La Auditoría Superior de la Federación detectó diversas irregularidades en el Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC) del Distrito Federal que ponen en entredicho su efectividad.
Derivado de la revisión de la Cuenta Pública 2013, emitió 10 observaciones que generaron cuatro recomendaciones, siete promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y un pliego de observaciones para la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal. En irregularidades, involucrados recursos por más de 82 millones de pesos.
De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se tomaron decisiones para el ejercicio y comprobación del presupuesto asignado al Programa sin aportar elementos documentados que sustentaran la selección de las escuelas beneficiadas, los montos y tipos de apoyos financieros y técnicos otorgados, así como la distribución, aplicación y comprobación de los recursos.
En 2013, la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (AFSEDF) ejerció 452 millones 853 mil pesos del programa presupuestario S221 Programa Escuelas de Tiempo Completo, una iniciativa del gobierno federal que tiene como objetivo contribuir a mejorar el rendimiento de los alumnos de las escuelas públicas de educación básica mediante la ampliación de jornadas de 6 y 8 horas diarias, denominadas “jornada ampliada” y “tiempo completo”, respectivamente; por lo que propone beneficiar las escuelas públicas de educación básica, preferentemente a las que impartan todos los grados del nivel educativo básico, dispongan de planteles y condiciones adecuadas para la extensión de horario y atiendan a población vulnerable o en contextos de riesgo social.
Mediante el Programa se brindan a los planteles educativos apoyos técnicos y financieros, destinados a cursos de capacitación para personal directivo, docente y de apoyo; se provee a las escuelas de material didáctico y equipo informático para uso educativo; se acondicionan espacios escolares; se da seguimiento, acompañamiento y asesoría a las escuelas incorporadas al Programa; y apoyos económicos para la adquisición de servicios e insumos para la alimentación de alumnos y docentes.
Los recursos del PETC tienen el carácter de subsidio federal para las 31 entidades federativas y el Distrito Federal. Su aplicación y ejercicio está sujeto a las reglas de operación que para tal efecto emitió la Secretaría de Educación Pública.
El Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2013, de la ASF, “presume un probable daño o perjuicio a la hacienda pública federal” por 4 millones 132 mil 25 pesos. Los recursos habrían sido otorgados a 47 directores y un supervisor escolar sin acreditar con documentación comprobatoria el ejercicio de los mismos.
También se identificó que se otorgaron apoyos a 59 directores y nueve supervisores escolares por 13 millones 290 mil y 151 mil 900 pesos, respectivamente, que no están adscritos a los planteles educativos beneficiarios del PETC.
La ASF reporta que se beneficiaron a 1 mil 446 planteles educativos, de un total de 4 mil 221 escuelas susceptibles de incorporarse al PETC, por lo que, en el ciclo escolar 2013-2014, sólo benefició al 34.3 por ciento de éstas, con una erogación que asciende a 452 millones 853 mil pesos; “sin demostrar que el número de escuelas beneficiadas, el monto de los apoyos financieros otorgados por escuela, los recursos destinados para los apoyos técnicos, contribuyeron al fortalecimiento del aprendizaje, y sin demostrar que diseñó la estrategia y el procedimiento para la selección de las escuelas por beneficiar, así como los requisitos de elegibilidad que debían cumplir”.
No acreditó el mecanismo de selección de los alumnos beneficiarios de los apoyos económicos, ya que de 533 escuelas ubicadas en las delegaciones del Distrito Federal con polígonos de alto y muy alto grado de marginación, únicamente se les otorgó a 15 de éstas.
Celebró indebidamente dos convenios con un organismo internacional por más de 17 millones 856 mil pesos por concepto de “asesorías” y “capacitación al personal docente” de las Escuelas de Tiempo Completo, sin que dicho organismo forme parte de la administración pública federal.
La Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la AFSEDF, suscribió dos convenios específicos de colaboración (el CONVENIO/ ESP.1/AFSEDF-ILCE/2013 y el CONVENIO/ESP. 2/AFSEDF-ILCE/2013) y dos contratos de prestación de servicios (AFSEDF/DGIFA/CAP./SUB, DIR Y DOC DE ETC/2013 y AFSEDF/IEPSA/DGIFA/2013) por un monto de 78 millones 805 mil pesos “sin mediar un procedimiento de contratación que demostrara que los proveedores fueran la opción más conveniente para asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad para el Estado, y que otorgó acceso equitativo y transparente a los participantes”.
