Dos sexenios de fraudes por miles de millones de pesos con recursos públicos y de pactos de impunidad entre las figuras principales de la clase política mexicana es lo que revela la denuncia pública de Emilio Lozoya Austin ante la Fiscalía General de la República (FGR) el 11 de agosto pasado.
El documento de 63 páginas, distribuido masivamente a través de redes sociales el pasado 19 de agosto, involucra a 17 personajes entre exservidores públicos, exlegisladores y empresarios. La denuncia implica a las más altas esferas de los sexenios de Enrique Peña Nieto (2012-2018) y Felipe Calderón (2006-2012).
La denuncia penal interpuesta por el exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex) se centra en las irreguaridades cometidas en la empresa productiva del Estado, mediante contratos deventajosos, como los celebrados con la brasileña Odebrecht y la adquisición de la planta chatarra Agro Nitrogenados o los que terminaron con la venta de activos o la adquisición de deuda. Pero también compromete a otras dependencias, como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), las oficinas de la Presidencia de la República y el Poder Legusltivo, en específico las bancadas de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI).
“Lo que puedo referir como director general de Pemex, mi primer cargo público relevante en el país, es que Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso crearon un esquema de corrupción en el gobierno federal, en el cual el común denominador era el siguiente: todas las personas que de cierto modo apoyaron en la campaña presidencial, tenían que ser remuneradas o compensadas. La forma en cómo eran recompensados era dándoles contratos de proveeduría de insumos, contratos diversos, adquisición de empresas o inmuebles, para que estas personas se beneficiaran”, asegura Emilio Lozoya Austin en su denuncia penal.
Y agrega que “incluso, en ocasiones, después de dichas operaciones, debían de devolver dinero para beneficio de las futuras campañas electorales del PRI o bien para beneficio propio de Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso u otros, como en el caso de Odebrecht”.
La trama de corrupción de la trasnacional Odebrecht, decrita en la denuncia, alcanza al expresidente Felipe Calderón Hinojosa y a sus entonces subordinados José Antonio Meade Kuribreña –quien fuera candidato presidencial del Patrtido Revolucionario Institucional (PRI) en 2018–, José Antonio González Anaya y Ernesto Cordero Arroyo –exsecretarios de Estado involucrados directamente en el desventajoso contrato de Etileno XXI–, revela el documento.
En su escrito, Lozoya Austin señala “quiero dejar muy en claro que Odebrecht sí tuvo uno participación relevante en el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero también tuvo una gran participación en el gobierno de Felpe Calderón Hinojosa. Explico: en el gobierno de Calderón se celebró un contrato multimillonario con la empresa Braskem, en la cual era accionista Odebrecht. Como antecedente, señalo que Etileno XXI es una planta que fue la inversión más importante que hizo Braskem en México, y esa planta procesa el etano, convirtiendo el etano en plásticos”.
Agrega que “el negocio que hicieron los brasileños es que Pemex le vendería a Braskem el etano, ya que Pemex era el único proveedor, pero le harían un descuento inexplicable de más de 25 por ciento sobre el precio del mercado, lo que hacía súper desventajosa la posición de Pemex. Muchos grupos mexicanos hubieren deseado un contrato así, tales como Grupo Alfa y Grupo Desc, entre otros. Sin embargo, por razones estrictamente políticas se le dio a Braskem”.
Según Lozoya Austin, Luis Weyll –representante en México de Odebrecht– le contó que ese contrato redituó económicamente a muchos políticos panistas cercanos al entonces presidente de la República, quienes “recibieron fuertes sumas de dinero, y con ello Braskem se posicionó tanto que, incluso, recuerdo que hicieron una parte de una sesión de su Consejo de Administración en Los Pinos, con lo presencia de Felipe Calderón Hinojosa”.
