Trasnacionales mineras pagaron a México sólo un equivalente al 1.18 por ciento de los recursos obtenidos del territorio nacional. Las multinacionales extrajeron recursos minerales por más de 552 mil millones de pesos entre 2005 y 2010, pero sólo pagaron al país “derechos” por 6 mil 500 millones. Tan sólo en 2008, las empresas canadienses, estadunidenses, australianas y brasileñas sacaron de México más de 50 toneladas de oro y 2 mil 600 de plata
Mineras trasnacionales pagan a México poco más del 1 por ciento del valor total de lo que extraen del territorio nacional, del cual las administraciones panistas les han concesionado alrededor del 25 por ciento de los 2 millones de kilómetros cuadrados que lo conforman, hasta por 50 años.
Tan sólo por la extracción de oro y plata las multinacionales se llevaron a sus arcas el 90 por ciento del valor de los metales preciosos. A México le dejaron un equivalente de menos del 10 por ciento de esos recursos, durante el último lustro. De documentos de la Dirección General de Minas, dependiente de la Secretaría de Economía, y de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se desprende la disparidad entre los beneficios obtenidos por las empresas y los montos que se retribuyen al erario.
Del análisis de las estadísticas de producción y valor de los metales, publicadas por la Dirección General de Minas para el periodo 2005-2010, y del Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2010 (presentado el 15 de febrero pasado), resulta que la mayor utilidad para México por la extracción de oro fue de apenas 10.61 por ciento, en 2008.
Los documentos revelan que de los 15 mil 698 millones 429 mil 400 pesos en que se evaluaron los 50 mil 365 kilos de oro extraídos ese año, entraron al erario 1 mil 667 millones 42 mil 800 pesos por el concepto de pago de cuotas para explotar minas.
En tanto, por plata ?metal que coloca a México como el productor más importante a nivel mundial? la “ganancia” para el país fue del 11.93 por ciento del valor total de lo extraído, en ese mismo periodo fiscal. Ese año la producción del metal precioso fue de 2 millones 668 mil 28 kilos, lo que implica un valor de 13 mil 972 millones 569 mil pesos. La ganancia para las trasnacionales fue del 88.07 por ciento.
El año en el que inició la administración de Felipe Calderón Hinojosa fue el que más pérdidas representó para México en este rubro: registró un pago de cuotas de tan sólo 322 millones 696 mil 600 pesos. No obstante, el oro se cotizó, en ese año, en 7 mil 628 millones 188 mil 800 pesos. El “beneficio” para México fue de 4.23 por ciento de los valores mercantiles.
El avalúo de la plata llegó a los 9 mil 777 millones 994 mil 200 pesos, por la extracción de 2 mil 413.147 toneladas. Durante ese mismo año, el pago por derechos, en más de 320 millones de pesos, dejó utilidades a las compañías extranjeras por 96.7 por ciento, contra el 3.30 por ciento aportado al fisco.
Francisco López Bárcenas, coautor del libro El mineral o la vida. La legislación minera en México, asegura que las disposiciones “relativas a las actividades mineras no regulan derechos a favor de la nación ni de los propietarios de las tierras donde los minerales se encuentran, sino para favorecer a las grandes mineras”.
Cuotas simbólicas
En México las compañías dedicadas a la extracción de minerales no pagan al gobierno por el valor de los recursos extraídos, sino por hectárea concesionada. En enero pasado, Contralínea documentó que las cuotas estipuladas van de 5 a 111 pesos semestrales, por cada hectárea concesionada.
Esta situación ha motivado iniciativas para reformar la Ley Federal de Derechos, que establece los montos de cobranza. Sin embargo, éstas permanecen en la congeladora de la Cámara de Diputados (Contralínea 268).
El informe de la ASF, correspondiente al ejercicio fiscal 2010, precisa que los pagos por explotación y exploración de minas son “simbólicos” y “contrastan” con el valor de los recursos extraídos del territorio nacional.
