Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Dos detalles reciben a quien llega por carretera a la capital oaxaqueña: carteles colgados en los postes de luz con la marca Infinitum, de Carlos Slim, que promocionan la Guelaguetza oficial, y camionetas cuatro por cuatro con policías o soldados armados a bordo rondando por todos lados.
Por la ciudad corre una calma bañada de tensión, una cuerda intensa que presagia tormenta mientras aumentan las movilizaciones del magisterio por la desaparición del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y la cancelación de decenas de plazas.
Desde el cerro del Fortín hasta los municipios aledaños conviven dos cotidianidades, dos ritmos. Por un lado, el comercio se regodea en las calles, en las banquetas, en las plazas públicas y privadas, en los locales y establecimientos; el movimiento de compradores, paseantes y turistas se entremezcla con el segundo aire, pesado, robusto como los vehículos, las armas largas y los gestos de piedra de la Policía Federal y el Ejército.
Cientos de gendarmes y federales (lentes oscuros, rifles de asalto, ropas de camuflaje urbano, gris azulado, y botas de guerra) se posicionaron en diversos puntos de la ciudad antes de la jornada electoral del 7 de junio. Y desde entonces se quedaron.
De acuerdo con lo constatado por Contralínea y corroborado por varios policías consultados directamente, las fuerzas federales se plantaron en los hoteles del centro histórico, en la Secretaría de Seguridad Pública estatal, en la llamada Ciudad Judicial, en la delegación de la Procuraduría General de la República, así como en el aeropuerto.
Desde esos cuarteles provisionales se despliegan los uniformados cada día ante las miradas de asombro de algunos, de miedo o enojo de otros, y de satisfacción de los dueños de los comercios.
En el ambiente espeso hay otro grupo que respira feliz: los empresarios hoteleros, antes quejosos por las manifestaciones sociales, ahora contentos porque durante semanas la temporada baja se convirtió en la más productiva del año por gracia de los huéspedes armados que colmaron los cuartos y convirtieron las estancias en fortines en los que tres veces al día pasaron lista hasta el jueves 16, fecha en la que abandonaron las habitaciones céntricas pues, para mayor alegría de los patrones, todo estaba reservado desde hace meses para las fiestas de julio.
Eso sí, el rango determinó la comodidad de cada uno: los mandos se instalaron en hoteles de por lo menos cuatro estrellas; los gendarmes, de tres; mientras que algunos federales sólo alcanzaron una colchoneta en el piso del gimnasio Ricardo Flores Magón.
Calles enteras se convirtieron en estacionamiento de los Jeeps Wrangler y Patriot, de las voluminosas Nissan Titán, de las patrullas Dodge Charger y Ram, de los autobuses de viaje.
Entre el vértigo del comercio de ropa, mezcal, chucherías, pan y lo que sea, los policías vigilan, silenciosos a pie o impactantes en caravanas en las pocas avenidas de Oaxaca y sus comunidades próximas.
Los militares sólo son visibles sobre vehículos con metralletas empotradas. También hombres solos vestidos de civil pero con corte castrense y de paso firme, muy distinto al de los turistas y residentes, frecuentemente rondan el primer cuadro, entre las carpas de los maestros en resistencia.
La vigilancia es móvil. Los policías no están estáticos, nunca anclados en puntos específicos, sólo en las entradas y recepciones de sus hoteles. Merodean, de a uno o dos a pie en las calles próximas al zócalo; en grupo en camionetas o autos en las zonas, municipios y caminos aledaños.
Sumados a los policías que se quedaron desde las elecciones, miles llegaron a la entidad, admite la propia Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO).
“Más de 6 mil elementos de seguridad pública de los tres niveles de gobierno resguardarán la integridad física y patrimonial durante las festividades del mes de julio”, según un comunicado de prensa de la entidad encabezada por Jorge Alberto Ruiz Martínez, quien no contestó la solicitud de entrevista presentada por este semanario en la oficina de Comunicación Social del Palacio de Gobierno. No obstante, otras fuentes reportan más de 7 mil efectivos federales.
