El Congreso y los partidos no juegan su papel de contrapesos a las instituciones de seguridad nacional, lo que deriva en ataques a los derechos humanos. Incluso los partidos políticos, lejos de representar a los sectores de la sociedad, se han convertido en una amenaza
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En México los contrapesos a la seguridad nacional no han funcionado y han provocado que la situación político-social se desborde y haya condiciones de ingobernabilidad, descontento social y mayor dependencia del exterior, advierten integrantes de la comunidad de inteligencia, académicos y expertos en seguridad nacional.
“En el Estado moderno, los contrapesos frente a la actividad de los órganos de la seguridad nacional son los derechos constitucionales y humanos de los individuos; el Congreso de la Unión, los partidos políticos, los acuerdos internacionales y, de manera particular, la Ley de Seguridad Nacional”, afirma Edmundo Salas Garza, exdirector de Información del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
Advierte que el Congreso es fundamental como contrapeso a la seguridad nacional: la propia ley establece que la Comisión Bicamaral está encargada de revisar y modificar el contenido de la Agenda Nacional de Riesgos, cuya aplicación puede afectar los derechos humanos y las garantías individuales de la población.
La seguridad nacional tiene que ver con aspectos de orden social, político, económico, medioambiental y militar que forman parte del desarrollo del Estado y que pueden representar un riesgo para la estabilidad y permanencia de la nación, por lo que hay que darle seguimiento estratégico, indica.
Respecto del contenido de la Agenda Nacional de Riesgos –de carácter confidencial y de la que ha dado cuenta Contralínea en este reportaje seriado–, dice que el gobierno no puede actuar arbitrariamente y a su libre arbitrio por razones de seguridad nacional en contra de los derechos constitucionales y las libertades democráticas de la sociedad, porque existen contrapesos como la Constitución, los partidos políticos y el Congreso de la Unión.
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En la Agenda Nacional de Riesgos pueden estar todos los temas, cambiar de prioridad y de orden de acuerdo con el contexto de la nación y con la capacidad de respuesta del Estado y los riesgos que afectan a la seguridad nacional, pero debe incluir los aspectos fundamentales que definen la eficiencia y eficacia del Estado y el gobierno frente a los problemas sociales, agrega quien fuera director de Información del Cisen en 1994.
Destaca que el problema es que, para su elaboración, no existe un método que contribuya a determinar cuál es el impacto y el valor que representan para la seguridad nacional cada uno de los aspectos de la Agenda Nacional de Riesgos, sino que, en su conjunto, es una apreciación subjetiva, aunque sea analítica.
“Es decir, para elaborar la Agenda Nacional de Riesgos se reúnen 10 expertos en seguridad nacional y discuten: ‘Yo creo que el tema de corrupción; yo creo que el tema de delincuencia organizada; yo creo que la subversión, la vamos a poner al final’. Sigue siendo un método subjetivo.”
Se requiere un sistema de evaluación y determinación cualitativa y cuantitativa que permita mostrar cómo la dinámica del país va haciendo que estos elementos de capacidades y de riesgos varían e impactan de manera distinta a la seguridad nacional, para poder priorizar cuáles son los elementos fundamentales de la Agenda Nacional de Riesgos, más allá de una apreciación de orden subjetivo.
“Así fue como, no sólo de orden subjetivo sino también de orden político, a Felipe Calderón le interesaba legitimarse frente a la sociedad y puso en primer lugar de la seguridad nacional la delincuencia organizada y le declaró la guerra para legitimarse hacia adentro y hacia afuera con los gringos. El resultado fue todo lo contrario, pero la intensión era esa.”
En entrevista, Salas Garza señala que los derechos humanos pueden suspenderse frente a amenazas a la seguridad nacional, pero el gobierno debe demostrar la razón por la cual se invoca esa medida extrema, porque frecuentemente hay abusos: la seguridad nacional se invoca a diestra y siniestra para limitar derechos y evitar transparentar acciones del Estado.
