Una mujer sometida (cara restregada en el suelo, manos en la espalda) por seis policías; un anciano empujado hacia una jardinera; un hombre acurrucado a punta de cascazos por un granadero; toletazos al joven que lo único que hace es abrazar a la novia; otro hombre cubriéndose lo que puede mientras es pateado en el piso por cuatro uniformados; reporteros esforzándose en conservar sus cámaras mientras una formación de escudos se cierra y los encapsula; manifestantes levantándose la playera para mostrar las marcas dejadas por las balas de goma; rapados vestidos de civil que, cadenas en mano, ayudan a policías sin nombre ni placa a detener personas… Son algunas de las escenas disponibles de manera profusa en internet que ilustran los métodos vigentes para establecer la “seguridad pública” en el Distrito Federal durante las manifestaciones sociales.
“Lo más importante es que no hemos tenido muertos”, destaca reiteradamente, en entrevista con Contralínea, Jesús Rodríguez Almeida, secretario de Seguridad Pública del gobierno de Miguel Ángel Mancera. “No hemos tenido lesionados de gravedad y se salvaguardan las libertades de expresión de todas las personas que se manifiestan en la Ciudad”, añade tranquilo, pero con la firmeza de quien está convencido de que lo dicho es una verdad irrefutable.
Rodríguez Almeida sabe que en su cargo se toman decisiones difíciles y reconoce que deben “sacrificar” algunos derechos por otros. No importa que ni la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni ordenamiento, reglamento o ley alguna respalde jurídicamente tal afirmación. El funcionario, doctor en derecho, afirma: “Hemos preferido sacrificar los bienes jurídicos [de algunos], digamos menores, por los de todos los demás” (sic).
En la habitación en la cual conversa con Contralínea cuelga, enmarcado y brillante –como el de todos los jefes que la Policía de la ciudad ha tenido desde mediados del siglo XX–, el retrato del general Luis Cueto Ramírez, quien estuviera en funciones durante el movimiento estudiantil de 1968.
Tras la última marcha conmemorativa de la matanza de Tlatelolco, después de una jornada más de macanazos, disparos de balas de goma, gases y detenciones arbitrarias, 114 organizaciones civiles emitieron un comunicado solicitando un alto a la “represión del Estado”, contra la “criminalización de la protesta” y el “clima de hostigamiento en contra de defensoras, defensores y periodistas”.
“La reacción oficial [ante las manifestaciones] ha estado caracterizada por un autoritarismo que ha mantenido una tendencia creciente”, denuncia el texto firmado, también, por decenas de defensores de derechos humanos. “En distintas marchas y acciones de protesta se [ha] podido constatar que la respuesta del Estado ante expresiones fundamentalmente pacíficas ha sido el abuso de autoridad y la comisión de violaciones a derechos humanos.”
“Imagínense nada más… Cualquier persona que pueda decir eso creo que no conoce la realidad”, refuta Rodríguez Almeida. “Hoy tenemos 11 protocolos que establecen claramente los límites de la Policía con respecto a las libertades de los ciudadanos.”
Si bien durante la administración de Marcelo Ebrard se utilizó la fuerza pública contra transportistas, sindicatos y estudiantes, la violencia se exacerbó desde la etapa previa al cambio de poderes en 2012, y a partir de entonces los cuerpos de seguridad han sido protagonistas permanentes.
La Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal establece en el artículo 17 que la policía debe servir con “honor y fidelidad a la sociedad”, “respetar y defender los derechos humanos”, así como “no discriminar en cumplimiento de sus funciones a persona alguna”, “abstenerse de todo acto de prepotencia y de limitar injustificadamente las acciones o manifestaciones que, en ejercicio de sus derechos constitucionales y con carácter pacífico, realice la ciudadanía”, “recurrir a medios no violentos antes de emplear la fuerza y las armas” y no “infligir ni tolerar actos de tortura”.
Decenas de denuncias hechas públicas por diversos medios exhibirían que los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) han violado prácticamente todo lo establecido en el citado artículo. Pero el secretario, contundente, asevera que la violencia policiaca está lejos de ser una costumbre. Al contrario, para él, es una excepción:
“Sólo en el 1 por ciento [de las manifestaciones] ha habido necesidad de utilizar la fuerza pública. ¡En el 1 por ciento! –enfatiza levantando la voz–. Y en este año prácticamente en menos [de ese porcentaje].”
