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La Agenda Nacional de Riesgos 2015 para la seguridad nacional del país retrata al gobierno federal como vulnerable, incapaz, represivo, corrupto e impune frente a una sociedad sumida en el hartazgo, la desesperación y al borde de una revolución silenciosa, sutilmente llamada por el presidente Enrique Peña Nieto como “coraje social”.
Y no es para menos. El orden prioritario de los riesgos y amenazas a la seguridad nacional contenidos en este “documento confidencial” (considerado el primero como el de mayor prioridad y así sucesivamente) son: delincuencia organizada; conflictos agudos focalizados; anarquismo; terrorismo; flujos migratorios descontrolados; corrupción e impunidad; ciberseguridad; tráfico ilícito de mercancías en fronteras y mares; desastres naturales y pandemias, y subversión.
Aunque en los últimos 10 años el Estado Mexicano ha invertido presupuesto, hombres y tiempo en combatir al crimen organizado, sigue siendo éste el mayor riesgo para el país, lo cual confirma que las acciones emprendidas por el aparato de gobierno en la última década han sido insuficientes por no atender los problemas de fondo como son educación, empleo y desarrollo social.
Considera también posible que se registren atentados terroristas en México contra blancos e intereses de Estados Unidos, así como la cooptación de miembros de la delincuencia organizada por terroristas.
En la versión de 2014 de dicha Agenda Nacional de Riesgos –que contiene los mismos temas que la de 2015, aunque varían en orden de importancia y jerarquía en una escala del 1 al 10– se incluyó por primera vez como nueva amenaza a la seguridad nacional la “corrupción e impunidad”, capaces de vulnerar la capacidad de respuesta de los tres niveles de gobierno frente a los problemas nacionales y el bienestar de la sociedad.
En su contenido, la Agenda Nacional de Riesgos 2013 advierte literalmente que el país está inmerso en un coctel de riesgos y amenazas que “atentan contra la seguridad nacional, socavan el estado de derecho, generan un grave descontento social y crean situaciones de ingobernabilidad”.
El documento del Cisen de 2013, caracterizado como “estratégico, confidencial y de circulación restringida”, confirma la vigencia actual de los riesgos a la seguridad nacional: terrorismo y armas de destrucción masiva; violencia provocada por la delincuencia organizada; vulnerabilidad cibernética; porosidad de la frontera sur; limitaciones para la atención a desastres naturales; ingobernabilidad por movilizaciones sociales; violencia provocada por la subversión y anarquistas; incapacidad frente a pandemias y epidemias, y deterioro del medio ambiente, en ese orden. (Ver cuadro).
Los escenarios de riesgo son alarmantes para el Estado mexicano y considerados como graves por el gobierno federal debido al grado de conflictividad que representan. El Cisen clasifica los temas de la Agenda Nacional de Riesgos en los niveles de 2, “bajo”; 3, “medio”; y 4, “alto”. Y reconoce “la vulnerabilidad del gobierno para enfrentarlos por incapacidad, corrupción de autoridades del gobierno, la falta de herramientas y mecanismos para frenar su ocurrencia y desarrollo”.
Los expertos en seguridad nacional Guillermo Garduño, Emilio Vizarretea, Martín Barrón y Edmundo Salas consideran que la pobreza, la crisis política, la deuda externa, la dependencia alimentaria, las reformas estructurales, la penetración del crimen organizado en los procesos electorales, en las fuerzas armadas y en las estructuras de gobierno como atentatorios a la seguridad del país. Empero, el Cisen no los incluye en la ANR porque no son de interés del gobierno de Estados Unidos y de los organismos internacionales.
Del mismo modo, el documento no registra la actividad de los grupos de presión empresariales ni las operaciones encubiertas de organismos del gobierno de Estados Unidos, como la agencia antidrogas (DEA) o el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y las funciones de espionaje que realizan en nuestro país y que vulneran la soberanía nacional, por las mismas razones.
En el tema del narcotráfico, el análisis de riesgos 2013 resalta la violencia en territorios controlados por el crimen organizado, pero omite temas colaterales como el lavado de dinero, los delitos financieros y de cuello blanco, los grandes fraudes financieros, así como empresas y empresarios vinculados a este fenómeno como parte de los riesgos a la seguridad nacional, y a “incipientes esquemas de investigación orientados a los vínculos financieros y políticos de los grupos delictivos”.