Por ejemplo, dice, la Ley de General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental es una garantía para todos los mexicanos, pero tiene límites cuando se refiere a información restringida por razones de seguridad nacional, como la Agenda Nacional de Riesgos. Pero, ¿cómo se demuestra que la información de la Agenda y su difusión pueden afectar la seguridad nacional?
El especialista insiste en que es un documento elaborado con valoración subjetiva y política, no estratégica, “por eso no están incluidos los temas que afectan a la sociedad y a los grupos más vulnerables de la población. Ésa es la cuestión.
“Por ejemplo: los riesgos medioambientales están inmersos en la parte económica y en la parte social, donde se incorpora la salud de la población y los riesgos asociados a esa población. De esa manera definimos una Agenda Nacional de Riesgos estratégica.”
Y es que en un estado de derecho la seguridad nacional tiene que estar determinada jurídicamente –y ésa ha sido la escoria de la seguridad nacional de los países latinoamericanos–, en donde México llega muy tarde a la formalización de la Ley de Seguridad Nacional en 2005.
Para Salas Garza la seguridad nacional es un concepto de la razón de Estado que tiene vigencia y aplicación, pero debe formalizarse a través de leyes específicas, es decir, “un contrapeso de la seguridad nacional, significa que hay una ley que regula las razones y los modos del accionar del gobierno frente a las circunstancias que afectan la seguridad de la nación y a la sociedad”.
Aquí el tema –puntualiza– es cómo el órgano de inteligencia del Estado, el Cisen, mide esos riesgos y daños, cómo esas afectaciones se determinan en un nivel de la seguridad nacional, para poder definir con claridad cómo darle seguimiento.
Por ejemplo, dice, la reforma educativa plantea evaluar a los maestros. Eso está bien. Ejemplifica con la evaluación docente: en 2014 se hicieron los primeros exámenes a los maestros pero no les pusieron un tutor ni los capacitaron ni les dijeron sus errores como establece la ley, y hace 2 semanas los volvieron a evaluar, los que reprueben se van.
Ahí hay un problema de incapacidad de la Secretaría de Educación Pública, que incumplió uno de los determinantes de la ley que era ponerles un tutor y capacitarlos, no darles cursitos de hace 20 años que son una simulación y nada tienen que ver con la problemática de la escuela, como lo confirmó la Auditoría Superior de la Federación. No hubo un seguimiento pedagógico. Ésa es una ineficacia del gobierno.
“Dónde está la eficacia y la eficiencia de la institución que debe acompañar los dispositivos de la ley para que realmente la reforma educativa de resultados y que el único que paga el pato es el maestro.”
Otro aspecto de eficacia y de eficiencia del Estado es la persecución del delito: del ciento por ciento de los delitos que se denuncian, sólo el 2 por ciento se resuelve; el gobierno es ineficiente e incapaz de movilizar la voluntad ciudadana y defenderla, y entonces hay un problema de seguridad nacional.
“Evidentemente es muy complejo porque tenemos que darle seguimiento tanto a la agenda coyuntural de riesgos, que atiende aspectos, actores y factores que en ese momento representan mayor movilidad y dinamismo como su relación con los riesgos estratégicos identificados para la seguridad nacional.”
El exfuncionario del Cisen señala que un elemento fundamental para la seguridad nacional es la eficacia y eficiencia del gobierno para lograr una capacidad política y que haya gobernabilidad, “pero vemos que en muchos ámbitos del país no sólo el Estado es ineficaz; el gobierno es ineficaz, lo cual constituye un elemento que atenta y disminuye el grado de seguridad nacional”.
Recuerda que “hace 6 meses salieron las calificaciones de la vigencia del Estado de derecho en el mundo y México quedó en los últimos lugares de la lista de los países donde no se aplica la vigencia del derecho”.
Ahora, añade, la delincuencia organizada (que ocupa el primer sitio de importancia en la Agenda Nacional de Riesgos) tiene que ver con la aplicación de la ley y la persecución del delito, donde la corrupción hace que el gobierno no sea eficaz y entonces un elemento que aparentemente es de delincuencia organizada termina siendo de corrupción, porque hay una interacción entre los elementos de la sociedad.