En su denuncia penal apunta: “después supe que dieron sobornos para gestionar una prórroga del contrato de Etileno XXI. Al respecto, recuerdo que al haber revisado la forma de otorgamiento del contrato de Etileno XXI, me llamó la atención el acta 827 del Consejo de Pemex, presidido por José Antonio Meade Kuribreña, con la participación del consejero José Antonio González Anaya, quienes impulsaron evadir la discusión de los detalles de dicho contrato, y simplemente lo llevaron como información de que ‘ya se había suscrito’. Dicho Consejo se llevó a cabo el 29 de abril de 2011. Asimismo, al haber tomado los riendas de Pemex me fue entregado un documento suscrito por el consejero Rogelio Gasca Neri, cuestionando severamente el proceso de ocultamiento de información, así como listando una larga lista de factores que evidenciaba lo desventajoso y turbio de las condiciones que favorecían a Braskem. No obstante, el consejero presidente, de nombre José Antonio Meade Kuribreña, insistió en que no tenían obligación de informar al Consejo previo o la firma de un contrato por miles de millones de dólares y no se aceptaron sus comentarios. Además, ignoraron los comentarios de consejeros que no eran funcionarios del gobierno federal, mediante los cuales dejaban claro que el proyecto de Etileno XXI consumiría todo el etano disponible, lo que dejaría sin futuro el desarrollo de Pemex Petroquímica en la cadena de butano. También ignoraron la alerta de que la fórmula utilizada del precio del etano era inadecuada por múltiples factores técnicos”.
Luego de señalar más irregularidades, Lozoya Austin sugiere a la FGR que obtenga los documentos demoledores preparados por el doctor Héctor Moreira y por Rogelio Gasca Neri que constan en actas del Consejo, en los que “alertaban sobre los riesgos absurdos a los que orillaron al capital de Pemex”.
No obstante, apunta Emilio Lozoya, “las voces que representaban los intereses de la Nación fueron avasalladas por instrucciones de Felipe Calderón Hinojosa e instrumentalizadas por José Antonio Meade Kuribreña, como secretario de Energía; Ernesto Cordero y José Antonio González Anaya, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los años 2011 y 2012”.
Y remata: “posteriormente, entre 2012 o 2014, dichos funcionarios siguieron en contubernio con Luis Videgaray Caso para satisfacer pretensiones en el continuamiento [sic] de dicho contrato en perjuicio de todos los mexicanos”.
Pese a que el compromiso de Lozoya Austin es presentar pruebas para sostener sus dichos y con ello obtener el criterio de oportunidad ante la FGR, los políticos señalados en este caso de presunta corrupción –incluido Calderón Hinojosa– han asegurado que no son responsables de esos señalamientos.
“Odebrecht en México sobornó al gobierno mexicano, a su presidente [Enrique Peña Nieto], su secretario de Hacienda [Luis Videgaray Caso], y al Poder Legislativo, mediante diversos actos, entre los que destacan múltiples recursos y promesas de beneficios a las personas que señalaré más adelante; situación que comenzó con el gobierno de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa y culminó con el mandato del presidente Enrique Peña Nieto, particularmente durante la negociación de la reforma energética”, asentó Lozoya Austin en la denuncia penal.
La trasnacional brasileña Odebrecht no sólo tuvo contratos y beneficios por parte del Estado mexicano sino que participó junto con otras grandes empresas para influir en la política energética del país mediante la reforma en esa materia.
Por instrucciones de Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray se facilitaron importantes sumas de dinero a los grupos parlamentarios, utilizando a Pemex como instrumento para dichos fines ilícitos. “Inclusive Odebrecht sabía que los recursos que aportó a partir de 2013 eran en su mayoría para influenciar y apoyar las gestiones que el presidente de la República negociaba en el Congreso de la Unión”.
Asimismo, Lozoya Austin no sólo denunció la adquisición de la planta chatarra Agro Nitrogenados y el gasto multimillonario en su rehabilitación, sino también otros hechos de corrupción que acontecieron en los sexenios de Calderón y Peña Nieto.
Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño de Grupo Higa, entregaba dinero en efectivo al presidente Enrique Peña Nieto producto de los contratos que le regalaban dependencias de la administración pública federal, así como de comisiones que cobraba a otras empresas para abrirles paso en Pemex y la SCT.
De acuerdo con la denuncia de hechos presentada ante la FGR por el exdirector de Pemex, el Grupo Higa fue privilegiado con la adjudicación de contratos para proyectos de ingeniería y obra pública. Luego del escándalo de la Casa Blanca se le dejaron de otorgar contratos, pero se le buscó otro mecanismo para seguir haciendo negocios al amparo de poder público.
En el documento de 60 páginas que comenzó a circular ayer en redes sociales, se describe al empresario Hinojosa Cantú como un traficante de influencias y extorsionador que actuaba a nombre del entonces presidente Peña Nieto.
Según la denuncia penal, las “comisiones” que cobraba Hinojosa Cantú a las empresas que querían ganar un contrato en Pemex y la SCT oscilaban entre el 2 y el 5 por ciento del total del costo final de las obras. “Dichos montos eran entregados en efectivo a Juan Armando Hinojosa y éste, a su vez, los compartía –también en efectivo– con Enrique Peña Nieto”.
