Petróleos Mexicanos es de interés público y de interés nacional, sentencia el secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas. En entrevista con Contralínea, asegura que la prensa es un aliado de los órganos de fiscalización y que la labor periodística contribuye al combate a la corrupción. Refiere que las investigaciones sobre Arrendadora Ocean Mexicana y TMM –que cobraron un sobreprecio de 47 millones de dólares a Pemex Refinación por la renta de cuatro buquestanque– permanecen abiertas. En el primer caso, también se indaga al empresario y exfuncionario Antonio Juan Marcos Issa, quien demandó a este semanario y a cuatro de sus colaboradores por daño moral
La respuesta de Salvador Vega Casillas es inmediata: “Por supuesto que Pemex [Petróleos Mexicanos] es un tema de interés público”. Traje oscuro, presto y sin ambages, el titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) sentencia: “Pemex es un tema de interés público y de interés nacional. Cuidar que no se cometan actos de corrupción, que las empresas se comporten adecuadamente y que no generen este tipo de cosas, que los funcionarios no incurran en estos actos, no le causen daños al país, no le causen daños a la empresa petrolera es un hecho de interés público, por supuesto.” Sentado en un sillón de piel color negro, el secretario federal abandona de pronto la parsimonia y no rehúye pronunciarse, así, respecto de la sentencia que condena a Contralínea en primera instancia por daño moral, dictada el pasado 3 de enero por la jueza 54 de lo Civil del Distrito Federal, Yassmín Alonso Tolamatl. La condena se deriva de la demanda interpuesta en 2009 por Blue Marine Technology Group, Arrendadora Ocean Mexicana, Subtec y Antonio Juan Marcos Issa en contra de este semanario y cuatro de sus colaboradores. —En todos los actos en que hemos detectado hechos de corrupción, para nosotros, la prensa es un aliado. Muchos de estos casos en los que hemos determinado sanciones han sido primero denunciados públicamente; otros sí han sido por denuncias directas a la Secretaría, por denuncias de ciudadanos. Para nosotros, [las publicaciones de la prensa] significan un rastro a seguir. Las denuncias que se hacen en los medios son las que dan valor a la transparencia para poder combatir la corrupción. Nosotros estamos complacidos con que ustedes y los medios de comunicación denuncien este tipo de cosas, y que decidan hacerlo, para nosotros, significa también enfocar nuestro trabajo –señala, cómodo, desde su amplia oficina. A sus 49 años de edad, el panista michoacano dice estar convencido de que la corrupción en la administración pública federal se puede erradicar por completo. Respecto de Pemex, afirma que es la empresa con mayor número de casos detectados pero que, en su mayoría, los servidores públicos son honestos.
El caso de Arrendadora y TMM no ha terminado —En cuanto a las empresas, que son las beneficiadas, hay una sensación de impunidad porque permanecen a salvo: no tienen problemas, siguen concursando, tienen contratos, siguen cobrando, no están inhabilitadas. Parece que hay una protección del secretario de la Función Pública a las dos compañías. —Es que todavía estamos en el proceso. Es parte de los procesos que todavía no culminan. La parte penal y la parte de las empresas aún no las terminamos. —¿La investigación administrativa respecto de las empresas tampoco? —Exacto. No hemos cerrado el caso en esas áreas: ni en lo penal ni en lo administrativo de las empresas. Es decir, esto es solamente la parte administrativa que le corresponde a los funcionarios públicos. En todos los casos, nosotros buscamos, siempre, si hay involucramiento de las empresas, inhabilitarlas y cobrarles la máxima multa que nos permita la ley, presentarles denuncia penal. Si hay involucramiento de servidores públicos, inhabilitarlos, separarlos del cargo, ponerles la máxima sanción que nos permita la ley, pedirles el resarcimiento del daño, presentarles denuncia penal. Cada uno de estos actos significa un procedimiento distinto. Nos cuidamos mucho en no mandarle a la PGR [Procuraduría General de la República], por un tema mediático, una papa caliente con la cual no se pueda hacer nada. Estamos ganando el 95 por ciento de los casos en los tribunales. El mensaje que le quiero mandar a todo mundo es claro: no doy tiritos. —En este caso, no hay funcionarios importantes. —No son solamente [mandos] medios, hay varios de nivel de gerencia, varios funcionarios importantes que fueron los que participaron. Durante muchos años, las grandes decisiones se les dejaban a los mandos medios, y eso es lo que ha provocado muchos casos de corrupción, porque es en el nivel medio donde se deciden cantidades impresionantes de dinero y licitaciones, y como ahí se quedan las decisiones, ahí también se quedan las responsabilidades. Eso ya se está cambiando con el nuevo esquema de Pemex, que ha propiciado que muchos de estos casos de corrupción en realidad se hayan fraguado en los niveles medios de Pemex. Antes no existía un estatuto interno en la paraestatal, por lo tanto fincar responsabilidades se dificultaba mucho porque podías hacerlo prácticamente sólo contra quienes firmaban. Entonces no se podían armar casos si solamente supones que alguien estuvo enterado o que ordenó. Una de las cosas que estamos haciendo es asegurarnos que las responsabilidades que fincamos son efectivamente las que podemos sostener en los tribunales. —En la reglamentación, los