Durante la actual administración ha sido reiterada la táctica de encapsular personas. La maniobra no ha sido dirigida exclusivamente contra manifestantes. También periodistas, mirones e incluso visitadores de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) han sido acorralados por un muro de escudos de granaderos.
Por ejemplo, en abril pasado, durante una movilización en contra de la reforma en telecomunicaciones y por intentar detener la golpiza que uniformados propinaban a los presentes, miembros del Comisión fueron encapsulados. “Un elemento policial arrebató el teléfono celular a uno de nuestros compañeros que registraba los hechos, al momento de que otros policías grababan” a los demás con el propósito de intimidarlos, acusó la propia CDHDF al interponer una denuncia penal por lo ocurrido.
“Eso que tú llamas ?‘encapsulamiento’ no existe”, deniega con molestia el secretario. “Eso lo inventó algún medio de comunicación. Nosotros le llamamos encauzar (como el cauce del río) a las personas hacia un lugar precisamente para que no corran riesgos o no vayan a cometer acciones delictivas. Eso se llama prevenir.”
El funcionario admite que alguna vez –por supuesto de forma excepcional, nunca como regla– un ciudadano recibió un trato brusco por parte de sus compañeros. Y afirma que en esas ocasiones hubo “investigaciones al respecto, castigos ejemplares para los elementos”.
Se le pregunta cuántos elementos han sido sancionados en los 20 meses de gestión.
“No tengo nada ahorita”, responde y promete revisar.
Diversos informes de la organización internacional de defensa de la libertad de expresión Artículo 19 ubican al Distrito Federal como una de las entidades de la República Mexicana con más agresiones en contra de periodistas. La muestra actualizada se encuentra en el Informe del segundo trimestre de 2014, que revela que el Distrito Federal sólo es superado por Veracruz en la carrera por ser el número uno en violencia contra la prensa.
Invariablemente en los registros de la organización se remarca que la mayor cantidad de ataques no proceden de miembros directos del narcotráfico o cualquier modalidad del crimen organizado, sino de servidores públicos y, en el caso del Distrito Federal, de la Policía.
“El 90 por ciento de agresiones provienen de cuerpos de seguridad, granaderos y policías vestidos de civil”, declaró Darío Ramírez, director de la organización, al presentar un informe más en cuya imagen principal se ve a un granadero descargar el contenido de un extintor en la cara de un reportero que graba con un teléfono móvil su propia agresión.
Decenas de periodistas han perdido sus equipos mientras sufrían una llave camino hacia una patrulla, por un puñetazo o un empellón de la autoridad. Patadas, manotazos e insultos han sido documentados en cada evento. Golpes en la cabeza, en las costillas y espinillas; lesiones en los hombros, la nuca y las muñecas han sido algunas consecuencias del trato policiaco a los periodistas. Sin embargo, Rodríguez Almeida, jefe de los uniformados, dice no conocer ningún caso:
“Quiero comentar que no tenemos reportes de que la Policía haya agredido a reporteros. Al contrario…”
—¿Ni uno solo?
—No tengo el dato específico […]. Pero aquí en la Ciudad de México no hemos visto ningún periodista muerto, ningún periodista lesionado de gravedad.
—¿Entonces no hay ningún expediente o investigación interna por alguna agresión contra reporteros?
—En este momento no. No [hay] porque no ha habido ninguna queja [ni] denuncia de algún reportero contra nosotros mismos (sic)… Entonces eso habla que aquí buscamos propiciar la libertad de expresión. No sólo de los ciudadanos sino también de los reporteros.
De acuerdo con el secretario, para cada movilización la entidad elabora un plan operativo. Explica que se considera el número de personas que asistirán y si “realizan violencia o no”. Todo está previsto.
—¿Quién decide el número de elementos que acuden a una manifestación?
—Entre un servidor y el subsecretario de operación policial [Luis Rosales Gamboa].
Si una decisión gubernamental está tomada, la Secretaría se encargará de hacerla respetar a su modo. Un crudo ejemplo de ello es el caso de San Bartolo Ameyalco.
La tarde del 21 de mayo de 2014, después del encontronazo entre cascos y sombreros de palma, la cantidad de heridos rebasó el centenar. La SSPDF había considerado que 2 mil granaderos eran el número pertinente para cuidar una obra hídrica en proceso que los habitantes acusan beneficiará a los acaudalados pobladores de Santa Fe.
