Los 89 cárteles que arrasan México

La Procuraduría General de la República (PGR) revela a Contralínea que en México operan 88 organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilegal de estupefacientes, cuyas ganancias anuales superarían los 39 mil millones de dólares (unos 468 mil millones de pesos). De éstas, ocho son consideradas como “grandes organizaciones del narcotráfico” por la dependencia que encabeza Jesús Murillo Karam.

Los Zetas, el Pacífico (o Sinaloa), los Arellano Félix, La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios, el Nuevo Cártel de Juárez, el Cártel de la Barbie y el Cártel de los Beltrán Leyva son las organizaciones que dan origen o cobertura a los otros 80 grupos delincuenciales, indica el informe Células delictivas con presencia en el país, fechado el 25 de marzo de 2013 y elaborado por la PGR con base en reportes de los aparatos de inteligencia del Estado mexicano.

El listado y el mapa, contenidos en el documento oficial, descubren que tanto para la Procuraduría como para el gobierno federal el Cártel del Golfo ha dejado de existir y ya no es un objetivo en su supuesta lucha contra el crimen organizado. Su presunta extinción se habría dado el año pasado, tras la captura de quien sería su último líder, Eduardo Costilla Sánchez, el Coss, ocurrida el 12 de septiembre de 2012.

De confirmarse la información de la PGR, la desaparición del otrora poderoso enemigo del Cártel de Sinaloa parecería el único “logro” de la “guerra” contra el narcotráfico, que supuestamente libró el pasado gobierno de Felipe Calderón Hinojosa y que cobró la vida de más de 100 mil civiles. No obstante, esta extinción se derivaría en sí del debilitamiento que le causó la ruptura a fines de 2009 y el posterior enfrentamiento con su brazo armado Los Zetas, al punto de llevar a la organización que consolidó Juan García Ábrego a unirse a su histórico enemigo Joaquín Guzmán Loera, el Chapo.

Para Jorge Luis Sierra –experto en el estudio de la seguridad nacional y la delincuencia organizada–, este punto del informe debe verse con reservas. El investigador considera que aún hay indicios que apuntan a una presencia mermada, pero no extinta, del Cártel del Golfo en regiones relevantes para el crimen organizado.

En su más reciente mapa de los cárteles –Mexican cartels. Map depicting areas of dominant influence–, elaborado en enero de 2012, la Agencia Antidrogas estadunidense reportaba que el Cártel del Golfo se ubicaba en la frontera entre Tamaulipas y Nuevo León, área que abarcaba Reynosa y Matamoros. También, que su influencia alcanzaba a Tampico, Tamaulipas; Veracruz, Veracruz; y Villahermosa, Tabasco.

El encumbramiento del Cártel de la Barbie es otro punto que sobresale en el informe Células delictivas con presencia en el país (entregado por la PGR a Contralínea por medio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, oficio SJAI/DGAJ/5211/2013 relacionado con el recurso de revisión RDA0538/13); ello a pesar de que su cabecilla, Édgar Valdez Villarreal, fue detenido desde el 30 de agosto de 2010.

Hasta ahora, el narcotraficante conocido con el sobrenombre de Barbie había sido identificado como un criminal de rango medio: era el jefe de los sicarios del Cártel de los Beltrán Leyva.

[contextly_auto_sidebar]

De las ocho “grandes organizaciones del narcotráfico”, el Cártel de la Barbie es el que cuenta con más grupos afines: 23. Le sigue el de los Arellano Félix, con 14; el Cártel del Pacífico, con 12; La Familia Michoacana, con cinco; Los Zetas, con tres; y los Caballeros Templarios y el Nuevo Cártel de Juárez, con dos, respectivamente. Mientras que del Cártel de los Beltrán Leyva se habrían escindido 19.

