Postrimerías del sexenio de Felipe Calderón. Ya sólo faltaban unas cuantas semanas para cerrarse el segundo periodo presidencial panista en la historia de México. Entre la turbulencia poselectoral, la violencia permanente y el inminente relevo gubernamental, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) proyectó la construcción de la nueva sede del Poder Judicial de la Federación (PJF) en el estado de Oaxaca.
Pero 44 concursantes se quedaron en ascuas; con las cuentas bancarias listas y las botellas para celebrar. Enrique Peña Nieto asumió la Presidencia y los poderes de la Unión se reacomodaron al nuevo orden priísta.
Lo mismo ocurrió con el PJF y sus proyectos, incluido el nuevo edificio en Oaxaca. Por ello “no fue sino hasta el 26 de marzo de 2013 que se declaró desierta la licitación y el 1 de abril de ese año se hizo del conocimiento de las empresas participantes”, cuenta la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la fiscalización correspondiente a 2013.
La obra debía empezar desde el 19 de diciembre de 2012. Y no era cualquier construcción: “el edificio sede del Poder Judicial de la Federación en San Bartolo Coyotepec, en el estado de Oaxaca –especifica la ASF– está compuesto por un edificio principal de forma circular con nueve niveles para oficinas que albergarán a ocho juzgados de distrito, dos tribunales unitarios y seis tribunales colegiados, áreas de servicios comunes y estacionamiento para 152 vehículos; y un segundo edificio que será un estacionamiento con capacidad para 464 vehículos.
“La superficie de construcción total es de 54 mil 678.67 metros cuadrados, que incluye terrazas, balcones y circulaciones abiertas, más 12 mil 47.36 metros cuadrados del área de jardines y vialidades.”
Ante el cierre de la licitación, el CJF encontró una salida: contratar a la Secretaría de la Defensa Nacional, institución armada que ya ejercía funciones policiales en la región y que ampliaría a lo largo del régimen sus tareas hacia la arquitectura, ingeniería y albañilería civil.
Antes de avisar el 26 de marzo a las empresas que soñaron con el millonario contrato que la licitación sería declarada como desierta, el Consejo de la Judicatura Federal ya preparaba el camino para nombrar a las Fuerzas Armadas como su constructora oficial de los juzgados necesarios para implementar los juicios orales.
“En el acuerdo de la Comisión de Administración OM-DGIM-ACUERDO del 22 de marzo de 2013 […] se solicitó a la Secretaría Técnica de la Comisión de Administración elevar al Pleno del CJF para su análisis y, en su caso, aprobar la suscripción del Convenio de Colaboración Interinstitucional con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)”, relata la ASF.
El Pleno del CJF no vaciló, y el 15 de abril de 2013 el entonces ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Silva Meza, plasmó su firma al lado de la del general secretario de Defensa, Salvador Cienfuegos, para contraer el contrato marco SE PLE./ADM/.006/1513/2013 entre el Consejo de la Judicatura y la ahora también inmobiliaria Sedena.
Más de 300 salas de audiencia en 44 Centros de Justicia Penal Federal son los proyectos que el PJF planea edificar en la República antes del fin del sexenio, aclaró ante varios reporteros el magistrado José Nieves Luna Castro en noviembre de 2014.
Para entonces, la sede en Oaxaca ya estaba en plena obra, pues desde el 9 de mayo de 2013 el CJF había estrenado el convenio de colaboración interinstitucional dándole a los militares la misión de erigir el complejo “hasta por un monto total de 813 millones 284 mil pesos”, que debió ser inaugurado en diciembre pasado.
Según el Consejo de la Judicatura Federal, contrató al Ejército-constructor “debido a que ofrecía precios más bajos de mercado; se evitaría la contratación de supervisión externa, con el consiguiente ahorro de 3 a 6 por ciento; el reintegro del recurso por productos financieros al término de los trabajos; excelente calidad en la ejecución de los trabajos, respaldados por pruebas de laboratorio y garantías requeridas de equipos y materiales y soluciones técnicas sin costo extra”.
Así lo justificó el CJF. Pero la Auditoría Superior de la Federación detectó lo contrario cuando revisó lo hecho en la sede del Poder Judicial en Oaxaca, ubicada en la calle Aldama, 106, paraje El Tule, en San Bartolo Coyotepec.