De tal forma que el problema de la falta de eficacia y eficiencia del Estado en la aplicación de la ley y la vigencia del estado de derecho es una de las causas que más daña la satisfacción y el bienestar social, ya que no se aplica la justicia y la salvaguarda de los bienes y de las personas.
“Y los que más lo sufren son los pobres, porque las cárceles están llenas de gente pobre que no tiene dinero para pagar la ley o la ejecución de una sentencia, y ése es un elemento que daña la capacidad social y política del Estado. Por eso, en un Estado que no es eficaz ni eficiente en la aplicación del derecho, los individuos no aceptan voluntariamente obedecerlo, siempre están viendo cómo lo evaden y burlan la ley.”
Establece que el otro elemento de la capacidad política es la legitimidad. “Un Estado que no es legal ni aplica la ley ni el derecho, que es corrupto, etcétera, pierde legitimidad; la política se ve mermada y la corrupción afecta a la capacidad económica y esto degenera en crisis y descontento social”.
Agrega que “el gobierno ineficaz tiene mucho que hacer para lograr procesos de distribución de la riqueza, pero no lo hace, a pesar de que México es uno de los países con mayor grado de desigualdad y distribución del ingreso. Hay una enorme disparidad y eso representa un riesgo social latente. No en balde, donde hay más movilidad política de rechazo, de rebeldía, de fuerzas contestatarias, es en los estados más pobres del país”.
Salas Garza considera que el problema no es que les inyecten recursos a estados y municipios, sino que terminen en los bolsillos de los políticos y de los funcionarios: se los roban los gobernantes y hasta el presidente.
Reflexiona que la mayor parte de los riesgos esbozados actualmente en la Agenda –revelada por Contralínea– tiene que ver con aspectos de seguridad pública a la que se identifica con la seguridad interior. Si es multidimensional como lo define la Ley de Seguridad Nacional significa que la seguridad nacional es un resultado, no una herramienta, no es un instrumento, no es un medio, por lo que es un “error” considerarlo así.
Y es que, explica, la seguridad nacional es un fin, una consecuencia de algo más, es resultado de dos elementos fundamentales: los riesgos y las capacidades nacionales. Por ello, a mayor capacidad nacional mayor seguridad nacional y viceversa; a mayores riesgos nacionales, menor seguridad nacional; a menores riesgos nacionales mayor seguridad.
El resultado de la seguridad nacional es una combinación de elementos que definen la capacidad social, política, económica y militar del Estado, a los que se tiene que dar seguimiento.
El exdirector de Información del Cisen argumenta que no es fácil para un país como México salir de la situación de crisis que vive y plantea que una manera de contribuir a contrarrestarla es la movilización social.
“Hay que movilizarnos y buscar alternativas de gobierno que sean más eficaces, eficientes, mejores y que todos cumplamos con la responsabilidad que nos corresponde, pues estamos en una democracia: aquí votamos todos y nuestros votos cuestan lo mismo.
“En 2018 vamos a ver, con la experiencia de candidatos independientes, si sirve para los partidos políticos, que tienen que buscar sus mejores elementos y buscar alianzas que vayan más allá, que tengan que ver con programas de solución a los problemas sociales.”
En México, donde la influencia y el control presidencial se han debilitado en el control del dinero y el poder, es necesario determinar si los partidos políticos son un factor adverso para la seguridad nacional, lo cual exige previsiones del poder nacional, para evitar implicaciones futuras más costosas, alerta el coronel del Ejército Mexicano Filiberto Mondragón Polo, en su ensayo “Los partidos políticos y su impacto en la seguridad nacional”.
“Los partidos políticos son un factor adverso que está afectando el desarrollo nacional, la democracia, la gobernabilidad y el estado de derecho, por el grado de desconfianza que tienen entre la ciudadanía, las grandes cantidades de dinero que reciben como financiamiento público y privado, la corrupción e impunidad, el involucramiento con organizaciones criminales y la crispación que generan en los procesos electorales”, sostiene.