“En principio quiero comentar que ahí lo que se pretendía ya se logró, que era construir el ducto de agua […]. El objetivo de nosotros era proteger precisamente la obra”, dice sobre el tema Rodríguez Almeida, quien en esa ocasión acuño el término de “brutalidad ciudadana”, ahora reproducido fielmente en cada oportunidad por reporteros y medios afines.
Cuenta que los policías fueron agredidos, que seis de ellos estuvieron retenidos por “personas mal informadas”, que “fue necesario salvarle la vida a esos seis compañeros antes de que los fueran a linchar”, pero no comenta nada sobre las mujeres, menores de edad y ancianos heridos, ni responde con claridad el motivo de enviar tal cantidad de elementos a la localidad.
Según Jesús Rodríguez Almeida, la política de Miguel Ángel Mancera, y ejecutada por él, no puede calificarse como represiva pues, asegura, la Policía “no va armada a manifestaciones… Con armas de fuego –se apura a precisar–, [ni usa] balas de goma ni de ningún otro tipo. Ni gases, ni tanquetas de agua”.
Los métodos no son autoritarios porque, dice, no pasa lo que en Egipto, Turquía, Chile o España. “Lo más importante es que no tuvimos muertos. No tuvimos lesionados de gravedad y se salvaguardaron las libertades de expresión de todas las personas que se manifestaron en la Ciudad”, repite, orgulloso, y presume que laPolicía en 6 meses ha “llevado a muchísimas personas a prisión”: “Tan sólo en lo que va del año llevamos más de 15 mil detenidos en el Ministerio Público”.
“Creo que eso habla de que la Policía de la Ciudad de México no ha sido represiva, aun cuando haya voces inocentes que quieran achacarle, después de lo que acabo de decir, ese tipo de calificativos”, remata.
“La política de seguridad pública del gobierno del Distrito Federal es represiva y aplicada con el único fin de obtener bonos políticos. Jamás es elaborada para resolver de raíz los problemas en la materia que subyugan a la sociedad, porque ello tomaría mucho tiempo y los servidores públicos difícilmente cosecharían los laudos necesarios para conseguir sus aspiraciones personales”, dice en entrevista con Contralínea Martín Gabriel Barrón Cruz, investigador titular C del Instituto Nacional de Ciencias Penales.
El que los factores inherentes a la Ciudad de México sean complejos no significa que los actos delictivos que se dan en ella no puedan ser identificados, tipificados y combatidos con estrategias diseñadas para cada uno.
En la detección de los problemas y sus consecuentes resoluciones deben estar presentes en todo momento las condiciones locales. “Deberíamos tener diagnósticos, análisis, incluso por zonas o regiones del mismo Distrito Federal”, dice el especialista en la materia. “Estos estudios no se hacen”, agrega.
“Hay que ver la movilidad, las características propias. Algo que se llama, desde la década de 1920, teoría de la ecología social, que nos permite explicar esos movimientos de la delincuencia en las grandes ciudades.”
El criminólogo explica que la política de seguridad pública practicada en el Distrito Federal, más que estar ceñida a las condiciones sociales imperantes en la Ciudad, ha sido una compilación desorganizada de medidas importadas a gusto de los gobernantes en turno, “dependiendo de quién les venda una nueva estrategia o una nueva solución política que sólo redunda en beneficios políticos, no sociales”.
Un hecho que significa más que un ejemplo, por su trascendencia hasta la actualidad, fue la visita pagada de Rudolph Giuliani, exalcalde de Nueva York, Estados Unidos, por “la módica cantidad de 4 millones de dólares”.
En aquella ocasión, el político que se hiciera mundialmente famoso por ver caer las Torres Gemelas durante su gestión, elaboró a través de su empresa consultora una serie de puntos que prometían ser un dique ante la criminalidad.
Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard y subalternos que después encabezarían la política, más los dueños del capital asentado en la metrópoli, sonrieron ante el eslogan vendido por Giuliani: Tolerancia cero. “Es decir, una política represiva”, traduce Barrón Cruz.
Desde entonces, los métodos de represión se mecanizaron hasta “no tolerar ningún malestar social”.
Lo que no dijo Giuliani, continúa el investigador, es que la política de “tolerancia cero” lo que hizo fue incrementar la brutalidad policiaca en Nueva York. Ferocidad que más que caer sobre asaltantes, secuestradores o delincuentes de camisa y corbata, se concentró en tareas como “quitar de la vía pública a los limpiaparabrisas, a los mendigos, a las prostitutas, etcétera”. Es decir, limpieza social
El modelo se replicó en México, donde los indígenas, ancianos y vendedores ambulantes se sumaron a la lista de quienes son combatidos como criminales.