Para empezar, apunta la ASF, “de la contratación de la Sedena no se obtuvieron las mejores condiciones de mercado contrariamente a lo establecido [por el CJF]”, pues la obra a cargo de los militares costó 14.6 por ciento más que lo estipulado en el proceso base, cuando la licitación era abierta.
“Además, en dicho concurso las empresas licitantes presentaron propuestas que a costo directo una es menor que el presupuesto estimado y 15 son inclusive menores a costo directo que la propuesta de la Sedena”, agrega la Auditoría. Por ello no debió ser contratado el Ejército, si es que se pensaba en el uso eficiente de los dineros públicos.
El CJF declaró “improcedente, infundada y contradictoria” la observación del organismo fiscalizador, ya que, según él, “el factor económico no es la única condición que deba tomarse en cuenta en la contratación”.
También fundó su rechazo en que en 2013 el presupuesto base, de un golpe, se elevó a 853 millones 330 mil 800 pesos, “mientras que el importe contratado con la Sedena es de 747 millones 441 mil 900 pesos, IVA incluido”. Es decir, por debajo del nuevo piso cimentado por la Judicatura en favor de la propuesta única de los militares.
La Auditoría solamente fiscalizó el 71.8 por ciento de los 123 millones 475 mil 900 pesos gastados en 2013. “De los 144 conceptos comprobados mediante estimaciones se revisó una muestra de 32 conceptos por un importe de 88 millones 647 mil 200 pesos”. Con eso le bastó para demostrar las deficiencias en el proyecto.
Para iniciar “la excavación, cimentación, estructura de los edificios A y B y obras exteriores”, el CJF dio por adelantado 270 millones 703 mil 800 pesos, 9 millones 177 mil 900 más que lo estipulado en el contrato, sin contar el IVA.
Por las etapas 2 y 3 (marcadas del 10 de octubre de 2013 al 9 de noviembre de 2014 y del 31 de diciembre de 2013 al 14 de noviembre de 2014, para “la obra relativa a las albañilerías; instalaciones hidráulica, sanitaria y de gas; y elevadores y precolados en fachada”, así como los trabajos de “cancelería, mobiliario y acabados”), el Consejo depositó en el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, SNC, 150 millones 535 mil 300 pesos más. Para la última etapa, que debió cumplirse el 1 de diciembre de 2014, se comprometieron otros 189 millones 951 mil 200 pesos.
A diciembre de 2013 el Consejo le había entregado a los militares 421 millones 239 mil 100 pesos, pero “la Sedena únicamente le comprobó mediante estimaciones el ejercicio de los recursos por 123 millones 475 mil 900 pesos”. Ni la mitad de lo que se le dio, y el CJF tampoco exigió “la comprobación de los recursos otorgados”.
Esta observación también la consideró “improcedente” el ente encargado de la justicia mexicana, pues algunos trabajos serían terminados en 2014, pero no explicó los motivos por los cuales la Sedena entregó otras estimaciones con meses de retraso.
Más grave aún fue que se pagaron labores con dimensiones menores a las manifestadas por la inmobiliaria armada. “El CJF le reconoció a la Sedena volúmenes de obra comprobados incorrectamente por un monto de 10 millones 17 mil 200 pesos” en 19 conceptos de obra del edificio A, cuatro del B, y cuatro más.
“Debido a que las cantidades pagadas no se corresponden con las incluidas en los planos proporcionados por la entidad; existe duplicación de desperdicio […]; se duplicó el volumen en los muros de contención de los edificios A y B; las longitudes de las pilas se cobraron con longitudes de 23 y 28 metros cuando en el proyecto se establecen de 22.20 y 27.20 metros”, especifica la ASF. “Para la cuantificación del concreto promedió el ancho de las nervaduras correspondientes a la losa reticular del edificio B [y las aplicó al edificio A]; sin embargo, éstas difieren en ancho y cantidad, por lo que es incorrecto utilizar un promedio para cuantificarlas […]; sobredimensionaron las placas de unión en las conexiones.”
