Como en la época de la Colonia, la extracción de la riqueza nacional afecta a los más desprotegidos, a los campesinos, a los indígenas. La exploración y explotación de hidrocarburos recientemente abierta a la inversión privada recaerá en zonas donde el índice de marginación es “alto” y “muy alto” entre sus pobladores, revelan análisis.
Esta actividad extractiva implicará que más de 80 empresas trasnacionales estén interesadas, en principio, en ocupar 62 municipios del país a partir del primer trimestre de 2015, luego de que en la llamada Ronda 1 (R1) se inicien las licitaciones para que el Estado autorice el aprovechamiento de los recursos del subsuelo.
Las zonas de esta ronda se encuentran, en su mayoría, con un “muy alto” y “alto” índice de marginación. Esto supone, a decir de especialistas, abusos en el arrendamiento y uso de las tierras, así como afectaciones al medio ambiente y desplazamiento de grupos indígenas.
Petróleos Mexicanos (Pemex) tiene ya en su proyecto de exploración y explotación –mediante la Ronda 0 (R0)– más de un ciento de municipalidades, caracterizadas por encontrarse en un nivel “medio” de marginación. Ésta es la Ronda que permite a la exparaestatal –hoy empresa productiva del Estado– definir a su favor ciertas áreas con recursos de hidrocarburos en el país.
De acuerdo con un mapeo realizado por el investigador Manuel Llano Vázquez, maestro en antropología social por la Universidad Iberoamericana y autor del blog http://www.cartocritica.org.
El investigador explica, en entrevista con Contralínea, que con la información oficial pública y disponible se puede establecer ya claramente qué espacios serán impactados. “Tomé los datos oficiales existentes, a partir de la escasa transparencia, y con base en ellos traslapé capas; encontré dónde hay posibles afectados y conflictos potenciales. Estos los hemos visto en la industria minera y en algunas situaciones con hidrocarburos.
“Lo que ocurre en el sector minero es ilustrativo de lo que puede pasar con la explotación de hidrocarburos. Hablamos de empresas privadas que trabajan en un área concesionada, operan en el territorio bajo una concesión o licitación. Las trasnacionales evaluarán qué tanto se quieren meter o no en unas zonas, pero una vez que decidan que sí, hemos visto qué pasa: hay toda una serie de ataques, posibles alianzas entre grupos paramilitares y empresas. También hay violencia en zonas rurales, áreas ricas en recursos; está el crimen organizado que finalmente lleva a un desplazamiento forzado, y posterior a éste viene un abaratamiento de las tierras. ¿Quién gana con ello? El que tiene la intención de explotar”, comenta.
Información de la Secretaría de Energía (Sener), institución rectora de la explotación de hidrocarburos por parte de las empresas que deseen hacerlo a partir del primer trimestre de 2015, señala que la R1 involucra 61 municipios de Campeche, Chiapas, Coahuila, Hidalgo, Puebla, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz.
Mediante esta Ronda se permitirá la exploración y explotación de hidrocarburos en tierras de 671 ejidos y comunidades. Tales ocupan 441 mil 631 hectáreas de propiedad social; principalmente en Veracruz (317 mil hectáreas) y Coahuila (62 mil hectáreas), muestra el análisis de Llano Vázquez, también coordinador de análisis geoestadístico de la organización Conservación Humana.
Información de la periodista Lilia González, del periódico El Economista, indica que Pemex “ya tuvo acercamiento con alrededor de 80 empresas internacionales, con las cuales analizará asociarse para llevar a cabo su labor de exploración y producción, sobre todo en aguas profundas”.
En estas se encuentran representantes de compañías como Chevron, Shell, Exxon, BP, Petrobras, Ecopetrol, Petronas, PetroChina, la empresa nacional Iraní de Petróleo, Cubapetroleo, Petróleos de Venezuela, entre otras, quienes se habrían reunido en el transcurso de este año con el director general de Pemex Exploración y Producción (PEP), Gustavo Hernández García. Las licitaciones para la exploración y explotación de esta Ronda se llevarán a cabo a partir del primer trimestre de 2015.
