Érika Ramírez, @erika_contra
Documentos de la Secretaría de la Función Pública (SFP) evidencian que autoridades del Instituto Nacional de Pesca (Inapesca) no fundaron ni motivaron la nulidad del fallo de la licitación que hiciera ganadora a la empresa Famalval, para operar y mantener uno de los navíos de investigación más importantes en el nivel mundial, pues presentaron “copias simples al carbón de resoluciones judiciales” para echar abajo el concurso administrativo.
La licitación de carácter nacional mixta LA-008RJL001-N1-2014, y que compromete un contrato por 286 millones 206 mil 896 pesos, se llevó a cabo con el fin de realizar los “servicios especializados para la administración, operación y mantenimiento” del Buque de Investigación Pesquera y Oceanográfica (BIPO I) del Inapesca, el pasado 28 de enero.
Meses después, el 3 de septiembre, fue solicitada la nulidad del fallo por parte del director general adjunto de Administración en el Inapesca, Pablo Gómez Domínguez, quien argumentó la presentación de “documentos apócrifos” por parte de la empresa.
El expediente 118/2014, firmado por Eduardo José Morales de la Barrera, director general Adjunto de Inconformidades de la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas en la SFP, asegura que dicha autoridad “no puede concederles valor probatorio alguno”.
Lo anterior, con base en el Código Federal de Procedimientos Civiles, que en su artículo 217 indica: “El valor de las pruebas fotográficas, taquigráficas y de otras cualesquiera aportadas por los descubrimientos de la ciencia, quedará al prudente arbitrio judicial.
“Las fotografías de personas, lugares, edificios, construcciones, papeles, documentos y objetos de cualquier especia, deberán contener la certificación correspondiente que acredite el lugar, tiempo y circunstancias en que fueron tomadas, así como que corresponden a lo representado en ellas, para que constituyan prueba plena. En cualquier otro caso, su valor probatorio queda al prudente arbitrio judicial”. En consecuencia, afirma Morales de la Barreda, “tampoco se puede tener por acatada la resolución indicada”.
Además, indica el documento oficial, la convocante tuvo una “conducta omisiva” luego de que al emitirse el fallo, Inapesca “únicamente” señaló la puntuación asignada en los diversos puntos a evaluar de la propuesta técnica, presentada por las empresas interesadas, “sin que hubiere señalado las razones que tomó en cuenta para su asignación, así como la documentación que lo sustenta”.
Reitera que para hacer valer la nulidad del fallo, se presentaron copias simples al carbón de resoluciones judiciales, mismas que “carecen de la calidad de documentos públicos”.
“Las copias simples al carbón de resoluciones judiciales que no estén firmadas autográficamente por quien las emita o las certifique el secretario correspondiente, ni contengan alguno de los elementos antes referidos, no pueden considerarse como documentos públicos… y carecen de valor probatorio”, expone el expediente 118/2014 de la Función Pública.
Como conclusión de su resolución, la Función Pública determina “dar vista a la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de esta Secretaría, por la posible violación de los servidores públicos del Instituto Nacional de Pesca a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, fundamentalmente, y en su caso, al artículo 8, fracciones XVI y XXIV de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, por no acatar en tiempo y forma la resolución dictada por esta Dirección General de Controversias y Sanciones de Contrataciones Públicas”.
Esta licitación ya movió las estructuras al interior de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), encabezada por el coahuilense Enrique Martínez y Martínez.
Fuentes que presenciaron el acto aseguran que fue el propio Enrique Martínez y Martínez quien removió del cargo al ahora excontralor, a pesar de que éste dependía directamente de la SFP.
Un par de meses antes (23 de abril), Esquer Acedo acompañaba durante la inauguración y recorrido del Buque de Investigación Pesquera y Oceanográfica (BIPO) a su otrora compañero de estudios, el presidente Enrique Peña Nieto.
El reclamo a este funcionario, confirman en la Sagarpa, es que “el Inapesca llevó a cabo dicha licitación sin consultar con el secretario Martínez y Martínez, ni con algún otro funcionario de esa dependencia, lo que causó un fuerte enojo en la dependencia, pues aunque el Instituto es un órgano autónomo, no se guardaron las formas ni se reportó dicha operación de compra…” (Contralínea415, Oficio de Papel).