Académicos y expertos en seguridad nacional advierten del caldo de cultivo que vive el país en estos tiempos, en donde no sólo está en juego la Presidencia de la República para 2018, sino frente a algo mucho más grave y delicado: el surgimiento de revueltas sociales en varias regiones del país.
La lista de amenazas a la seguridad nacional (en el argot de la inteligencia significan peligros ya existentes) contenidos en la Agenda Nacional de Riesgos 2013 es interminable, y se conjuga con la incapacidad de las instituciones para enfrentarlas y resolverlas a fondo. “Son sistémicas, peligros potenciales, riesgos”, comenta el doctor Vizarretea Rosales.
El panorama se complica si se toma en cuenta que los principales miembros de la estructura del Cisen –cuyo director general Eugenio Ímaz Gispert está delicado de salud por cáncer y en la mira presidencial para ser sustituido–, carecen de experiencia en sus áreas de trabajo, pese a que son los funcionarios mejor pagados del gobierno federal (Contralínea 336).
Para muestra, basta señalar el embrollo en que está inmerso el gobierno federal con la reforma educativa y sus tufos de represión frente a la incapacidad de respuesta de los secretarios de Educación y de Gobernación, Aurelio Nuño Mayer y Miguel Ángel Osorio Chong, respectivamente.
Aquí, un resumen del diagnóstico de la Agenda Nacional de Riesgos del aparato de inteligencia del gobierno federal, del que Contralínea desarrollará cada tema.
La Agenda Nacional de Riesgos advierte que existen diseminadas por el país organizaciones que “alteran deliberadamente el orden social; que adoptan tácticas de presión y motivaciones opuestas al interés colectivo con capacidad de reducir los márgenes de gobernabilidad en zonas específicas y cuyo comportamiento de algunas de ellas buscan generar crisis recurrentes de gobernabilidad”.
Se refiere a los movimientos de sociales, a los cuales, lejos de solucionar sus demandas, el régimen los considera nocivos. Agrega que hay “injerencia de actores vinculados a la subversión o grupos anarquistas en movimientos sociales tradicionales (magisterio disidente, colectivos estudiantiles, organizaciones de defensa de derechos humanos, agrupaciones campesinas e indígenas, así como iniciativas frentistas multisectoriales)”.
Para el Cisen, estas organizaciones tienen nombre y apellido: son la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE); el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME); el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra; el Movimiento de Liberación Nacional; el Frente Popular Revolucionario; el Frente Amplio Social; la Unión Popular de Vendedores y Ambulantes 28 de Octubre; las normales rurales, y poblaciones que se oponen a obras de infraestructura.
De tal manera que el principal órgano de inteligencia del país vislumbra la “consolidación de un frente multisectorial de amplio alcance, que articule a otros movimientos que han venido actuando por la vía institucional y que genere la percepción de una inconformidad generalizada hacia el sistema político, económico y social que el país ha adoptado”.
La Agenda advierte de la existencia de conflictividad regional en el país, donde se registran acciones de obstrucción de proyectos de infraestructura; rechazo a la explotación minera; violencia provocada por pugnas entre las comunidades por la tenencia de la tierra.
En este contexto de ingobernabilidad y crisis social, la Agenda reconoce “la débil capacidad de respuesta de los gobiernos estatales y municipales para resolver los conflictos”.
Subraya el surgimiento de nuevas expresiones de inconformidad en el contexto de las reformas energética y fiscal, así como de las modificaciones a la Ley General de Educación y su instrumentación en varios estados de la república: Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Guerrero, Ciudad de México.
Los topos del Cisen han detectado objetivos de interés con vínculos con integrantes de la organización vasca Euskadi Ta Askatasuna (ETA), que operan en 15 estados del país, “infiltrados” en organizaciones no gubernamentales y de izquierda.
En ese contexto considera la posibilidad de atentados terroristas en el país contra blancos e intereses de Estados Unidos; y la cooptación de miembros de la delincuencia organizada por terroristas.