En su ensayo, publicado en junio de 2016 en la revista del Centro de Estudios Superiores Navales de la Secretaría de Marina, subraya que los partidos políticos son una amenaza para la seguridad nacional; pues gobernadores y presidentes municipales administran recursos con escasos controles de transparencia; los poderes Legislativo y Judicial carecen de contrapesos y se manejan con opacidad; y hay funcionarios que amasan millones en paraísos fiscales. Esto último también se lo atribuye a “empresarios consentidos”.
Tajante, alerta que “es necesario que el poder nacional tome previsiones para evitar implicaciones futuras más costosas”.
Jean Francois Pru’homme, doctor en ciencias políticas por la Universidad de York, en Toronto, Canadá, considera que la posición que sostiene en su artículo el coronel Filiberto Mondragón Polo, respecto de los partidos políticos como amenaza para la seguridad nacional, es grave.
“Me preocupan esos discursos matizados en contra de los partidos de la historia moderna, ya que han dado lugar a experimentos democráticos, pero también a vías de autoritarismo y totalitarismo, y después de tantos años de querer consolidar y modificar la vida democrática, ésa no es la vía que nos interesa.”
El académico de El Colegio de México argumenta que los partidos políticos, como representantes de los intereses de la sociedad, son un bien necesario para la realidad democrática, por lo que hay que distinguir entre las críticas que buscan que haya una mejor relación entre la sociedad y los partidos y las críticas en contra, ya que pueden ser semillas de visiones autoritarias de la realidad política en las sociedades democráticas.
Pru’homme dice que en las disposiciones que regulan el sistema de partidos políticos y el problema de la seguridad pública hay un elemento fundamental de la estabilidad democrática. “Son una forma civilizada de resolver conflictos en la sociedad. En ese sentido, no los veo como un riesgo para la estabilidad política, sino como un factor que promueve la convivencia civilizada en las sociedades democráticas”.
Al respecto, el exdirector de Información del Cisen, Edmundo Salas Garza, coincide en que no sólo en México sino en el mundo hay una grave crisis de los partidos políticos y corrupción. “La gran diferencia es que hay gobiernos que tienen una voluntad firme en perseguir y combatir los actos de corrupción y castigarlos, pero en México no hay esa voluntad”.
Asegura que la única manera de contrarrestar este fenómeno “es sacar a los partidos corruptos y castigar a los gobernantes corruptos. Las crisis provocan que las cosas lleguen a sus últimas consecuencias y que puedan surgir alternativas, aunque en todos lados hay desánimo y pérdida de confianza por la incapacidad del gobierno para solucionar los problemas sociales”.
Para Emilio Vizarretea Rosales, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), “la crisis de los partidos políticos es grave porque ya pasó una generación desde el Frente Democrático Nacional, la fundación del Partido de la Revolución Democrática [PRD], la alternancia del Partido Acción Nacional [PAN] en 2000 y el retorno del Partido Revolucionario Institucional [PRI], durante la cual los partidos no se han logrado profesionalizar, generar nuevos cuadros ni resolver los reclamos sociales. La población está frente a una desprotección gravísima”.
En su análisis, el coronel Mondragón Polo destaca que el alto financiamiento, la corrupción e impunidad y la connivencia con la delincuencia organizada, ratifican la desconfianza que la población les tiene a sus partidos políticos, “al observar que actúan como una clase privilegiada e insensible a las necesidades que tiene el país, relacionadas con la pobreza extrema, la desigualdad social y el desempleo”.
Asegura que en México, donde el debate entre las fuerzas políticas “se centra en acusarse de nexos con el narcotráfico, desvío de recursos o de robar sin repercusión alguna, sería conveniente replantearse si los partidos políticos son un antagonismo para la seguridad nacional”. Además, dice, los partidos “son un excelente negocio que reciben subsidios, canonjías y prebendas del Estado”.
En entrevista, Jean Francois Pru’homme dice que se decidió el financiamiento a los partidos fuera predominantemente público desde la década de 1990, cuando era la mejor manera de hacer que el partido en el poder estuviera dispuesto a transparentar los recursos públicos, lo que permitió una cierta separación entre el PRI y el gobierno.
