Escudada en la “autonomía e independencia” que le da su carácter judicial, la administración de Luis Ángel López Escutia en el Tribunal Superior Agrario habría incurrido en dispendios, que incluyen el pago de sueldos superiores a los que deberían percibir sus colaboradores más cercanos, el aumento del personal bajo su mando directo y el excesivo pago de inmuebles arrendados.
Secretarias, chofer y hasta una cocinera –cargo que oficialmente no existe en la institución– cobran como subdirectores y jefes de departamento. Aunado a lo anterior, el equipo de López Escutia se integra por 23 funcionarios, mientras que el de su antecesor –Marco Vinicio Martínez Guerrero– contaba con 18.
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-¿No se comete alguna falta o se viola alguna ley por asignar estos sueldos a su personal? –se le pregunta al magistrado presidente López Escutia, de quien dependen directamente los beneficiados–.
-No. Es discrecional.
El arrendamiento de inmuebles también formaría parte de ese dispendio. Al menos éste sería el caso de la nueva sede, cuya renta cuesta a la hacienda pública entre 5 millones y 6 millones de pesos mensuales. Un gasto que ha sido desaprobado, incluso, por la magistrada numeraria Maribel Concepción Méndez de Lara.
Al discutir el cambio de sede, a fines de 2016, la magistrada emitió un voto particular en el que señala que el presupuesto público del Tribunal Superior Agrario “debe orientarse en forma prioritaria para una justicia agraria pronta, honesta, gratuita, completa e imparcial”.
En al acta de la sesión 11/2016 consta que Méndez de Lara puso en entredicho que el cambio de sede “se sujetó a los principios de racionalidad y austeridad presupuestal, procurando que no se generen gastos en detrimento de la función sustancial de los Tribunales Agrarios”.
Ello, a pesar de que en octubre de 2015 el Tribunal pagó 200 mil 100 pesos a Zwart Asesores, SA de CV, por un estudio de análisis costo-beneficio del arrendamiento financiero de un inmueble para sus nuevas oficinas, refiere la base de datos de la institución sobre contrataciones.
En el tema de la asignación de puestos y sueldos, la discrecionalidad de la que habla el magistrado presidente se revela en el caso de Josefina Camacho, su cocinera y “asistente personal”.
En el Portal de Transparencia del Tribunal, esta persona no figura como funcionaria; por lo tanto, se desconoce su nivel laboral oficial, su sueldo y sus prestaciones. No obstante, según una denuncia presentada en días pasados ante la Auditoría Superior de la Federación, la señora Camacho se maneja como “coordinadora general” de la Presidencia sin tener los méritos académicos ni la experiencia laboral, y cobra el sueldo de una subdirectora.
La imputación la sostiene Sergio Sandoval, quien fuera mano derecha del propio magistrado presidente, al haber formado parte de su equipo de asesores. Entrevistado al respecto, éste asegura a Contralínea que antes de que su exjefe asumiera el máximo cargo en el Tribunal Superior Agrario, Josefina Camacho le ofrecía servicios terapéuticos privados.
“Hace más de 8 años que el magistrado presidente es discapacitado: sufrió un accidente vascular que le ocasionó hemiplejía, y por eso ahora usa bastón para caminar y tiene un brazo paralizado. Y desde entonces ella le daba terapia y también le cocinaba.”
Consultado al respecto, el magistrado presidente dice, tajante, que Josefina Camacho no es coordinadora. En entrevista, indica: “Sólo es la persona que sirve la comida, que está en la cocina y nos atiende… Y también hace otras funciones: lleva correspondencia a las distintas oficinas, maneja mis estados de cuenta… Funciona como mi asistente”.
-¿Pero gana como subdirectora?
-Sí. Gana como subdirectora.
Para las subdirecciones, el tabulador del Tribunal Superior Agrario marca un sueldo neto de 1 mil 54 pesos diarios (31 mil 638 pesos netos al mes) pagados con dinero público; también, un aguinaldo de 42 mil pesos (40 días de sueldo base y compensación), primas vacacionales de 10 mil 500 pesos (10 días de sueldo base), una prima de antigüedad por cada 5 años de servicios, y ayuda para despensa por 5 mil 580 pesos anuales.
Los subdirectores cuentan, además, con un seguro institucional por 40 meses de salario integrado; seguro colectivo al momento del retiro de 12 mil 500 a 25 mil pesos; seguro de gastos médicos mayores por 148 salarios mínimos generales mensuales, vigentes en la Ciudad de México; seguro de separación individualizado, de entre 2 y 10 por ciento opcional base más compensación garantizada (con aportación equivalente del Tribunal). Y, en caso de fallecimiento, la familia tiene derecho a recibir hasta 126 mil pesos (4 meses de su sueldo integrado).
Sobre la decisión de pagarle a Camacho como subdirectora, uno de los asesores del magistrado López Escutia –presente durante la entrevista– detalla: “en el caso de la señora que ayuda con la comida, pues no existe la plaza”.