Francisco Cravioto, investigador y monitor de políticas públicas relacionadas con industrias extractivas de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, e integrante de la Alianza Mexicana contra el Fracking comenta –en entrevista con Contralínea– que en amplias zonas del país, sobre todo el Norte, Oriente y zonas en Chiapas o Tabasco podemos ver toda una serie de asignaciones petroleras entregada en la R0.
“Terminada la R0 se abre la R1, la primera instancia de licitación que se va a presentar en el país de campos de hidrocarburos. Básicamente lo que hace la Secretaría de Energía es determinar una serie de polígonos en el país donde se va a abrir a licitación y entonces Pemex y empresas privadas presentan proyectos de explotación, hacen un análisis de costo beneficio y ofrecen bajo cuatro diferentes esquemas de reparto de ganancias cómo asociarse con el Estado mexicano, representado por la Sener. En esta licitación se le otorga al mejor postor su contrato”, expone Cravioto.
El experto en industrias extractivas urge a centrar la atención en este tipo de proyectos de explotación de hidrocarburos, incluyendo a los proyectos de explotación por métodos no convencionales como el fracking o fractura hidráulica, ya que estos tienen impactos negativos en el medio ambiente. “Éste va a ser un negocio de corto plazo en México que dejará contaminados acuíferos, mantos freáticos y desplazamientos forzados. Las afectaciones a la salud han obligado a poblaciones de otros lugares donde se practica el fracking a irse y vender en las peores condiciones sus casas o propiedades”.
Infografía:
Cifras del Consejo Nacional de Población (Conapo) muestran que de un total de 61 municipios comprendidos en la R1, 28 se encuentran en un “muy alto” y “alto” grado de marginación, mismos que representan el 43.54 por ciento de municipalidades en esta Ronda.
Los estados que contienen más municipios con elevados índices de marginación son Veracruz, con 18, y Puebla, con siete. Le siguen Hidalgo, con dos, y Chiapas, con uno.
Entre los municipios veracruzanos con “muy alto grado de marginación” se encuentran: Coahuitlán, Coxquihui, Ixcatepec e Ixhuatlán de Madero. Mientras, en Puebla los más marginados son: Pantepec y Tlacuilotepec. Ostuacán es uno de los municipios chiapanecos contemplado en esta Ronda que responde a un “muy alto” índice de marginación.
Otros 22 municipios comprendidos en esta ronda se encuentran en un nivel de marginación “medio”, entre los que figuran Pichucalco, en Chiapas; Jiménez, en Coahulia; Huejutla de Reyes, en Hidalgo; Venustiano Carranza y Xicotepec, en Puebla; Cárdenas, Huimanguillo y Macuspana, en Tabasco, y otros 14 en Veracruz.
De acuerdo con el Conapo, “la marginación se asocia a la carencia de oportunidades sociales y a la ausencia de capacidades para adquirirlas o generarlas, pero también a privaciones e inaccesibilidad a bienes y servicios fundamentales para el bienestar. En consecuencia, las comunidades marginadas enfrentan escenarios de elevada vulnerabilidad social cuya mitigación escapa del control personal o familiar, pues esas situaciones no son resultado de elecciones individuales, sino de un modelo productivo que no brinda a todos las mismas oportunidades. Las desventajas ocasionadas por la marginación son acumulables, configurando escenarios cada vez más desfavorables”.
Hipólito Rodríguez, integrante de la organización La Vida, Asamblea Veracruzana de Iniciativa y Defensa Ambiental, comenta en entrevista con Contralínea que estos proyectos tocan áreas donde “la gente no se quiere separar del suelo. Sin duda que van a romper liderazgos, a dividir a las organizaciones campesinas, pero eso no importa porque lo que va a defender la gente es su vínculo directo con el suelo, el escenario va a ser de conflicto. Todavía está por verse que lleguen las empresas, empiecen a licitar el suelo y empiecen a enfrentarse con negociaciones en que la gente va a decir: ‘¡No quiero vender y no quiero que ocupes ni siquiera temporalmente mi tierra!’”
