Eugenio Ímaz Gispert, director general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) –el órgano de inteligencia civil del Estado mexicano–, no cuenta con cédula profesional ni título avalados por la Secretaría de Educación Pública (SEP).
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De acuerdo con información del portal de internet de dicha Secretaría, no se encuentran resultados de Ímaz Gispert en el Registro Nacional de Profesionistas. Por tanto, no cuenta con un documento que avale sus estudios universitarios ante la máxima autoridad educativa del país.
No obstante, en su portal electrónico y en documentos oficiales el Cisen sí lo acredita como licenciado, sin especificar en qué pudo haberse titulado.
El pasado 18 de agosto, Contralínea solicitó al Cisen conocer la trayectoria académica y laboral completa del funcionario. Para ello presentó una solicitud de información por medio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a la cual se le asignó el folio 0410000017614.
Días después, el portal del organismo descentralizado de la Secretaría de Gobernación suprimió la abreviatura “Lic” que antecedía al nombre de su director general. Sin embargo, en las versiones en inglés y para dispositivo móvil, dicha abreviatura aún permanece.
El 2 de septiembre el Cisen respondió a Contralínea –través de Carla Alejandra Carrillo Hervert, titular de la Unidad de Enlace– que “la información se encuentra disponible públicamente, toda vez que la información solicitada la puede consultar en la página de internet del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, en el rubro Cisen, apartado “Director General”, o en la liga http://www.cisen.gob.mx/cisenDG.html ”.
Ésa fue la respuesta oficial, a pesar de que se había advertido y hecho constar en la solicitud que la información requerida no aparecía completa en dicho sitio electrónico.
En el artículo 26 del Estatuto Laboral del Cisen se asienta que para ingresar al Centro se debe poseer el grado académico que requiera el puesto, expedido por alguna institución con reconocimiento de validez oficial, aunque no da más detalles.
Además de que el actual director no aparece en el Registro Nacional de Profesionales, la SEP respondió formalmente a la solicitud de información 0001100390814 –hecha por Contralínea– que “derivado de una búsqueda exhaustiva, no se localizó registro alguno del C. Eugenio Ímaz Gispert, acerca de su trayectoria académica y cédula profesional por tanto, es inexistente…” (sic).
Según una nota del portal sinembargo.mx, publicada el 21 de abril de 2013, el titular del Cisen se formó como antropólogo en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH).
No obstante, el 10 de septiembre de 2014 la ENAH señaló, respecto de la trayectoria académica de Eugenio Ímaz Gispert, que “el Departamento de Servicios Escolares ha revisado en sus archivos y no ha encontrado coincidencia con el nombre”, tal como consta en el oficio 401.A.(1)138.2014/297, firmado por el director de la Escuela, José Luis Vera Cortés, y entregado a esta revista.
A pesar de ello, el director del Cisen ha firmado documentos oficiales en los cuales se le identifica como “licenciado Eugenio Ímaz Gispert”. Uno de los más recientes es el “Acuerdo que modifica las bases de colaboración suscritas entre la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Salud”, que signó junto con su jefe –Miguel Ángel Osorio Chong– el 12 de marzo de 2014, y que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación.
Ímaz Gispert es el único director en la historia del Cisen que no cuenta con una cédula profesional que acredite sus estudios universitarios.
Otro economista titulado por la UNAM es Eduardo Pontones Chico, quien fue director del Centro de enero de 1993 a enero de 1994, mes en que fue removido del cargo como consecuencia de haber sido sorprendido por la insurrección del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. A la salida de éste, llegó Jorge Enrique Tello Peón, ingeniero civil por la Universidad Autónoma Metropolitana. Dejó el cargo en mayo de 1999.
Entre mayo de 1999 y diciembre de 2000, el puesto fue ocupado por Alejandro Alegre Rabiela, licenciado en derecho por la Universidad Anáhuac. Posteriormente, Eduardo Tomás Medina-Mora Icaza, licenciado en derecho por la UNAM, fungió como director general de la dependencia y hasta octubre de 2005.
Guillermo Valdés Castellanos ocupó el cargo entre enero de 2007 y septiembre de 2011. Al asumir la dirección no contaba con el título de licenciado en ciencias sociales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), pero lo obtuvo en 2008.
El periodo más corto en la dirección general de la dependencia fue el de Alejandro Alfonso Poiré Romero. Sólo permaneció cerca de 3 meses: entre septiembre y noviembre de 2011. Es licenciado en ciencia política por el ITAM. Además, es maestro y doctor en la misma materia por la Universidad de Harvard.
