir a la Unidad y a la Defensoría de los Derechos Politécnicos para ser asesorados.
La UPGPG, sin embargo, no tiene injerencia en el procedimiento de asesoramiento, acompañamiento, recepción e investigación de los casos, refiere la abogada Norma Bautista con base en el Protocolo.
El IPN –como cualquier entidad y dependencia de la administración pública federal– tiene tres vías para presentar una denuncia por hostigamiento y acoso sexual: la administrativa, la laboral y la penal.
Con base en el Protocolo, la primera instancia a la que deberían acudir es a la oficialía de partes de la Unidad de Administración de cada dependencia. Allí, la “persona consejera” atenderá el caso para remitirlo al Comité de Ética, quien a su vez creará subcomités para investigar y emitir recomendaciones y presentar el caso al Órgano Interno de Control.
El CEPCI es el único órgano competente para consultar, asesorar y proseguir con una denuncia, ahí serán recepcionadas. Pese a que el Protocolo se creó en 2016, los documentos sobre el actuar de los Comités respecto al procedimiento de atención de denuncias son de reciente creación: las bases de integración, organización y funcionamiento del Comité de Ética y de prevención de conflictos de interés del IPN y el procedimiento para recepcionar las denuncias; el código de conducta para los servidores públicos del Instituto Politécnico Nacional fue publicado en junio de 2019.
Para la maestra en derecho Norma Bautista, hay críticas hacia el procedimiento para recepcionar las demandas, ya que en tal documento se requiere la presentación de “evidencia o el testimonio de un tercero que respalde el hecho” para proseguir con una denuncia.
De acuerdo con Bautista Romero, no siempre se cuenta con evidencia porque tales delitos se cometen en secrecía, y al no contar con medios probatorios o no reunir los requisitos, archivarían el caso.
Otro obstáculo para calificar tales actos como presunta falta ética es la limitación de los requisitos, es decir, que los hechos coincidan con las 17 vulneraciones enlistadas [no tasadas como hostigamiento o acoso sexual] en el apartado sobre el “Comportamiento digno” del Código de Conducta para servidores públicos del IPN.
Entre las conductas enlistadas están: realizar señales sexualmente sugerentes con cualquier parte del cuerpo; tener contacto físico “sugestivo”, es decir manoseos, abrazos, besos, jalones o tocamientos; tener preferencias “indebidas”; manifestar interés abierto o indirecto de connotación sexual; expresar comentarios como piropos o burlas con la misma intención sexual.
El Código acota lo que podría considerarse hostigamiento o acoso pero de forma general. En opinión de la maestra Bautista Romero, el IPN tendría que realizar un diagnóstico somero dirigido al estudiantado para identificar cuáles son las conductas frecuentes suscitadas y confrontarlas con el Código de Conducta.
Los procedimientos para denunciar deberían ser eficaces porque el IPN, al ser una dependencia federal, tiene el deber de garantizar el bienestar de su comunidad. Si la norma y el mecanismo son ineficaces, “el acceso a la justicia es ilusorio. No se hace realmente nada para garantizar que las mujeres estén libres de violencia”, afirma la abogada Norma Bautista.
El caso de la ENAH es todavía más complicado, pues la recién concluida administración de la etnohistoriadora Julieta Valle Esquivel eliminó el Protocolo de Atención a Víctimas de Violencia de Género. Éste había sido realizado por las docentes de la Escuela y aprobado para su aplicación por las autoridades. No obstante, la colectiva Mujeres Organizadas ENAH denuncia que “nunca fue difundido: lo mantuvieron en un cajón”.
Cuando las alumnas solicitaron la aplicación del Protocolo, la dirección de la ENAH señaló que no existía tal documento, refiere la colectiva. Esa revocación del Protocolo es “gravísima”, considera la abogada Yolitzin Sillas Rangel.
La institución educativa viola el artículo 1 constitucional: “en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse”, observa la especialista en derecho.
Agrega que la pasada administración de la ENAH –que inició en 2016 y concluyó en este noviembre de 2019– “violó el principio de progresividad”, indicado en el mismo artículo constitucional, que dice “que una vez reconocido un derecho no puede echarse para atrás”.
Cuando se derogó el documento, las autoridades debieron tener otro que lo sustituyera y en caso de no haber otra normativa es “aún más grave”, porque se deja en indefensión a las personas que quieren ocupar las herramientas o mecanismos creados, advierte, por su parte, la maestra en derecho Norma Bautista.
Cuando es derogado un documento de esta naturaleza sin justificación, es posible demandar a la ENAH por devenir en una omisión institucional. “Una universidad es una persona moral, una autoridad, que si violenta derechos humanos puede ser demanda en juicio federal, mediante una demanda de amparo en su contra, explica la especialista en el estudio de la violencia de género.
“La Escuela nunca ha mostrado preocupación por la seguridad de las compañeras, profesoras y trabajadoras al denunciar acoso en las instalaciones”, expresa la colectiva Mujeres Organizadas.