En la denuncia, presentada el pasado 11 de agosto, Lozoya Austin detalla que siempre fue presionado de manera “indecente” por Hinojosa Cantú. Asegura que el empresario le dijo, en las propias oficinas de la dirección general de Pemex, que “el presidente le había instruido a hacer negocios en Pemex para que él y Peña Nieto tuvieran liquidez. De hecho mencionó que requería sumas cuantiosas porque estaba construyendo una ‘Egoteca’” (sic) o “Museo del Presidente”.
En el documento se señala que Hinojosa Cantú incluso extorsionó a “una reconocida empresa de servicios petroleros” con 10 millones de dólares. La empresa extorsionada ni siquiera pudo hacer el negocio y prefirió perder el dinero pues sus dueños “se sentían amenazados”.
Lozoya Austin asegura en la denuncia que, al reunirse con el presidente para conversar sobre su salida de Pemex, el entonces presidente le espetó: “Tú fuiste un obstáculo en el cumplimiento de mis instrucciones respecto de mi compadre Juan Armando y constantemente te negaste a obtener recursos para mi proyecto político” (sic).
De los 6 millones de dólares que Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray habían solicitado a Marcelo Odebrecht para la campaña presidencial de 2012, el empresario brasileño ofreció sólo 4 millones para que fueran distribuidos de la siguiente manera: 2.5 millones para el pago de asesores electorales extranjeros y mexicanos, y el 1.5 millones restantes “eran para mí” con la anuencia de Peña Nieto, reconoce Emilio Lozoya Austin –exdirector general de Pemex– en su denuncia penal presentada ante la FGR.
“Se me hizo fácil proporcionarle a éste [Luis Weyll] una cuenta corporativa con la que contaba desde hace años una de mis empresas que tenía en Suiza, ya que durante muchos años viví y laboré en dicho país. La empresa que yo señalé y a la cual depositó el dinero Luis Weyll, se llama Latin America Asia Capital Holding, Ltd, empresa que compré en el año 2009 o 2010, desde la cual, de manera unilateral, nombre beneficiaria de la misma a mi hermana Gilda Susana Lozoya Austin. Esto, recuerdo, fue a principios del año 2012, antes de que asumiera mi cargo público en México como director general de Pemex”, sostiene Lozoya.
Las transferencias de Odebrecht se hicieron a través de la empresa offshore Innovation Research Engineering and Development, Ltd, a través de Meinl Bank, Ltd, institución ubicada en Antigua, Caribe, por un monto de 3 millones 150 mil dólares. Los 850 mil dólares que faltaban para completar los 4 millones de dólares los aportaría Fabiola Tapia Vargas, socia de Odebrecht, y posteriormente Luis Weyll se los reintegraría.
En su narrativa de hechos, Lozoya asegura que Luis Videgaray insistía en gestionar lo más pronto la entrega de los recursos para cubrir deudas generadas en la campaña presidencial, “ya que los gastos de la campaña eran mayores a la disponibilidad de los recursos”.
Una vez recibidos los 3.1 millones de dólares en siete depósitos, Peña y Videgaray instruyeron a Lozoya pagar a los consultores en el extranjero. “Para estos efectos, él me entregaba por escrito los datos en tarjetas escritas a máquina de escribir o a computadora, argumentando que ‘no quería demoras ni contratiempos’ pues tenía que rendir cuentas a Enrique Peña Nieto”.
El pago a los consultores fue por 380 mil euros a Mauricio Sánchez, clave de transferencia 10094286810000; 250 mil dólares a T Investment Corporation, en San Francisco, California; 200 mil dólares a Dirk Zavala Rubarth, Ltd, en Nueva York; 168 mil 742.56 dólares a Chlopak Leonard, Schechter & Associates, en San Francisco, California; 150 mil dólares a José Eshkenazl Smeke, en Nueva York; 150 mil dólares a JC Llorden Sabat en banco Barclay’s; otros 104 mil 469.54 dólares a Chlopak Leonard, Schechter & Associates; 50 mil dólares a Bendixen & Associates, Inc, en Miami, Florida; 40 mil dólares a Bean LLC (Fusion GPS) en Nueva York; 40 mil dólares a The Markham Group Inc, en Little Rock; 35 mil dólares a International Strategic Solutions Inc en el banco PNC.
Todos estos hechos de corrupción le constan a Rodrigo Arteaga Santoyo, quien era secretario particular de Lozoya Austin y a quien se comprometió a presentarlo para que comparezca ante la FGR.