Aunque en términos de número el Cártel de Sinaloa ocupa el tercer lugar, éste es el que tiene a las organizaciones más relevantes a su favor: Gente Nueva, Cártel de Jalisco Nueva Generación, Cártel del Poniente, Cártel de la Laguna, Los Mata-Zetas, Los Cabrera, La Barredora, el Comando del Diablo o Comando Guerrero Diablo, el Aquiles, el Tigre, los Artistas Asesinos y los Mexicles.

El consorcio criminal que encabeza Joaquín Guzmán Loera –y que se extiende a 50 países de los cinco continentes–, controla el mercado de la cocaína y las metanfetaminas. Pero sus negocios no se limitan a los llamados delitos contra la salud, al tráfico de armas y al lavado de dinero; también están involucrados en tráfico de personas, de animales en peligro de extinción, de maderas finas y piedras preciosas, trata de blancas, secuestro, robo de combustibles a Petróleos Mexicanos, robo de automóviles, piratería, extorsión y cobro de piso.

El informe de la PGR, del cual Contralínea tiene copia, señala que Gente Nueva se ubica en Chihuahua y Sinaloa; el Cártel de Jalisco Nueva Generación, en Jalisco, Colima, Michoacán y Veracruz; Los Cabrera, en Durango y Chihuahua; La Barredora y el Comando del Diablo, en Guerrero; el Cártel del Poniente, en Coahuila; el Cártel de la Laguna, en Durango y Coahuila; Los Mata-Zetas, en Veracruz y Jalisco; las pandillas del Aquiles y del Tigre, en Baja California; y las de los Artistas Asesinos y los Mexicles, en Chihuahua.

Para Jorge Luis Sierra, “todas las células [que menciona el reporte] han tenido un nivel de importancia alto, en la medida en que han funcionado como el brazo operativo y de recolección de inteligencia táctica de las grandes organizaciones. Cuando la situación se ha prestado, reciben las órdenes y ven condiciones favorables, todas ellas han ejercido de una u otra manera el mismo nivel de brutalidad y violencia”.

Los Zetas, considerados como los narcotraficantes más violentos del país y cuyos negocios abarcan el Continente Americano y llegan hasta el Europeo, tendrían bajo su control, según la PGR, a tres organizaciones de menor nivel pero igual dimensión de brutalidad: Los Talibanes, Los Legionarios y Los Hijos del Diablo.

No obstante, al parecer dos se han deslindado del que era el brazo armado del Cártel del Golfo, conformado en un principio por militares de elite que desertaron de los grupos Aeromóvil y Anfibio de Fuerzas Especiales y de la Brigada de Fusileros Paracaidistas del Ejército Mexicano.

De acuerdo con la investigación de la Procuraduría, Los Talibanes se ubican en Tamaulipas y Quintana Roo. Esta facción, sin embargo, declaró la “guerra” a Los Zetas el 1 de junio de 2012. Ese día se colocaron en Zacatecas unas mantas presuntamente de su autoría, con las fotografías impresas del líder de Los Zetas, Heriberto Lazcano Lazcano, y de otros delincuentes que habían sido abatidos o capturados, bajas que entonces le achacaban al Lazca.

El 20 de agosto de 2012, el líder de esta célula Iván Velázquez Caballero, el Z-50 o el Talibán, rompió abiertamente su vínculo con Los Zetas tras señalar en unas mantas colocadas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, que Miguel Treviño –el Z-50– y Heriberto Lazcano se aliaron con “los federales” y traicionaron a sus jefes para controlar el cártel. El Z-50 fue capturado el 28 de septiembre y el Lazca fue “abatido” el 7 de octubre de ese mismo año por elementos de la Secretaría de Marina.

El segundo grupo que la PGR vincula a Los Zetas –Los Legionarios– opera en San Luis Potosí, Zacatecas, Nuevo León y Tamaulipas. Su objetivo, según refirieron el 20 de octubre de 2012 a través de unas mantas, es acabar con el Z-40 o Talibán. “Los Legionarios somos un grupo de Zetas renegados que fuimos traicionados por [el] ‘Z-40’. Los Legionarios tenemos claramente la orden de exterminar sólo a la gente de Los Zetas y familias… ojo por ojo”.