Justo en esta ronda, donde los altos índices de marginación predominan, se prevé que a partir de 2015 se licitarán 169 bloques. De estos, en el 64.50 por ciento (109 bloques), se llevarán trabajos de exploración; en tanto que en el 35.5 por ciento (60 bloques) serán campos de extracción.
“Las reservas 2P y recursos prospectivos a licitar representan un volumen de 3 mil 782 y 14 mil 606 millones de barriles de petróleo crudo equivalente (mmbpce), respectivamente”, indica información publicada por la Sener.
Para la apertura al sector privado de la otrora principal empresa del país, y antes de la caída de los precios del crudo, el gobierno federal estimaba que los proyectos representarían inversiones anuales por 8 mil 525 millones de dólares entre 2015 y 2018.
La dependencia encabezada por Pedro Joaquín Coldwell expone que “el Estado llevará a cabo la primera ronda de licitaciones durante 2015. La llamada Ronda 1 deberá garantizar que el ganador de cada contrato represente la mejor alternativa técnica que dé mayores beneficios fiscales para el Estado.
“Es muy importante subrayar que en estas licitaciones podrá participar Pemex sola o en asociación con otras empresas. Por lo que nuestra empresa petrolera tendrá mayores posibilidades de ganar las licitaciones, al tener la oportunidad de allegarse de mejor tecnología, recursos e inversión.
“Adicionalmente, el Estado llevará a cabo durante el próximo año los concursos necesarios para elegir a las empresas que mediante 10 asociaciones desarrollarán junto a Pemex los primeros 14 campos que Pemex ha elegido para este fin.”
El decreto por el que se reformaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia energética indica que “bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente […].
“La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo la competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y regionales, en los términos que establece la Constitución”.
El mapeo realizado por Llano Vázquez se derivó de la ausencia de información detallada de los predios, ejidos o comunidades que podrían estar sujetas a estas medidas, con base en las áreas definidas como R1 y R0 por la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Secretaría de Energía.
Un total de 1 mil 899 núcleos agrarios están dentro de la R0, estos ocupan 1 millón 617 mil 654 hectáreas. Los principales ejidatarios y/o comuneros afectados, muestra la investigación, se encuentran en Veracruz (913 mil 228 hectáreas), Tabasco (510 mil 286 hectáreas) y Tamaulipas (95 mil 217 hectáreas).
Ejemplo de ello es el municipio de Acula, en Veracruz, previsiblemente ocupado al ciento por ciento por la R0. Ésta cubre en su totalidad las tierras de los ejidos Acula, Azizintla, General Lucio Blanco, Licenciado Ángel Carvajal, Los Amates, La Isleta, Poza Honda, San Miguel Buena Vista y San Miguel Xóchitl, que ocupa 7 mil 337 hectáreas.
El municipio más grande de Tabasco, Humanguillo, será uno de los más ocupados por la R0, al establecerse el 97.59 por ciento de sus tierras dentro de los parámetros trazados por la Sener. El total de hectáreas que se impactarán son 175 mil 289, en un total de 115 ejidos.
Abasolo es el municipio más ocupado de Tamaulipas por la R0, con un registro del 80.90 por ciento de sus tierras. En este espacio se ocuparán 14 mil 396 hectáreas, correspondientes a 18 ejidos.
En este cruce de información, en la R1 serán afectadas más de 441 mil hectáreas de propiedad social, principalmente en Veracruz y Coahuila.
Algunos de los municipios veracruzanos que ejemplifican la ocupación de esta ronda en más del 90 por ciento son: Platón Sánchez, con el 99.60 por ciento (compromete los ejidos de Corralillo y San Francisco en 595.22 hectáreas); así como, Gutiérrez Zamora, con el 99.88 por ciento, al impactar en 11 de sus ejidos (4 mil 198.55 hectáreas).