Por lo menos cuatro recomendaciones emitidas por la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal, 16 expedientes abiertos en el organismo, 13 amparos, dos denuncias penales y una investigación en marcha en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) han surgido por acciones de limpieza social, informó Contralínea en su edición 356 .
“Llevamos 120 mil remitidos ante el juez cívico en 6 meses. Cifra récord”, señala con satisfacción Jesús Rodríguez Almeida, actual secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal.
Los mecanismos de represión están anclados en estadísticas, explica Barrón Cruz. Entre más golpes policiacos haya, mayor es la eficiencia, argumentan quienes las encabezan. “Incluso en la anterior administración [de Marcelo Ebrard] se decía que: policía que no remita a una persona a los juzgados cívicos o a los ministerios públicos es un mal policía. La política de tolerancia cero lo único que hace es mandar a prisión a más personas por faltas administrativas”.
Gran parte de la fuerza disponible se canaliza en acciones contra ciudadanos por su apariencia física o condición social, arrojando como resultado la criminalización de la pobreza.
Barrón Cruz expone como muestra de lo anterior la diferencia en el incremento desmesurado en el número de personas tras las rejas: mientras en 1997 había alrededor de 20 mil, en la actualidad son 43 mil las personas que permanecen en prisión en el Distrito Federal. “Estudios que hay sobre el sistema penitenciario del Distrito Federal nos dicen que más del 70 por ciento de la población que está recluida aquí es por montos de 4 mil pesos”.
“Se está mandando gente inocente a las cárceles y los verdaderos delincuentes están en la calle”, sostiene Olivia Garza de los Santos, diputada local, miembro de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
“[Vamos por] todos los que se andan embriagando en la vía pública, drogándose”, advierte Rodríguez Almeida. “Ahora lo que hacemos es que vamos con 400 o 500 [policías] para que no haya posibilidad de obstaculización (sic) de la acción de la justicia”, explica el funcionario con la firmeza de quien está seguro de que hace lo que se debe hacer. A unos cuantos metros del funcionario, dentro de la misma habitación, también brilla la imagen enmarcada de un sonriente Arturo Durazo Moreno, el Negro.
—¿A mayor encarcelados, mayor seguridad? –se le pregunta al investigador Martín Barrón.
—¡Claro que no! Ahí están los índices.
A pesar de que la Secretaría de Seguridad Pública, encabezada por Jesús Rodríguez Almeida, ha sido acusada de violar sistemáticamente los derechos humanos, criminalizar la pobreza y la protesta, de encargarse de llevar a cabo una limpieza social; fabricar pruebas y coludirse con el crimen organizado, así define el secretario la política de seguridad pública que envuelve a la Ciudad de México:
“Es garantista, derechohumanista. Que busca proteger a toda costa la dignidad humana. Que busca proteger las libertades de los ciudadanos. Que tiene una tendencia democrática con miras a generar o salvaguardar los bienes jurídicos fundamentales de los ciudadanos del Distrito Federal y de todos los que vienen al Distrito Federal. Que tiene rasgos específicos de transparencia, rasgos muy claros de rendición de cuentas. Que busca generar a toda costa la protección de los derechos humanos: una política democrática.”
La Ciudad de México se ha despertado con noticias similares a las que circulan en Culiacán, Sinaloa; Nuevo Laredo, Tamaulipas; o Ciudad Juárez, Chihuahua: cuerpos descuartizados, cabezas embolsadas, familias rafagueadas –niños incluidos– en su casa, jóvenes levantados en un bar. La última, antes del cierre de edición, un comando que irrumpe en una fiesta infantil dejando un muerto y cinco lesionados, entre ellos una niña de 3 años.
—¿Ha identificado la SSPDF el modus operandi del narcotráfico del resto de la República en la Ciudad?
—No. Nosotros tenemos en principio combatir el narcomenudeo. No el narcotráfico. Eso le corresponde a la Federación. Yo no puedo hablar de ese tema porque el mío es el narcomenudeo en la Ciudad –responde Jesús Rodríguez Almeida.
“Empezamos a ver conductas delictivas de grupos organizados con otro tipo de manera o de convicción de delitos (sic), como son el caso de delitos de alto impacto… Cosas que no habíamos visto en el pasado”, dice sobre el tema Olivia Garza de los Santos, diputada de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
El secretario no está de acuerdo, pues en el caso de las personas descuartizadas que se han enfriado sobre el pavimento de la Ciudad, según lo que el propio Rodríguez Almeida ha “podido constatar, después de las investigaciones”, se ha dado “cuenta que fue el esposo, el amante, el novio […] Porque los modus operandi han sido distinto [entre cada crimen] y los móviles también: celos, venganzas, ajustes de cuentas, “narcomenudeo”.
