“En mi cargo como tesorera general de la Cooperativa [La Cruz Azul], en específico, durante los años 2015 a 2019, pude ver que existían varias autorizaciones de transferencias de pago por fuertes cantidades de dinero, relacionadas con servicios que en realidad no fueron prestados, las cuales habían sido dadas directamente por el señor Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, mismas que no seguían el proceso interno de la empresa. El señor instruía el pago, vía transferencia, de supuestos servicios a empresas o consultoras que nunca los prestaron”, declaró María Alejandra Velázquez Paredes ante agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), el pasado 25 de marzo.
Su testimonio se suma a otros siete que desentrañaron el esquema de colusión que emplearon al menos cinco directivos de la Cooperativa –tenedora del equipo de futbol Cruz Azul–, encabezados por Billy Álvarez, a los cuales el pasado 29 de julio por la noche les libraron órdenes de aprehensión.
La extesorera general de la Cooperativa es la testigo clave en dos de los cargos que se le imputan a Guillermo Billy Álvarez y sus presuntos cómplices: operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Y es que además de sus dichos, María Velázquez entregó evidencia documental relacionada con 15 presuntas factureras, a las que identifica como empresas fachada o fantasmas.
“Cuento con la información necesaria para sustentar lo que he declarado: le hago entrega en copia simple de 50 (cincuenta) facturas que fueron pagadas por instrucciones directas de Guillermo Héctor Álvarez Cuevas a las diversas empresas ya señaladas en el esquema que he referido, las cuales describo a continuación y, además, agrego a las facturas impresiones de los estados de cuenta, de la cuenta número 51030078457, aperturada en Banco Santander, SA, la cual se encuentra a nombre de Cooperativa La Cruz Azul, Sociedad Cooperativa Limitada, de la cual salieron los pagos a las empresas que ya he referido.”
Previo a esto, la extesorera general indicó a los agentes de la FGR: “las empresas a las que se le transfirieron recursos de la Cooperativa por instrucciones del señor Guillermo Héctor Álvarez Cuevas en el esquema referido, entre muchas otras, son los siguientes:
Citada por la FGR para que explicara su participación en los hechos investigados, el 25 de marzo de 2020 la extesorera indicaba a los agentes de la Fiscalía: “las anteriores empresas pudieran ser de las consideradas como fachada o empresas fantasmas, teniendo conocimiento que, al parecer, una de ellas ya está identificada por [la Secretaría de] Hacienda como empresa que probablemente simula operaciones, ésta es: ATTAR 2715, SC. Asimismo, que la notaría en la cual la Cooperativa La Cruz Azul realizaba sus trámites era la notaría número 202, de la Ciudad de México”.
Y añadía:
“Por lo que recuerdo, el monto aproximado al que ascendieron las transferencias que por instrucciones del señor Guillermo Héctor Álvarez Cuevas se realizaron con las empresas anteriores, ascendió a la cantidad aproximada de 190,000,000.00 (ciento noventa millones de pesos 00/100 MN) que transfirió de la cuenta número 51030078457 de Banco Santander, la cual se encuentra a nombre de Cooperativa La Cruz Azul, Sociedad Cooperativa, y de la que salieron los pagos a las empresas que no presentaron los servicios […]”.
En 85 fojas, la orden de aprehensión contra Billy Álvarez revela el mecanismo de lavado en la Cooperativa La Cruz Azul y el equipo de futbol del mismo nombre, por al menos 114.2 millones de pesos –de los 190 millones que documentó la extesorera general–, relacionados con 91 operaciones y siete empresas, entre el 28 de julio de 2011 y el 21 de julio de 2017.
De acuerdo con el expediente que sirvió al juez para librar la orden de aprehensión contra Guillermo Álvarez –quien desde 1988 asumió la Dirección General de la Cooperativa–, “existen datos de prueba de los que se desprende la existencia de otras operaciones por montos elevados realizadas en el mismo periodo, dentro del sistema bancario nacional, por parte de la Cooperativa con (otras) empresas que reúnen las características que simulan operaciones y que se continuarán investigando por parte de esta Fiscalía de la Federación, afectando el patrimonio de la Cooperativa La Cruz Azul y el sano desarrollo de la economía nacional”.
El documento –relacionado con la carpeta de investigación FED/SEIDF/UEIDFF-CDMX/000452/2019–, del que Contralínea tiene copia, refiere que los acusados por los delitos graves son Guillermo Héctor Álvarez Cuevas; Víctor Manuel Garcés Rojo; Miguel Eduardo Borrel Rodríguez; Mario Sánchez Álvarez; y Ángel Martín Junquera Sepúlveda, quienes podrían alcanzar penas que van de los 7.5 a los 22.5 años de prisión por lavado, mientras que por delincuencia organizada, las condenas alcanzarían de 8 a 16 años.