Los municipios coahuilenses que tienen un alta ocupación ejidal son los de Jiménez, con 59 mil 753 hectáreas, en los que se observan los ejidos: Balcones, El Carmen, El Divisadero, El Orégano, Emiliano Zapata, Jiménez, La Bandera, La Jarita, La Muralla, La Potasa, Madero del Río, Palmira, San Vicente, Santa María, La Purísima, Los Cristales y San Carlos.
Latifundios petroleros
Claudia Gómez Godoy, abogada litigante en materia de derechos humanos colectivos e integrante del Colectivo de Abogad@s, dice en entrevista que en México el 52 por ciento del territorio se encuentra en ejido o comunidad, y que lo que va a pasar con la Ley de Hidrocarburos no tiene límite: se generarán latifundios petroleros. “Va a haber, nuevamente, pocas manos que compren muchas tierras, vamos a regresar al Porfiriato; se les va a despojar a los campesinos de las tierras ganadas en la Revolución; viene un nuevo despojo”.
La abogada expone que la finalidad de la recientemente aprobada reforma energética “es permitir a los capitales privados la intervención en áreas estratégicas, que antes estaban reservadas a la nación, fundamentalmente en materia de hidrocarburos, gas y generación de energía eléctrica. Al mismo tiempo constituye un peligro para la propiedad social y es un paso más –quizá el más grande y profundo– en la tendencia privatizadora y de despojo de las tierras agrarias y recursos naturales, y es, al mismo tiempo, un ataque a la Asamblea Comunal y a la Ejidal como espacio de toma de decisiones y forma de organización social y política”.
En un artículo escrito para Contralínea (edición 406), expone: “Según la nueva legislación, las empresas y personas que deseen realizar actividades de hidrocarburos y energéticas deberán intentar negociar y acordar con los propietarios y titulares de los derechos reales, ejidales o comunales la contraprestación, los términos y las condiciones para el uso, goce o afectación de los terrenos, bienes o derechos necesarios para realizar sus actividades, pues las asignaciones y contratos no les otorgan la propiedad de la superficie.
“Es importante que los ejidos y comunidades comprendan que un primer paso que las empresas tienen que hacer es tratar de llegar a acuerdos y convenios de ocupación temporal con los dueños de las tierras. Así lo establece la Ley de Hidrocarburos y la Ley de Energía Eléctrica, que determinan que: ‘Cuando estén involucrados terrenos, bienes o derechos sujetos a los regímenes previstos en la Ley Agraria’ (artículo 102 de la Ley de Hidrocarburos y artículo 75 de la Ley de la Industria Eléctrica), la autorización para el uso, goce o afectación, deberá sujetarse a las formalidades previstas en las fracciones VII a XIV del artículo 23 de la Ley Agraria, es decir, por medio de las llamadas Asambleas Duras o de Formalidades Especiales (deberá ser expedida por lo menos con 1 mes de anticipación a la fecha programada para la celebración de la Asamblea; para la instalación válida en primera convocatoria deberán estar presentes cuando menos tres cuartas partes de los ejidatarios; en segunda o ulterior deberán estar presentes cuando menos la mitad más uno de los ejidatarios; los acuerdos se tomarán con el voto aprobatorio de dos terceras partes de los asistentes a la Asamblea).”
Es de destacar que la Ley Agraria, en su artículo 95, señala: “Queda prohibido autorizar la ocupación previa de tierras aduciendo que, respecto de las mismas, se tramita expediente de expropiación, a menos que los ejidatarios afectados o la Asamblea, si se trata de tierras comunes, aprueben dicha ocupación”.
La abogada observa que estos dos requisitos podrían amparar a las asambleas para nieguen la entrada de estos proyectos; sin embargo, reconoce que si no hay información ni resistencia, los ejidos y las comunidades agrarias, pueblos indígenas y campesinos podrán ser engañados para firmar acuerdos de explotación, ocupación temporal o servidumbre y hasta “hacerlo de manera voluntaria”.
El 14 de agosto pasado, Emilio Lozoya Austin, director general de Pemex, indicó que “las áreas de exploración y los campos en producción asignados a Petróleos Mexicanos garantizan la viabilidad a corto y mediano plazo de su operación como empresa productiva del Estado y sientan las bases para su expansión a largo plazo”.
