Trece agencias de seguridad estadunidenses, entre ellas el Servicio Secreto y la FBI, mantienen efectivos en México. Las instituciones policiacas de Estados Unidos de América se encuentran en este país “para colaborar con las autoridades mexicanas”, según información obtenida por Contralínea de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Los elementos de seguridad estadunidenses se encuentran en México, al menos, desde diciembre de 2006, cuando inició la administración del panista Felipe Calderón Hinojosa. Ahora, a más de la mitad del sexenio del priísta Enrique Peña Nieto, “no ha existido variación” en las agencias con presencia en México, señala la SRE en el oficio UDT-0823/2017, fechado el 2 de febrero pasado.
Los elementos policiacos de las 13 agencias se mantienen en México a pesar de las controversias entre los gobiernos mexicano y estadunidense desde la llegada del republicano Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, el 20 de enerode 2016.
Siete de las agencias estadunidenses están adscritas al Departamento de Justicia (Department of Justice, DoJ), cinco al Departamento de Seguridad Interna (Department of Homeland Security, DHS) y una al Departamento del Tesoro (Department of Treasury, DoT).
“No existe la seguridad nacional mexicana, todo se lo han entregado a Estados Unidos”, señala el especialista en Fuerzas Armadas y seguridad nacional Guillermo Garduño Valero, doctor en sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en América Latina por la Universidad de Pittsburgh.
Pero la dependencia de México hacia Estados Unidos en materia de seguridad no es algo que sorprenda al conferencista del Colegio de Defensa Nacional, el Centro de Estudios Superiores Navales y la Escuela de Inteligencia para la Seguridad Nacional.
“La situación es tan absurda que Trump ya ha empezado a nombrar ministros en México”, ironiza con el nombramiento de Luis Videgaray al frente de la SRE. “Ha sido Trump el que ha colocado a un sujeto en la Secretaría de Relaciones Exteriores de este país. Es justamente el personaje que nos trajo a Trump. Y del que Trump dijo que era un excelente secretario de Hacienda. Es el hombre de Trump en el gobierno de México. O sea que Trump aquí ya empezó también a nombrar sus ministros. Frente a esta situación no se dice absolutamente nada.”
El Departamento de Justicia del gobierno de Estados Unidos hoy está encabezado por el fiscal general Jefferson Beauregard Sessions, a quien se le conoce simplemente como Jeff Sessions. Integrante del ala más conservadora del Partido Republicano, ha destacado por su férrea posición antiinmigrante e intolerancia ante las parejas del mismo sexo, de las que considera no deben gozar de los mismos derechos que las parejas heterosexuales.
La dupla en uno de los departamento más poderosos del gobierno estadunidense la completa el empresario y fiscalista Dana James Boente. Desde el 9 de febrero pasado y hasta la fecha, su cargo oficial es el de fiscal general adjunto interino de los Estados Unidos de América. Boente fue el encargado de pedir la renuncia, en días pasados, a 46 fiscales designados durante el gobierno de Barack Obama.
El ministerio o secretaría de Estado tiene como “misión” hacer valer una ley y “defender los intereses de Estados Unidos”; además, “garantizar la seguridad pública en contra de amenazas tanto nacionales como extranjeras; ofrecer un liderazgo federal en la prevención y control de la delincuencia; buscar un castigo justo para aquellos culpables de comportamiento ilícito; administrar y hacer valer las leyes de inmigración de la nación justa y eficazmente; y garantizar la justa e imparcial administración de justicia para todos los estadunidenses”, según la información de la institución colocada en su sitio de internet.
Las agencias de este departamento que mantienen efectivos en México son: la Agregaduría Legal de la Agencia Federal de Investigación (Legal Ataché Office-Federal Bureau of Investigation, FBI); la agencia antidrogas (Drug Enforcement Administration, DEA); la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, ATF); la Oficina del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (United States Marshals Service, USMS); la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia (Office of International Affairs, OIA-DoJ); la Oficina de Desarrollo, Asistencia y Entrenamiento Judicial Internacional (Office of Prosecutorial Development Assistance and Training (OPDAT), y la Oficina de Programas de Asistencia y Adiestramiento Internacional para la Investigación Criminal (International Criminal Investigative Training Assistance Program Office, ICITAP).