Según la información oficial, el funcionario “explicó que la Secretaría de Seguridad Pública y la Comisión de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil Municipal estarán desplegando de manera conjunta 2 mil elementos [más] para garantizar la seguridad y la tranquilidad de todos los visitantes y habitantes oaxaqueños durante esta festividad.
“Las acciones serán reforzadas por los más de 2 mil elementos de la Policía Federal y 2 mil elementos de la Gendarmería que desde la semana pasada ya se encuentran realizando actividades de proximidad social en la capital oaxaqueña”, agregó la SSPO el 14 de julio. Cuatro días después llegaron por lo menos 500 policías más.
Ésos son los números difundidos por la misma Secretaría. Sin embargo, la sensación popular es que en realidad son muchos, muchos más, los elementos presentes, sin contar a los efectivos militares.
Taxistas, vendedores, señoras de mercado, ancianos de parque, profesores, meseros, recepcionistas de hotel, choferes de autobús, vecinos de los límites de la ciudad, representantes magisteriales regionales y periodistas locales notan la densidad en el ambiente por la presencia de la “autoridad”. Contralínea sostuvo alrededor de tres decenas de conversaciones periodísticas sobre el tema, y después de un rato, invariablemente la charla desembocó en el mismo recuerdo: el estado de sitio y posterior represión de 2006.
Las heridas provocadas por el aplastamiento a fuego y sangre de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) aún están frescas, y el husmeo policial reaviva esos recuerdos de muerte relacionada con la intervención federal.
Además, desde antes de los festejos de la Guelaguetza 2015, drones ya sobrevolaban los barrios populares, sobre todo los presentes en el cerro del Fortín, tomando fotos desde muy baja altura. Desconocidos vestidos de civil se pasean por lugares que no son turísticos. Incluso el silencio de la madrugada es interrumpido por el estruendo de aviones que pasan una y otra vez por zonas que mostraron alguna resistencia durante el aplastamiento de hace 9 años, cuentan por separado los residentes entrevistados.
Por su parte, el movimiento magisterial y diversas organizaciones sociales continúan su presencia en los mismos sitios de siempre, en las rutas de siempre, con marchas cuyas partidas y destinos son anunciados previamente; el edificio de la Sección 22 del magisterio está abierto y en permanentes asambleas y emisiones radiales. El anuncio del cierre del Instituto de Educación Pública acelera las movilizaciones, al tiempo que los plantones, incluido el del zócalo de Oaxaca, parecen estar a merced de ser arrasados aun por un pequeño grupo de granaderos, como ocurrió en la Ciudad de México.
Días antes del golpe asestado al magisterio, la presencia de éste era representativa, casi simbólica, en la capital del estado. La capacidad de movilización y apoyo de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) –organización tejida por más de 2 décadas entre las ocho regiones oaxaqueñas– se hizo notar de inmediato tras la decisión, aunque la mayoría de sus integrantes estaban dispersos en comunidades, en otros estados y el Distrito Federal.
Son más de 80 mil los maestros que se han mantenido en resistencia a pesar de los asesinatos, desapariciones forzadas y encarcelamientos en prisiones federales: cuentas pendientes e impunidad que potencian la ira y robustecen las convicciones políticas ante una nueva agresión solapada por el discurso del orden y la paz social restablecidos que impulsan el flujo del turismo y, por ende, el desarrollo del capital concentrado en unas pocas manos.
El tablero estratégico está puesto: las partes altas, las entradas al centro, las salidas de la ciudad están claramente cubiertas, “peinadas”, en el argot policial. Los caminos hacia Xoxocotlán, Puerto Ángel, Monte Albán, Tuxtepec, Santa María del Tule, hacia Atzomba y San Pedro Ixtlahuaca están custodiados.
La vigilancia es permanente. El movimiento de los maestros que llegan y se van, cuando relevan a sus compañeros; por dónde van las marchas, adónde se dirigen, con qué ánimo, quiénes van, todo es conocido por los federales.