Con esta ronda se le asignan al ciento por ciento las reservas probadas y probables a la ahora llamada empresa productiva del Estado, antes la principal paraestatal del país; así también, el 67 por ciento de los recursos prospectivos.
Para Lozoya Austin “las áreas asignadas representan un balance adecuado entre yacimientos en los cuales Pemex tiene una gran experiencia y de hecho es líder a nivel mundial y yacimientos de nuevo tipo sobre los que descansa el futuro petrolero de México”, según el boletín 80 emitido por Pemex.
El mapeo realizado por Manuel Llano descubre que esta Ronda involucra la extracción en 1 mil 899 núcleos agrarios, en más de un centenar de municipios. Los estados que comprende la explotación de hidrocarburos en esta Ronda son: Campeche, Chiapas, Coahuila, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz.
El cruce de información de los municipios señalados por Llano y los índices de marginación del Consejo Nacional de Población arrojan que el índice de marginación es medio en el 45 por ciento de los municipios. Los de “bajo” y “muy bajo” nivel de marginación, 22 por ciento, así como “muy alto” y “alto” grado de marginación 23 por ciento.
De la R0, la Sener expone que sus dos objetivos son: “Fortalecer a Petróleos Mexicanos dotándolo de los recursos necesarios para asegurar sus niveles de producción de forma eficiente y una adecuada restitución de reservas, constituyendo el primer paso para convertirse en Empresa Productiva del Estado”; así como “multiplicar la inversión en exploración y extracción de gas y petróleo en el país, a través de rondas de licitación en las que participará la industria petrolera, y en las cuales Petróleos Mexicanos podrá competir”.
Además de cubrir zonas de alta marginación, las rondas para la explotación de hidrocarburos recaen en zonas de Áreas Naturales Protegidas (ANP) a nivel federal y locales, revela el análisis geoestadístico elaborado por Manuel Llano. A nivel federal se encuentran dos ANP dentro de la R0. La superficie traslapada abarca un total de más de 83 mil hectáreas, principalmente en los Pantanos de Centla, en Tabasco, con 79 mil hectáreas.
“Se crean mediante un decreto presidencial y las actividades que pueden llevarse a cabo en ellas se establecen de acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, su reglamento, el programa de manejo y los programas de ordenamiento ecológico. Están sujetas a regímenes especiales de protección, conservación, restauración y desarrollo, según categorías establecidas en la Ley.”
Esta institución administra actualmente 176 ANP de carácter federal que representan más de 25 millones 394 mil 779 hectáreas, divididas en nueve regiones del país.
La explotación de hidrocarburos por la R0 toca zonas como la Laguna de Términos, en un 0.8 por ciento (4 mil 278. 53 de un total de 547 mil 278.71 hectáreas) y los Pantanos de Centla, en un 5.2 por ciento (79 mil 422. 13 de 1 millón 513 mil 533.13 hectáreas), ANP decretadas por la Federación. La primera se encuentra en Campeche, en tanto que la segunda se ubica en Tabasco.
La Laguna de Términos, indica el portal de la Conanp, “es reconocida como sitio Ramsar [relacionado con la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas], región hidrológica, terrestre y marina prioritaria según la clasificación de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) y también es un Área de Importancia para la Conservación de las Aves”.
En esta área de protección de flora y fauna se concentra el macizo de manglar más importante de toda Mesoamérica, con una extensión aproximada de 105 mil hectáreas, “bajo un status [sic] saludable de conservación, situación que brinda una gran cantidad de servicios ambientales que se ven reflejados en las pesquerías y la protección de la zona costera ante fenómenos hidrometeorológicos extremos”.
Una de las Áreas Naturales Protegidas del Golfo de México, dentro del listado de la Conanp, Los Pantanos de Centla, fueron decretados ANP desde agosto de 1992. La ficha de esta zona indica que se trata del “museo vivo de plantas acuáticas más importante de Mesoamérica. Procesa nutrientes disponibles para la gran riqueza faunística existente y pesquerías del Golfo de México. Amortigua el efecto de contaminantes del agua. Los recursos florísticos que se presentan en la reserva responden a la distribución del agua, las geoformas, el tipo de suelo y de manera especial al clima”.