Los mensajes, reportados por algunos medios de información, concluían así: “Nuestro negocio es el narcotráfico, sólo y exclusivamente. Respetamos a las fuerzas federales y la lucha que hacen para terminar con el narco”.

De acuerdo con el informe de la Procuraduría, Los Hijos del Diablo se localizan en San Luis Potosí y Zacatecas. A esta célula se le vincula con el narcotraficante Miguel Treviño e incluso con miembros del supuestamente extinto Cártel del Golfo.

El investigador Jorge Luis Sierra observa que estas células operativas de los nuevos Zetas han ejercido altos niveles de violencia y brutalidad de manera más sistemática y constante que el resto de las pandillas.

Explica que en México “nunca ha habido un combate frontal [contra el crimen]. El combate frontal sería empleando todos los elementos del poder nacional, reforzando las instituciones, eligiendo un diseño apropiado de la fuerza y construyendo presencia del Estado mexicano en lugares donde es prácticamente inexistente”.

“Tras la ofensiva militar sostenida durante los 6 años [del gobierno de Calderón], en nuestros días los grupos criminales han sufrido tres modificaciones fundamentales. La primera es que se han fraccionado: los seis grupos originales que cubrían todo el territorio nacional se fraccionaron al influjo de los golpes policiacos y represivos del Ejército en un número muy amplio de organizaciones más pequeñas”, refiere el maestro en ingeniería financiera y experto en el estudio de la mafia trasnacional Jorge Retana Yarto.

Agrega que la segunda es que se convirtieron en organizaciones multicriminales: cometen más de 20 delitos específicos con los cuales nutren a su organización, sus finanzas y su actividad. Ya no sólo se trata de producir o traficar enervantes en la frontera Norte de México y Sur de Estados Unidos.

La tercera modificación, explica Retana Yarto, es que estos grupos de base nacional se han internacionalizado. Sus actividades ilícitas se cometen lo mismo en México que en el resto de América y en Europa.

El fraccionamiento de la mafia mexicana ha derivado en el ascenso del nuevo Cártel de la Barbie, como identifica la Procuraduría General de la República a una de las “grandes organizaciones del narcotráfico” y de la cual no se tenía registro hasta ahora.

Dicha organización tiene vínculos con El Indio, que opera en Chiapas, el Distrito Federal, el Estado de México, Guerrero, Morelos y Quintana Roo; Los Canchola, El Cabezas, El Panda, El Coyote y El Banda, en Morelos; La Oficina, el Cártel Independiente de Acapulco, Los Marquina, Santana Ríos Bahena, Iguala, El Mudo y EI Yey, en Guerrero; El Güero Guetamo, en Guerrero y Morelos; el Cártel del Centro, el Comandante 8 y el JJ y/o Batman, en el Estado de México; Los Pelones, en Guerrero, Morelos, Quintana Roo, Estado de México y Chiapas; El Javi, en Quintana Roo; El Pelón, en Chiapas; El Pelos, en Morelos, Distrito Federal, Estado de México y Guerrero; la Nueva Administración, en el Distrito Federal; y grupos al mando de una persona que se apellida Solano, en Morelos y Guerrero.

El general brigadier en situación de retiro Samuel Lara Villa, presidente de la Federación de Militares Retirados General Francisco J Múgica, AC, refiere que la responsabilidad de la proliferación de los grupos criminales es de quien llevó a México a un estado de guerra: las guerras siempre conllevan la generación de bandas y pandillas que aprovechan las situaciones de caos para delinquir impunemente.

Del informe Células delictivas con presencia en el país se desprende que de las 14 pandillas ligadas al Cártel de los Arellano Félix, 13 tienen presencia en Baja California (Don Balas, El Mario, El Melvin, El Chan, El Jorquera, grupos dirigidos por una persona de apellido García, grupos dirigidos por una persona que se apellida Barranco, Pelioni, El Kieto, Chikaka, El Bibi, El Licenciado y El Turbo) y una en Baja California Sur (Los Zamudio).