“Grupos de hacktivistas como Anonymous y LulZec han dirigido ataques informáticos diversos y de frecuencia creciente a las infraestructuras tecnológicas del país a través del correo electrónico para robo de información personal y financiera, suplantación de identidad y denegación de servicios.”
Frente a esto, existe una marcada carencia de esquemas de protección, reacción y coordinación consolidados entre las autoridades competentes para hacer frente a los ataques cibernéticos que afecten las infraestructuras críticas o sensibles del país, mismas que no están plenamente identificadas, ni para contrarrestar las convocatorias a acciones violentas bajo el anonimato de redes sociales que complica la actuación gubernamental.
Dicha situación se agrava por las condiciones de Centroamérica, región que atraviesa por una situación crítica y de vulnerabilidad que compromete la viabilidad de esos Estados; debido a sus limitadas capacidades institucionales, la acción de la delincuencia organizada, el aumento de la pobreza, la desigualdad y la exclusión social, así como de la corrupción.
Flujo migratorio indocumentado (guatemaltecos, salvadoreños y hondureños, en mayor medida), fortalecimiento de las organizaciones de tráfico y trata de personas y contrabando de mercancías que impacta en las economías formales. Además, debilidad institucional, corrupción y escasez de recursos de los gobiernos locales de la zona limítrofe México-Centroamérica.
A pesar de que el Ejército Popular Revolucionario (EPR) conserva capacidad operativa y de que ha declarado el fin de la tregua adoptado unilateralmente, dice el documento, prefiere la vía política para penetrar movimientos sociales a fin de radicalizarlos o bien, generar conflictos comunitarios que pueda escalar.
En las regiones de la Costa Chica y Montaña de Guerrero, células del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) y del crimen organizado comparten zona de presencia. Destaca también la eventual participación de actores subversivos en movimientos sociales.
Las disputas por tierras entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), “grupos desafectos” y exzapatistas mantienen conflictos sociales permanentes en Chiapas, según el documento. El EZLN intenta conservar presencia territorial y reclutar nuevos integrantes. El reposicionamiento y la nueva iniciativa política de dicho grupo busca que las redes de apoyo zapatistas repliquen el modelo de autonomía en diversas zonas del país.
Las células anarquistas perfilan un lento escalamiento en sus niveles de radicalidad. Se refiere a la posibilidad de que se organicen atentados “contra objetivos humanos”.
Señala la “posibilidad” de acciones violentas de alto impacto (atentados con explosivos y contra blancos humanos) y expansión de grupos anarquistas debido a la ausencia de un esquema de coordinación interinstitucional consistente para atender el tema.
Está en riesgo la sustentabilidad de las instituciones de salud pública por el incremento en la demanda de servicios asociados a enfermedades crónico degenerativas. Mutaciones del virus de la influenza con alta patogenicidad (gripe aviar, variantes de influenza H1 y H5).
En el documento se contempla la posible aparición de enfermedades infectocontagiosas exóticas en territorio nacional que afectan a humanos y animales; reintroducción o reemergencia de cólera y sarampión; así como la persistencia de la transmisión de dengue en zonas de baja y mediana altitud.
Frente a este flagelo, se observa una limitada capacidad de respuesta gubernamental (salud, seguridad pública y Fuerzas Armadas o del personal de áreas estratégicas) ante un contagio masivo.
México vive un escenario de deterioro acelerado de ecosistemas por contaminación ambiental. Los delitos ambientales son facilitados por corrupción de autoridades: tala clandestina y deforestación provocada por deficiente supervisión; invasión de áreas naturales protegidas y contaminación por métodos riesgosos en la explotación minera.
En el diagnóstico se observa una limitada capacidad gubernamental para atender los ilícitos ambientales vinculados a grupos de interés (tala ilegal, sobreexplotación de acuíferos, tráfico de vida silvestre y manejo de residuos).
Se prevé, asimismo, un incremento de la movilización social por el acceso y usufructo de recursos naturales, con énfasis en la carencia de agua.
La delincuencia organizada ha provocado el incremento de homicidios y las disputas por el control de las rutas para el trasiego de drogas, precursores químicos, armas y dinero; y crea condiciones de crisis social en zonas de arraigo de organizaciones del narcotráfico.
