A los indígenas en México se les asesina, desaparece forzosamente, viola y tortura en total impunidad. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indican que al menos 3 mil 663 indígenas fueron asesinados en el país entre 2012 y 2016.
Los abusos contra esta población vulnerable no sólo son de carácter físico: a ellos se les despoja masivamente de sus tierras ancestrales y recursos naturales para privilegiar megaproyectos, y se les obliga al desplazamiento, sea por los niveles de pobreza y marginación a los que son sometidos, los saqueos a sus territorios –muchas veces con asistencia policial o paramilitar– o por violencia criminal.
Y es que, en este país, todos los derechos de los pueblos originarios son violados reiterada y sistemáticamente, revela el diagnóstico preliminar de la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz.
Así, los derechos sobre las tierras, territorios y recursos; a la autonomía y libre determinación; a determinar sus prioridades de desarrollo; a la consulta y consentimiento libre, previo e informado; a una vida libre de violencia y de impunidad y con acceso a la justicia; así como los llamados derechos económicos, sociales y culturales –a la alimentación, salud, educación, vivienda digna, vestido, trabajo, lengua– son quebrantados por gobiernos (en sus tres niveles y en sus tres poderes), empresas y crimen organizado.
En estas graves violaciones opera un patrón de discriminación estructural, que en ocasiones deriva de la connivencia entre esos actores (autoridades, iniciativa privada y delincuencia organizada), se desprende del diagnóstico preliminar de la ONU.
Discriminación que afecta a una población estimada por el Inegi en 7 millones 382 mil 785 personas y que se traduce, también, en profundos niveles de marginación y miseria.
Entre los pueblos indígenas, la pobreza sigue siendo “desproporcionadamente alta” en comparación con la población no indígena, destaca el reporte de la Relatoría Especial de la ONU: mientras que 71.9 por ciento de la población originaria vive en la pobreza o en la extrema pobreza, la proporción es de 40.6 por ciento entre la población que no es indígena.
El reporte descubre que el empobrecimiento extremo y la falta de acceso a derechos básicos son factores comunes en los 68 pueblos originarios de México, como también lo es el hecho de que quienes resisten estas embestidas son criminalizados por la autoridad.
Y es que los indígenas que se atreven a defender sus derechos enfrentan “escarmientos” que van desde la imputación de delitos que no cometieron, fabricación de pruebas, detenciones arbitrarias y encarcelamiento injusto, hasta la represión física, la desaparición forzada o las ejecuciones extrajudiciales.
Algo que le ha ocurrido a Arturo Campos Herrera, integrante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria en Tixtla, Guerrero: el indígena Ñuu Savi permanece encarcelado desde el 1 de diciembre de 2013. El de él es un claro ejemplo de la criminalización, refiere Diana Figueroa, coordinadora de Incidencia del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
Agrega que el cargo por el que se encuentra preso –secuestro, de orden estatal– es infundado, pues el indígena sólo defiende un sistema de justicia al que tienen derecho los pueblos originarios, y que está respaldado por tratados internacionales.
En entrevista, señala que los indígenas “se encuentran solos ante un Estado que reprime, que tortura, castiga y criminaliza, cuando ellos [los indígenas] lo único que están pidiendo es un espacio para tener una mejor vida, porque aquí en Chiapas no hay acceso al trabajo, a la salud. Son condiciones infrahumanas las que enfrentan los pueblos”.
Las comunidades originarias, que han sobrevivido a esas políticas violatorias del derecho internacional, también son víctimas permanentes del reclutamiento forzoso por parte de bandas del crimen organizado –en especial por el narcotráfico– y de la semiesclavitud en campos agrícolas, fábricas y residencias particulares, descubre el diagnóstico de la relatora.
“La militarización de los pueblos se da en colusión con el narcotráfico”, refiere la defensora de los derechos humanos Floridalma Pérez, con base en las denuncias hechas por indígenas que Voces Mesoamericanas acompaña. Por la violencia que genera esa colusión, indica, “las personas tienen que huir de sus pueblos de origen dejando su identidad, su espiritualidad, su tierra y su familia.”
El desplazamiento forzoso se multiplica en el país. En Guerrero, por ejemplo, en años recientes ha aumentado el número de indígenas desplazados “por el incremento de la violencia del crimen organizado, sobre todo en la región de Chilapa y el Norte del estado”, indica en entrevista Diana Figueroa, coordinadora de Incidencia del Centro Tlachinollan.