La FBI es una organización con rango de seguridad nacional en Estados Unidos. Responde a las amenazas contra el Estado estadunidense. Según su página electrónica, “su misión es proteger y defender a Estados Unidos de amenazas terroristas y de inteligencia extranjera, defender y hacer cumplir las leyes”. Cuenta con una academia militarizada preparada por el Cuerpo de Marines en Virginia. Alcanza un presupuesto superior a los 9 mil millones de dólares. Sus oficinas centrales se encuentran en el distrito de Columbia. James B Comey dirige la FBI desde tiempos de Barack Obama.
Por su parte, la DEA tiene su sede central en Arlington, Virginia, frente al Pentágono. Como la FBI, cuenta con su propia academia, militarizada, en la base del Cuerpo de Marines en Quantico, Virginia. Dispone de 21 Divisiones de campo, con 227 Oficinas de Campo y 86 oficinas en el extranjero. México es uno de los 62 países en que se encuentra. Ejerce un presupuesto anual de alrededor de 2 mil 500 millones de dólares. De sus 10 mil 800 empleados, más de 5 mil 500 son agentes especiales. Su flota aérea está compuesta por 106 aeronaves.
La ATF tiene su sede en Washington, DC. Cuenta con un presupuesto anual estimado de 1 mil 500 millones de dólares. El director ejecutivo es Thomas E Brandon desde 2015. La misión de la Oficina, según su página de internet, es “combatir crímenes que involucran armas de fuego, explosivos, incendios intencionales y la desviación de alcohol y productos de tabaco; regular el comercio lícito de armas de fuego y explosivos; y proporcionar apoyo mundial a los miembros de la fuerza pública, la seguridad pública y la industria”.
En lo que respecta a la USMS, ésta cuenta con más de 14 mil efectivos y un presupuesto que ronda los 2 mil 600 millones de dólares. Su director es David L Harlow. Entre las misiones de la oficina se encuentran proporcionar seguridad de los juzgados y tribunales; la custodia de acusados; la protección de jueces, fiscales, abogados y testigos; la detención de fugitivos; la ejecución de extradiciones y deportaciones, y la protección de testigos federales. La Embajada de Estados Unidos en México señala que “la principal función de los US Marshals” en este país “es trabajar en colaboración con el gobierno de México para lograr aprehender a fugitivos que son buscados por Estados Unidos”.
La agregaduría del DoJ en México, por su parte, se encuentra en la Embajada estadunidense y, según la propia embajada, “se encarga de cuestiones de asistencia jurídica mutua entre México y Estados Unidos y coordina la extradición de fugitivos a Estados Unidos para enfrentar juicio”.
Con respecto de la OPDAT, esta oficina ha tenido en México un papel relevante en la adopción del sistema de justicia acusatorial. Además, según informa la propia OPDAT en su página electrónica acerca de sus actividades en México: “ofrece programas de tutoría y creación de capacidad para jueces, fiscales e investigadores que se enfocan en el manejo de tribunales, jurisprudencia, defensa de juicios, litigios y más” (sic). También capacita “en investigaciones y procesamientos en áreas como el secuestro, el lavado de dinero y la trata de personas”.
La OPDAT destaca que en México ha colaborado con información y capacitación que “ha llevado a arrestos y extradiciones importantes en casos de alto perfil. También colabora estrechamente con las contrapartes mexicanas en los marcos legislativos necesarios para asegurar la administración eficiente y transparente de la justicia”. Asimismo, “colaboró exitosamente con México en la redacción de su Código de Procedimiento Penal Nacional de 2014, la Ley de Justicia Alternativa de 2014 y la Ley de Protección de Testigos de 2012”.
Finalmente, en lo que respecta a las agencias del DoJ, la ICITAP se encarga en México de colaborar con las autoridades mexicanas “para desarrollar instituciones de procuración de justicia profesionales y transparentes que protegen los derechos humanos, combaten la corrupción, y reducen la amenaza del crimen y terrorismo transnacionales”, según la información disponible en la página electrónica de la embajada.
“El Departamento de Seguridad Interna (DHS) tiene una misión vital: proteger a Estados Unidos de las muchas amenazas que enfrenta. Esto requiere la dedicación de más de 240 mil empleados en trabajos que van desde la seguridad aérea y fronteriza a la respuesta de emergencias y análisis de seguridad cibernética”, reza la información disponible en la Embajada de Estados Unidos en México.