Estas cantidades de dinero aportadas a 10 consultores extranjeros contratados por el PRI para la campaña presidencial de 2012 ascendieron a un total de 1.6 millones de dólares, y “el remanente de aproximadamente 1.5 millones de dólares me los quedé yo, dinero que deposité en la cuenta bancaria 0240-880974601, de la institución bancario UBS, a nombre de la empresa de mi propiedad Tochos Holding Limited”.
El exdirector general de Pemex explica que las empresas extranjeras contratadas expedían facturas por diferentes servicios, y cuando mencionaban que era para la campaña, por instrucciones de Luis Videgaray les solicitaban que hicieran otro tipo de facturas con servicios distintos, a fin de que las entidades bancarias no detectaran anomalías ni pusieran trabas a los movimientos financieros. “Reitero que todos los pagos que se hicieron fueron por instrucciones de Luis Videgaray Caso, quien desde la campaña fue mi superior y a quien siempre le reporté”.
“Yo observaba un interés especial en concretar la operación de compra de la planta de Agro Nitrogenados por parte del presidente Enrique Peña Nieto y de Luis Videgaray Caso. Incluso este último intervino de manera directa para que Nafin [Nacional Financiera] e Indaabin [Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales] aceleraran la evaluación del proyecto y lo aprobaran”, asegura Emilio Lozoya Austin en su denuncia penal.
Al referirse a uno de los dos casos judicializados en su contra –el otro es el de los sobornos de la trasnacional brasileña Odebrecht–, el exfuncionario del peñismo asegura a la autoridad federal que en diciembre de 2012, una vez que Enrique Peña Nieto tomó posesión como presidente de la República, “me instruyó que se tenían que cumplir los compromisos con diversos empresarios. Era sumamente importante que –mediante la Dirección General de Pemex– recibiera indicaciones por parte de Luis Videgaray Caso, con el propósito de beneficiar a los mismos, ya fuese con contratos, compras de inmuebles o bien proveeduría de insumos, entre otros”.
En búsqueda del beneficio del criterio de oportunidad, Lozoya Austin narra su participación en este caso de presunta corrupción que le ha causado pérdidas a la petrolera por más de 24 mil millones de pesos. Según su versión, “el 6 de febrero del 2013, también por instrucciones de Enrique Peña Nielo y dentro del marco político del ‘Pacto por México’ y el acuerdo de impulsar la producción de fertilizantes en el país, se recibió a personal de la empresa AHMSA [Altos Hornos de México] en la sala de juntas ‘La Herradura’, ubicada en el piso 44 de la Torre de Pemex”.
AHMSA –propiedad de Alonso Ancira, detenido en España y en proceso de extradición a México por este mismo caso– “buscaba una sociedad para la producción de fertilizantes nitrogenados. Ellos tenían una planta llamada Agro Nitrogenados, la cual no estaba en operación. La propuesta inicial consistía en entrar en una sociedad en partes iguales. Sin embargo, desde mi punto de vista, dicha sociedad para Pemex no era conveniente, ya que el principal insumo del negocio (‘amoniaco’), lo suministraría Pemex, y bajo ese esquema, la participación de Pemex hubiera estado subvalorada. En dicha reunión yo no estuve personalmente, sino que en representación de Pemex estuvieron Edgar Torres y Carlos Roa, asesor y coordinador de asesores de la Dirección de Pemex, respectivamente. Asimismo, se encontraba el director de PMI Comercio Internacional, quien responde al nombre de José Manuel Carrera Panizzo”.
En su denuncia penal, el exdirector general de la petrolera asegura que “el 14 de mayo de 2013, en acuerdo presidencial en Los Pinos, me reuní con Enrique Pena Nieto y con Luis Videgaray Caso para darle seguimiento a diferentes temas. En específico, ambos me cuestionaron cómo iba el proceso de compra de la planta ‘Agro Nitrogenados’, y cuáles eran los tiempos. Yo les contesté que se estaba realizando una debida diligencia por parte de técnicos de Pemex y de algunos asesores externos. Calculaba, se podría cerrar a fin de año. Ellos preguntaron por qué se tardaba tanto, a lo que referí que eran tiempos normales en una operación de esta índole”.