El camino del exterminio al que están siendo sometidas las comunidades originarias incluye la pérdida paulatina de su cultura: 42 de los 68 pueblos originarios enfrentan la extinción de su lengua, elemento fundamental de identidad (“La lengua del colonizador y la acelerada extinción de los pueblos indígenas de México”, RT, 20 de octubre de 2017).
En su Declaración de cierre de misión, la relatora señala que en México hay un “inadecuado reconocimiento legal vigente de los pueblos indígenas como titulares de derechos, aunado a la discriminación estructural”, factores que “están en la base de las preocupaciones” de la Relatoría.
La más grave violación a los derechos sobre la tierra, el territorio y los recursos naturales de los pueblos indígenas está directamente relacionada con las políticas públicas del gobierno en materia de desarrollo económico, al tiempo que se le asocia a otras graves situaciones, como el despojo, desplazamiento forzoso, empleo de la violencia, criminalización de opositores y ausencia de consulta.
Por ello, el informe preliminar de la relatora destaca que “ha aumentado la preocupación sobre grandes proyectos promovidos por el gobierno y las cuestiones relacionadas de la consulta y el consentimiento libre, previo e informado”.
Al respecto, indica que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya identificaba, desde 2015, “la violencia relativa a grandes proyectos autorizados en tierras y territorios indígenas sin consulta previa ni consentimiento como una de las mayores violaciones de derechos humanos a los que se enfrentan los pueblos indígenas de México”.
Durante su visita al país, la relatora fue testigo de reiteradas quejas de los pueblos “sobre proyectos de desarrollo económico que no fueron adecuadamente consultados y han conducido al despojo de las tierras, a impactos ambientales, a conflictos sociales y a criminalización de los miembros de las comunidades indígenas que se oponen a ellos. Estos proyectos incluyen los mineros, de hidrocarburos, hidroeléctricos, de energía eólica y solar, infraestructuras, turismo y proyectos agroindustriales”.
Una de esas quejas fue la de los pobladores de La Parota, Guerrero, que denunciaron la criminalización de las personas que defienden el territorio contra una presa hidroeléctrica impulsada por el gobierno federal y el riesgo de que ese proyecto se retome.
“Las personas que siguen defendiendo ese territorio son acosadas, tienen varios delitos por los que se les está buscando y todo el tiempo su vida corre peligro, porque en cualquier momento se los pueden llevar detenidos”, explica a Contralínea Diana Figueroa, defensora de los derechos humanos.
Agrega que también se presentó el caso del Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio, que reúne a 16 núcleos agrarios de los pueblos Me’phaa y Ñuu Savi, cuya lucha contra las concesiones mineras ha logrado revertir algunas de ellas que afectarían sus territorios ancestrales.
De voz de los indígenas afectados, refiere Figueroa, la relatora también conoció el caso de San Miguel del Progreso, que ganó un amparo contra una minera. En este tema “se expuso cómo el Estado mexicano utilizó todos sus recursos legales para echar atrás ese amparo que se ganó para proteger el territorio de las mineras”.
En Chiapas, otro estado que visitó la experta internacional, se denunció que “desde hace más de 50 años, las comunidades indígenas y campesinas viven las consecuencias de una política de despojo de sus tierras no nada más por megaproyectos extractivistas (minería, gas, hidrocarburos, geotermia) sino también de infraestructura carretera o turística, de producción de energía hidroeléctrica y eólica, de agroindustria así como de la explotación de bienes naturales y comunitarios como el agua y los bosques, entre otros”.
Según el Informe sobre la situación de los derechos de los Pueblos Indígenas de Chiapas –elaborado por comunidades y organizaciones civiles a propósito de la visita de la relatora–, “la implantación de estos megaproyectos se ha convertido en uno de los principales focos de conflictos-ambientales, así como de violación a los derechos humanos de los pueblos indígenas y campesinos”.
El análisis destaca que ahora “el gobierno mexicano impulsa la creación de Zonas Económicas Especiales que despojan a las comunidades locales para su instalación, específicamente en la zona costa de Chiapas, en la frontera con Guatemala”.
Tras su visita a México, la relatora considera que la atención a los derechos sobre la tierra de los pueblos originarios es un asunto crítico fundamental, pues “se encuentra en la raíz de muchos de los problemas de derechos humanos que he observado”.
En su informe preliminar, detalla que el régimen mexicano de derechos a las tierras (reforma agraria) no es consonante con los estándares internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras, territorios y recursos naturales.