Por lo anterior, se promovió el inicio de investigaciones y el inicio de un procedimiento de responsabilidad administrativa sancionatoria ante el Órgano Interno de Control por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión como responsables del área requirente de los servicios contratados formalizaron los instrumentos sin sujetarlos a la Ley de Arrendamientos Adquisiciones y Servicios del Sector Público.
También se instruyó el inicio de investigaciones, y en su caso, de procedimientos de responsabilidad administrativa y sancionatoria por los actos u omisiones de los servidores públicos que celebraron con un organismo internacional los convenios sin asegurar que la integración del equipo a realizar los trabajos y la definición de los productos finales definidos se determinaron en función de las necesidades a cubrir de las escuelas públicas beneficiarias del Programa Escuelas de Tiempo Completo y sin asegurar que las condiciones de los talleres de capacitación, la aplicación de las actividades pedagógicas y contenido de módulos temáticos se determinaron en función de las necesidades de capacitación prevalecientes en las escuelas públicas beneficiarias del Programa Escuelas de Tiempo Completo.
Asimismo, se inició la promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria ante el Órgano Interno de Control por los actos u omisiones de los servidores públicos que celebraron con una institución educativa la prestación de los servicios consistentes en la capacitación denominada “Supervisores, Directores y Docentes de Escuelas de Tiempo Completo”, cuyo objetivo es dotar de herramientas conceptuales y estrategias al personal docente que le permitan contribuir a la mejora del logro educativo de los estudiantes de Escuelas de Tiempo Completo, sin asegurar que la definición de los contenidos temáticos, población beneficiada, así como condiciones de los servicios se determinaron en función de las necesidades a cubrir de las escuelas públicas beneficiarias del Programa.
Ante las observaciones, la Dirección General de Innovación y Fortalecimiento Académico (DGIFA) emitió las “Disposiciones para la Asignación de Apoyos Económicos para la Alimentación de Alumnos de Escuelas Incorporadas al Programa de Escuelas de Tiempo Completo en el Ciclo Escolar 2013-2014 en el Distrito Federal”, cuyo propósito es establecer los criterios y condiciones para asignar con equidad el apoyo económico a cada alumno que le permita recibir por lo menos una comida nutritiva durante la jornada escolar.
Dirigido a niñas, niños y jóvenes de los 15 planteles educativos incorporados al PETC, la AFSEDF transfirió 18 millones 365 mil 500 pesos de la partida de gasto 44101 “Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria”, a una cuenta bancaria que abrió para la administración y distribución de los recursos del PETC en el ejercicio 2013, mediante la cual dispersó por única vez apoyos financieros por 2 mil 873 pesos a los alumnos de 15 planteles educativos ubicados en las delegaciones Gustavo A Madero, Tlalpan y Álvaro Obregón, consideradas en la estrategia de la Cruzada Nacional contra el Hambre como zonas en situación de alto y muy alto grado de marginación.
De los recursos transferidos se verificó que la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal entregó 17 millones 855 mil 600 pesos a través de cheques a nombre de 6 mil 215 alumnos y reintegró 509 mil 900 pesos que corresponden a cheques no cobrados por los alumnos.
Sobre el particular, se observó que la DGIFA como responsable de la adecuada ejecución del Programa no acreditó los criterios de selección que utilizó para definir el número de planteles educativos y el monto del apoyo económico que se entregó a cada alumno, ya que, de acuerdo con la estrategia de la Cruzada Nacional contra el Hambre, comprende cuatro delegaciones (Gustavo A Madero, Tlalpan, Álvaro Obregón, e Iztapalapa) del Distrito Federal con polígonos de alto y muy alto grado de marginación, en las cuales se identificó que se ubican 533 planteles educativos incorporados al Programa de Escuelas de Tiempo Completo; no obstante, únicamente se beneficiaron a los alumnos de 15 escuelas en 2013, por lo que no demostró que el mecanismo de selección otorgó acceso equitativo a los alumnos de las escuelas que participan en el Programa y que el monto otorgado fue suficiente para contribuir a mejorar la alimentación de los alumnos beneficiados.
Para la realización de este trabajo, desde el pasado 13 de julio se solicitó entrevista con la Administración Federal de Servicios Educativos del Distrito Federal a través de Víctor Torres y Ricardo Burgos. Al cierre de edición, no se obtuvo respuesta
Elva Mendoza, @elva_contra
[INVESTIGACIÓN]
RENDICIÓN DE CUENTAS
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