“Cuando hablamos ya de ‘narcotienditas’ y ‘narcomenudeo’ pues eso ya es delincuencia organizada, aunque no lo quiera reconocer el gobierno de la Ciudad”, replica Garza de los Santos. “Sin lugar a dudas, todos estos negocios evidentemente es delincuencia organizada, hablamos de grupos que cometen delitos de alto impacto, delitos del fuero común. Esto lo empezamos a ver con más frecuencia en la Ciudad de México… El sólo decir que aquí no pasa nada no es suficiente”.
Para Jesús Rodríguez Almeida el origen no es el narcotráfico, las noticias siguen siendo la nota roja habitual: “Infinidad de asuntos de ese tipo y que los [cuerpos los] meten en bolsas y los tiran… Cuando se hacen investigaciones se da uno cuenta que no tienen ese origen”.
“Esto de que no le guste al gobierno de la Ciudad decir que hay delincuencia organizada en el Distrito Federal yo creo que es el primer problema: para saber que existe un problema hay que reconocer que está”, considera Garza de los Santos.
—¿Cuál es el mayor riesgo al que están expuestos los capitalinos? –se le pregunta al secretario de Seguridad Pública. Sin más, responde:
—El mayor riesgo son los mismos ciudadanos que delinquen contra otros ciudadanos. Punto.
En el Distrito Federal convergen todos los problemas sociales generados por el modelo económico imperante en el país. Sólo Chile supera a México en la escala de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos de los países miembros, cuyo abismo entre ricos y pobres es más hondo.
La inequidad de oportunidades y condiciones corroen de tal forma una sociedad hasta convertirla en un cultivo de delitos, los cuales son cometidos por personas de todas las clases sociales. “Muchos dicen que pobreza es igual a delincuencia y no es cierto”, asegura el criminólogo Martín Barrón.
“¿Por qué alguien que gana bien también comete fraudes?”, pregunta el investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales. “¿Acaso la gente con poder adquisitivo alto no comete delitos? ¿No comete fraudes, extorsiones, intimidación hasta obtener beneficios? ¿Por qué las trasnacionales operan como operan?
“¿No tenemos los contratos de Oceanografía con Petróleos Mexicanos en los que hubo corrupción? ¿No se demostró que el banco HSBC estaba lavando dinero para el narcotráfico? ¿Cuál fue la sanción? Simplemente una multa. ¿No hemos tenido banqueros que han sido encontrados responsables de fraudes multimillonarios? ¿Y qué pasó? ¿Están en la cárcel? ¡No! Están libres. ¿Por qué cometieron un delito si tenían todo asegurado?”
Los delitos de cuello blanco son los que mayores consecuencias transmiten al resto de la sociedad, sin embargo son los menos castigados. El desvío de recursos públicos, el desfalco al erario, los fraudes bancarios, el lavado de dinero y la evasión fiscal repercuten en personas que ni siquiera se enteraron de los hechos.
“La justicia es patrimonio de los poderosos. Los pobres, los menos instruidos y los no influyentes están condenados de antemano”, escribe Héctor Zagal.
Por ello, añade Barrón Cruz, de acuerdo con estudios sobre el sistema penitenciario del Distrito Federal, más del 70 por ciento de los que permanecen en cárceles capitalinas están encerrados por delitos que no traspasan los 4 mil pesos. “¡Cuatro mil pesos!”
Cifras oficiales, engañosas
Cada mes, casi cada semana, el Gobierno del Distrito Federal y la Secretaría de Seguridad Pública difunden cifras y declaraciones sobre los índices delictivos en la Ciudad. Para las autoridades, los números son una muestra irrefutable del éxito de las políticas ejecutadas.
—¿Los datos gubernamentales reflejan la realidad? –se le cuestiona al investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales Martín Gabriel Barrón Cruz.
—No necesariamente, porque de las estadísticas tú puedes obtener lo que quieras. Vas a darle la interpretación que quieras. Las estadísticas se hacen a conveniencia de la autoridad porque es la misma autoridad la que las elabora.
El criminólogo explica que los datos oficiales son elaborados a partir de las denuncias realizadas, de los expedientes abiertos, por lo que siempre quedará la sombra de la cifra negra, que son las denuncias que jamás se presentaron.