“En el caso del PRD, era una condición para que pudiera competir en mejor igualdad de circunstancias, y el PAN tenía una circunstancia distinta; por eso se aceptó el financiamiento como una forma predominante de controlar el origen de los recursos frente al temor de que se canalizaran fondos de fuentes no legales que buscarían influir en la vida política nacional”, agrega.
Los partidos, dice, deben tener recursos suficientes para no tener la tentación de buscar recursos mal habidos, lo que ha llevado a otros países a incurrir en escándalos, como Brasil con lo de Petrobras y la búsqueda de recursos de manera ilegal.
Abunda que lo ideal es reducir el monto de financiamiento a los partidos políticos porque tenemos una democracia que cuesta muy caro y hay un problema de confianza hacia la clase política establecida que tiende a expresarse mediante la crítica a los partidos.
Mondragón Polo argumenta, en su ensayo, que en México, “donde funcionarios públicos ejercen el cargo como si fuera patrimonio propio; los políticos controlan obras públicas y sin escrúpulos ejercen el nepotismo, será necesario determinar si los partidos políticos son un antagonismo para la seguridad nacional”.
Su análisis añade que antaño el monopolio del PRI limitaba la discrecionalidad del uso de los recursos; y que después de la transición la administración se ha multiplicado sin regulación y sin organismos que vigilen y exijan la rendición de cuentas, lo que ha generado que legisladores, gobernadores y presidentes municipales puedan lucrar con los recursos.
En 2000, señala, se pensaba que la democracia se estaba consolidando y terminaban problemas añejos relacionados con la corrupción, la impunidad y el manejo discrecional de recursos y bienes que prevaleció por más de 70 años; no obstante, ese sueño no se alcanzó y parece que la influencia y el control presidencial se han debilitado.
“Ahora, gobernadores y presidentes municipales administran recursos con escasos controles de transparencia; los poderes Legislativo y Judicial carecen de contrapesos y se manejan con autonomía y opacidad.”
Mondragón Polo señala que la corrupción y la impunidad se han convertido en un serio problema para el país, ya que los mexicanos desembolsan 165 pesos per cápita al año por actos de corrupción: pago de mordidas, agilización y facilitación de trámites.
“Se estima que la corrupción ha tenido un costo de 1 billón 529 mil 300 millones de pesos, lo que representa el 10 por ciento del producto interno bruto (PIB), por actos de soborno, nepotismo, extorsión, fraude, tráfico de influencias, evasión fiscal, lavado de dinero y cohecho.”
Agrega que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de 2014, a nivel nacional el 89.7 por ciento de la población consideraba que la corrupción es muy frecuente en las policías, seguida de partidos políticos, con el 84.4 por ciento y el ministerio público con 78.4 por ciento.
Una forma de corrupción frecuente, dice, es el diezmo para la designación de obras que van del 25 al 30 por ciento del valor de una licitación. Otras prácticas comunes: malversación de fondos públicos, desvío de recursos, reasignación presupuestaria, uso indiscriminado del dinero de estados y municipios o el otorgamiento de permisos y concesiones.
“Nadie se libra de esas redes de corrupción que se han transversalizado, en donde siempre está presente el robo consuetudinario de recursos que se designan como presupuesto para los partidos políticos, secretarías de estado, gubernaturas, congresos o presidencias municipales”, argumenta.
Sin embargo, para el doctor Prud’homme, “decir que los partidos son la fuente de la corrupción y eliminarlos [por ello] no arreglaría en nada ese flagelo, ya que la corrupción se practica desde distintos niveles de la actividad pública, con o sin partidos”.
Algo de eso, dice, quedó claro en las elecciones de junio del año pasado donde hubo casos de alternancia en el poder y donde la moralización pública fue muy importante en la vida política nacional. Se demostró que el electorado tolera cada vez menos actitudes de corrupción por parte de las autoridades.