También rechazó el Consejo de la Judicatura Federal este apunte. Dijo que aún no pagaban –en agosto de 2014, cuando se hizo la revisión– tales obras, que “los volúmenes expresados en los generadores de las estimaciones presentadas habían sido para comprobar los trabajos realizados y no para pago”.
“Como resultado de las reuniones de trabajo sostenidas con el personal de la entidad fiscalizada, del importe observado de 10 millones 17 mil 200 pesos, el CJF aceptó la incorrecta comprobación de 8 millones 991 mil 200 pesos.”
Por ello, la ASF pidió al Órgano Interno de Control en el CJF iniciar un “procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión autorizaron en las estimaciones para comprobación de los recursos otorgados volúmenes de obra mayores que los ejecutados”.
El complejo oaxaqueño debió ser inaugurado en diciembre de 2014. Pero no fue así:
—No, no. La sede no ha sido inaugurada ni está en funciones– confirma a Contralínea Jorge Camargo, director General de Comunicación y Vinculación Social del Poder Judicial de la Federación.
Por último, “el CJF no verificó que la Sedena contara con las atribuciones para la ejecución de los trabajos”: construcciones ajenas a la Defensa Nacional.
La Auditoría señala “que de las facultades conferidas a la Sedena en el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, no se desprende que cuente con atribuciones para celebrar convenios o contratos para ejecutar obra pública distinta de la construcción, adaptación, mantenimiento y demolición de fortificaciones, fortalezas y toda clase de instalaciones para la propia Secretaría”.
Lo anterior lo refutó también el Consejo de la Judicatura Federal. Argumentó que el general secretario de la Defensa tiene atribuciones para firmar lo que sea de “competencia” de la Secretaría. “Por lo tanto se desprende que la instrucción del secretario de la Defensa Nacional está implícita en el convenio marco firmado con fecha 15 de abril de 2013, toda vez que el mismo fue autorizado y suscrito por él”.
Por otra parte, adujo que, de acuerdo con “el artículo 38, fracción I, del Reglamento Interior de la Sedena”, el Ejército puede realizar “todo tipo de trabajos de interés nacional cuando así sea instruida”, y que la Administración de la Justicia Federal (sic) es de orden público, por lo que “resulta del interés nacional la construcción de los inmuebles necesarios para albergar los órganos jurisdiccionales federales”.
Además, continuó el CJF, las Fuerzas Armadas ya han “ejecutado obra pública para otras instancias gubernamentales del Ejecutivo federal, como la Semarnat [Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales], el Senasica [Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Alimentaria], la Sagarpa [Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rurak, Pesca y Alimentación] y el Servicio de Administración Tributaria”.
Las fracciones séptima y octava del artículo 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, al que hace referencia la ASF, únicamente señalan la construcción de fortificaciones, fortalezas y toda clase de recintos militares para uso del Ejército y de la Fuerza Aérea, así como la administración y conservación de cuarteles y hospitales y demás establecimientos militares”, así como asesoramiento militar para “la construcción de toda clase de vías de comunicación terrestres y aéreas”.
Por ese motivo, subraya en sus conclusiones la Auditoría Superior en la revisión por parte de la Cámara de Diputados, “la actuación de la Sedena como contratista de otros entes de la administración pública federal [va] en detrimento de sus funciones sustantivas”, que en la ley son 18 más, ajenas a la inmobiliaria y enfocadas al ejercicio militar.
A pesar de las irregularidades detectadas, de rebasar por decenas de millones de pesos el presupuesto inicial; a pesar de contar con los mismos vicios de las constructoras privadas, el CJF insistió de todas formas ante la fiscalización, en un tono casi publicitario, que la oferta de la Sedena ofrecía “las mejores condiciones de seguridad, tiempos de ejecución, costos, calidad y experiencia”.
Contralínea solicitó entrevistas con el general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional, con el ministro Luis María Aguilar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también con el contralor del Consejo de la Judicatura Federal, Marino Castillo Vallejo. La respuesta del ministro fue que no da entrevistas, mientras que el contralor solicitó un cuestionario que después rehusó contestar porque aún estaban en “revisión” las observaciones de la Auditoría. Del general secretario no se obtuvo respuesta.
Mauricio Romero, @mauricio_contra
[PORTADA]
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