La relatora critica además que el régimen agrario en este país ha desconocido los límites tradicionales de los pueblos indígenas, su concepto de territorio y sus formas de organización y representación.
De la mano de los despojos vienen otras violaciones a los derechos de los pueblos, en especial el derecho a la consulta. Por ello, a la relatora le preocupa “el modo en que se ha concebido y aplicado la consulta hasta el momento en México, en particular en relación con consultas llevadas a cabo sobre ciertos proyectos mineros, energéticos, extractivos, de infraestructuras y agrícolas. Se ha señalado reiteradamente que los procesos de consulta no han sido previos por naturaleza, ya que las decisiones para autorizar dichas actividades ya habían sido tomadas”.
Otras anomalías detectadas por la experta internacional fueron que en las consultas no ha habido claridad sobre quién debía ser consultado y quiénes eran las autoridades indígenas representativas; la falta de confianza y mutua comprensión entre las partes, la falta de diálogo intercultural real, y falta de acceso a la plena información culturalmente adecuada sobre las actividades y medidas propuestas.
Como consecuencia, se crean divisiones y conflictos dentro de las comunidades indígenas, destaca. Para la relatora, México está obligado –por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la jurisprudencia Interamericana y la Declaración de la ONU– a consultar a los pueblos originarios sobre cualquier actividad o medidas legislativa o administrativa que pudieran afectarles.
Hace poco más de 6 meses, 248 tzotziles –124 de los cuales son menores de edad– tuvieron que abandonar sus hogares en el municipio de Chenalhó, Chiapas. Un conflicto por el poder político a nivel municipal derivó en su desplazamiento forzado el 26 de mayo pasado, tras los asesinatos de Guadalupe Cruz Hernández y la menor Adriana Méndez Gutiérrez.
El caso fue apenas uno de los escuchó la relatora. “La información recibida en todos los estados visitados confirma que la presencia de crimen organizado, caciques y otros grupos armados ha causado un clima de violencia, impunidad y desintegración social y cultural, que ha tenido como resultado final un gran número de desplazamientos de familias y comunidades enteras hacia áreas urbanas o hacia otras comunidades indígenas”.
“Esta situación es particularmente preocupante y exige una acción urgente por parte del Estado, de acuerdo con los estándares internacionales, incluidos los Principios Rectores sobre Desplazamiento Interno, para garantizar que todas las personas desplazadas internas indígenas tengan el derecho a un adecuado nivel de vida. Esto incluye servicios básicos culturalmente adecuados. Además, el Estado mexicano tiene el deber y la responsabilidad de crear las condiciones y proporcionar los medios que permiten a los desplazados internos indígenas el retorno voluntario, con seguridad y dignidad.”
La relatora lamenta que en muchos de los casos que conoció el desplazamiento se ha prolongado. “Aunque algunas instituciones de gobierno reconocieron esta situación de desplazamiento, no parece existir una política integral y coordinada ni una respuesta al fenómeno”.
Uno de esos casos es el de las cuatro familias desplazadas de Banabil, Chiapas, ocurrido desde el 4 de diciembre de 2011. Entonces, la comunidad indígena fue atacada por hombres armados. En los hechos, el indígena Pedro Méndez López fue asesinado y Alonso López Luna, desaparecido, sin que a la fecha se le haya localizado, refiere el informe de las organizaciones civiles y comunidades de esa entidad, entre las que se encuentran Serapaz, Maderas del Pueblo del Sureste y el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova.
La impunidad y la violencia forman parte de las peores agresiones que sufren los pueblos originarios. Por ello, la relatora de la ONU se ha mostrado particularmente preocupada por la situación de niños y jóvenes indígenas que viven en un contexto de pobreza extrema, violencia e impunidad.
“En algunos de los estados visitados recibí quejas vinculadas al reclutamiento forzoso de niños y jóvenes por parte del crimen organizado. Dada la falta de fuerzas de la ley y de otras instituciones del Estado en comunidades indígenas remotas, en zonas afectadas por el crimen organizado y la producción y tráfico de drogas, la única elección que les queda a los jóvenes es unirse a estos grupos o ser torturados, desaparecidos o asesinados.”
Uno de los más graves casos que se le presentaron fue el de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero, desde el 26 de septiembre de 2014, pues 17 de ellos son indígenas, explica la defensora Diana Figueroa.