El antecesor de Ímaz Gispert, Jaime Domingo López Buitrón, ha ocupado el cargo en dos ocasiones: entre octubre de 2005 y diciembre de 2006, y de noviembre de 2011 a diciembre de 2012. Es ingeniero industrial por el Instituto Politécnico Nacional, obtuvo la maestría en administración pública por la Universidad del Valle de México y posee el grado de doctor en ciencias sociales por la Universidad Iberoamericana.
Y así como a Pontones Chico lo sorprendió la irrupción del EZLN, a Ímaz Gispert lo ha tomado por sorpresa el descontento y la crisis social, agudizados por la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas, el asesinato de otros tres y las heridas de gravedad causadas a una veintena más, el pasado 26 de septiembre en Iguala, Guerrero. También, el conflicto estudiantil del Instituto Politécnico Nacional.
En la página electrónica del Cisen no se hace referencia alguna a la trayectoria académica de su actual director. No se especifica con qué estudios cuenta. Con respecto a su experiencia laboral, menciona que fue secretario del despacho del gobernador de Hidalgo entre 1993 y 1995 y secretario de Industria y Comercio del mismo estado de 1995 a 1998.
También fue secretario particular del subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación entre 1998 y 1999, coordinador de asesores del subsecretario de Gobierno de dicha Secretaría de 1999 a 2000. Además, fungió como primer secretario para asuntos comerciales de la Embajada de México en Canadá en 2001.
Posteriormente, regresó a la administración pública del estado de Hidalgo, donde se desempeñó como coordinador de asesores del gobernador [Miguel Ángel Osorio Chong, actual secretario de Gobernación y jefe directo de Ímaz] en 2005, secretario de la Contraloría entre 2005 y 2009, y secretario de Planeación y Desarrollo entre 2009 y 2011.
Es decir, hasta antes de su nombramiento como director general del máximo órgano de inteligencia del Estado mexicano, no había ocupado ningún cargo en materia de seguridad nacional.
En contraste, el Cisen no menciona que Ímaz Gispert trabajó como actor en una película protagonizada por la actriz María Elena Velasco Fragoso, la India María.
Fue en 1983 cuando participó en la cinta El coyote emplumado, dirigida por Alfredo B Crevena. En el film aparece cinco veces interpretando a un diplomático estadunidense que asiste a un congreso internacional de arqueología en Acapulco.
En You Tube se puede ver la película completa en www.youtube.com/watch?v= CXT2RC1kcLA. Ímaz aparece en los minutos 19:04, 20:11, 24:26, 40:59 y 42:34. Nunca, por más de 45 segundos a cuadro.
Los únicos dos nombres de funcionarios del Cisen en activo, además de Eugenio Ímaz, que la dependencia hace públicos son Gerardo de la Cruz Castro Estrada, director general de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, y Carla Alejandra Carrillo Hervert, titular de la Unidad de Enlace.
El primero cuenta con una maestría en seguridad nacional por el centro de Estudios Superiores Navales. Carrillo Hervert es licenciada en derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
Los otros cuatro funcionarios cuyo nombre aparece en el Portal de Obligaciones de Transparencia del Cisen dependen jerárquica y funcionalmente de la Secretaría de la Función Pública.
Se trata de Jesús Meza Zapata, titular del Órgano Interno de Control, con licenciatura en contaduría por la UNAM; Eduardo Castillo Monroy, titular del Área de Auditoria para el Desarrollo y Mejora de la Gestión; cuenta con el título de contador público por el Centro Universitario Grupo Sol.
Ricardo López Lerín es titular del Área de Responsabilidades y Quejas. Posee una maestría en derecho administrativo y fiscal por la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados. Tomás Cuauhtencos Rosales, titular del Área de Auditoría Interna, no cuenta con cédula profesional.
La diputada federal Lizbeth Rosas Montero, integrante de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, considera que para ocupar el puesto de director general del Cisen se debe tener como mínimo un grado académico de maestría.
“Con licenciatura, el grado de profesionalización no es suficiente. Un maestro comparte la experiencia. Además debería contar con especialidades en seguridad pública, seguridad nacional e inteligencia. No sólo ser director de seguridad de un municipio o de un gobierno estatal, sino tener experiencia regional.”
Explica que es necesario un servicio profesional de carrera para quien ocupe puestos relevantes en las instituciones encargadas de la seguridad nacional. “Los puestos no deben ser vitalicios. Todo lo que permanece sin mover se puede corromper. Deben de estar sujetos a un estricto control de confianza, a un seguimiento constante de sus finanzas, a sus capacidades y resultados. Lo que menos necesita la seguridad nacional es un burócrata”.