De acuerdo con el expediente, “más de cinco personas se organizaron de hecho para realizar de manera reiterada múltiples operaciones bancarias con grandes cantidades de dinero en un periodo comprendido de cuando menos 6 años, periodo en el cual dichos activos ocultaron el destino de los recursos obtenidos, teniendo conocimiento que representan el producto de una actividad ilícita”.
Entre las pruebas presentadas por la FGR ante el juez que giró las órdenes de aprehensión, destacan las declaraciones ministeriales de ocho “testigos directos” –incluida la de la extesorera María Velázquez–; un dictamen pericial en materia contable que determina que el monto de las operaciones llevadas a cabo por los cinco acusados asciende a 114 millones 198 mil 847.69 pesos; el testimonio del hermano del presidente de la Cooperativa Cruz Azul que –en su calidad de administrador de la Cooperativa– se acogió a los beneficios del criterio de oportunidad (testigo colaborador); estados de cuenta de la Cooperativa La Cruz Azul.
El 25 de marzo pasado, María Alejandra Velázquez Paredes narró a los agentes de la FGR el modo en cómo Billy Álvarez evadió, por años, los controles impuestos en la Cooperativa para evitar un uso discrecional y anómalo de los recursos.
“Dentro de mis funciones principales como tesorera, eran controlar todos los ingresos de la Cooperativa y pagar a sus proveedores y prestadores de servicios. El procedimiento de pago a proveedores y prestadores de servicios lo puedo describir así:
(i) Se genera un pedido o un con trato de conformidad a las necesidades que se tuvieran propias del área que lo requiriera,
(ii) Se autorizaba el gasto por el gerente de compras o los gerentes de planta, gerentes administrativos, gerentes de área y/o directores de área la adquisición o servicio y en ciertos casos, los relativos o adquisiciones o servicios específicos o cuando el monto era elevado, eran autorizados por las gerencias de área de acuerdo con sus funciones y facultades, así como por el director general. Si el director general firmaba una factura, era necesario que se firmara de igual forma por el titular del área correspondiente en la que se adquiría el bien o prestaba el servicio, para tratar de evitar que el director general disponga de manera indiscriminada de recursos. Sin embargo, por instrucciones del señor Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, cuando una factura contenía su firma, ordenaba indebidamente que ya no fuera firmada por las áreas correspondientes y, al tener a su gente cercana en esos puestos resultaba difícil que le dijeran algo o incluso colaboraban en su actuar.
(iii) Ya autorizado el servicio o lo adquisición del bien, se generaba la factura correspondiente por parte del proveedor y el área correspondiente o el mismo proveedor la enviaba a cuentas por pagar, quien la registraba en el sistema interno de la empresa.
(iv) Cuentas por pagar revisaba la información del contrato o lo requisición que se generó por el bien o servicio y la factura, y el control interno del sistema verificaba si se había prestado el servicio o adquirido el bien.
(v) Finalmente se pasaba la factura a tesorería para su pago.”
Luego de advertir que en al menos 50 operaciones –de las cuales entregó igual número de facturas– no fue así, pues la única firma plasmada en las órdenes era la de Billy Álvarez, la extesorera agregó a los agentes de la Fiscalía: “en diversas ocasiones le comenté a quien en ese momento era mi jefe, el contador Mario Sánchez Álvarez, quien actualmente ocupa el cargo de coordinador financiero, que esas facturas deberían llevar las firmas de los
presidentes de los Consejos de Administración y de Vigilancia, del director jurídico y de él; pero se molestó y me dijo que se pagaran así, pues ya tenían la firma del director general [Guillermo Álvarez]. Por lo que concluyo que la factura que entregaban sólo era para simular que se había prestado el servicio, pero en realidad con varias empresas nunca fue así”.
