Del 1 de diciembre de 2012 al 31 de junio de 2018, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) esparció 132 mil 635 litros de herbicida durante 17 mil 612 operativos aéreos de fumigación para erradicar plantíos de marihuana y amapola.
En respuesta a la solicitud de información 0000700185619 presentada por Contralínea, la Sedena admite que ese herbicida es el paraquat, considerado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como altamente tóxico y peligroso, y cuyo uso está prohibido en 38 países y restringido en otros 50, pero no en México.
La Defensa Nacional asegura a este semanario que el paraquat ha sido rociado en plantaciones ilícitas detectadas en cuatro estados del país: Guerrero, Sinaloa, Durango y Michoacán. En el sexenio de Enrique Peña Nieto, la superficie afectada por estas labores sumó 22 mil 786.1 hectáreas, y en total fueron fumigados 80 mil 809 sembradíos de amapola y 23 mil 847 de marihuana.
Para la “adquisición del herbicida con ingrediente activo paraquat”, el año pasado la Sedena firmó el contrato SAFAM225P2018 con la empresa Flores Agro y Jardín, SA de CV, por 1 millón 192 mil 500 pesos, y con vigencia del 23 de marzo al 31 de diciembre de 2018. Ello, a pesar de que la OMS lo ubica en la categoría II por sus efectos nocivos en la salud humana y el medio ambiente.
Entre las afectaciones relacionadas con su uso destacan los daños pulmonares, envenenamiento por ingesta con una probabilidad de muerte del 40 por ciento, e incluso estudios realizados por el Instituto Nacional de Ciencias de la Salud de Estados Unidos lo vinculan con la enfermedad de Parkinson.
La Sedena, sin embargo, no es la única que emplea el herbicida: en México, la Secretaría de Agricultura emite recomendaciones al sector para que campesinos y jornaleros lo utilicen –al igual que el glifosato– de manera cotidiana en las siembras. Ese último plaguicida también es considerado tóxico por la OMS y se le relaciona con diversos tipos de cáncer y otras enfermedades terminales.
Tanto el paraquat como el glifosato dañan la salud de las personas y el medio ambiente. Los efectos negativos no se limitan a las personas que están en contacto directo, sino también al resto de la población: estudios científicos han documentado contaminación por glifosato en agua embotellada, agua potable, cervezas y hasta tortillas. Los análisis alertan al país acerca del uso indiscriminado de este tipo de herbicidas, que vulnera los derechos humanos a la salud, al agua, al medio ambiente sano y a la alimentación.
Su efectividad en el control de malezas en diversos cultivos ha posicionado al glifosato como el herbicida más vendido en el mundo. A pesar de que la Agencia para la Investigación contra el Cáncer (de la OMS) lo cataloga como “probablemente cancerígeno en humanos” desde 2015, sólo 17 países lo han prohibido o regulado y México no es uno de éstos.
Peor aún, la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) lo tiene catalogado apenas como ligeramente tóxico, que es categoría IV y etiqueta azul. “La OMS propone que sea II A, o sea que de cuatro debe pasar a III y luego a II, eso [la clasificación] es muy peligroso”, explica a Contralínea la maestra Ana de Ita, directora del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano.
Cambiarlo de clasificación debería ser una demanda social, considera la investigadora, pues advierte que “el glifosato no puede ser [considerado] medianamente tóxico: es muy peligroso”.
Un estudio del doctor Jaime Rendón –en colaboración con el Centro de Ecología, Pesquerías y Oceanografías del Golfo de México, de la Universidad de Campeche– reveló rastros de glifosato en agua embotellada y potable: una concentración de 1.41 gramos por litro en la comunidad de Ich Eck y de 0.44 en la ciudad de Campeche, niveles que exceden los límites permitidos por la Unión Europea, de apenas 0.1 gramos por litro.
En entrevista, el investigador de la Universidad Autónoma de Campeche asegura que en México hace falta una legislación que regule la entrada de productos químicos y sustancias tóxicas al agua purificada, que posteriormente consumirán las personas pensando que está limpia. “Ya con que no tenga bichos ni sales se considera purificada, pero puede tener residuos de plaguicidas sin ningún problema”.