Un expediente de investigación integrado por la Secretaría de la Función Pública, del cual Contralínea posee copia, muestra cómo se pretendió anular el fallo de la licitación LA-008RJL001-N1-2014.
De este concurso administrativo resultó ganadora la empresa Famalval, del empresario Marco Antonio Álvarez Alonso, que obtendría un contrato por 286 millones 206 mil 896 pesos y que ahora enfrenta una denuncia de hechos por, supuestamente, haber presentado documentos apócrifos. Los mismos que llevaron ante la SFP autoridades de Inpaesca para anular el fallo.
El secretario del ramo, Enrique Martínez y Martínez, acepta las “había anomalías en el barco”, por lo que, dice, ahora también se pospone la licitación del BIPO II.
El BIPO I fue construido para operar en aguas profundas de la Zona Económico Exclusiva del Pacífico. Éste es uno de los tres buques que existen en el mundo con la tecnología de punta más avanzada en su ramo. Su elaboración fue cubierta con recursos del préstamo 2547-OC-ME, otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a México, para el Programa de Fortalecimiento de Bienes Públicos Rurales, mismo al que se le asignaron 26 millones de dólares por el componente IV: Fortalecimiento de la Investigación Biológico-Pesquera.
La construcción del BIPO I se inició en julio de 2012, todavía durante la administración de Francisco Mayorga Castañeda al frente de la Sagarpa, y fue entregado al gobierno priísta de Peña Nieto en diciembre de 2013, como un “proyecto estratégico” para el país.
Una segunda embarcación es promovida y planeada en la Sagarpa para su operación en los mares del Golfo de México, bajo la denominación de BIPO II; sin embargo, ésta no se llevará a cabo hasta que no estén resueltas las irregularidades que ya costaron el cargo a dos servidores públicos. Mientras, las operaciones del BIPO I se llevan a cabo por funcionarios de la Secretaría de Marina.
Días antes de que llegara el BIPO I a México (23 de enero de 2014), proveniente de Vigo, España, inició la Licitación Pública Nacional Mixta para la contratación de los Servicios Especializados para la Administración, Operación y Mantenimiento del BIPO I, con el folio LA-008RJL001-N1-2014.
Como parte del préstamo –indica un documento enviado al director general de programación, presupuesto y finanzas, José María Labarthe Carlock, por el director general del Inapesca, Raúl Adán Romo Trujillo– la operación del BIPO I se dio bajo el financiamiento del BID.
Y es que la licitación era necesaria, pues el Instituto no contaba con personal capacitado para su operación, por lo que se promovió el concurso administrativo.
En la misiva, Romo Trujillo indica: “Toda vez que el personal propio del Inapesca no está capacitado y acreditado para la operación del buque, es necesario contratar un servicio integral para su administración, operación, y mantenimiento”. En este concurso participaron cuatro empresas ofertantes, dos de ellas con una propuesta conjunta.
“Por la relevancia de este proyecto y por lo visible para los Órganos de Control, la Secretaría de la Función Pública recomendó ?que se formaran equipos técnicos y jurídicos, que permitieran blindar todo el proceso de decisión, de tal forma que en los mismos ha participado como ‘asesor’ para la transparencia de los procesos tanto el Órgano Interno de Control de la Sagarpa y el subcomisario de la Secretaría de la Función Pública”, dice el documento firmado por Romo Trujillo el 14 de febrero de 2014.
El 13 de febrero de 2014 se dio el fallo de la licitación para la operación y mantenimiento del BIPO I. En él se desecharon las propuestas de las empresas Naviliera El Ferrol, Servicios Múltiples del Puerto y Naviera REM. La ganadora, Famalval, había logrado 55.5 puntos de los 45 requeridos para obtener el contrato, indica el acta de fallo FO-CON-08 que revisa la SFP.