Todos estos fenómenos desestabilizadores del orden social, económico y político configuran un país que se dirige hacia la ingobernabilidad, mayor intolerancia, mayor criminalización de movimientos sociales y de derechos humanos y, de plano, aumento de la represión incluso contra quienes demandan servicios básicos para sus comunidades, advierte Guillermo Garduño.
El documento confidencial explica cómo se elabora anualmente la Agenda Nacional de Riesgos: origen y evolución; temática, calendarización, metodología, organigrama y estructura de los funcionarios que participan en la toma de decisiones para la preservación de la seguridad nacional.
Expone que los “decisores estratégicos” o agentes de inteligencia del Cisen modifican y jerarquizan cada año los 10 temas de la Agenda que debe ser aprobada por el presidente de la República y el Consejo de Seguridad Nacional.
Para el Cisen, el documento es la “herramienta básica para la planeación estratégica”. Tiene dos caracteres: “normativo, ya que ordena programar y otorgar prioridades y recursos a cada uno de los temas de atención, según su nivel de riesgo, es decir, por su relevancia y posibilidad de ocurrencia; y prospectivo, dado que establece los escenarios en los que previsiblemente se desarrollarán los temas de atención del servicio de inteligencia en un periodo determinado”.
Además de la Agenda Nacional de Riesgos, el Cisen produce la Agenda Trimestral de Riesgos, la Agenda Estratégica Semanal, el Análisis de Coyuntura Semanal, los Informes Internaciones y Portales Informativos Institucionales, entre otros documentos relevantes confidenciales para la toma de decisiones del primer mandatario y el Consejo de Seguridad Nacional.
Dicho Consejo está conformado por los secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu; de Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos; de Marina, Vidal Francisco Soberón; de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray; de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza; de Función Pública, vacante; por el titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia; la titular de la Procuraduría General de la República, Arely Gómez; y el director general del Cisen, Eugenio Ímaz.
La evolución de la Agenda Nacional de Riesgos (1982-2016]
De acuerdo con el documento confidencial del Cisen, la Agenda Nacional de Riesgos pasa por diversas fases de producción, las cuales se pueden dilucidar a partir de dos parámetros: los contenidos y la manera en que se elabora. Las fases son: histórica; de definición; elaboración; temática; evaluación, y aprobación.
Fase histórica.
De 1982 a 1988. Durante el gobierno de Miguel de la Madrid se circunscribió a la inteligencia política; la gobernabilidad era el eje. Se concebía por un grupo de expertos de la Secretaría de Gobernación (Manuel Bartlett Díaz) y de la Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional (DGISN). Se le presentaba al presidente de la República y su difusión era nula.
De 1989 a 1994. Durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, a la inteligencia política (Fernando Gutiérrez Barrios) se le añadió la inteligencia sobre el narcotráfico (Jorge Carpizo). El procedimiento de elaboración de la Agenda Nacional de Riesgos era similar al anterior, aunque ahora se incluía a más especialistas del Cisen, dado el paso de la DGISN a Cisen y a la ampliación de su estructura y de la temática. La forma de concebirla incluyó a autoridades de la Secretaría de Gobernación de seguridad nacional.
De 1994 a 2000. Con Ernesto Zedillo los asuntos de seguridad nacional eran prácticamente los mismos. Se añadió el tema de la subversión (EZLN, EPR) y se ampliaron las bases de datos. Se abrieron mesas para la integración de asuntos, con la concurrencia de funcionarios de diversas secretarías. Al respecto, cabe destacar que “los retos internos a la seguridad nacional reconocidos por el Plan Nacional de Desarrollo zedillista lo constituyen el desempleo, la pobreza, la injusticia y la demanda de más y mejor democracia. Los retos o amenazas externas a la seguridad nacional son el crimen internacional, el tráfico ilegal de armas y personas y la explotación ilegal de los recursos marinos; las amenazas modernas las conforman el narcotráfico, el lavado de dinero y el terrorismo”. (José Luis Piñeyro, “La seguridad nacional de México con Ernesto Zedillo”, http://archivo.estepais.com/inicio/historicos/145/11_Propuesta11_Seguridad_Pin%CC%83eiro.pdf). Además, en su libro Poder y seguridad nacional (Cesnav-Senado de la República, 2013), Emilio Vizuarreta Rosales destaca que “Zedillo heredó la pugna de dos corrientes político-policiacas que buscaban controlar la seguridad nacional. Por un lado, las de José Córdoba (coordinador de la Oficina de la Presidencia), quien promovió a su equipo para el control del Cisen; por otro, el grupo encabezado por Fernando Gutiérrez Barrios, quien siendo secretario de Gobernación fue despojado de atribuciones y facultades de las que dispuso para controlar el aparato de seguridad nacional en el país. Estas dos tendencias continúan latentes incluso en la alternancia gubernamental panista”.