El DHS está encabezado por el general John Francis Kelly. El militar se jacta de ser un “especial conocedor de América Latina”. Entre 2012 y 2016 estuvo al frente del Comando Sur de Estados Unidos, con misiones de combate al crimen organizado y entrenamientos a las fuerzas armadas de los países de la región.
La principal misión del DHS fue anunciada apenas Trump ganó la elección presidencial. Mediante un comunicado, el equipo de transición del entonces presidente electo se refirió así a Kelly: “Encabezará la urgente misión de detener la inmigración ilegal y asegurar nuestras fronteras”. Y el propio Trump, al formalizarle el cargo, señaló: “Es la persona correcta para encabezar la misión urgente de detener la inmigración ilegal y proteger las fronteras”.
A la preocupación de defensores de derechos humanos y organizaciones proinmigrantes, Kelly respondió: “El pueblo estadunidense votó en estas elecciones para detener el terrorismo, recuperar la soberanía en nuestras fronteras y poner fin a la corrección política que durante mucho tiempo ha dictado nuestro enfoque en seguridad nacional”.
Las agencias del DHS que tienen presencia en México son: la Agregaduría del propio DHS; la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (Custom and Border Protection, CBP); la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (US Inmigration and Customs Enforcement, ICE); el Servicio Secreto de Estados Unidos (Secret Service, SS), y la Administración de la Seguridad en el Transporte (Transport Security Administration, TSA).
La agregaduría se encuentra en la Embajada de Estados Unidos en México, con la misión de proteger a ese país de las “muchas amenazas” que padece.
Por su parte, la CBP cuenta con 632 mil empleados trabajando en Estados Unidos y otras partes del mundo. Son los responsables de, diariamente, recibir cerca de 1 millón de visitantes, registrar más de 67 mil contenedores de carga, arrestar a más de 1 mil 100 personas e incautar cerca de 6 toneladas de drogas ilícitas. Su titular es el comisionado Kevin K McAleenan. La agencia se encuentra en México para “mantener a terroristas y sus armas fuera de Estados Unidos, al mismo tiempo que facilita el tránsito legal de viajeros y del comercio internacional”, señala la Embajada estadunidense.
El ICE se encarga del control fronterizo, las aduanas, el comercio y la inmigración, “con el fin de promover la seguridad nacional y pública”, señala en su página electrónica. Cuenta con más de 20 mil empleados en más de 400 oficinas en Estados Unidos y en otros 48 países. Su presupuesto anual supera los 6 mil millones de dólares. Su director ejecutivo es Thomas D Homan. La carta de Homan para hacerse de la dirección del ICE fue haber dirigido durante la administración de Obama las “operaciones para detener y deportar a los inmigrantes que entran indocumentados a Estados Unidos” o que “socavan la integridad de nuestras leyes de inmigración y nuestros esfuerzos de control fronterizo”, según su jefe Kelly.
El Servicio Secreto estadunidense cuenta con más de 6 mil empleados, de los cuales 3 mil 100 son agentes especiales. Su principal misión es proteger la integridad del presidente de Estados Unidos y de su familia. Pero también tiene jurisdicción primaria sobre la investigación de la falsificación de dinero. Asimismo, investiga una variedad amplia de crímenes de fraude y de robo financiero, de identidad y proporciona la ayuda de forenses para algunos crímenes locales. La Embajada estadunidense no ha hecho público la presencia del Servicio Secreto en México.
La TSA gestiona sistemas de seguridad en los aeropuertos, en los metros y en los ferrocarriles estadunidenses. Cuenta con más de 50 mil agentes, inspectores, directores, gestores y mariscales. Su misión es proteger los sistemas de transporte. “Buscamos bombas en puestos de control en aeropuertos, inspeccionamos vagones, patrullamos el metro con nuestros socios de la ley y trabajamos para que todos los modos de transporte sean seguros”, señalan en su página de internet. Está encabezada por el administrador John S Pistole.
El Departamento del Tesoro es otro de los ministerios o secretarías de Estado más grandes de Estados Unidos. Le han sido asignadas misiones muy amplias y diversas. Entre ella se encuentran las de “fortalecer la seguridad nacional por medio de la lucha contra las amenazas y proteger la integridad del sistema financiero; y administrar eficazmente las finanzas y los recursos del gobierno de Estados Unidos”, según su página electrónica. Es la entidad responsable, además, de promover la prosperidad económica y de garantizar la seguridad financiera ese país. Cuenta con aproximadamente 120 mil empleados y un presupuesto de alrededor de 20 mil millones de dólares. Desde que Trump asumió la presidencia, está encabezado por el empresario y ejecutivo del banco Goldman Sachs Steven Mnuchin.