La presencia policiaca, militar y gendarme en el día a día de la gente mantiene la cuerda tensa. Ya se han dado conflictos menores: uniformados encañonando taxistas, mujeres hostigadas verbalmente, trances viales.
Los vehículos de choque y las armas largas también ya pasaron lista en Oaxaca.
La reforma educativa-laboral ya fue aprobada, es impulsada ampliamente por los medios masivos de comunicación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación la avaló. Además, ambas partes, gobierno-empresarios y profesores, han manifestado en múltiples oportunidades que no cederán.
El posicionamiento de elementos federales y sus movimientos no son guiados por la casualidad. Las Fuerzas Armadas rodean la ciudad con una estrategia marcada. Un círculo, una red, se asentó en Oaxaca. Es un corsé que en unos cuantos minutos se puede cerrar. Sólo basta una orden, o una chispa, para que el valle se incendie. El mazo gubernamental pende sobre la Sección 22 del magisterio.
En contra del movimiento magisterial se han unido fuerzas públicas y privadas: federales, estatales y trasnacionales.
Los poderes públicos y fácticos coinciden en una idea esencial: la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) es un obstáculo, una tranca para el desarrollo neoliberal, sostén de la libre empresa, pues la lucha de los maestros no se circunscribe al tema educativo y sus demandas abarcan un mayor espectro social y económico.
En marchas, mítines y consignas persiste la aclaración de que la batalla dada hasta hoy es parte de una lucha de clases: de los empresarios contra los trabajadores; de los pocos que tienen todo contra la mayoría que no tiene nada: “Educación, primero, al hijo del obrero. Educación, después, al hijo del burgués”, es una de sus consignas.
De ahí que uno de los sectores de la sociedad más interesado en el exterminio de la movilización magisterial sea el empresarial.
El grupo patronal Mexicanos Primero, encabezado por Claudio X González, y el gobierno federal convergieron sin ambages en la llamada reforma educativa.
“Para 2013 debe ya iniciar una reforma del orden jurídico nacional, con cambios a la LGE [Ley General de Educación] y la reglamentación que le siga.”
Un día después de tomar posesión, Peña Nieto se comprometió, junto con los firmantes del Pacto por México, a seguir el camino trazado y reformar el sector educativo. En febrero siguiente la intención empresarial alcanzó el rango constitucional.
“Apenas estamos comenzando”, anunció, con desparpajo, el propio X González a la reportera Flor Goche a inicios de 2014, a pesar de haber logrado plasmar sus intenciones en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Contralínea 368).
Y tenía razón: después Sylvia Schmelkes, del Consejo Consultivo de Mexicanos Primero, se convertiría en la presidenta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).
“Mexicanos Primero fue uno de los grupos que promovieron varias de las cosas [presentes en la reforma]. Tiene algunos años haciendo evaluaciones y un montón de recomendaciones”, admitió el senador panista Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Senadores. También otras organizaciones de ciudadanos –preocupados por la “calidad” de la educación y de sus cuentas millonarias, como X González– aportaron lo suyo, añadió.
“Repudiamos esta reforma empresarial que reducirá el sistema educativo”, respondieron los maestros, e intensificaron las movilizaciones contra la andanada parlamentaria: “Educación gratuita, lo que el pueblo necesita”. “La patria no se vende. La patria se defiende con dignidad”, proclaman.
La legislación de la voluntad empresarial fue el paso más rápido que dio la alianza. El siguiente consistió en el linchamiento mediático a la resistencia que se diera contra la reforma laboral-educativa.
Destruir la imagen del movimiento. Pintarlos como una escoria social, una banda de delincuentes, un problema para todos, sean o no dueños de un negocio, es la estrategia llevada a cabo desde decenas de medios de comunicación en toda la República.
Medios electrónicos e impresos se han encargado de inocular la idea de que los maestros de la Sección 22 no sólo no dan clases, sino que su lucha, “violentísima” además, es motivada por intereses personales.