El doctor Rendón –experto en ecotoxicología y monitoreo ambiental– apunta que esto sucede porque las plantas potabilizadoras de agua no identifican productos químicos de cierto peso molecular, como es el caso del glifosato y de otros herbicidas, y con ello se vulnera un derecho humano fundamental: “el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para uso personal y doméstico”, establece el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
También se viola el Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que asegura que las personas tienen derecho al acceso al agua en forma salubre, suficiente, aceptable y asequible.
Estar en contacto directo con estos agentes químicos o consumir productos contaminados no genera un daño inmediato en las personas: los efectos negativos en la salud podrían verse después de 10 o 20 años, explica el doctor Jaime Rendón.
“La dosis hace el veneno, y al mexicano poco veneno no lo mata. Obviamente los campesinos y agricultores están expuestos a mayores cantidades y a mayor variedad de productos, entonces en ellos los efectos podrían presentarse a los 5 o 10 años, y en la población general diría que de 10 a 20 años”.
En su Monografía sobre el glifosato, publicada el 15 de abril de 2019, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y la Comisión Intersectorial de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) aseguran que la exposición en bajas concentraciones a este agroquímico daña las células del hígado, los riñones y la piel (provoca envejecimiento y potencialmente cáncer).
Para las instituciones, exponerse a este herbicida incluso en dosis muy bajas puede ocasionar problemas reproductivos, como los abortos espontáneos, partos prematuros y defectos de nacimiento.
La doctora Aurora Rojas García, integrante de la Red de Toxicología de Plaguicidas, explica a Contralínea que la toxicidad del glifosato se clasifica como crónica, debido a que su efecto no se ve de manera inmediata. “La toxicidad crónica pertenece a la categoría III de la OMS, es decir son compuestos que no te van a llevar al hospital ni te ocasionan que mueras por una única exposición en un periodo, sino que las dosis pequeñas por tiempos prolongados de exposición ocasionan los efectos adversos”.
Por su parte, el doctor Jaime Rendón señala que los plaguicidas con efecto nocivo a mediano plazo, como es el glifosato, pueden ocasionar daños renales, porque el riñón pierde la capacidad de depurar las toxinas que entran al cuerpo. Agrega que las personas pueden presentar un daño en el hígado y por último cáncer.
El investigador critica que por falta de información por parte de entidades como la Secretaría de Salud, es difícil documentar esta relación entre el herbicida y las enfermedades. Sin datos duros es complicado conocer las alteraciones y manifestaciones en la salud, indica.
“En el caso del glifosato, como muchos otros, se está tratando de hacer esa vinculación. Yo podría decir que el caso del glifosato es como lo que pasó con las empresas tabacaleras en los años 1960-1970: la información no estaba tan fácil, las mismas empresas sabían qué era lo que ocasionaban y no dejaban salir esos datos a la luz. Y siento que puede estar pasando eso con el glifosato: hay estudios que las compañías no quieren avalar o los tachan de que no son buenos trabajos respecto a los efectos.”
En su estudio, el investigador analizó 80 muestras de orina en los agricultores y campesinos de las comunidades de Campeche e identificó una concentración de 0.47 gramos de glifosato por litro de orín, el doble que se presentó en las muestras de pescadores, que fue de 0.27 gramos por litro. Esto demuestra la elevada exposición que tienen los campesinos principalmente por usar el glifosato sin ningún tipo de precaución, pero también el resto de la población.
La Ley General de Salud define las sustancias tóxicas como aquel elemento o compuesto, o la mezcla química de ambos, que al entrar en contacto por cualquier vía de ingreso provoque efectos adversos de manera inmediata, media, temporal o permanente, como las alteraciones genéticas y carcinógenas.
En ese sentido, le corresponde a la Secretaría de Salud, por medio de la Cofepris, identificar y evaluar los riesgos a la salud causados por los plaguicidas. Sin embargo, esa institución no considera al glifosato ni al paraquat como sustancias tóxicas peligrosas para la salud o el medio ambiente.