Tiene efectivos en México por medio de una de sus agencias: la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC).
La OFAC cuenta con alrededor de 250 empleados y ejerce un presupuesto anual de aproximadamente 42 millones de dólares. John E Smith funge como director interino. Según la Embajada estadunidense en México, la OFAC “administra y procura las sanciones económicas y comerciales basadas en la política exterior y en las metas de seguridad nacional de Estados Unidos en contra de países y regímenes, terroristas, narcotraficantes internacionales, aquellos involucrados en actividades relacionadas a la proliferación de armas de destrucción masiva, y otros actores que amenazan la seguridad nacional, política internacional o a la economía de los Estados Unidos”.
Hasta antes del sexenio de Felipe Calderón, los agentes estadunidenses en México no pasaban de 50. Pero desde los primeros días de su mandato, el número creció a más de 600, señala uno de los asesores de la SRE durante el sexenio calderonista. El abogado e internacionalista que solicita no revelar su identidad, considera que al final del sexenio los efectivos estadunidenses actuando en México superaban el millar. “Y no creo que eso haya disminuido durante el gobierno de Peña”.
De toda la información que Estados Unidos recopila en México, sólo proporciona a las autoridades mexicanas aquella que le interesa para proteger sus intereses, explica por su parte Guillermo Garduño. “Pero no nos proporcionan aquella que nos advertiría de nuestros propios riesgos”.
El doctor Guillermo Garduño señala que la dependencia y la capitulación de la seguridad nacional mexicana frente a la de Estados Unidos fueron posibles gracias a la ambigüedad y la falta de identidad de las instituciones mexicanas.
“No hay claridad sobre cuáles son los valores nacionales ni cuál son los intereses nacionales que se deben tutelar”. Por supuesto, no todo empezó en este sexenio. A decir de Guillermo Garduño, México se asumió no sólo como “aliado incondicional de Estados Unidos, sino como elemento protector” de ese país.
Sin embargo, en el documento entregado a Contralínea, la SRE considera que “la colaboración de dichas instituciones con el gobierno de México se ha realizado siempre en estricto respeto a la soberanía del Estado mexicano”.
Agrega que la presencia en México de representantes de gobiernos extranjeros que en su país tienen a su cargo funciones de procuración de justicia está regulada por la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, firmada por México en 1965; y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, firmada por el Estado mexicano en 1968.
Adicionalmente, el 3 de julio de 1992 –cuando el gobierno de Carlos Salinas de Gortari negociaba el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con George Bush padre, por Estados Unidos, y Brian Mulroney, por Canadá–, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo de entendimiento entre autoridades mexicanas para permitir la operación de agencias extranjeras en México.
Se trata del Acuerdo de Secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores, y de la Procuraduría General de la República, en el Ámbito de sus Respectivas Competencias, que Establece las Normas que Regulan la Estancia Temporal de los Agentes Representantes de Entidades de Gobiernos Extranjeros que, en su País, Tienen a su Cargo Funciones de Policía, de Inspección o Vigilancia de Aplicación de Leyes y Reglamentos, así como Técnicos Especializados.
Lo que parece inconcebible para Guillermo Garduño es que ni en inteligencia militar, naval ni civil haya los analistas con capacidad para haber vislumbrado la llegada de Trump a la presidencia y la amenaza que éste representa para México, teniendo en cuenta la dependencia de este país con respecto de Estados Unidos.
La información de las agencias estadunidenses con efectivos en México fue entregada a Contralínea por la Unidad de la Enlace de la SRE, a través de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. La Subsecretaría para América del Norte fue la encargada de preparar la respuesta a la solicitud con folio 0000500001617, ingresada por este medio de comunicación. Hasta el cierre de edición, la Secretaría no había respondido a la solicitud de entrevista con el subsecretario para América del Norte, Carlos Manuel Sada Solana.
Zósimo Camacho
[BLOQUE: INVESTIGACIÓN][SECCIONES: PORTADA/SEGURIDAD]
Contralínea 532 / del 27 de Marzo al 02 de Abril 2017
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