Las células ligadas a la Familia Michoacana son Guerrero(s) Unido(s) y/o la Nueva Empresa, que opera en Morelos, Guerrero y el Estado de México; La Resistencia, en Jalisco; Champis y/o Champis Crew, en Michoacán; Brown Side Family, en Michoacán; y la Empresa, en el Estado de México y Morelos.

Los Caballeros Templarios cuentan con la Guardia Morelense, en Morelos, y Los Troyano, en el Estado de México. Y el Nuevo Cártel de Juárez, con dos pandillas afines: la Línea y los Aztecas, que operan en Chihuahua.

Según la PGR, los Beltrán Leyva son los únicos que han perdido el apoyo de sus bases, pues de este cártel se han escindido 19 organizaciones: el Chico Malo, con presencia en Nuevo León; el H2, en Nayarit, Jalisco y Sinaloa; los Mazatlecos, en Sinaloa, Baja California Sur y Nayarit; los Tigres, en Sinaloa y Nayarit; el 2 Mil, en Sonora; los Granados, en Guerrero; los Rojos, en Guerrero y Morelos; Morelos Unidos, en Morelos; el Nuevo Cártel de la Sierra, en Guerrero; los Pineda, en Chiapas, Nuevo León, Estado de México y Morelos; los Zafiros, en Guerrero y Morelos; el Cártel del Pacífico Sur, en Morelos; La Oficina, en Aguascalientes y Baja California Sur; La Mano con Ojos, en el Distrito Federal y Estado de México; el Mosco, en el Distrito Federal y Oaxaca; los Gilos, en Sonora; el Tigre, en Guerrero; Los Ardillos, en Guerrero, y Los Arturos, en Baja California.

Para el general Francisco Gallardo, doctor en ciencias políticas y académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, ante la falta de estrategia, la “lucha” contra el narcotráfico se dedicó a exterminar los liderazgos. “Cada vez que había una aniquilación de una cabeza surgían otras tres, cuatro o cinco. Fue una multiplicación de pequeños grupos o fragmentos que buscaban un reacomodo. Los grupos delincuenciales con más poder fueron cooptando y controlando territorios que ahora se ven por zonas muy específicas, por ejemplo Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, por el lado del Este; y por el Occidente Norte, Tijuana, Sonora; en el centro, más abajo, Sinaloa, parte de Chihuahua, Durango, Nayarit y Jalisco”.

Gallardo señala que la falta de una estrategia derivó en una pérdida de control. “Calderón quiso legalizar [la lucha] a partir de la creación de la Ley de Seguridad Nacional, que por cierto está todavía en ciernes, cuando pudo haber emitido un estado de excepción apoyado por todas las fuerzas políticas para hacer una estrategia y un marco jurídico y constitucional del Poder Ejecutivo por el Poder Legislativo en su rama militar, con base en el Artículo 89, fracción sexta [de la Constitución]. Esta situación llevó a un caos y ahora va a ser muy difícil reestructurarlo porque, lejos de atacar el crimen organizado, rompió el tejido social en muchas regiones de México”.

El informe de la PGR revela que los 80 nuevos cárteles surgidos en el sexenio de la “guerra” contra el narcotráfico se ubican en 24 entidades de la República Mexicana, incluido el Distrito Federal.

En el nuevo mapa de la criminalidad, la mayoría de grupos narcotraficantes se localiza en el Norte y el centro del país: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Veracruz, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Aguascalientes, Estado de México y Morelos; mientras que en el Sur-Sureste se encuentran en Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.

De estas entidades, cuatro concentran la presencia del 85 por ciento de los medianos y pequeños cárteles, células y pandillas: Guerrero, gobernado por el perredista Ángel Aguirre; Morelos, encabezado por el también perredista Graco Ramírez; Baja California, que aún administra el panista José Guadalupe Osuna; y el Estado de México, en manos del priísta Eruviel Ávila.