El coronel Mondragón Polo asegura que gobernadores y presidentes municipales han sido cooptados y sirven al crimen organizado; “lo grave es que ahora los funcionarios no sólo evitan ejercer la autoridad a cambio de una comisión. No, ahora los líderes de los cárteles son los que ejercen y suplantan a la autoridad, mediante el manejo de las finanzas y el control de las estructuras de seguridad pública”.
En su análisis, afirma que el 73 por ciento de los municipios del país están bajo control de la delincuencia organizada. La solariega proclividad a la corrupción vuelve permeables a las alcaldías que son presa fácil del crimen organizado. Detectar el involucramiento de un alcalde en actividades delictivas se complica porque la clase política se resiste a regular o denunciar el enriquecimiento inexplicable, por la simple razón de que no quieren que alguien vea las cuentas propias, dice.
Al respecto, Francois Prud’homme indica que los institutos políticos deben tener mucho cuidado en la selección de sus candidatos y mejores averiguaciones en cuanto a su pasado. También coincide en que la política municipal tiende a ser más vulnerable frente a la presión de grupos de la delincuencia organizada.
El también catedrático de la UNAM precisa que el problema no es tanto de los partidos, aún si tienen parte de responsabilidad: es un problema más general y grave que consiste en saber de qué manera se puede, en un sistema federal, fortalecer las instituciones municipales para que tengan una mayor capacidad de resistencia ante las presiones del crimen organizado.
“Tampoco es sólo un problema de los partidos sino de las policías municipales y de distintas instituciones que se da frecuentemente porque hay una asimetría de recursos muy fuerte entre los grupos de la delincuencia organizada y las instituciones públicas.”
El catedrático Pru’homme considera que el gran tema en la arena política nacional es la crisis de confianza en los partidos y en la clase política en general.
“Si quieren superar esa crisis deben promover la moral pública y las virtudes cívicas, lo cual es un gran reto porque hasta ahora no han estado a la altura de ese desafío.”
Sin embargo, puntualiza que ésa no es una razón para descalificar de golpe a todo el sistema de partidos políticos y sobre todo a la organización de los partidos como vehículo de los diversos intereses de la vida democrática.
“Lo ideal para el país consistiría en permitir, por un lado, la consolidación de la democracia y lo que significa en términos de tolerancia, pluralismo y respeto a los derechos de los individuos y por otro lado, políticas públicas que permitan una mejor distribución de la riqueza social.”
En la sociedad mexicana la participación organizada de los ciudadanos está disminuida porque ya no creen en nada: no creen en la autoridad ni en los partidos políticos. Los ciudadanos ya no creen ni en ellos mismos, reflexiona el doctor en ciencias políticas y seguridad nacional, Emilio Vizarretea Rosales.
“Ya no hay ideología partidista, ya no sabemos realmente quiénes son de izquierda, de derecha o del centro; se generó una convulsión, una especie de involución que lo único que hizo es creer que todo mundo debiera de quitarse ciertas fachadas, y en lugar de utilizar a los partidos políticos, todos son independientes”, describe.
“Esto ha generado que la sociedad pierda credibilidad en las organizaciones políticas y tome los caminos más sencillos, y el más sencillo es el no pretender organizarse para tomar decisiones de carácter social, incluso para su propio interés. Si esto no es suficiente para hacer pensar y reflexionar las acciones de gobierno ni las acciones individuales, pues ya no sabría qué otra cosa. Estamos en una situación de indefensión gravísima.”
Poder nacional
De acuerdo con el Diccionario de términos militares y asociados, el poder nacional es la suma de todas las fortalezas de una nación, que le permiten establecer su estrategia de desarrollo en pos de los objetivos nacionales, pese a los obstáculos que pueda pasar en un determinado momento.
El documento, elaborado por el Pentágono, agrega que el término se refiere a la capacidad o fuerza que tiene el Estado para imponer orden haciendo que se respeten las leyes dentro de su territorio, mediante mecanismos en los que intervienen los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
José Réyez
[BLOQUE: INVESTIGACIÓN]
[SECCIÓN: PORTADA/SEGURIDAD]
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