Tras esa plática, Videgaray Caso habría gestionado ante Nafin y el Indaabin acelerar el proceso. “Entre mis peticiones, solicité apoyo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de diferentes instancias que tenían que dar cierta información; entre ellas, Nacional Financiera y el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. Ante esto, Luis Videgaray Caso me cuestionó cuál era el valor estimado de los avalúos, a lo cual respondí que no se habían terminado. Luis Videgaray Caso argumentó que instruiría al director general de Indaabin para acelerar el tema, y que no me preocupara por eso. Lo único que tenía que hacer era acelerar el proceso de compra de la planta, ya que ellos tenían compromisos. Seguido a este comentario, Enrique Peña Nieto le pidió a Luis Videgaray Caso que ellos dos se reunieran con Alonso Ancira Elizondo para tratar temas pendientes sobre apoyos a esta operación, así como otros temas relacionados con Altos Hornos de México (AHMSA). Lo anterior, atendiendo a que yo tenía una relación previa con Alonso Ancira”.
Según Lozoya Austin, en aquella reunión la petición del presidente fue “que yo no interviniera con Alonso Ancira respecto a la venta de la planta”, debido a la relación previa con el empresario. “Dicha reunión tuvo uno duración aproximada de 40 minutos y fue por la tarde noche del día ya señalado”.
Y agrega: “me llamaba la atención tanto interés personalizado en la compra de dicha planta cuando en términos de importancia para Pemex no representaba ni siquiera el 0.5 por ciento de la totalidad del presupuesto anual de inversiones. Es decir, sí me llamaba la atención que hubiere tanto apoyo y tanto seguimiento por parte del Presidente Enrique Peña Nieto y de Luis Videgaray Caso.
“Además del seguimiento puntal del presidente Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso al proceso de adquisición de la planta, amen de los impulsos institucionales que hacían para agilizar la operación, esta adquisición representaba un interés importante para el entonces secretario de Agricultura, Enrique Martínez y Martínez (ya que le era rentable políticamente)”.
Más adelante, en su narrativa de hechos se lee: “dentro del proceso de compra, me reuní nuevamente con Luis Videgaray Caso y Enrique Peña Nieto el 11 de noviembre de 2013 en Los Pinos, con el propósito de informarles el resultado del estudio y la poca disponibilidad de recursos en Pemex para esa operación. Su respuesta fue contundente: que no me preocupara por el dinero, que mejor me ocupara de influir en el Consejo de Administración de PMI de que la adquisición resultaba conveniente. Me indicaron que ellos decidirían el valor de la compra, aproximadamente 275 millones de dólares y que le instruirían a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y [a la] Secretaría de Energía una valuación cercana a dicha cantidad. Asimismo, Luis Videgaray Caso me ofreció apoyar a Pemex con el costo de la rehabilitación a través de Nafin”.
Lozoya Austin afirma: “el comentario fue claro en el sentido de que Enrique Peña Nieto tenía un compromiso de que se terminara dicha operación. Yo decidí no entrar a dicha discusión. En las semanas Subsecuentes, la presión por parte de Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso continuó. Las negociaciones sobre el precio final las llevaron a cabo los encargados de la operación entre PMI Internacional y AHMSA, con el apoyo de Nafin e Indaabin, bajo las órdenes de Luis Videgaray Caso, sin que yo tuviera que insistir ante estas dependencias, ya que de eso se encargó Luis Videgaray. Era evidente el interés personal de Luis Videgaray Caso en que saliera dicha operación, ya sea porque obtendrían un posible beneficio indebido, o bien para pagar los favores anteriormente contraídos, o bien ambos. Desconozco los detalles, montos, fechas, que se hubiesen pactado entre Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray Caso y Alonso Ancira Elizondo. Lo que sí me parece claro es que, mediante esta operación, Alonso Ancira se pudo deshacer de una planta de fertilizantes que no le generaba ingresos y que tenía años sin funcionar”. Al respecto, el exsecretario de Hacienda se ha deslindado de estas acusaciones; no obstante, Lozoya Austin ha entregado ya varias pruebas de sus dichos a la FGR.
En el contexto de la discusión de la reforma energética, los entonces legisladores panistas Francisco Cabeza de Vaca, Ricardo Anaya y Francisco Domínguez se presentaban en la oficina de Emilio Lozoya Austin, entonces director general de Pemex, para exigir sobornos millonarios a cambio de sus votos. No obstante, éstos ya rechazaron esa versión.
Los recursos destinados a esos sobornos sumaron 10 millones de dólares y fueron entregados íntegramente a operadores del grupo parlamentario del PAN, y su enlace se encargaba de repartir los sobornos al interior de dicho partido político, según Lozoya Austin. Y parte de esos recursos salieron de “partidas federales”.