Según la información de la PGR, Guerrero es donde hay una mayor presencia de organizaciones del narcotráfico. Se trata de cuatro grandes cárteles y 21 de menor tamaño. De éstos, dos están vinculados al Cártel del Pacífico; uno, al de La Familia Michoacana; 12, al de la Barbie; y seis se escindieron de los Beltrán Leyva.

La violencia en ese estado, considerado entre los más peligrosos del mundo, no ha cesado a pesar de los niveles de militarización a los que fue sometido desde inicios del sexenio pasado. Además de los operativos militares, como el actual Guerrero Seguro, ahí se ubican de forma permanente la Novena Región Militar, que dirige el general de división diplomado de Estado Mayor Genaro Fausto Lozano Espinosa; la Trigésima Quinta Zona Militar, a cargo del general de brigada diplomado de Estado Mayor Juan Manuel Rico Gámez; y la Octava Región Naval, que hasta hace unos días encabezaba el almirante Sergio Javier Lara Montellano, actual secretario de Seguridad Pública de Guerrero.

—¿Por qué no funcionó el despliegue militar permanente de las tres Fuerzas Armadas para contener y erradicar a las bandas del crimen organizado? –se le pregunta a Jorge Luis Sierra.

—Primero, porque la formación militar no es apropiada para luchar contra un enemigo que emplea medios no militares como la corrupción, la extorsión, el camuflaje en la población civil y el lavado del dinero. Segundo, las Fuerzas Armadas nunca recibieron el respaldo legal para hacer esa labor y operaban y han operado al margen de las propias leyes. Tercero, las Fuerzas Armadas nunca han recibido el presupuesto necesario para operar en el mar y sellar las fronteras marítimas, controlar el espacio aéreo efectivamente y ocupar por tiempos prolongados los lugares con actividad criminal intensa.

A pesar de ser una de las entidades más pequeñas en extensión territorial, Morelos ocupa el segundo sitio con mayor presencia de grupos criminales. Allí se asientan cuatro grandes organizaciones del narcotráfico y 19 de menor nivel: La Familia Michoacana y tres de sus pequeños cárteles, células o pandillas; Los Caballeros Templarios y uno de sus grupos aliados; la Barbie, con 10 organizaciones de menor tamaño; de los Beltrán Leyva, allí se escindieron cinco grupos. En ese estado también se ubica la Vigésima Cuarta Zona Militar.

El maestro Retana Yarto indica que el problema fundamental es que el crimen organizado le ha arrebatado las atribuciones de autoridad al Estado en distintas partes del territorio nacional. Y el Estado mexicano, a través de sus cuerpos armados, Policía Federal y Ejército, ha sido incapaz de restablecer su autoridad. “Después de todos estos años, el Estado no ha sido capaz de restituir su autoridad en distintos territorios en donde acciona o controla el grupo criminal”.

En la tercera posición se localiza Baja California, al registrar la presencia de tres grandes cárteles del narcotráfico y 17 pequeñas organizaciones criminales ligadas a éstos. De acuerdo con la PGR, 14 están vinculadas al Cártel de los Arellano Félix; dos, al del Chapo Guzmán, y la última se escindió de los Beltrán Leyva. Allí también está la presencia permanente de la Segunda Región y Segunda Zona Militar y de la Segunda Región Naval.

La cuarta entidad más asolada por el narcotráfico es el Estado de México, de donde es oriundo el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Ahí la PGR registra la presencia de cuatro grandes organizaciones de las que se desprenden otras 11: dos son escindidas del Cártel de los Beltrán Leyva; seis, ligadas al de la Barbie; dos, a La Familia Michoacana, y una, a Los Caballeros Templarios. En esta entidad se ubican la Vigésima Segunda Zona y Trigésima Séptima Zona Militares.