La denuncia de Sergio Sandoval, presentada ante el único órgano con jurisdicción para fiscalizar al Tribunal Superior Agrario –la Auditoría Superior–, indica que la señora Camacho no es la única allegada supuestamente beneficiada: en la gestión de López Escutia se ha dado “la contratación de varios amigos, con muy buenas plazas e infraestructura (propias de director general) que no tienen ninguna función ni responsabilidad”.
Respecto de esos puntuales señalamientos, el magistrado presidente Luis Ángel López Escutia dice que “eso requiere comprobaciones, no afirmaciones”.
En los registros oficiales de la institución, sin embargo, se puede observar que al menos otros tres de sus colaboradores directos están asignados a plazas distintas a las que les corresponden a sus funciones, algo que el propio magistrado presidente confirma.
Se trata de las secretarias Irma Ochoa Pérez y Alejandra Castillo García y el chofer Christian Molina Frausto. De acuerdo con el Portal de Obligaciones de Transparencia del Tribunal, cada uno cobra 21 mil 181 pesos netos al mes, pues están registrados como actuarios ejecutores.
No obstante, el tabulador del Tribunal sí contempla plazas para las funciones que esas tres personas realizan, pero con sueldos mucho menores: en el caso de las secretarias de oficina, la remuneración neta mensual está fijada en 10 mil 469 pesos, y en el caso del chofer, en 9 mil 303 pesos netos.
Cuando se le menciona al magistrado presidente que estos nombres están asentados en la denuncia como el personal de menor rango que cobra como subdirector, dice: “Son mis secretarias, las que están aquí afuera, que atienden [puerta y teléfonos]. Y mi chofer, que es el joven que también está afuera”.
Con el dedo índice de su mano izquierda, apunta hacia un corredor ubicado al otro lado de la puerta de su amplia y lujosa oficina (con pisos, paredes y muebles de madera fina, decorada con un retrato del presidente Enrique Peña y uno del luchador social Emiliano Zapata, así como una bandera de México y algunos objetos de cerámica), donde en efecto se ubican las secretarias.
Pero, asegura, no ganan como subdirectoras. “Ellas están ganando salario de jefe de departamento. Esos datos [de la denuncia] son inexactos. Las dos ganan como jefas de departamento, no como subdirectoras”.
Sus afirmaciones lejos están de desestimar la presunta irregularidad: ambas, al igual que el chofer, ganan sueldos distintos a los que marca el tabulador del Tribunal para las funciones que realizan. Y gracias a esa distinción, al mes, cada uno percibe 10 mil pesos de más.
Pero eso no es todo: por la asignación de puestos distintos, el erario también les paga prestaciones más altas. Por ejemplo, el aguinaldo de las secretarias, que debería ser de 14 mil pesos, asciende a más de 34 mil.
Según la denuncia de Sergio Sandoval, es por ello que la actual administración del Tribunal Superior Agrario incurre en supuestos malos manejos administrativos, abuso de poder, tráfico de influencias, omisiones y negligencia en conflictos agrarios.
El exfuncionario asegura, en entrevista, que fue echado de su cargo por las supuestas presiones de Josefina Camacho, a quien describe como la “pareja sentimental” de López Escutia. Ella ha acumulado un poder excesivo en el Tribunal, asegura.
Cuando se le comenta este señalamiento de la supuesta relación sentimental con una de sus colaboradoras, el magistrado presidente lo deja pasar como quien no escucha un fragmento de la conversación.
La denuncia –que ya está en manos de los auditores federales– también asegura que el Tribunal Superior Agrario padece de aviadores, pero López Escutia lo niega.
“Pudo haber en el pasado gente que cobraba sin trabajar, que se conoce como aviadores. No lo dudo. Pero le puedo casi casi [sic] garantizar que al día de hoy, y en lo que va de mi gestión, dudo que haya. No se lo puedo afirmar categóricamente, pero sí dudo que haya esa clase de gente.”
-La denuncia menciona a Jorge Arturo Bernal Lastiri.
¾Bernal Lastiri está trabajando como proyectista en Texcoco. Él se retiró: estuvo en el Tribunal Contencioso Administrativo de la Ciudad de México durante un tiempo, que coincide más o menos [con la denuncia], supongo. Y me pidió la magistrada presidenta del Contencioso Administrativo, como favor, que regresara esta persona porque tenía demandados a los Tribunales Agrarios. Me pidió que le diera la oportunidad de regresar. Accedí siempre y cuando retirara la demanda. Y lo hizo. A partir de entonces lo tengo. Estuvo como secretario proyectista en Cuernavaca y ahora está en Texcoco. Está proyectando sentencias.
-A María del Mar Salafranca Pérez.
-Sí está trabajando. Es magistrada de los Tribunales Agrarios de Mazatlán y Culiacán [Sinaloa].
-A Rafael Rodríguez Rodríguez.
-Está trabajando. Es magistrado. Acaba de salir designado magistrado de un Tribunal Unitario.
Según López Escutia, en el Tribunal Superior Agrario y en los Tribunales Unitarios Agrarios, bajo su mando, todos los puestos laborales se concursan. “Normalmente son 300 participantes que se disputan 50 plazas. Esto es un factor que llama la atención, porque los sueldos son muy bajos, no son competitivos en el mercado laboral”.
