Con la renuncia de Arturo Chávez Chávez al cargo de procurador General de la República, a fines de marzo pasado, se destapó una de las más graves negligencias de esta administración, relacionada con la “guerra” contra el narcotráfico. En los más de cuatro años y medio, el abogado de la nación ha abierto solamente el 4.4 por ciento de las investigaciones que le manda la ConstituciónPolítica de los Estados Unidos Mexicanospor cada uno de los más de 40 mil civiles ejecutados.
A cuatro meses de su nombramientocomo procuradora, Marisela Morales Ibáñez aún no habría corregido esta situación, revelan informes proporcionados a Contralínea por la dependencia. Ello, a pesar de que el presidente Felipe Calderón Hinojosa le habría encomendado hacer todos los esfuerzos para remediar la pifia en el menor tiempo posible.
Por este hecho, a los exprocuradores Eduardo Medina-Mora, Chávez Chávez, a la procuradora Morales Ibáñez y al presidente de la República se les podrían fincar responsabilidades, como lo informó Contralínea (edición 227, 3 de abril de 2011).
De acuerdo con la Constitución y el Código Federal de Procedimientos Penales, ninguno de los asesinatos puede dejar de investigarse, y para ello debe existir cooperación entre las autoridades locales y la Procuraduría General de la República (PGR), como Ministerio Público federal.
Por ello, entre las anomalías que actualmente investiga la Visitaduría General de la PGR se encuentra la “irregular integración de averiguaciones previas”. De acuerdo con elvisitador César Alejandro Chávez Flores, se revisa la actuación de unos 700 servidores públicos de la institución, no sólo por esos casos, también por la presumible comisión de fraude, robo, abuso de autoridad, cohecho, peculado y práctica indebida de cateos. Otros 400 ya fueron cesados, aunque no se ha aclarado cuántos de ellos tendrían responsabilidad por no abrir las investigaciones de los ejecutados.
Y es que de los más de 40 mil civiles asesinados en lo que va de la “guerra” contra el narcotráfico,la PGR sólo ha abierto 1 mil 778 averiguaciones previas, indicala respuesta a la solicitud de información 0001700045511 hecha por este semanario. Se trata, apenas, del 4.4 por ciento del total.
Bajo la tipificacación del delito de homicidio, previsto en el Código Penal Federal,la institución informaque en diciembre de 2006 se iniciaron 19 investigaciones; en 2007, 322; en 2008, 376; en 2009, 436; en 2010, 496; y en enero y febrero de 2011, 79.
En contraste, en la Base de datos de estados y municipios sobre homicidios presuntamente relacionados con la delincuencia organizada del gobierno federal,se indicaque en diciembre de 2006fueron asesinadas 62 personas; en 2007, 2 mil 826; 2008, 6 mil 837; 2009, 9 mil 614; y en 2010, 15 mil 273.
Al responder un punto de acuerdo de la Cámara de Diputados –en el cual se le exhortó a informar la situación de los, entonces, más de 34 mil asesinatos de civiles–, la PGR argumentó que el homicidio es un delito del fuero común y que sólo atrae los casos que, debido a sus características, representan un problema para la integración por parte de las procuradurías generales de Justicia de los estados o a petición expresa de éstas. Agregó que la excepción son los casos en los que están involucrados servidores públicos o empleados federales, indica el boletín 3574.
En enero pasado, la senadora priísta María Elena Orantes López aseguró que la mayor parte de las víctimas (migrantes, transmigrantes, niños, jóvenes y mujeres) han muerto en fuego cruzado por integrantes del crimen organizado y las fuerzas armadas. “Más del 95 por ciento de esas muertes no se han investigado y sólo el 1 por ciento de los crímenes llega a ser procesado penalmente ante un juzgado”, indicó en la iniciativa con punto de acuerdo para exhortar al gobierno a rendir un informe puntual sobre las investigaciones.
“La Procuraduría tenía el deber de abrir los expedientes de las casi 35 mil muertes[ahora más de 40 mil], si no lo ha hecho evidentemente hay responsabilidad legal. Si la omisión fue de los agentes, alcanza a quien es titular de la PGR porque éste tiene la obligación y la competencia legal de proceder. En el caso delexprocurador [Arturo Chávez Chávez], no hace falta la declaración de procedencia que se establece en el artículo 111 constitucional porque ya no tiene fuero, por lo cual se podría iniciar un juicio político”, explica el doctor Daniel Márquez Gómez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Un juicio político, así como sanciones administrativas y legales, se inicia cuando los servidores públicos incurren en actos u omisiones que afectan el interés público (artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). Márquez Gómez expone que cualquier ciudadano o funcionario con “evidencia” de la falta de indagaciones en torno a los homicidios en esta “guerra”,podría acudir ante los diputados y senadores para que éstos determinen la destitución o inhabilitación de quienes resulten responsables.
“Se ha venido discutiendo la responsabilidad que tiene el presidente de la República, sobre todo lo que tiene que ver con la muerte de los 35 mil civiles que ellos han llamado víctimas colaterales”, indica Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, secretaria de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. Aunque, aclara que no existe un marco jurídico para que Felipe Calderón Hinojosa, a corto plazo, sea objeto de un juicio político, pues él se respalda en el artículo 89 de la Constitución que le permite disponer de las Fuerzas Armadas en caso de que esté en peligro la seguridad nacional.