que firman son los responsables, pero ¿no hay alguna omisión o negligencia del director de Pemex Refinación o de algún subdirector? —Nosotros analizamos las responsabilidades que existen. En muchos de los casos, lo que falla es la labor de supervisión, pero éste no es el caso. Si delegan las responsabilidades, de acuerdo con el reglamento o las disposiciones, están obligados a supervisarlos, pero hay casos en los que ni siquiera están obligados a eso y es cuando no podemos vincular los actos. Nosotros tenemos que sancionar a quien tengamos la certeza, por lo menos la presunción, y cuando hemos reunido las pruebas suficientes para poder sostener la acusación en los tribunales. Esta investigación todavía no concluye, es decir todavía tenemos varios caminos pendientes por terminar: estamos acumulando pruebas, estamos trabajando en ese asunto, que es complejo y que ya tenía mucho tiempo. —¿Habrá acusaciones penales? —En eso estamos trabajando. Los expedientes y los delitos penales comparados con los administrativos son distintos; es decir, las pruebas que se reúnen para comprobar lo penal son distintas a las pruebas que se reúnen para lo administrativo. Entonces, no necesariamente lo que te da una sanción administrativa te puede dar para una sanción penal. Por supuesto que estamos analizando la vertiente penal y el tema de las empresas. Sin embargo, en muchas ocasiones tenemos que hacer una serie de estrategias para combatir este tipo de casos. En algunos, vamos sólo con lo penal si lo administrativo tiene debilidades. En esta ocasión, hemos presentado primero lo administrativo, pero no descartamos y seguimos estudiando los otros aspectos. —En la parte penal, de acuerdo con el análisis, se ve la afectación patrimonial por el sobreprecio de 23.5 millones de dólares. —El corte que se dio de los 23.5 millones de dólares fue a la auditoría. Cuando nosotros terminamos las responsabilidades, cerramos con 47 millones de dólares, es el doble. Éste fue el daño que fincamos. Por eso la multa de 500 millones de pesos a los funcionarios, porque es para resarcir ese daño de los 47 millones. Dimos un dato parcial. Ya lo cerramos en 47 millones de dólares y por eso son las multas por 500 millones de pesos a los funcionarios que participaron en todo el proceso.
—Alguien es responsable de ese daño patrimonial y debe ser juzgado por el delito cometido. —Efectivamente. Ésa es la parte que tenemos en estudio, porque, por política, cuando presentamos una denuncia penal no es para dar una simple noticia del asunto, sino integrar todo en una investigación que le permita al Ministerio Público proceder. —¿Cuántos meses necesitarían para eso? —No lo sabemos. Es un tema de revisión, de acopio de pruebas, de confrontas, de discusiones internas de si da o no da el caso y estamos en el proceso todavía. Por eso no me gusta ponerle plazos a los casos porque a veces se complican; otras veces, salen muy rápido. —Pero es febrero. ¿Sería este año? —Nosotros esperaríamos que sí. Credibilidad en la SFP, la apuesta Las palabras de Vega Casillas fluyen cautelosas. Mide sus respuestas. Nunca pierde la seriedad ni hace ademanes que molesten su blanco cabello. —Es muy difícil construir credibilidad. Cuando investigamos algo, nos importa conocer la verdad. No le damos la vuelta a nada. Muchas veces se construye una historia y a la hora de que la vas a documentar, nos damos cuenta que no hay elementos y la gente nos critica porque ya se había creído la historia. Hay otras en las que se han construido historias que se han quedado cortas. Lo que queremos es conocer la verdad y si encontramos esto, sancionamos a quien esté. Evidentemente sí tenemos que cuidar los aspectos legales: no podemos acusar a nadie sin tener elementos. Estoy seguro que la credibilidad de la lucha contra la corrupción, que además tiene muchos detractores porque inmediatamente que sacamos un caso alguien empieza a decir que es una persecución política, la confiabilidad y la confianza solamente las vamos a poder construir si el trabajo que hacemos lo hacemos con toda seriedad. Si alguien no es responsable, pues que lo digamos también; pero si alguien es responsable, nos vayamos hasta el fondo. Es la única manera de construir toda esta confianza. —¿El 95 por ciento que ganan se refiere también a los recursos penales? ¿En más del 90 por ciento de los casos se logra sancionar penalmente? —Son dos vías. En la parte penal, presentamos la denuncia ante el Ministerio Público y ellos llevan su propio procedimiento ante el tribunal que les corresponda y ante los jueces. Nosotros llevamos el procedimiento ante el Tribunal Fiscal y Administrativo y es ahí, cuando defendemos nuestros casos frente al Tribunal, donde estamos siempre entre el 90 y 95 por ciento de las instancias ganadas cada mes, que son las sanciones administrativas como las multas de los 5 mil millones de pesos. —¿Y qué pasa en el ámbito penal? —De esa parte no llevamos el control y no tenemos los porcentajes porque nosotros no somos quienes litigamos el asunto. Tenemos un equipo de penalistas que auxilia cuando se lo solicitan al Ministerio Público para poder armar los expedientes, pero es a solicitud. —¿No coadyuvan en todo el proceso? —No, porque no tenemos legalmente esa participación. —En lo que sí les toca, ¿tienen idea de cuánto dinero se resarce a las finanzas públicas respecto de las sanciones económicas impuestas? —
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