Jorge Luis Sierra opina que el impacto de estos 88 grupos criminales ha sido muy perjudicial para la sociedad, porque eso implica que el modelo de usar pandillas o pequeñas organizaciones delictivas para controlar zonas geográficas del país se basa en la expansión de la capacidad de reclutamiento voluntario o forzado de jóvenes que viven cerca de las zonas de operación de organizaciones o entran en contacto con ellas.

También, refiere, los negocios ilícitos han sufrido un impacto porque la delincuencia organizada cobra sus impuestos y se convierte en una Hacienda de facto para los negocios irregulares o francamente ilícitos. Así, los negocios lícitos se han visto afectados: “en zonas de la frontera, la delincuencia organizada se presenta de noche a los locales de negocios exitosos, lleva cerrajeros, cambian las cerraduras y le avisan al legítimo propietario que el negocio entero ha dejado de pertenecerle”.

—¿Cómo ha determinado esta presencia de cárteles, células y pandillas el conflicto que vive México?

—A medida que la fuerza militar se ha aplicado en las regiones del país, las organizaciones criminales han extendido su actividad en todo el territorio nacional para evitar su destrucción. Esta diseminación territorial fue una consecuencia inesperada de las políticas antidrogas mexicanas. Su extensión ayudó a la organización de nuevas células, más atomizadas, menos conectadas entre sí y por tanto más difíciles de identificar, perseguir y destruir. Por esa razón, por ejemplo, el Cártel de los Arellano Félix casi fue destruido, pero la violencia y el tráfico de drogas permanecieron debido a la existencia de muchas pequeñas células que llenaban los vacíos existentes –opina Sierra.

La ubicación de las 88 organizaciones del narcotráfico es parte de un amplio diagnóstico sobre la delincuencia organizada en poder del gobierno de Peña Nieto. Éste revela que en el gobierno de Felipe Calderón, lejos de combatir la criminalidad, la “guerra” generó 80 nuevos cárteles. Como lo ha documentado Contralínea (ediciones 286 y 295), en el sexenio pasado los narcotraficantes se consolidaron como empresas trasnacionales, y actualmente son 15 veces más rentables que el Grupo Carso de Carlos Slim. Su presencia alcanza a más de 50 países de los cinco continentes.

“Contrariamente a lo que se pensaba por parte del gobierno, de que la presencia del Ejército iba a intimidar a estos grupos delincuenciales, lo que hizo fue fragmentarlos y que le respondieran en el mismo tono: con las mismas armas, tácticas y, en muchas ocasiones, con mejores armas que las del gobierno. Las fuerzas de seguridad actuaron desarticuladas. Incluso había conflictos entre las mismas ramas de las Fuerzas Armadas, porque Calderón le dio más prioridad a la Secretaría de Marina y la sacó de su función de tutelar los mares y las costas y la involucró en la lucha contra el narcotráfico”, opina el general Francisco Gallardo.

Para combatir y desarticular este despliegue criminal, Jorge Luis Sierra opina que el gobierno federal debe emplear todos los elementos del poder nacional en una política de seguridad de largo plazo, transexenal, basada en marcos jurídicos modernizados que protejan los derechos humanos y refuercen los controles democráticos de la operación gubernamental. También se requiere pensar que no hay política de seguridad exitosa en México que olvide el combate a la corrupción gubernamental, el lavado de dinero y la pobreza en las zonas marginadas donde operan las células que apoyan al crimen organizado.

El investigador indica que México no es todavía un Estado fallido, pero está en riesgo de serlo. “La delincuencia organizada controla apenas entre el 8 y el 15 por ciento de los municipios del país y a veces sólo tiene control parcial en algunas zonas. Lo que si parece evidente es que lejos de ser acotada por la intención del gobierno anterior de ‘recuperar territorios’, la delincuencia organizada ha encontrado sus propias formas de expandirse a través del reclutamiento de la delincuencia semiorganizada y, en algunos casos, el control violento y brutal de la no organizada”.