Extraditado de España por dos casos de corrupción en la petrolera –los casos Odebrecht y Agro Nitrogenados–, el exdirector general afirma en su denuncia que se destinaron “recursos adicionales para sobornar al PAN, diferentes a los de Odebrecht, pero con el mismo propósito”.
De acuerdo con su versión –de la cual deberá aportar pruebas para obtener el beneficio de oportunidad–, los políticos blanquiazules “se presentaban en mi despacho y exigían más dinero y extorsionaban con el argumento de que ‘echarían abajo la reforma energética’”.
“Recuerdo, específicamente, los casos de Francisco Cabeza de Vaca, Ricardo Anaya y Francisco Domínguez, cuya actitud era exagerada. De no cumplir con esas expectativas, se podría caer la visión de que había un gran acuerdo nacional. Ante esta situación, y considerando que la instrucción del Presidente era sacar adelante la reforma sin pretexto alguno, así como de mantener la imagen de unidad nacional, le solicité a Luis Videgaray Caso una cita formal para tratar este asunto”, expone.
El ahora testigo colaborador de la FGR indica que la reunión se llevó a cabo entre julio y agosto de 2013, en las oficinas del exsecretario de Hacienda Videgaray Caso, ubicadas en la calle de Julio Verne, en Polanco.
En el marco de dicha reunión, relata el exdirector general de Pemex, “Luis Videgaray Caso se alteró sensiblemente –ya había muchos compromisos con grupos empresariales extranjeros– y me reclamó respecto a porqué yo no había resuelto esa falta de recursos. Me exigió, entonces, que yo se los pidiera a otros contratistas de Pemex. Esto me sorprendió. Yo le dije que no tenía la confianza con ellos, a muchos no los conocía, y además sabía que Odebrecht ya había dado mucho dinero para la campaña, todo ello sumado a que había enormes riesgos legales para mi persona en caso de apoyar mecanismos de esta índole” (sic).
En septiembre de 2013, Lozoya y Videgaray se reunieron nuevamente en las mismas oficinas y “le informé que simplemente no había avanzado en la obtención de recursos ilegales, alegando que estábamos recortando costos en todas las líneas de contratación y que por eso los contratistas no apoyaban, alegando falta de liquidez. Esta fue la forma de quitarme esta situación de encima”.
Videgaray, “molesto”, dice el testigo colaborador de la FGR, dijo que conseguiría hasta 10 millones de dólares adicionales, tomándose “de partidas federales y/o de empresas y los enviaría a la que era la oficina, en Montes Urales, desde donde se organizaba la entrega de los sobornos a legisladores”. El dinero fue recibido entre los meses de septiembre 2013 y hasta agosto septiembre 2014, dice el expediente fechado el 11 de agosto pasado.
“Los datos específicos en torno a estas entregas adicionales de sobornos a legisladores pueden verificarse con los recibos correspondientes. El testigo que responde al nombre de Francisco Olascoaga recibió estos recursos, que eran entregados por operadores de Luis Videgaray Caso, en maletas llenas de billetes de diversas denominaciones, envueltos en bolsas grises y transparentes, que se entregaban en el estacionamiento y el sótano del edificio.
“Una vez recibido el dinero para ejecutar los sobornos, el mismo testigo Francisco Olascoaga, citaba al intermediario del PAN para entregar los paquetes de dinero. Éste firmaba los recibos, mismos documentos que tienen fecha y están numerados. Por los relatos que me comentaba el testigo antes señalado, las personas que llevaban los recursos enviados por Luis Videgaray Caso, eran diferentes choferes que no se identificaban y además llamaban de teléfonos desechables. Sólo hacían referencia que ‘venían de parte del jefe Luis Videgaray Caso’”, precisa el documento oficial filtrado a los medios de información y a las redes sociales.
El exfuncionario, durante la administración de Enrique Peña Nieto, calcula que se otorgaron 10 millones de dólares adicionales de sobornos. “Para no dejar tanto dinero en las oficinas, las entregas eran puestas a disposición del grupo del PAN el mismo día o un par de días después. La contabilidad de estos recursos la llevaba el testigo Rodrigo Arteaga Santoyo y yo se lo reportaba de forma verbal a Luis Videgaray Caso en reuniones de trabajo donde lo veía”.