De 2000 a 2006. Con Vicente Fox, se promovió las inteligencias política y del narcotráfico, y se le añadió la criminal. La temática era concebida en el Cisen. Con la creación de la Ley de Seguridad Nacional (2005), nacieron la Secretaría Técnica, adscrita a la Presidencia, y la Comisión Bicameral, y se incluyó al Poder Judicial (autorización para las intervenciones de comunicaciones). La estructuración de la Agenda Nacional de Riesgos quedó a cargo del Cisen, y al Secretariado Técnico de la Presidencia, que encabezaba Luis René Souverville, se le asignó su presentación en el Consejo de Seguridad Nacional (CSN). De tal forma que la agenda de seguridad nacional devino en la Agenda Nacional de Riesgos.
De 2006 a 2012, con Felipe Calderón en la presidencia, la Secretaría Técnica del CSN de la Presidencia emitió el segundo Plan de Seguridad Nacional. La Secretaría de Gobernación y el Cisen configuraron la Agenda Nacional de Riesgos y la enviaron a la Secretaría Técnica para su ratificación.
De 2012 a la fecha, con Enrique Peña Nieto como presidente, heredó la Agenda Nacional de Riesgos de Felipe Calderón. Se mantuvo prácticamente la misma temática, pero se agregaron corrupción e impunidad como factores que atentan contra la seguridad nacional, y varió la jerarquización e importancia de los riesgos entre 2014 y 2015. (Ver cuadro).
Definición
Para la definición de los temas de Agenda Nacional de Riesgos, el documento confidencial, reservado por el Cisen por 12 años en respuesta a la solicitud de información 0410000028715 hecha por Contralínea, señala que es necesaria la activación del Ciclo de Inteligencia: planeación; recolección; procesamiento y análisis; difusión y explotación, en el entendido de que “el Ciclo de Inteligencia tiene que adecuarse a las nuevas condiciones que marca la fase histórica actual”.
La activación y orientación de la inteligencia debe realizarse en función de a) seguridad: la generación de datos para detectar, prevenir, disuadir, contener y posibilitar la activación de Amenazas; y b) desarrollo: la generación de datos para la ejecución de proyectos estratégicos para el desarrollo del Estado mexicano, de conformidad con los lineamientos que establezca el Consejo (de Seguridad Nacional).
Temática
De acuerdo al marco legal, la dirección del Cisen, con base en los procesos de recolección y concentración de productos de inteligencia e información; de su evaluación y valoración, para los periodos 2013-2014-2015 estableció 10 temas de la Agenda Nacional de Riesgos, como puede verse en el cuadro 1.
Cuadro. Amenazas a la seguridad nacional, según la Agenda Nacional de Riesgos
La Agenda Nacional de Riesgos, de acuerdo con el documento confidencial reservado por el Cisen, está conformada por cuatro apartados: “1. Agenda Nacional de Riesgos”; “2. Ciclo de Inteligencia”; “3. Integración”; y “4. Documento estratégico”.
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Agenda Nacional de Riesgos
Desde la perspectiva de la Seguridad Nacional del país, la Agenda Nacional de Riegos es un instrumento estratégico, geopolítico, sensible, vital e imprescindible para identificar, precisar y valorar los antagonismos que puedan obstaculizar o vulnerar los esfuerzos de las instituciones de la sociedad, para la consecución de los objetivos y los intereses que dan cuerpo al proyecto nacional.