En cambio, el senador priísta Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, secretario de la Comisión de Justicia, asegura que el número de muertes se incrementa día a día y el crimen organizado no disminuye. “Nuestro grupo parlamentario ha venido diciendo, desde que comenzó esta lucha, que hay que enfrentar de manera dura y con la fuerza del Estado al crimen organizado; de eso no nos queda duda. Sin embargo, la estrategia no da los resultados que la población necesita y que el gobierno prometía”.
A julio de 2011, los crímenes mortales de la “guerra” contra las drogas rebasan los 40 mil. Según la Base de datos, de diciembre de 2006 a diciembre de 2010, hubo 30 mil 913 ejecuciones, 3 mil 153 fallecidos por enfrentamientos y 546 por agresiones. Los estados con mayor concentración de homicidios son Chihuahua, con 10 mil 135; Sinaloa, 4 mil 387; Guerrero, 2 mil 739; Baja California, 2 mil 19; Durango, 1 mil 892; Michoacán, 1 mil 751; Estado de México, 1 mil 538; Tamaulipas, 1 mil 457; Sonora, 1 mil 258; y Jalisco, 1 mil 73.
“Los homicidios no se dan por la presencia del gobierno federal. La presencia del gobierno federal se da por los homicidios”, dijo Felipe Calderón en su segunda intervención en los “Diálogos por la seguridad, hacia una política del Estado”, el pasado 12 de enero de 2011. Enfatizó en que el mayor número de las muertes en el país deriva de la alta conflictividad entre los criminales que se disputan un territorio.
La Constitución, el Código Federal de Procedimientos Penales y la Ley Orgánica de la PGR fundamentan cuáles son las actividades del Ministerio Público en la averiguación previa ?recibir denuncias o querellas; investigar; solicitar al órgano jurisdiccional las órdenes de cateo, arraigo u otras medidas cautelares; y determinar incompetencia y “remitir” a la autoridad correspondiente?.
La Procuraduría tiene la facultad de “atracción” con la cual daría seguimiento a procesos iniciados en los estados, pero continúa argumentando que el homicidio es competencia del fuero común, salvo en los casos en que se encuentre involucrado un servidor público o empleado federal. No obstante, comunica que está trabajando de forma coordinada y permanente con las procuradurías estatales y con la Procuraduría General de Justicia Militar (boletín 3574 de la Cámara de Diputados).
“Los homicidios son del fuero común, entonces le tocarían a los ministerios locales. Aparte del procurador General de Justicia serían responsables todos los procuradores de justicia de las entidades. Ojalá que el nuevo gobernante en 2012 diera un giro, y una de las cosas fundamentales con las que se va a tener que enfrentar va a ser con estos saldos de la violencia”, comenta la diputada perredista Teresa del Carmen Incháustegui Romero, secretaria de la Comisión de Seguridad Pública.
Para Daniel Márquez no se ve a corto plazo una voluntad de rectificación, a pesar de que existe la necesidad de hacer un alto en esta “guerra”. “Las instituciones se cerraron a un sólo discurso. No se está dando en los posibles precandidatos para la Presidencia de la República el debate de qué hacemos con esta lucha. La única propuesta es reactiva: frente a la violencia, la violencia del Estado”.
En la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, del pasado 30 de junio, Calderón indicó que se deben cambiar los “procesos” para reducir los delitos más comunes como robo, extorsión, secuestro y trata de personas. “También revisaremos la estrategia a fin de proteger a las víctimas, preservar la memoria de los fallecidos y reducir la impunidad”, agregó vía twitter.
Uno de los objetivos plasmados en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad ?publicado en el Diario oficial de la federación el 25 de agosto de 2008 y firmado por el presidente, secretarios de Estado, gobernadores y presidentes municipales, medios de comunicación, organizaciones sociales y líderes religiosos? era fortalecer la capacidad institucional del Ministerio Público federal. La PGR se comprometió a formular el protocolo de actuación e investigación, inicio de averiguaciones previas y procedimientos judiciales para la obtención de sentencias condenatorias. Para ello, el lapso de ejecución era de seis meses; al presente no se ha cumplido.
El investigador Márquez comenta que la Secretaría de la Función Pública (SFP) debe abrir un expediente para analizar las irregularidades dentro de la PGR, concretamente la falta de averiguaciones. “No es un tema de agenda, es una competencia legal. Salvador Vega Casillas tiene una responsabilidad asignada en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Si ellos incumplen la ley, ¿ante quién los denunciamos? No es una cuestión política”.
Contralínea solicitó entrevista a la PGR y a la SFP. Rocío Cabrera, vocera de la Procuraduría, informa que la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, y por ende su titular Patricia Bugarín Gutiérrez, no está ofreciendo declaraciones. Moisés Ciriaco Salvador, director de Análisis de Prensa y Publicidad, dice que la facultad de la Secretaría es “bastante” limitada y que por el momento no es tema al interior.
La Procuraduría no sólo habría fallado en investigar los homicidios supuestamente vinculados con la “guerra” contra el narcotráfico; también, en la persecución de los delitos del crimen organizado, que sí son del fuero federal, revelan los informes entregados a este semanario por la dependencia.
De acuerdo con la respuesta a la solicitud 0001700045411, hay sólo 6 mil 196 averiguaciones previas por violaciones previstas en la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada (delitos contra la salud, delincuencia organizada, operación de recursos de procedencia ilícita, privación de la libertad y robo de vehículos, principalmente). En diciembre de 2006, 44 investigaciones; en 2007, 1 mil 217; en 2008, 1 mil 165; en 2009, 1 mil 505; en 2010, 1 mil 950; enero y febrero de 2011, 315.
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