El informe preliminar destaca, además, que los indígenas no tienen garantizado el acceso a la justicia, pues en el sistema ni siquiera les proporciona traductores, además que en cárceles y juzgadas se les maltrata y discrimina.
En el tema de violencia institucional, la relatora conoció el caso de Inés Fernández y Valentina Rosendo, violadas sexualmente por elementos del Ejército en 2001.
Diana Figueroa detalla que en este caso, a pesar de que el Estado mexicano fue condenado en el sistema Interamericano y que se reconoció la responsabilidad estatal del crimen, no se ha cumplido con la reparación del daño.
“Una de las medidas de reparación es la creación del Centro Comunitario para Mujeres Indígenas. Ellas participaron en el diseño y se estableció que quienes lo operarían serían personas de las mismas comunidades, donde se respetara la lengua y la cosmovisión indígena. El problema es que no parece haber una disposición para que el Centro funcione de esa manera.”
Ante la relatora, el gobierno también fue responsabilizado por los indígenas de otras formas de violencia, como la tortura. Al respecto, la activista Floridalma Pérez comenta que, en el acompañamiento a las comunidades indígenas, Voces Mesoamericanas ha conocido casos de tortura en los centros de detención migratoria en Chiapas.
“Un caso fue con toques eléctricos a un niño tzeltal, a quien le estaban preguntando si era guatemalteco; él dijo que no, que era tzeltal, y no le creyeron y lo torturaron. Ahí podemos ver el elemento racista.”
Otro caso de violencia institucional que conoció la relatora fue el de la comunidad guerrerense El Coyol, que ganó una recomendación de la comisión estatal de derechos humanos para que las escuelas estén en buenas condiciones, haya suficientes maestros y los libros de texto estén en la lengua de los niños. Pero, asegura Figueroa, esa recomendación se ha incumplido.
Otra grave violación tiene que ver con los derechos políticos de los pueblos originarios. Y es que aunque en la ley –el artículo 2 de la Constitución– se establece que éstos tienen garantizada su autonomía y libre determinación, la relatora comprobó que, en la práctica, el marco legal, político e institucional vigente no permite su reconocimiento y ejercicio efectivos.
De acuerdo con su análisis, las limitaciones del régimen agrario respecto del autogobierno de los pueblos indígenas a menudo socava las instituciones políticas distintivas de éstos. Pero México está obligado a reconocer el derecho de los pueblos al autogobierno, a elegir sus propias autoridades de acuerdo con sus propios procedimientos y a la aplicación de sus propios sistemas jurídicos y normativos, señala la relatora.
“Las iniciativas de los pueblos indígenas en el ámbito de la autonomía y el autogobierno debieran gozar de un reconocimiento mayor, y ser reconocidas e incorporadas en la estructura política general del país.”
Además, para la experta, en el país “persisten numerosos obstáculos para la plena participación política de los pueblos indígenas. Se recibió información sobre prácticas persistentes de presiones indebidas sobre los indígenas para influenciar su voto durante procesos electorales”.
La violencia contra los pueblos no sólo es del crimen organizado y del gobierno, también es de las empresas. Por ello, la relatora Tauli-Corpuz subraya la preocupante situación de los jornaleros indígenas.
“Se sigue invisibilizando la migración de pueblos originarios: se invisibilizan las trabajadoras del hogar y la mano esclavizada que en trabajos domésticos –en donde a las indígenas les pagan una miseria o no les pagan– y la mano esclavizada de los indígenas jornaleros, pero el tema de la servidumbre es actual.”
Sobre los indígenas migrantes, la relatora apunta en su informe que “a menudo se enfrentan a múltiples formas de discriminación, su vida y trabajo están invisibilizados, se sienten atemorizados y no pueden acceder a mecanismos de denuncia, y son desproporcionadamente vulnerables a la discriminación, la explotación y la marginación. Esta situación exige una respuesta integral y adecuada”.
Tras esta visita de observación, Diana Figueroa dice que las comunidades originarias esperan que la relatora Tauli-Corpuz interpele a las autoridades mexicanas para que resuelvan los casos de acuerdo con los estándares internacionales de no discriminación y respeto, y que pongan en práctica políticas públicas efectivas.
“La petición a la relatora fue que lleve nuestras voces, nuestras necesidades y peticiones y que nos ayude a poner sobre la mesa con el gobierno todos estos temas”, refiere Floridalma Pérez, de Voces Mesoamericanas.
Nancy Flores
[PORTADA]
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