El acto se llevó a cabo a las 10:00 horas en el auditorio del Inapesca. Ahí se reunieron el director general de Famalval, Marco Antonio Álvarez Alonso, e Ignacio Melo Graf, de Servicios Múltiples del Puerto; del Inapesca, Jaime Ruiz Alvarado, subdirector de Recursos Materiales; Lorena Ramírez Vargas, subdirectora de Consulta y Contratos; Manuel Otilio Nevárez Martínez, director general adjunto de Investigación Pesquera en el Pacífico (representante del área requirente). También firmó el fallo el representante del encargado del despacho de los Asuntos del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional de Pesca, José Roberto Arreola Álvarez.
De la evaluación final, indica el acta de fallo, se determinó que Naviliera El Ferrol, SA de CV, obtuvo 16.5 puntos, de los 45 mínimos requeridos, por lo que se desechó su propuesta. El licitante Servicios Múltiples del Puerto, SA de CV, y Naviera del REM, SA de CV (propuesta conjunta), obtuvo 32.5 puntos, por lo que también fue desechada su propuesta. En tanto que Famalval obtuvo 55.5 puntos, por lo que “su propuesta resulta solvente técnicamente”.
Respecto de la propuesta económica, se determina que la presentada por la empresa Famalval “cumple con los rubros” solicitados por el Inapesca.
“Para la contratación de los Servicios Especializados para la Administración, Operación y Mantenimiento de un Buque de Investigación Pesquera y Oceanográfica del Instituto Nacional del Pesca, la empresa Famalval, SA de CV, es la empresa adjudicada, conforme a su oferta y porque cumple con los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en la convocatoria a la licitación, por lo tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas”, indica el documento FO-CON-08.
Esquer Acedo indica en el oficio que el 20 de febrero recibió el escrito de inconformidad promovida por Ignacio Luis Melo Graf, apoderado legal de Servicios Múltiples del Puerto, SA de CV, y la Naviera Delrem, SA de CV: “con relación a lo anterior, me permito precisarle que el suscrito encargado del despacho del Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Pesca, acorde a lo dispuesto en el artículo 79 del Reglamento Interior de la SFP carece de facultades para conocer la inconformidad del mérito”.
Para resolver esta inconformidad, el subsecretario de responsabilidades administrativas y contrataciones públicas, Julián Alfonso Olivas Ugalde, instruyó a Jaime Correa Lapuente, director general de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas “para que conozca dicha instancia y resuelva lo que en su derecho proceda”, toda vez que el OIC en el Inapesca “por su reducida estructura no cuenta con Área de Responsabilidades para el trámite y resolución de la inconformidad de mérito”.
Después de la publicación de notas periodísticas en donde se involucra al excontralor en irregularidades de la licitación nacional mixta LA-008RJL001-N1-2014, el director del Inapesca y el mismo excontralor enviaron cartas al titular de la Sagarpa, Enrique Martínez y Martínez, así como a Luis Miguel Domínguez López, director general de Controversias y Sanciones y Contrataciones Públicas de la SFP, para explicar la situación del caso.
Otra nota, titulada “Contrata Inapesca a empresa hechiza”, indica que Famalval contaba con un capital social de 50 mil pesos, mismo que se incrementó a 53 millones el mismo día en que se dio a conocer la convocatoria para la contratación de servicios para operar el BIPO I.
En la primera carta, con fecha del 16 de junio de 2014 y folio RJL/INAPESCA/DG/273/2014, Raúl Adán Romo Trujillo, director general de Inapesca, escribe al secretario que la licitación LA-008RJL001-N1-2014 se efectuó con estricto apego a la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por lo que se suscribió el Contrato de Servicios INAPESCA-CS-OC-LPN/
01/2014, con vigencia de 3 años.
También informa que las empresas SMP y Naviera del REM presentaron ante la SFP una inconformidad, en la que señalaron que se había llevado una “mala evaluación”. La SFP aceptó la inconformidad bajo el Acuerdo 115.5.852.
Romo Trujillo destaca en la correspondencia que aún “cuando se admitió a trámite dicha inconformidad, las empresas inconformes solicitaron la suspensión del proceso, mismo que les fue negado”.