En 2016, los Tribunales Agrarios ejercieron un presupuesto de 961 millones 621 mil 756 pesos. De acuerdo con el Análisis del ejercicio del presupuesto de egresos de los Tribunales Agrarios, ese gasto fue 9.1 por ciento más al aprobado, por el mayor ejercicio presupuestario en “Servicios personales” (8.4 por ciento) y “Gastos de operación” (12.4 por ciento).
“Del ciento por ciento del presupuesto, casi el 84 por ciento se va en puro gasto de personal, que es el capítulo 1000, sólo salario y viáticos”, refiere López Escutia.
El presunto dispendio también incluye el gasto que, mes con mes, realizan los Tribunales Agrarios en los arrendamientos de sus sedes. Y es que éstos sólo cuentan con dos inmuebles propios y uno en comodato. El resto, la mayoría –58 en total– son arrendados, refiere el Informe de labores 2016 del magistrado presidente López Escutia.
Por el edificio principal –que se ubica en la calle de Avena número 630, en la Colonia Granjas México, delegación Iztacalco–, el Tribunal Superior Agrario paga hasta 72 millones de pesos anuales.
“Es rentado porque en el que estábamos, en Orizaba 16, en la colonia Roma, se estaba cayendo. Ese edificio tenía daño estructural desde el terremoto de 1985. Ahí estábamos distribuidos en tres edificios, pero aquí concentramos todo: el Tribunal Superior, por supuesto; la división de asuntos jurídicos, pero incluso aquí está el Tribunal Unitario Agrario de la Ciudad de México, el Octavo, que pagaba una renta en la delegación Cuauhtémoc.”
-¿Cuánto pagan por la renta de este edificio? –se le pregunta al magistrado presidente–.
-No recuerdo exactamente, pero son como 5 o 6 millones de pesos mensuales.
López Escutia explica que uno de los principales problemas es que el Tribunal Superior Agrario no ha recibido recursos para el capítulo 5000, de inversión. “No hay dinero para bienes muebles ni inmuebles”.
Pero esa carencia de presupuesto no acaba de convencer a todos. Así lo revela la discusión del cambio de sede en el pleno del Tribunal, durante la cual la magistrada numeraria Maribel Concepción Méndez de Lara se mostró en franco desacuerdo.
En su voto particular, señala que al pleno no le fue proporcionado el expediente que contuviera diversas “opciones de inmuebles valorados, el estudio de los costos de mercado, la justipreciación del Instituto Nacional de Administración de Avalúos y Bienes Nacionales, el dictamen costo-beneficio económico, financiero, transporte público y movilidad social, que evidenciara que la opción seleccionada es la mejor”.
Agrega: “el ejercicio del gasto público asignado por la Cámara de Diputados a los Tribunales Agrarios para 2016, estimo, debe orientarse en forma prioritaria para una justicia agraria pronta, honesta, gratuita, completa e imparcial […]; por tanto, cualquier decisión de cambio de inmueble, considero, debió acreditarse que se sujetó a los principios de racionalidad y austeridad presupuestal, procurando que no se generen gastos en detrimento de la función sustancial de los Tribunales Agrarios, antes bien asignar recursos para contratar como prestadores de servicios profesionales a peritos, en apoyo al desahogo de los juicios agrarios que se tramitan en los Tribunales Unitarios Agrarios y en el Tribunal Superior Agrario”.
La denuncia de Sergio Sandoval también hace referencia al tema de los juicios agrarios, al afirmar que hay un rezago de miles. “Cada año entran unos 50 mil asuntos pero se resuelven. No hay rezago: son asuntos en trámite. El rezago se acabó en 1997, en la época de [Ernesto] Zedillo, y eran los asuntos que venían de la reforma agraria; pero eso ya se abatió”, asegura López Escutia.
Y añade: “Ahora son, propiamente, asuntos en trámite. Se atienden los que entran y los pendientes”.
-¿Ni una persona tiene su asunto con más de 2 años?
-Sí. Pero es porque hay procesos que se van al amparo [y eso los dilata].
Para el magistrado presidente, los Tribunales Agrarios luchan contracorriente: el principal conflicto es que no tienen personal suficiente, por lo que es común que, cuando alguno de sus integrantes se ausenta, sea suplido por alguien del Tribunal que además cumple con su propia función.
“Los funcionarios se tienen que habilitar para cumplir esa otra función. Los Tribunales tienen una gran carencia de actuarios, que son quienes ejecutan las sentencias. En ese caso se tiene que habilitar a otros funcionarios para que puedan cumplir la función, porque el actuario tiene fe pública.”
Pero, al menos en el corto plazo, esta situación no cambiará: al igual que el resto de las instituciones federales, el Tribunal Superior Agrario enfrenta una época de “austeridad”, que incluye recortes multimillonarios, asegura el magistrado presidente López Escutia.
Nancy Flores
[PORTADA]
Contralínea 551 / del 07 al 13 de Agosto de 2017
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