Íñigo Guevara, especialista en Fuerzas Armadas y seguridad nacional, coincide con la diputada en que se necesita contar con títulos académicos profesionales para ejercer dichos cargos.
“Estoy seguro que habrá muchos individuos con y sin estudios universitarios y con experiencia muy diversa que resultan muy hábiles para navegar las burocracias de la comunidad de inteligencia y seguridad; pero si lo que buscamos es profesionalizar, se deben de establecer políticas de contratación, tal como se hizo en [la Secretaría de] Hacienda [y Crédito Público] a finales de la década de 1980 y principio de la de 1990, de profesionistas que tengan la formación adecuada”, comenta.
Menciona además que, una vez en el cargo, los funcionarios deben estar sujetos a mecanismos de rendición de cuentas para confirmar su permanencia y buen desempeño. También deben ser parte de la estructura de supervisión del Estado. Esto se hace mediante presentaciones periódicas de resultados ante comisiones especiales del Poder Legislativo. “Si se hacen anuales, es un buen inicio”, considera el especialista.
No obstante, asegura que el gran problema es cómo garantizar la seriedad de las comisiones legislativas, ya que para que haya una supervisión adecuada, debe de existir la estructura seria que garantice protección también al proceso, especialmente de protección a la información divulgada.
Sin embargo, la diputada perredista Lizbeth Rosas asegura que el Congreso no ha funcionado, hasta el momento, como contrapeso a las intenciones del Poder Ejecutivo, debido a que el Cisen no informa adecuadamente a la Comisión Bicamaral de Seguridad.
“Los reporteros tienen más información que nosotros; por ello, estamos sujetos a lo que nos quieren mostrar. Todo es platicado, sin un documento de por medio. Incluso, a la fecha, no tenemos las minutas de lo acordado en el Plan Mérida. Por ello pensamos que el órgano de control legislativo simplemente no existe: es letra muerta.”
“Para ello se puede nombrar un comité de expertos formado con una mezcla de académicos, exfuncionarios y representantes de organizaciones ciudadanas que evalúen a una terna de candidatos y emitan su recomendación.”
El investigador explica que se debe recurrir a indicadores básicos como filtro, entre ellos la formación académica.
“De lo contrario, tenemos un funcionario cuyo único atributo es la confianza personal o dependencia política de sus padrinos. Para esos funcionarios de confianza también hay plazas y muy bien pagadas: se llaman ‘secretarios particulares’, pero no están encargados oficialmente de instituciones de seguridad”.
Sin embargo, argumenta Íñigo Guevara, en la cultura política mexicana se da preferencia a la confianza personal, por encima de la capacidad o talento, a la hora de designar servidores públicos en prácticamente todas sus instituciones.
En ese sentido, Lizbeth Rosas señala que muchas áreas de seguridad en el gobierno federal sólo han servido como agencias de colocación para los amigos y familiares de los titulares de éstas.
“Eugenio Ímaz, Miguel Ángel Osorio Chong y Jesús Murillo Karam [procurador general de la República] son del mismo equipo político. ¿Quién sanciona a quién? ¿Quién hace que se aplique la ley?”, cuestiona la legisladora.
El artículo 11 de la Ley de Seguridad Nacional señala que los titulares de las instituciones de seguridad nacional deben acreditar la capacidad y la experiencia para el desempeño de la función, aunque en la realidad esto no ocurre.
“En ocasiones, el que contrata ajusta la ley al perfil de sus amigos, cuando debería de ser lo contrario: que el perfil de los aspirantes se ajuste a la ley. En algunas secretarías, en sus perfiles de puesto se solicitaba un título universitario para su personal operativo; pero a partir de jefe de departamento, no se pedía nada”, expone el académico.
Agrega que “en el contexto de inseguridad y narcotráfico que vive el país es mucho más importante que los mandos y los encargados cuenten con una carrera universitaria. Es necesario hacer perfiles de puesto: y se debe precisar la necesidad de poseer un título universitario que acredite las capacidades acordes con los altos puestos. Pero eso aún no se hace”.
—¿Esto afecta la profesionalización en materia de seguridad en al país?
—Claro. Porque mientras se sigan haciendo las cosas de esta manera, no será el mejor candidato el que ocupe el puesto. Por ello, incluso, tenemos subsecretarios de Estado sin un título académico.
Contralínea solicitó entrevista con el titular de la dependencia y una posición al respecto de la Secretaría de Gobernación, a través de Karla Paulina Olmos González, directora de Análisis y Evaluación de la Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de Estado. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, no se obtuvo respuesta.
Rogelio Velázquez
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