El antagonismo está considerado en el documento como categoría que “eslabona la relación ascendente de antagonismo-presión-riesgo-amenaza. Su identificación es necesaria para la generación de conocimientos orientados a prevenir, alertar y actuar de manera coherente y consistente en los asuntos de seguridad nacional, para la preservación y expansión de los intereses nacionales. Puede ser real y/o potencial; puede haber sido originado en los ámbitos interno y/o externo; en algunos de los campos del poder nacional del sistema; y tener como punto de partida un sujeto (estatal o no estatal), un fenómeno o un desastre natural”.
Ciclo de Inteligencia
Para elaborar la Agenda Nacional de Riesgos, los decisores estratégicos, metodológicamente, deben activar el Ciclo de Inteligencia, cuya aplicación tiene que adaptarse a las nuevas circunstancias que generan, en lo interno, el grado de articulación de intereses nacionales, y en lo externo, los procesos de articulación de los mercados globales; la reorganización del poder en las organizaciones supranacionales y las agendas de seguridad internacional y de seguridad humana.
El Ciclo de Inteligencia inicia mediante la planeación y/o diagnóstico de la situación de los componentes constitutivos de los cuatro campos de poder del país: político, económico, social y militar, cuyo análisis de cada uno de ellos forma parte de la administración estratégica de la Seguridad Nacional. Tienen autonomía relativa y son interdependientes, es decir, son sistémicos.
Cabe destacar que actualmente la comunidad de inteligencia nacional debate ampliar los campos de poder con la incorporación del ecológico y el cultural.
La seguridad nacional está configurada por espacios multi, trans e interdisciplinarios, e institucionales en los cuatro órdenes de gobierno (municipal, estatal, federal y supranacional).
Esto quiere decir que el ciclo de inteligencia tiene que operar con una gran diversidad de instrumentos teórico-conceptuales, misiones institucionales y variables empíricas, con implicaciones en el diseño de políticas públicas que tienen que atender una compleja gama de asuntos políticos, económicos, sociales y militares de carácter sistémico, identificando autonomías relativas e interdependencias, en escala interna y externa.
Integración
En la integración de la Agenda se deben resolver dos cuestiones: que el Ciclo de Inteligencia se active con información y conocimiento con alto grado de certeza y objetividad científica; y el problema político-administrativo, mismo que se apoya en fundamentos doctrinarios que cohesionan a los miembros de la comunidad de inteligencia de la seguridad nacional.
Tiene que ser estratégica, con perspectivas de mediano y largo plazos, toda vez que su carácter es integral y sistémico. De manera complementaria, el Estado necesita otra agenda de menor temporalidad que atienda los antagonismos apremiantes e inmediatos. Esta agenda de menor temporalidad, también se integra con la misma metodología, es decir, con la aplicación del ciclo de inteligencia y las directivas centrales de desarrollo y seguridad.
Los métodos de evaluación
En cada uno de los temas de la Agenda Nacional de Riesgos, los insumos de información que utiliza el Cisen provienen del sistema de información abastecido por las delegaciones y subdelegaciones (despliegue territorial); las representaciones en el extranjero; las bases de datos institucionales; los estudios de opinión; la Red Nacional de Información; y los grupos de Coordinación Interinstitucional.
Los técnicos del Cisen utilizan varias metodologías y categorías de evaluación de riesgos, para observar la evolución de un riesgo en el tiempo, hacer comparaciones entre los mismos y ordenar las prioridades.
Entre los métodos de evaluación, se encuentran: el cualitativo, el plano cartesiano; la evaluación por efectación: población, territorio, gobernabilidad democrática, desarrollo sustentable; algoritmo de evaluación por dispersión: efecto catalítico por dispersión territorial); matriz de impacto cruzado, y la tabla de ponderación, entre otros.
Las dimensiones analíticas son: Evento detonante (E); Vulnerabilidad (V); Impacto o consecuencia. La manera de relacionar estas dimensiones es multiplicativa: R=E x V x 1, para establecer el rango de riesgo (muy bajo, bajo, medio, alto, muy alto).