Las investigaciones de Llano Vázquez Prada indican que la superficie traslapada entre la R0 y ANP estatales es de un poco más de 11 mil hectáreas. A nivel local: Área Natural Protegida de Santa Ana, Chiapas; Centro de Interpretación de la Naturaleza, Gruta del Cerro Coconá, Laguna de las Ilusiones, Parque Ecológico de la Chontalpa, Parque Ecológico Laguna del Camarón, Parque Ecológico Laguna La Lima, Río Playa y Yu-Balcah, en Tabasco; Laguna La Escondida, en Tamaulipas; y el Santuario del Loro Huasteco y la Sierra de Otontepec, en Veracruz.
La R1, que será explotada por empresas trasnacionales y que ha sido el pretexto de inversión extranjera para que el gobierno abra esa parte del sector energético, afectará también la Laguna de Términos en un 0.40 por ciento, es decir, 2 mil 844 hectáreas. El Parque Nacional Los Novillos, en Coahuila, será afectado en el ciento por ciento.
La Laguna de Términos fue decretada Área Natural Protegida en 1994, pero la R1 tocará esta zona de Campeche, que según la Conanp es un espacio importante para la pesca, “eje económico de las comunidades alrededor”, por lo que es importante señalar que “la exploración, extracción y conducción de petróleo y gas en la región (Sonda de Campeche aporta cerca del 95 por ciento del crudo y 80 por ciento del gas natural nacional) ha tenido un fuerte impacto ambiental en los recursos pesqueros”.
El Parque Nacional Los Novillos fue decretado Área Natural Protegida desde 1940. Información del Instituto Nacional de Ecología indica que éste es el único de su especie en la zona y que “es necesario conservar y propagar su vegetación constituida por nogales y encinos, que forman un hermoso bosque”.
El mapeo del investigador Manuel Llano expone que en Veracruz las Áreas Naturales Protegidas del estado afectadas serán El Parque Estatal Ciénega del Fuerte, en un 13.14 por ciento (521.22 hectáreas) y la Sierra de Otontepec, en un 18.41 por ciento (8 mil 292.59 hectáreas).
Ciénega del Fuerte, describe la Coordinación General del Medio Ambiente de Veracruz, es un ANP Sujeta a Conservación Ecológica, y fue decretada como tal por el exgobernador Miguel Alemán Velasco en noviembre de 1999, “con el objetivo de proteger y conservar los humedales de la zona, por su importancia biológica y ecológica”.
Gustavo Castro, director de la organización ambientalista Otros Mundos, comenta a Contralínea que la Ley Minera fue el parámetro para poder meter todos los demás proyectos extractivos bajo el mismo esquema: en ésta ya estaba estipulado que la minería estaba por encima de cualquier uso de suelo. Entonces, la administración de Peña Nieto traslada ese nuevo principio al tema del petróleo y al gas, después a la generación de energía. Todos los proyectos extractivos están por encima del uso de suelo de cualquier otra actividad.
“Me parece perverso que la administración de Peña Nieto junte las obras asociadas al Plan Hídrico Nacional y al Plan de Infraestructura, porque la empresa podría decir: yo puedo extraer pero necesito una carretera para llegar al puerto de Manzanilllo, Coatzacoalcos, necesito puertos, etcétera. Todo lo hacen como obra asociada, puertos, aeropuertos, carreteras, oleoductos, gasoductos. Obviamente esto generará un despojo en todos los territorios del país, además de afectaciones al medio ambiente. Es lo más perverso que se ha hecho”, dice el ambientalista.
El territorio de 13 pueblos indígenas se encuentra comprometido en la R0, que representa un total de 281 mil hectáreas. En primer lugar el pueblo chontal de Tabasco, con 85 por ciento (27 mil 770 hectáreas), seguido del pueblo totonaca, con 38 por ciento (96 mil 712 hectáreas), y popoluca, con 31 por ciento (28 mil 299 hectáreas), evidencia el mapeo realizado por el maestro en antropología social por la Universidad Iberoamericana Manuel Llano.