Juan Salvador Esquer Acedo (entonces titular del OIC) también escribió al titular de la Sagarpa después de lo publicado por el diario Reforma. En el oficio 08/114/ OIC/0688/2014 define su participación en la licitación que ganara la empresa Famalval.
Especifica que su participación en el proceso licitatorio “es bajo carácter de asesor con voz pero sin voto, en términos de lo dispuesto en los artículos 36 Bis, último párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público y 19, tercer párrafo, del Reglamento de la Ley”.
No obstante, dice Esquer Acedo, el 20 de febrero pasado ese OIC recibió el escrito de inconformidad promovido por Servicios Múltiples del Puerto, SA de CV, con relación al proceso de licitación mencionado.
La inconformidad fue foliada con el 08/114/OIC/0205/2014 y turnada a la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas de la SFP, en virtud de que el encargado de los asuntos del OIC en el Inapesca “carece de facultades para recibir, instruir y resolver las inconformidades interpuestas por los actos que contravengan las disposiciones jurídicas en materia de adquisiciones…”
En el amplio expediente que revisa la SFP, y del que Contralínea posee copia, se observa que a través del documento RJL/INAPESCA/DGAA/0525/2014, el director general Adjunto de Administración del Inapesca, Pablo Gómez Domínguez, notificó al apoderado legal de la empresa Famalval, Marco Antonio Rodrigo Álvarez Alonso, sobre la recisión del Contrato Plurianual de Prestación de Servicios INAPESCA-CS-OC-LPN/01/2014.
En la relatoría de hechos se lee que después de firmado el contrato INAPESCA-CS-OC-LPN/01/2014 a favor de Famalval, el Instituto cuenta con un importe para el ejercicio fiscal 2014 por 97 millones 647 mil 58 pesos; para 2015, 117 millones 76 mil 470 pesos; y para 2016, 117 millones 176 mil 470 pesos, lo que suma un monto, con el impuesto al valor agregado, de 332 millones de pesos.
Por esto se asignaron 39 millones 58 mil 823 pesos que significaron el 40 por ciento del ejercicio fiscal 2014, que se amparan con la póliza 2014-08221-6, emitida por la afianzadora Aserta, SA de CV, fechada el 20 de febrero de este año.
Luego, “con la finalidad de garantizar el cumplimiento del contrato” Famalval entregó la póliza 2014-0822-6, por 8 millones 417 mil 849 pesos, emitida por la misma afianzadora.
Explica que el 1 de julio, el director general del ?Inapesca, Raúl Adán Romo Trujillo, solicitó al encargado del Despacho de los Asuntos del OIC en el Inapesca, Francisco Cárdenas Elizondo, llevar a cabo una auditoría a la licitación pública internacional que se llevó a cabo para la construcción del BIPO I, así como la licitación nacional para sus operaciones.
De esa revisión fueron solicitadas las fianzas originales al Inapesca para su análisis y revisión. A lo cual, la afianzadora Aserta, SA de CV, informó que “no encontró registro dentro de las responsabilidades vigentes de esa Institución, no encontrándose ningún registro, ni por número de fianza, código de seguridad, ni montos que se señalaron en la solicitud”.
Después de este procedimiento, Famalval se defendió ante la SFP aduciendo que las pólizas presentadas por su empresa corresponden a la afianzadora Sofimex, SA de CV, por las cantidades mencionadas.
No obstante, y de acuerdo con el compendio de pruebas de que tiene en su poder la SFP, Rodolfo Veloz Bañuelos, director Jurídico del Inapesca, presentó una denuncia de hechos ante el delegado de la Procuraduría General de la República en el Distrito Federal, bajo el oficio RJL/INAPESCA/DJU/813/2014.
Las “pruebas” que han tratado de demostrar lo “apócrifo” de los documentos de Famalval, ya fueron desechados por la SFP al no validar la presentación de “copias simples al carbón” que no se encuentran certificadas.
En tanto se fincan nuevas responsabilidades y se resuelven las dudas respecto a la licitación que costaría más de 286.2 millones de pesos, en las oficinas del secretario de Agricultura se esperan resultados para lanzar la licitación del BIPO II, que debía haber iniciado en noviembre pasado.
Erika Ramírez, @erika_contra
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