Durante meses el descrédito maquinado fue escalando etapas. Primero les llamaron “resentidos”, “huevones”, “buenos para nada”; después ya se les llamó “vándalos”, “barbajanes”, “maistros del desorden”; ahora a los integrantes de la Coordinadora ya se les llama “delincuentes”, “crimen organizado”, “mafia” y, por último, “terroristas”.
“Ha llegado el momento justo, para que las autoridades competentes metan en cintura a estos mercachifles” [sic], escribió el 8 de julio pasado en Milenio Diario Carlos García, por ejemplo.
Más que explicar el origen del conflicto, sus vertientes, procesos, hechos, cambios, incongruencias, metas e ideas, el trabajo hecho por diversos reporteros, editores, columnistas, conductores de radio y televisión ha estado enfocado en la creación de la imagen de un movimiento tan peligroso para el país que es necesario acabar con él de una buena vez, con “toda la fuerza del Estado”, judicialización y violencia incluida de ser posible.
Cada vez fueron más frecuentes los ataques, desplegados y llamamientos al “restablecimiento del orden”, hasta que a principios de julio la organización patronal Mexicanos Primero demandó pública y penalmente a Rubén Núñez Ginez, líder actual de la Sección 22, por “cobrar sin dar clases”, además de amenazar que iría contra el resto de la “cúpula” sindical.
A finales de junio de 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presidida por el ministro Luis María Aguilar, desechó los amparos presentados por la CNTE contra la reforma educativa.
Tras la decisión de los ministros, el discurso mediático se volcó a difundir que la pelea estaba terminada, que los maestros ya no tendrían más porqué luchar; que el mismísimo tribunal más alto del país ya había validado la reforma y que la única opción era volver, callados, a sus comunidades.
En la mesa se puso la justificación jurídica para invalidar la movilización… y motivar su liquidación.
Aumenta acoso contra la CNTE
Oaxaca de Juárez, Oaxaca. La extinción del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) sólo fue el primer impacto de una combinación de golpes asestadaos por los gobiernos federal y estatal en contra de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
La cuenta bancaria de la organización magisterial también fue congelada, dice a Contralínea Benito Vázquez Henestrosa, vocero de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Previamente, las autoridades habían sitiado la ciudad con soldados, marinos, gendarmes, policías federales y policías estatales.
“Es que creen que de ahí sacamos los recursos para financiar el movimiento. Pero no es así: cada quien paga lo suyo”, asegura minutos antes de incorporarse a una asamblea estatal extraordinaria, una de las tantas reuniones que ha organizado y en las que participado, luego de que los gobiernos federal, de Enrique Peña Nieto, y estatal, de Gabino Cué Monteagudo, anunciaran la mañana del martes 21 pasado la desaparición del IEEPO. Desde entonces, el auditorio del llamado hotel de los maestros alberga a la cúpula de la Sección 22 y a miles de maestros que han llegado para, dicen, dar una respuesta a lo que consideran una “embestida del Estado mexicano”.
Además –continúa el vocero de la única sección del SNTE que en su totalidad es también parte de la CNTE– están pendientes la supuesta demanda interpuesta por la asociación empresarial Mexicanos Primero y las órdenes de detención giradas contra decenas de maestros.
“De ninguna de las dos sabemos oficialmente nada”, asevera Vázquez Henestrosa. Y es que –hasta el cierre de esta edición– los profesores no habían recibido notificación alguna sobre la demanda del empresario Claudio X González contra Rubén Núñez, secretario general de la Sección 22, ni conocen los nombres de los imputados en delitos como ataques a las vías de comunicación, como lo han difundido diversos medios de comunicación; rumor que hizo que los profesores cerraran personalmente y con un camión la calle de la sede del sindicato.
Después de la andanada recibida el martes 21, más la llegada de miles de elementos federales –que se suman a los más de 6 mil que ya se encontraban en las semanas previas– a la capital oaxaqueña, la comunicación con la Secretaría de Gobernación federal y con el gobierno de Gabino Cué está rota. “Exigimos la reapertura de la mesa de negociaciones. Pero no ha habido respuesta”, asegura el vocero.
Mauricio Romero, @mauricio_contra
[PORTADA]
[SOCIEDAD]
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