Contralínea insistió por más de 1 mes –y por varias vías– en la solicitud de entrevista con el doctor José Novelo, comisionado de la Cofepris, para conocer su posición respecto de la toxicidad de estos plaguicidas. Sin embargo, el área de comunicación social se negó a dar respuesta.
El glifosato se encuentra dentro de la clasificación del PAP (plaguicidas altamente peligrosos), señala la doctora Aurora Rojas, coordinadora del Laboratorio de Contaminación y Toxicología Ambiental de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN). La lista negra que cita la investigadora es avalada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y también incluye al paraquat.
La integrante de la Red de Toxicología de Plaguicidas de Nayarit agrega que, “por la evidencia científica y legal que hay en torno al glifosato, sin duda invitaría a la Cofepris a hacer un análisis, una reflexión vinculada con los académicos sobre los aspectos toxicológicos”.
El problema del país en esta materia no sólo es el glifosato o el paraquat. La Red de Acción sobre Plaguicidas y sus Alternativas en México (RAPAM) señala que hay 183 ingredientes activos autorizados por el gobierno que corresponden a plaguicidas altamente peligrosos. Y advierte en el caso del glifosato que éste es probablemente cancerígeno en humanos.
Más aún, los Registros Sanitarios de Plaguicidas, Nutrientes Vegetales y LMR (límites máximos de residuos) de la Cofepris dan cuenta de un total de 7 mil 184 herbicidas autorizados y comercializados en México.
La doctora Aurora Rojas asegura en entrevista que la clasificación de los PAP tiene en cuenta, además de su toxicidad aguda, su toxicidad crónica. “Es importante que se discrimen la toxicidad de los plaguicidas, no sólo por la toxicidad aguda, que es como clásicamente se hacía, sino también que se considere la toxicidad crónica”.
La científica especialista en toxicología ambiental explica que la primera corresponde a la clasificación hecha por la OMS respecto a su exposición por largo tiempo y elevadas dosis. “Con base en eso establece las categorías de extremadamente peligroso, altamente peligroso, moderadamente peligroso y ligeramente peligroso”.
Aunando a lo anterior, la investigadora de la UAN asegura que de los 183 ingredientes activos, clasificados por la RAPAM como plaguicidas altamente peligrosos utilizados en México, el 34.43 por ciento presentan una elevada toxicidad aguda, es decir se encuentra en la clasificación de I A y I B, extremada y altamente peligrosos; el 23.5 por ciento está catalogado como probablemente cancerígenos, el 11.8 por ciento se ha asociado a efectos reproductivos y el 10.39 por ciento se trata de compuestos que se encuentran en convenios internacionales, como los de Rotterdam y de Estocolmo, pero que México permite su uso.
Información de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales refiere que el país es parte del Convenio de Rotterdam desde agosto de 2005, y que éste establece mecanismos de autorización previa a la exportación de sustancias químicas peligrosas y plaguicidas para conocer los riesgos que implican el manejo de dichas sustancias.
De igual forma, México fue el primer país de Latinoamérica en adherirse al Convenio de Estocolmo, que entró en vigor en 2004 y busca proteger la salud humana y el medio ambiente frente a los riesgos que ocasionan los contaminantes orgánicos persistentes. Sin embargo, aún se permite la importación y el uso de plaguicidas que ponen en riesgo la salud de las personas y provocan daños medioambientales.
“Nos hace falta mucho por saber respecto a cuántos de estos compuestos están teniendo un efecto ambiental, un efecto en organismos acuáticos y en organismos polinizadores”, detalla la doctora Rojas.
Los operativos de fumigación por aspersión aérea son encabezados por la Comandancia de la Fuerza Aérea, a través de la Subsección de Operaciones Aéreas Contra el Narcotráfico y sus llamadas Unidades de Vuelo. Para aniquilar las plantas de amapola y marihuana (y como daño colateral el resto de la vegetación), la Sedena recurre al paraquat, al cual describe como “biodegradable y se degrada por completo en menos de 3 semanas”.