En una audiencia exhaustiva que se narra en 10 fojas del documento, María Velázquez da cuenta de cada una de las 50 facturas de las cuales conservó respaldo. Estas son algunas de las facturas que menciona:
-Factura con folio 391, de fecha 17 de junio de 2016, emitida por Capital Humano y Financiero Ambar, con RFC: CHF1502202S3, por la cantidad de 2,320,000.00 (dos millones trescientos veinte mil pesos 00/100 MN);
-Factura con folio 80 ,de fecha 27 de enero de 2016, emitida por Capital Humano y Financiero Ambar, por 1,305,000.00 (un millón trescientos cinco mil pesos 00/100 MN);
-Factura 88, del 8 de febrero de 2016, emitida por Capital Humano y Financiero Ambar, por 1,305,000.00 (un millón trescientos cinco mil pesos 00/100 MN);
-Factura 152, del 17 de marzo de 2016, emitida por Capital Humano y Financiero Ambar, por cantidad 1,305,000.00 (un millón trescientos cinco mil pesos 00/100 MN);
-Factura 892, del 28 de octubre de 2016, emitida por Attar 2715, con RFC: ADM160415N72, por 2,610,000.00 (dos millones seiscientos diez mil pesos 00/100 MN);
-Factura 1435, del 16 de diciembre de 2016, emitida por Attar 2715, por 5,800,000.00 (cinco millones ochocientos mil pesos 00/100 MN)
-Factura 4598, del 28 de octubre de 2016, emitido por Aura Desarrollo Social, con RFC: ADS150223E74, por 3,364,000.00 (tres millones trescientos sesenta y cuatro mil pesos 00/100 MN);
-Factura 4829, del 25 de enero de 2017, emitida por Aura Desarrollo Social, por 6,032,000.00 (seis millones treinta y dos mil pesos 00/100 MN);
-Factura con folio 5263, del 3 de junio de 2016, emitida por Servicios Profesionales Baal, con RFC: SPB1301221SA, por 3,480,000.00 (tres millones cuatrocientos ochenta mil pesos 00/100 MN);
-Factura 5278, del 14 de junio de 2016, emitida por Servicios Profesionales Baal, por 5,800,000.00 (cinco millones ochocientos mil pesos 00/100 MN);
-Factura 5799, del 25 de enero de 2017, emitida por Servicios Profesionales Baal, por 2,900,000.00 (dos millones novecientos mil pesos 00/100 M.N.);
-Factura 5947, del 1 de marzo de 2017, emitida por Servicios Profesionales Baal, por 3,480,000.00 (tres millones cuatrocientos ochenta mil pesos 00/100 MN);
-Factura con folio 5948, del 7 de marzo de 2017, emitida por Servicios Profesionales Baal, por 5,800,000.00 (cinco millones ochocientos mil pesos 00/100 MN);
-Factura 5949, del 1 de marzo de 2017, emitida por Servicios Profesionales Baal, por 5,800.000.00 (cinco millones ochocientos mil pesos 00/100 MN);
-Factura 770, de fecha 15 de junio de 2016, emitida por Corporativo Facundia, con RFC: CFA150219TR6, por la cantidad de 2,204,000.00 (dos millones doscientos cuatro mil pesos 00/100 MN)
-Factura con folio 49, del 14 de julio de 2016, emitida por Corporativo Facundia, por 4,640,000.00 (cuatro millones seiscientos cuarenta mil pesos 00/100 MN).
Pero la extesorera no sólo proporcionó facturas, sino también números de cuentas bancarias ligadas a esta trama de presunto lavado de dinero, uso de empresas factureras y delincuencia organizada.
“Asimismo hago mención que dicha documentación la obtuve de mi archivo personal, ya que de acuerdo con mis funciones que desempeñaba guardo un respaldo por mi seguridad. Finalmente, por la forma en que se operaban las finanzas de la Cooperativa, a mí me parece que las transferencias que se ordenaban realizar por parte del señor Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, pueden haber sido utilizadas todas las cuentas de la Cooperativa que se encuentran en diversos bancos a su nombre, realizando transferencias interbancarias entre las mismas para dispersar los recursos y posteriormente concentrarlos en una sola y transferirlos a las empresas que no prestaban los servicios. Por lo que le doy a continuación las cuentas que se encuentran abiertas en moneda nacional o nombre de Cooperativa La Cruz Azul, SCL, en diversos bancos”.
Y entonces citó: en BBVA, cuenta 445602246 en dólares y 165370485 en euros; Santander, 82500008692 en dólares; HSBC, 7002440451 en dólares; Banorte, 0464781857 en dólares; Banco del Bajío, 93753380401 en dólares y 0093753381801 en euros.
Además dio cuenta de que la Cooperativa también tiene operturados contratos de inversión “que seguramente sirvieron de vehículo financiero para realizar las conductas indebidas por porte del señor Guillermo Héctor Álvarez Cuevas”.
Éstos son: en BBVA, contrato 10025054; Santander, 51030078457; HSBC, 4054134036 y 6325514555; Banorte, 501662057 y 0460131995; Scotiabank 07374535-2; Banco del Bajío, 93753380201.
Finalmente María Velázquez indicó a los agentes de la FGR: “quiero manifestar ya para concluir que yo aprecié lo anterior por mis funciones como tesorera de la Cooperativa y se que las transferencias de recursos de la empresa fueron realizadas por instrucciones del señor Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, a las empresas que él decía que en realidad no prestaron los servicios”.
https://youtu.be/A4ntpLzPJCA
https://youtu.be/UNWebrZ3S6o
https://youtu.be/W1WcotOfSG0
https://youtu.be/1LGNMySySzY
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