Además de los ya mencionados, el listado de comunidades se completa con los pueblos chinanteco, chol, huasteco, mazateco, mixe, náhuatl, otomí, tzotzil, zapoteco y zoque.
El documento Pueblos indígenas del México contemporáneo, editado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi), menciona que el territorio ocupado por el pueblo también conocido como yokot’anob “es un territorio difícil por su extrema configuración acuática […]. Macuspana, Centla y Nacajuca son territorios de las desembocaduras de los ríos Grijalva y Usumacinta y de sistemas menores […].
“Las actividades tradicionales de los maya-chontales son la agricultura, la recolección, la caza y la pesca […]. Al mismo tiempo que se empleó la mano de obra indígena en la explotación petrolera se incrementó el deterioro ecológico de la región habitada por los yokot’anob”, documenta la Cdi.
Los popoluca, también presentes en el análisis del investigador Manuel Llano, es otro de los pueblos que se han visto afectados por la expansión de la explotación petrolera y que, de acuerdo con el mapeo realizado, seguirán padeciendo.
La Cdi publica en su monografía que “a los popolucas, al igual que a los nahuas istmeños, les tocó vivir un largo proceso en que la región se transformó al ritmo de la explotación económica traída por los colonizadores: cacao, tabaco, ixtle, madera, café, ganadería, caña de azúcar y petróleo, que ejercieron una acción depredadora irreversible sobre un entorno ecológico de gran riqueza y diversidad biótica […]. La gran fractura ecológica, sin lugar a dudas, se presenta asociada a la expansión petrolera a fines del siglo XIX, a la ampliación y modernización de las vías de comunicación y a la nueva expansión ganadera que se ha desarrollado a lo largo del siglo XX”.
De la R1, indica Manuel Llano, los pueblos indígenas suman 322 mil 255 hectáreas. Entre las comunidades se encuentran: huasteco, que tendrá una afectación sobre el 21.65 por ciento de su territorio (60 mil 126.87 hectáreas); náhuatl, 21.39 por ciento (198 mil 5 hectáreas); otomí, 2.63 por ciento (10 mil 709.81 hectáreas); tepehua, 2.27 por ciento (135.80 hectáreas) y totonaca, 20.67 por ciento (53 mil 277 hectáreas).
El pueblo huasteco, indica la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, tiene una economía basada en la agricultura, las artesanías y el trabajo asalariado. “A pesar de enormes dificultades, los teenek producen la mayor parte de los alimentos vegetales para el mercado regional.”
La comunidad nahua de la sierra poblana también se encuentra en centros económicos, como Teziutlán, Zaragoza, Zacapoaxtla, Tetela de Ocampo, Chignahuapan, Zacatlán y Huauchinango.
La Cdi indica que en esta zona se producen maíz, frijol, habas, chícharos y frutales de clima templado y frío como aguacates, manzanas, peras, ciruelas; además se cría ganado bovino y ovino. Actualmente, habitantes de Tetela de Ocampo enfrentan otra batalla con la industria extractiva minera, donde las trasnacionales han llegado a explotar los minerales sin consulta previa, lo que ha provocado división y conflictos sociales.
El 27 de junio de 1989 se adoptó en la ciudad de Ginebra, Suiza, durante la 76 Reunión de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. Éste es un instrumento jurídico internacional vinculante que se encuentra abierto para su ratificación y que trata específicamente los derechos de los pueblos indígenas y tribales. Hasta la fecha ha sido ratificado por 20 países, entre ellos México.
En él especifica que “los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados cada vez que prevean medidas susceptibles de afectarles directamente, y establecer los medios a través de los cuales puedan participar libremente en la adaptación de decisiones en instituciones electivas y otros organismos. Asimismo, se reitera que los pueblos indígenas y tribales deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente”.
Érika Ramírez, @erika_contra
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Contralínea 418 / del 4 al 10 de enero de 2015
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