En la última década, México ha perdido alrededor del 50 por ciento de sus ecosistemas naturales, documenta la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) en su informe Capital natural de México.
A través del programa permanente Monitoreo Mediante Técnicas de Percepción Remota, la Conabio reporta que las selvas húmedas y secas, los pastizales, los bosques nublados, los manglares y, en menor grado, los matorrales y los bosques templados son los ecosistemas más transformados.
La degradación de la diversidad terrestre y marina se atribuye a factores como el cambio climático, la introducción de especies no nativas, la sobreexplotación, la contaminación y el cambio de uso de suelo.
Por su riqueza, México es una de las 12 naciones que poseen el 70 por ciento de las especies del planeta. Junto con Brasil, Colombia e Indonesia, se encuentra en los primeros lugares en las listas de diversidad biológica.
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No obstante la privilegiada posición, al menos nueve de los 13 ecosistemas mexicanos, casi el 70 por ciento, contienen regiones que requieren de pronta atención para su salvaguarda, restauración y conservación.
En total, 367 sitios fueron calificados por la Conabio como prioritarios. Entre ellos: 81 en islas, 36 de selvas secas en la costa del Océano Pacífico, 25 con ecosistemas de dunas costeras, 50 con playas de arena y rocosas, y 81 sitios de manglar con relevancia biológica y necesidades de rehabilitación ecológica. En el estudio se documenta que en los últimos 10 años, alrededor del 50 por ciento de los ecosistemas ha sufrido transformaciones que los han degradado.
Al respecto, Isabel Cruz López, subcoordinadora de Percepción Remota de la Conabio, refiere que la tarea de la Comisión es únicamente generar los datos para que instancias como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, la Comisión Nacional Forestal y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas puedan trabajar para contener y revertir los daños. Es decir, la Conabio sólo tiene facultades para el estudio y conocimiento de la diversidad biológica.
La Conabio cuenta con estructura propia, coordinada por José Sarukhán Kermez pero es de dependencia intersecretarial. El presidente de la Comisión es el titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, y el secretario técnico es el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Juan José Guerra Abud. En la Comisión de carácter permanente también participan los titulares de nueve secretarías más: Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa); Desarrollo Social (Sedesol); Economía; Educación Pública; Energía; Salud; Hacienda y Crédito Público; Relaciones Exteriores, y Turismo.
Una de las causas del deterioro ambiental corresponde a los megaproyectos privados. Tan sólo durante el gobierno de Felipe Calderón, la Semarnat aprobó 70 por ciento de las manifestaciones de impacto ambiental que se le presentaron. Así, de cada 10 manifestaciones ingresadas para evaluación, la Secretaría autorizó siete, documenta la Auditoría Superior de la Federación.
De 2007 a 2012, la Secretaría recibió 3 mil 503 manifestaciones de impacto ambiental, indica el órgano fiscalizador dependiente de la Cámara de Diputados en el Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2012.
Luego de una revisión de desempeño, la Auditoría consideró que la Semarnat no garantizó el cumplimiento de la evaluación de los daños ambientales a la que se deben ajustar las obras y actividades que provocan desequilibrio ecológico y emitió un dictamen negativo.
Ante la laxitud con la que las autoridades evalúan y autorizan las manifestaciones de impacto ambiental, desde 2011 la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS), a través de un Grupo de Análisis, trabaja en la revisión de los documentos.
Tras 3 años en la tarea, el Grupo de Análisis, que realiza dictámenes técnico-científicos de proyectos que potencialmente podrían impactar el ambiente, ha identificado algunos de los factores que debilitan la eficacia de las manifestaciones de impacto ambiental (MIA) tanto en el nivel local como en el federal.
“La Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) está rebasada. Es completamente ineficiente: en lugar de ser una herramienta para evaluar, se ha convertido en un trámite”, dice Fernando Córdova, integrante del Grupo de Análisis de la UCCS, en entrevista con Contralínea.