De las declaraciones ante la Fiscalía se desprende que no existe un listado específico relativo a cuánto recibió cada legislador, “pues los 10 millones de dólares fueron entregados íntegramente a los operadores del Grupo parlamentario del PAN, siendo que el enlace por ellos enviado se encargaba de repartir los fondos al interior de dicho partido político. En el tránsito de la aprobación de la Reforma, Luis Videgaray Caso me llamaba sistemáticamente para que yo le rindiera cuentas”. Lozoya señala como “extorsionadores” a Cabeza de Vaca, Domínguez Servién, Vega Casillas y Lavalle Maury
Los panistas Francisco Javier García Cabeza de Vaca (actual gobernador de Tamaulipas), Francisco Domínguez Servién (gobernador de Querétaro), Salvador Vega Casillas (exsenador por Michoacán) y Jorge Luis Lavalle Maury (exsenador por Campeche) han negado las acusaciones.
No obstante, en su escrito de denuncia, Lozoya Austin aseguró que los políticos del blanquiazul llegaron a exigir hasta 50 millones de dólares para dar su voto a favor de la reforma energética, pues ellos tenían diversos proyectos políticos en Tamaulipas, Campeche y Querétaro, por lo que las amenazas de dar o no su voto a favor de la reforma se convirtió en una “extorsión”. También se comprometió a entregar pruebas de sus dichos.
El documento da cuenta de los hechos de corrupción en torno a la “Planeación para la aprobación y compra de votos de las reformas estructurales”, revela que como parte de la aprobación de las reformas del Pacto por México, Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso le indicaron, en febrero del 2013, “que se requería entregar montos importantes de dinero o la oposición, para que ésta votara a favor de ciertas reformas estructurales del interés del presidente Peña Nieto. Para ello, teníamos que estar cerca de los grupos y personas a las que les interesaban dichas reformas después supe que se trataba de la reforma energética”.
Para obtener el criterio de oportunidad, Lozoya Austin confiesa haber intervenido principalmente en la aprobación de la reforma energética. La estrategia fue la entrega, a través de terceros, “recursos en bolsas bancarias transparentes que permitían ver la denominación de los billetes y maletas a senadores integrantes de la Comisión de Energía en el Senado de la República y un diputado federal, y que esos recursos eran, entre otros, los precisamente puestos por Fabiola Tapia Vargas [cerebro financiero de la operación ] en efectivo, en razón a las transferencias de Odebrecht”.
El exfuncionario priísta expone que los sobornos eran designados por el entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y era entregado en efectivo a dichos legisladores, “fue llevado por personal que laboraba con Fabiola Tapia Vargas, y entregado a mi jefe de ayudantes de toda mi confianza de nombre José Velazco Herrera [finado en diciembre de 2013], en unas oficinas alternas rentadas por Pemex”, ubicadas en Montes Urales 425, en Lomas de Chapultepec.
Esta situación, exhibe, fue operada por Francisco Olascoaga (jefe de Departamento Administrativo en la Dirección General de Pemex). Las entregas se realizaban en billetes de 200 pesos, 500 pesos y 1 mil pesos. Los montos eran “fácilmente identificables”, pues estaban en bolsas de diversos bancos (Banorte, por ejemplo), “por lo que no era necesario contarlo al momento de la entrega”.
El exdirector de Pemex especificó que la relación con los legisladores del PAN en este rubro, “no se trató de una negociación, sino que claramente fue una extorsión ejercida por parte de ellos hacia mi persona, con la finalidad de que se aprobaron las reformas estructurales influenciadas por Odebrecht y otras empresas extranjeras. El grupo que ejecutaba estas extorsiones, era el compuesto por Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Francisco Domínguez Servién, Salvador Vega Casillas y Jorge Luis Lavalle Maury”.
Las extorsiones, dice, se realizaban en su oficina de la Torre Ejecutiva de Pemex, en Marina Nacional 329, en la colonia Verónica Anzures, “pues, a solicitud de Luis Videgaray Caso, de quien yo recibía instrucciones, recibí en diversas ocasiones a los legisladores de oposición cuyas exigencias ascendían, en un primer momento, hasta 50 (cincuenta) millones de dólares para dar su voto a favor de la reforma energética. Ellos tenían proyectos políticos en diversos estados de la República, como Tamaulipas, Campeche y Querétaro, y usaban eso como excusa para pedir constantemente más y más dinero.
“Además, pedían cita y llevaban a contratistas cercanos a ellos para que se les dieran contratos en Pemex. Los legisladores señalados tenían una actitud muy agresiva, ya que inclusive amenazaban con boicotear la reforma energética si no recibían sus sobornos… Debido a dichas amenazas de boicotear la reforma, Luis Videgaray Caso me instruyó a realizar entregas de dinero adicionales de sobornos”, expone.