Es por ello que –entre enero y junio de 2019– estudiantes, profesoras y administrativas elaboraron en conjunto una herramienta para acompañar a quienes sufrieron violencia de género. Ello en respuesta a la ausencia de una unidad de género y de un protocolo de atención, así como de mecanismos preventivos para el hostigamiento, acoso sexual y violaciones. En la página oficial de la institución educativa dependiente del Instituto Nacional de Antropología e Historia no se encuentran datos sobre denuncias por violencia de género.
La colectiva Mujeres Organizadas ENAH se dio a la tarea de sondear este tipo de violencia en la comunidad. Los resultados de la encuesta, realizada en abril de 2019 arrojaron que del total (209 miembros de la comunidad consultados), el 41.7 por ciento sufrió algún tipo de violencia al interior de las instalaciones en los últimos 2 años.
El 64.6 por ciento de quienes contestaron la encuesta fueron mujeres, es decir 135. De éstas, 102 sufrieron acoso sexual; 62 vivieron algún tipo de violencia emocional; 26 sufrieron hostigamiento sexual por parte de un docente, jefe o encargado de departamento; 26 fueron víctimas de abuso sexual (las tocaron o besaron sin tu consentimiento, un hombre les enseñó sus genitales o se masturbó frente a ellas, fueron obligadas a ver pornografía o exponer su cuerpo); 13 fueron obligadas a tener relaciones sexuales; seis sufrieron intentos de violación sexual; 38 fueron víctimas de ciberacoso; seis contestaron que publicaron sus fotografías privadas en alguna red social sin su consentimiento; 17 fueron amenazadas (por redes sociales o en persona).
Otro dato relevante es que 47 señalaron como agresores a profesores de asignatura o tiempo completo y 17 a otros integrantes de la comunidad de la Escuela (compañeros de trabajo, policías de la entrada, trabajador, jefes de trabajo); 60 de ellas aseguraron que sus agresores fueron o son compañeros de clase; 48, que era un conocido miembro de la comunidad; 19, un amigo que estudia en la ENAH, y 19 aseguraron que sus agresores fueron o son sus parejas y pertenecen a la comunidad, refiere el documento de Violencia contra las mujeres en la ENAH.
Los resultados de la encuesta realizada por la colectiva contrastan con los datos registrados por el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del INAH y por la propia Escuela.
En la respuesta a la solicitud de información 1115100094119, el Comité de Ética asegura que en los 3 años de la dirección de la maestra Julieta Valle Esquivel sólo se registró una denuncia por hostigamiento sexual de parte de una trabajadora de la Escuela, con fecha del 19 de septiembre de 2019. Ante el nulo registro de denuncias, el Comité de Ética no ofrece número de docentes sancionados por hostigamiento.
No obstante, en el oficio 401.12C.5-2019/519, la dirección de la ENAH apunta que hay tres denuncias en los últimos 2 años de la administración de Valle Esquivel: una es por hostigamiento hecha por una alumna, con fecha del 10 de agosto de 2018; y dos en 2019: una del 27 de agosto (presentado por una trabajadora) y la más reciente del 5 de septiembre (externa). Todas en sus instalaciones escolares.
La dirección de la Escuela respondió no contar con registro de rescisión de contrato de algún docente o trabajador por hostigamiento y acoso sexual o por cualquier otra razón violatoria a la ética de los servidores públicos, en la respuesta a la solicitud de información 1115100094319 hecha por Contralínea.
El Protocolo para la Atención de Casos de Violencia contra las Mujeres de la comunidad de la Escuela Nacional de Antropología e Historia lo realizaron con el fin de definir los pasos a seguir tras sufrir violencia de género (hostigamiento, acoso sexual, violación, entre otros) y no con fines punitivos. Además de plasmar en él la forma en que deberían ser tratadas las víctimas (sentirse acompañadas y no revictimizadas).
Al presentar su protocolo, las involucradas señalaron que el defensor del estudiante, Jorge Andrade Galindo, carece de la capacidad para atender los casos que se presentan, por lo que han pedido su destitución y la incorporación de una defensora mujer con “perspectiva feminista”.
El Protocolo realizado por la comunidad femenina fue entregado a la dirección del plantel el pasado 28 de junio de 2019, por Alma de Alva Rodríguez, sicóloga de la Consejería contra la Violencia de Género, adscrita a la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Escuela, y quien acompañó la realización del instrumento.
La maestra en teoría sicoanalítica Alva Rodríguez asegura que al momento de hacer entrega del documento a Jorge Andrade Galindo, coordinador de la Defensoría Universitaria, expresó que “su posición como sicóloga no era válida. Descalificó el Protocolo y me lo aventó diciendo: ‘tanto esperar para esta porquería’”.
Actualmente, el documento se encuentra en proceso de aprobación por las autoridades escolares, a 4 meses de haber sido entregado, informó la colectiva en un comunicado. Asimismo, la Asamblea General ENAH subrayó que su aprobación ya quedó “pactada” para este mes de noviembre.