El también biólogo explica que se trata de un problema estructural: las autoridades otorgan primero las concesiones y después evalúan los impactos ambientales de las obras.
Señala que desde la perspectiva de la UCCS, en materia ambiental, al ser el gobierno el promovente de los proyectos, aquellos que están al frente de las instancias encargadas de salvaguardar los recursos naturales han adquirido un papel de juez y parte.
Ejemplifica con el caso de la Autopista Urbana Oriente , vialidad de paga que habrá de construirse sobre un Área Natural Protegida. “La categoría de protección no es un obstáculo. Lo que hacen es quitar la categoría”.
Y es que según declaraciones de la propia Tanya Müller, titular de la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, la dependencia a su cargo evalúa la posibilidad de desincorporar la zona del Área Natural Protegida para dar paso a la autopista.
A ello se agrega que muchas de las veces las áreas con alguna categoría de protección no cuentan con programas de manejo o, si se cuenta con uno, no se actualiza.
La falta de criterios técnicos de medición de impactos ambientales es otro de los factores detectados por la UCCS. La ausencia posibilita que las empresas determinen si talar 1 mil 500 árboles o 6 mil significa un daño mínimo al medio ambiente, explica.
“Hemos detectado que hay un gravísimo conflicto de intereses entre las consultoras que elaboran las manifestaciones y las constructoras. La constructora les paga [y] no hay objetividad en los impactos. Maquillan datos, omiten información. A veces son empresas sin experiencia que se crean para evaluar un proyecto y desaparecen.”
“No hay verificación en campo de los posibles impactos. Las evaluaciones se hacen desde el escritorio. No hay posibilidad de identificar datos falsos. Tampoco se da seguimiento a las condicionantes. Si se siembran árboles para remplazar a los talados, no se supervisa que sea la especie adecuada, su correcta colocación, ni su cuidado.”
También se han encontrado con manifestaciones que dedican todo un capítulo a la descripción de tornillos. “Faltan criterios claros que definan lo que es importante y lo que no, lo que es un impacto y lo que no es. La Semarnat sólo propone los temas. Lo demás, queda a consideración de la consultora. Falta también que se consideren los impactos indirectos o acumulativos, los impactos a nivel regional”.
El experto aclara que evaluar y determinar la viabilidad de un proyecto no es tarea fácil ni siquiera para las instituciones. “La Semarnat cuenta con 60 días para entregar el resolutivo”. Ejemplifica con Cabo Pulmo (Baja California Sur), donde se tiene el tercer proyecto turístico más grande del país. “Es mucho trabajo”.
La falta de transparencia y difusión de los proyectos ejecutivos y documentos anexos de las obras, el escaso periodo de consulta (20 días hábiles para que algún interesado pida conocer el proyecto y opinar técnicamente sobre él sin que la opinión sea vinculante), la desvinculación de la MIA con los instrumentos de política ambiental, la fragmentación de las obras y sus impactos ambientales, han hecho de las evaluaciones procesos “muy viciados”, denuncia Córdova Tapia.
Por ello, recomienda crear un grupo multidisciplinario de expertos, colegiado sin conflicto de interés, que revise y dictamine los efectos de las obras sobre el medio ambiente antes de que se den las concesiones.
En México existen, al menos, 220 conflictos socioambientales activos ocasionados por las políticas económicas de libre comercio y desregulación ambiental aplicadas por el Estado mexicano, señala la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales.
Sus asesores atribuyen los hechos a que el gobierno mexicano ha propiciado la mayor crisis socioambiental en la historia del país a través de la aplicación de políticas de libre comercio durante las últimas 3 décadas.
Silvia Guadalupe Garza Galván, presidenta de la Comisión de Cambio Climático y secretaria de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el Senado de la República, responsabiliza a la Semarnat y sus organismos desconcentrados de la degradación de la biodiversidad. Señala que no obstante que el país está a la vanguardia en legislación en la materia, “el problema no está en las leyes, sino en su implementación”.
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