En cuatro años de administración calderonista y el último de Vicente Fox (periodo analizado en la Cuenta Pública 2010) sólo se aportó poco más del 1 por ciento de los beneficios obtenidos por las compañías.
La Auditoría Superior de la Federación, encabezada por Juan Manuel Portal, indica que el valor de la producción en ese lustro ascendió a 552 mil 422 millones 429 mil 300 pesos, y el de los derechos cobrados a 6 mil 543 millones 417 mil 400, los cuales equivalieron al 1.2 por ciento de la producción.
Concesiones sin beneficio a la nación
De acuerdo con el informe de fiscalización, los requisitos para el otorgamiento de concesiones mineras son “mínimos y de fácil cumplimiento, por lo que no se encuentra garantizado el correcto uso y aprovechamiento de los recursos naturales y de proporcionar un beneficio a la nación”.
Los auditores del máximo órgano de fiscalización del país detectaron “deficiencias en la integración y datos del padrón de concesionarios y asignaciones mineras, así como en el contenido de los expedientes”.
Igualmente, documentaron que la Secretaría de Economía, que encabeza Bruno Ferrari García de Alba, “carece de manuales de procedimientos o lineamientos específicos para el control de pagos de los derechos de solicitud y trámites diversos al título de concesión minera, de asignaciones mineras, así como de los adeudos”.
López Bárcenas, maestro en derecho y desarrollo rural, expone que los problemas de la minería “se agravan cuando los propietarios de las tierras son los pueblos o comunidades indígenas, por la relación especial que mantienen con la tierra y en general con la naturaleza […]. Esto genera conflictos, porque los campesinos, pueblos o comunidades indígenas saben que tienen derechos, aunque la legislación minera no los contemple, y no están dispuestos a que les sean violados”.
De acuerdo con información de la Secretaría de Economía, las principales beneficiarias de las concesiones son la australiana Azure Minerals, Ltd y las canadienses Almaden Minerals, Ltd; Dia Bras Exploration, Inc; Pediment Gold Corp; y Goldcorp, Inc.
Efectos nocivos
Una de las iniciativas que permanece congelada en la Cámara de Diputados es la promovida por el legislador petista Jaime Cárdenas Gracia, quien hace énfasis en el impacto ambiental que producen las mineras en el país.
Presentada el 6 de septiembre de 2011, solicita se realicen modificaciones a la Ley de Minería para “garantizar los derechos colectivos que se reconocen en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los convenios internacionales, ratificados por el Senado, a pueblos y comunidades indígenas, así como de los núcleos agrarios, ejidales y comunales, y para restringir la minería a cielo abierto y el uso de técnicas basadas en el cianuro”.
Éste también fue uno de los aspectos observados por la Auditoría Superior, pues señala que los costos son significativos para la sociedad y que perduran en el tiempo: incendios en las venas de carbón mal selladas o restauradas, emanaciones de monóxido de carbono, fracturas y colapso de la superficie de la tierra.
El listado de la ASF contempla, también, “filtraciones de agua freática de las minas abandonadas, las cuales pueden tener un alto nivel de acidez o estar contaminadas con metales peligrosos; alteración de los acuíferos debido a su removimiento o la fracturación causada por trabajos de extracción. Éstas pueden provocar la pérdida o degradación de las fuentes locales de agua freática”.
Mientras que los minerales residuales peligrosos expuestos en las minas superficiales o esparcidos en pilas de desechos, pueden ser causantes de enfermedades en la comunidad y los trabajadores.
Actualmente México cuenta con reservas oficiales de oro por 105.9 toneladas. El oro extraído por las trasnacionales representaría el 50 por ciento de ese valor. Contralínea solicitó entrevista con la coordinadora general de Minería de la Secretaría de Economía, Jimena Velarde Altamirano. Hasta el cierre de edición, no se obtuvo respuesta.