Los pasos del proceso de elaboración de la Agenda
Para la integración de la Agenda Nacional de Riesgos, el Cisen activa 12 procesos internos entre los meses de septiembre y marzo (el plazo puede variar entre un año y otro), procedimiento que contempla los siguientes pasos:
Solicitud a las coordinaciones de Inteligencia, Contrainteligencia, Operaciones, Desarrollo Tecnológico y Vinculación Nacional e Internacional, así como a las áreas analíticas de sus aportaciones para la Agenda Nacional de Riesgos, en función del guion establecido por la dirección del Cisen.
Recepción y sistematización de la información en las áreas concentradoras, dada la especialidad: Investigación; Contrainteligencia; Operaciones; Desarrollo tecnológico; Delincuencia organizada; Atención al terrorismo; Seguridad institucional; Asuntos internacionales.
Elaboración de los análisis cuantitativo y cualitativo; ajustes; e interpretación.
Revisión de las correcciones e integración del análisis de riesgo de cada una de las áreas para la configuración de la Agenda.
Presentación de la versión integrada de la Agenda Nacional de Riesgos al coordinador General de Inteligencia, Gerardo García Benavente, y al director general, Eugenio Ímaz.
Revisión, correcciones y elaboración final de la Agenda aprobada por el director general.
Presentación de la Agenda Nacional de Riesgos a la Comisión Bicameral del Poder Legislativo (actualmente la encabeza el priísta Ismael Hernández Deras; como secretario, el senador panista Fernando Yunes Márquez; y los integrantes son el senador Alejandro Encinas Rodríguez y el diputado Waldo Fernández González, ambos perredistas; así como los diputados Enrique Jackson Ramírez y Jorge Ramos Hernández, priísta y panista, respectivamente.
Revisión y atención de las observaciones de los legisladores, así como ajustes a la Agenda Nacional de Riesgos.
Presentación del proyecto de la Agenda Nacional de Riesgos al Secretario Técnico del CNS (febrero).
Revisión y atención de las observaciones, así como ajustes a la Agenda (febrero).
Aprobación de la Agenda por parte de la Presidencia de la República (marzo).
Publicación en el portal.
Amenazas
Se definen como amenazas a la Seguridad Nacional, a los fenómenos intencionales generados por el poder de otro Estado, o por agentes no estatales, cuya voluntad hostil y deliberada pone en peligro los intereses permanentes tutelados por la seguridad nacional, en parte o en todo el país, y cuestionan la existencia del mismo Estado.
De acuerdo con lo que señala la Ley de Seguridad Nacional, se entienden como amenazas a la Seguridad Nacional, actividades relacionadas con:
Espionaje, sabotaje, terrorismo (incluyendo actividades de financiamiento), rebelión, traición a la patria, genocidio, tráfico ilegal de materiales nucleares, de armas químicas, biológicas y convencionales de destrucción masiva, y actos en contra de la seguridad de la aviación y la navegación marítima.
Actos tendientes a obstaculizar o neutralizar actividades de inteligencia o contrainteligencia.
Destrucción o inhabilitación de la infraestructura de carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos.
Interferencia extranjera en los asuntos nacionales que puedan implicar una afectación al Estado Mexicano y actos que atenten en contra del personal diplomático.
Actos que impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada, incluyendo la obstrucción de operaciones militares o navales contra la misma.
Acciones tendientes a quebrantar la unidad de las partes integrantes de la Federación.
Los riesgos a la Seguridad Nacional se refieren a una condición interna o externa generada por situaciones políticas, económicas, sociales o agentes no estatales, así como por desastres naturales, de origen humano o epidemias, que sin tener carácter de amenazas pudieran poner en entredicho el desarrollo nacional.
La Ley de Seguridad Nacional no establece de manera expresa los riesgos a la Seguridad Nacional, toda vez que no tienen un carácter permanente y se actualizan periódicamente dependiendo de los fenómenos coyunturales por los que atraviesa el país. Adquieren su fundamento en la Agenda Nacional de Riesgos aprobada por el Consejo de Seguridad Nacional.
José Réyez / primera de 13 partes
[BLOQUE: INVESTIGACIÓN][SECCIONES: PORTADA / SEGURIDAD]
2 parte: Seguridad nacional: clasista, represiva e ineficiente
Contralínea 500 / del 08 al 13 de Agosto 2016
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