En opinión de la colectiva, las autoridades han “aletargado” el proceso de aprobación, lo que significa que “nuestras vidas poco les importan”, dijeron en la toma simbólica de la Secretaría de Cultura el pasado 10 de octubre.
Al respecto, Andrade Galindo dice que el Protocolo “tiene ventajas de cómo se tiene que atender. Sin embargo sí tiene que ser incluyente. No debe estar dirigido sólo a un sector, sino a una generalidad por eso se habla de género y todo tiene que ser transversal”.
Por su parte, la especialista en género Alejandra Buggs Lomelí explica que se habla de violencia de género para que quede claro que estamos hablando de la violencia que ejerce la sociedad hacia las mujeres, se habla de la condición de la mujer dentro de un sistema patriarcal y la forma en que éste las lastima al colocarlas como ciudadanas de segunda, como personas a las que se nos puede violentar y discriminar por el hecho de ser mujeres.
La aprobación de tal documento es “vital” para tener “certeza jurídica”, dice la abogada Norma Bautista Romero: de no tener validez institucional, las mujeres de la Escuela se quedarían, una vez más, en indefensión.
En una reunión del Consejo Técnico de la ENAH –realizada el 22 de agosto pasado– se determinó la modificación del Reglamento General Académico. Entre los cambios está la creación inmediata de una consejería de atención a los casos de violencia contra la mujer, la cual será independiente de la Defensoría del Estudiante y funcionará con base en el Protocolo, así lo informó un comunicado de la Asamblea General. No obstante, la colectiva acusa que no ha otorgado un sitio físico donde operará.
A través de sus instituciones educativas, el Estado mexicano es corresponsable y “está fallando” en proteger y garantizar una vida libre de violencia a las mujeres, por la ausencia e ineficacia de los protocolos. Lo anterior, a pesar de que la Comisión Belém do Pará, la Comisión para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer y el artículos 1 constitucional determinen la protección de las mujeres.
De no tener regulación garante de salvaguardar la integridad de las mujeres, el Estado atenta contra el derecho de saber la verdad, el acceso a la justicia y a tener reparación del daño de las víctimas, explica la especialista en derechos humanos Norma Bautista.
A 9 años de reformarse el artículo 1 constitucional, en materia de derechos humanos, se establece la protección de estos para todas las personas, las escuelas “apenas balbucean” sobre violencias ejercidas contra las mujeres en sus campus y aulas, opina Leonardo Olivos Santoyo, especialista en estudios del género. El investigador apunta que dentro de los espacios académicos no hay lugar para la reflexión sobre tales temas.
Además, las escuelas resultan corresponsables, pues “respaldan” a los profesores hostigadores por ser parte del engranaje institucional, opina Melchor López Hernández, maestro en educación superior por la UNAM.
A las universidades les cuesta trabajo enfrentarse a los costos que puede traer enunciar y reconocer la existencia de hostigamiento, acoso y feminicidios en sus aulas; le huyen al conflicto siempre presente. Al final, les sale el tiro por la culata porque cuando el problema se hace más grande, las instituciones no saben qué hacer. “Si no se toma al toro por los cuernos, no va a parar”, indica Lucía Riojas Martínez, diputada independiente y miembro de la Comisión de Género.
Para la activista Lucía Riojas, las entidades educativas –públicas y privadas– deben “tomar cartas en el asunto de manera urgente” porque no se ve la puesta en marcha de medidas concretas que ayuden a erradicar tal tipo de violencia, lo que permitiría hacer de sus aulas espacios seguros, sólo emiten comunicados que se quedan en el papel.
“Si no hacemos nada [desde lo legislativo y hasta el ámbito educativo], si permitimos que las violencias se reproduzcan por los perpetradores, dejamos que las víctimas piensen que no se puede hacer nada”, añade la legisladora.
Desde el Poder Legislativo hay indicios de querer atacar al hostigamiento y acoso sexual en las universidades mexicanas, pues se tiene pensado trabajar con las instituciones de educación superior para poner en común las modificaciones a sus protocolos, dice Contralínea Martha Lucía Mícher Camarena, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género de la Cámara de Senadores.
La senadora considera necesario que el Protocolo de la UNAM sea socializado con las universidades carentes de reglamentación, “me parece extraordinario lo que han logrado en materia de prevenir, atender, sancionar y eliminar el acoso, hostigamiento y la violencia en el ámbito educativo”, dijo.
Por su parte, la diputada Lucía Riojas sostiene que los instrumentos existentes en la materia no han sido suficientes porque no han frenado tal fenómeno. La existencia de normativas es “útil”, sin embargo no son suficientes.
“La conducta de las personas no cambia a partir del establecimiento de leyes”, apunta la investigadora Amparo Ruiz del Castillo. “Hay que cambiarlo desde los procesos educativos y esto viene desde la primaria y, claro, desde la familia”. La apuesta está en la reeducación, finaliza.
Jordana González
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