“Hay delitos en los que por cada denuncia pueden ser siete que no se presenten”, añade Barrón, doctor por la Universidad Autónoma Metropolitana. Por su parte, Jesús Rodríguez Almeida no está de acuerdo: “No tenemos una forma de medirlo. No hay un estimado. No podemos estimar lo que no es medible”.
“En el papel, a lo mejor para ellos [el gobierno del Distrito Federal y la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal] las cifras bajan, pero la verdad de las cosas es que si bajan es porque menos gente denuncia, porque menos gente tiene confianza en el Ministerio Público para denunciar. La gente tiene hasta temor de acudir a un MP” (sic), dice Olivia Garza de los Santos, integrante de la Comisión de Seguridad Pública de la Asamblea Legislativa capitalina.
Las razones por las que las personas prefieren guardarse para sí la ira de haber sufrido un delito en vez de acercarse a alguna autoridad van desde el tiempo que ello implicaría (“en la administración pasada hicieron un estudio en el que se calculaba que para ir a presentar una averiguación previa en el Ministerio Público se necesitaban 8 horas”, apunta Barrón Cruz), hasta la idea esparcida entre los habitantes de la Ciudad que de cualquier forma imperará la impunidad.
“La propia autoridad inhibe la denuncia”, comenta Barrón Cruz. “Incluso muchas de las ocasiones en el Ministerio Público se le dice a la víctima que él provocó el delito.”
Sean confiables o no la cifras en la materia, cada percepción será determinada por múltiples factores, continúa el especialista. Un diputado o un empresario, por ejemplo, no ven las cosas como el obrero:
“Los datos que siempre nos está dando la autoridad son para decirnos que van bajando los índices delictivos, pero la percepción del ciudadano común y corriente, el que transita, el que no trae seguridad, el que no trae guaruras, el que no tiene un respaldo, pues percibe otras cosas. El funcionario que transita en su vehículo y que le van abriendo paso dice: ?Pues en la Ciudad de México se transita fácilmente’…”
“Todos tenemos algún amigo que ha sido objeto de un delito, y ahí es donde se cruza la información”, finaliza la diputada Garza de los Santos.
Protocolos de actuación policial para la detención de infractores y probables responsables
Para realizar la detención de Infractores y Probables Responsables se aplicarán los siguientes criterios:
I. Sean sorprendidos en flagrancia
II. En los supuestos contemplados por la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal o cualquier otro ordenamiento que disponga como sanción el arresto
III. Cuando se haga de su conocimiento la presunta comisión de un hecho delictivo; y
IV. En cumplimiento de un Mandato Judicial y/o Ministerial
Al realizar las acciones para la detención de Infractores y Probables Responsables, la Policía del Distrito Federal deberá:
I. Respetar los derechos humanos, con apego a la normatividad vigente del uso de la fuerza pública
II. Utilizar candados de mano, conforme a lo dispuesto en la normatividad aplicable
III. Poner inmediatamente a disposición de la autoridad competente al infractor o probable responsable, y
IV. Hacer del conocimiento del infractor o probable responsable, los derechos que le asisten en términos de lo dispuesto en el Protocolo
V. Abstenerse de realizar actos que impliquen intimidación, discriminación, tortura y en general cualquier otra acción u omisión que implique tratos crueles, inhumanos o degradantes
En los casos que para la detención de infractores o probables responsables se requiera el uso de la fuerza, se deberán observar los principios siguientes:
i. Legalidad
ii. Racionalidad
iii. Congruencia
iv. Oportunidad y
v. Proporcionalidad
La Subsecretaría de Desarrollo Institucional a través de la Dirección General de Carrera Policial y el Instituto Técnico de Formación Policial, serán las instancias encargadas de continuar y fomentar la capacitación, adiestramiento y actualización de los cursos dirigidos a la Policía del Distrito Federal, necesarios para la implementación del Protocolo
Los cursos de capacitación, adiestramiento y actualización contendrán básicamente las siguientes materias:
I. Marco Jurídico
II. Derechos humanos y uso de la fuerza
III. Equidad de género, diversidad sexual y no discriminación
IV. Justicia para adolescentes
V. Manejo de Equipamiento para la detención de infractores y probables responsables
VI. Técnicas, Tácticas y Estrategias para la detención de infractores y probables responsables, y
VII. Primeros Auxilios
Mauricio Romero, @mauricio_contra
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