Explica que el dinero se les iba entregando según avanzaban las negociaciones. En el caso del PAN, “se iban dando los recursos según avanzaba la mesa de negociación que había entre la Secretaría de Energía, Hacienda y esos legisladores del PAN. Es decir, los montos y maletas de dinero se entregaban según avanzaban los borradores de la reforma energética. Este era el criterio con base en el cual yo recibía instrucciones de Luis Videgaray Caso para que se liberaran los sobornos a los legisladores, pues el entonces secretario de Hacienda me indicaba que debía rendir informe puntual de los avances de la reforma”.
Relata que la actitud de los panistas en obtener esos recursos era “brutal”. Asegura que, además “presionaban y extorsionaban” a los grupos gasolineros y diversos contratistas de Pemex.
El exfuncionario priísta señala: “yo no daba crédito el hecho que, cuando salió a los medios de comunicación el escándalo de Odebrecht y se decía que me habían dado dinero, todos los panistas, incluyendo Ricardo Anaya Cortés pedían castigo, cuando ese dinero de Odebrecht que se recibió, es decir, el recibido por la continuidad del contrato Etileno XXI, por lo de Tula 1 y el remanente de lo que dieron durante la campaña, fue para tener la disponibilidad de los recursos que exigían ellos”.
En relación con los sobornos a legisladores, Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso establecieron como enlace a David Penchyna Grub, entonces presidente de la Comisión de Energía del Senado, quien en la mayoría de las reuniones iba acompañado Domínguez Servién, Jorge Luis Lavalle Maury, Salvador Vega Casillas y Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
En específico, añade, al exsenador Penchyna Grub, una persona de su equipo de trabajo, le entregó un “apoyo económico” por 6 millones de pesos, el 17 de septiembre de 2014, en la oficina privada, ubicada en Montes Urales 425.
Hasta el sexenio pasado, el expresidente Carlos Salinas de Gortari intervino en Pemex para favorecer con contratos a sus hijos y socios, según la denuncia penal que presentó Emilio Lozoya Austin ante la FGR.
De acuerdo con el documento, el exfuncionario sujeto a proceso acusó a Salinas de pedir y obtener contratos de Pemex a favor del empresario Federico Martínez Urmenta, director general de Tradeco, y de sus hijos, principalmente Juan Cristóbal Salinas Occelli.
El expresidente, a cambio de los contratos, ofrecía los votos de los legisladores del PAN a favor de las “reformas estructurales” de Peña.
En la denuncia penal, Lozoya detalla que en 2013 el senador panista Roberto Gil Zuarth le “confirmó que varios colegas suyos senadores del PAN recibían apoyos para la aprobación de la reforma energética”. Además, el legislador le entregó una lista de proyectos en favor de Tradeco, que eran los mismos que cabildeaba Salinas.
“Me dijo [Gil Zuarth] que el senador Francisco Cabeza de Vaca y Francisco Domínguez [panistas] le habían pedido que me insistiera en resolver estos problemas, ya que la empresa Tradeco les estaba facilitando apoyos económicos a cambio de sus votos.”
Con recursos públicos de Pemex, el gobierno de Enrique Peña Nieto pagó mensualmente a un fotógrafo hasta 3 millones de pesos para que capturara imágenes de las giras que el presidente realizaba. Las fotos se montarían en el “museo del presidente” o “egoteca”, en la última casa que el Grupo Higa regalaría a Peña al final del sexenio.
En la denuncia penal, Lozoya detalla que la empresa productiva del Estado, entonces a su cargo, contrató a un fotógrafo por ese monto para que capturara imágenes de las giras del presidente.
Asegura el exfuncionario que para ello recibió instrucciones directas del presidente Peña para que se “coordinara” con Roberto Padilla, entonces secretario técnico del gabinete.
Lozoya señala que, un mes después de haber recibido la instrucción de Peña Nieto, fue visitado por Antero Rodarte, al que identifica como “quien manejaba el dinero en efectivo del presidente”.
En esa visita, Rodarte le preguntó si ya había contratado al fotógrafo, “pues Juan Armando Hinojosa, [dueño] de Grupo Higa, ya había iniciado la construcción de la casa y el museo. Pemex continuó pagando los honorarios del fotógrafo, hasta que fuimos observados por contraloría y ya no era sostenible, lo que hice del conocimiento de Padilla Domínguez”.
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