No obstante, la RAPAM denuncia que este herbicida está prohibido en 38 países por su toxicidad. La empresa ChemChina, socia de Syngenta, posee el mayor número de registros autorizados en México para la venta de paraquat. De manera paradójica, la empresa no puede comercializar el agroquímico debido a que en China está prohibido.
La Cofepris cataloga al paraquat en la categoría I y II de toxicidad, extremada y altamente tóxico, y asegura que su uso debe ser restringido, pero hasta el momento tiene 45 registros sanitarios autorizados para su comercialización a favor de Syngenta Agro y Rainbow Agro Sciences, algunos con vigencias indeterminadas y otros hasta el año 2023.
Aunado a ello, la agenda técnica de la Secretaría de Agricultura, publicada a la mitad del sexenio de Peña Nieto, recomendaba en diferentes lugares del país –como Campeche, Tabasco, Quintana Roo y Puebla– el uso de glifosato y paraquat para la erradicación de malezas. Esa agenda aun permanece en la página de la ahora Sader.
En el mismo catálogo de la Cofepris el glifosato está clasificado como ligeramente tóxico o grado IV de toxicidad, lo que significa que es un agroquímico que no representa un peligro para la salud de las personas ni para el medio ambiente, por lo que autoriza su uso no sólo en la actividad agrícola sino en la vida urbana (jardinería).
Este herbicida se comercializa en México mayoritariamente bajo las marcas de Faena®, RoundUp® y Aquamaster®, todas de la multinacional Monsanto, ahora Bayer. En el mercado se identifica simplemente con una etiqueta verde o azul y un aviso de “precaución” en caso de ingesta, contacto con la piel e inhalación, sin advertir sus graves efectos nocivos.
No obstante, desde 2015 la OMS lo ubica en la categoría II A, probablemente cancerígeno para humanos; es decir que de los cinco niveles que la Agencia Internacional para la Investigación contra el Cáncer establece, el glifosato se encuentra en el segundo respecto de su peligrosidad y advierte que “hay pruebas limitadas de carcinogenicidad en humanos”, especialmente el linfoma no Hodgkin.
De acuerdo con el informe de 2018 del Observatorio Global de Cáncer (de la OMS), en México se presentaron 5 mil 174 casos de linfoma No Hodking y 2 mil 174 personas fallecieron a causa de esta enfermedad. El Observatorio detalla que a nivel mundial se registraron 509 mil 590 casos y 248 mil 724 personas murieron por este tipo de cáncer.
Un informe realizado por el Centro Estatal de Cancerología de Nayarit y la Universidad Autónoma de ese mismo estado detalla que ahí se presentaron 81 casos de linfomas, de los cuales 75 son del tipo no Hodking. El estudio, asegura que la incidencia de los linfomas es mayor en mujeres, con un total de 44 casos frente a 37 en hombres. Los adultos con edad promedio de 57 años son quienes más probabilidad tienen de padecer este tipo de cáncer y su tasa de curación está en el 30 por ciento, a diferencia de los menores de 18 años que poseen una tasa de curación de 70 a 90 por ciento. “La incidencia calculada en nuestros pacientes con linfoma no Hodking fue de 4.4 casos por cada 100 mil habitantes por año”.
Los diferentes plaguicidas –entre ellos el paraquat y el glifosato– llegan al medio ambiente de tres diferentes formas, explica el doctor Jaime Rendón: primero, el producto por sus características fisicoquímicas se queda en el suelo; segundo, el plaguicida se filtra al agua a través de las lluvias o las épocas de humedad; y por último, se volatiliza, lo que sería mucho más grave porque podría llegar al agua, al aire y al suelo.
“Todos estos compuestos se distribuyen, se dispersan en el ambiente, de ahí los diferentes organismos los integran y puede tener sus efectos [negativos]; y estamos hablando de organismos incluido el ser humano”, detalla el doctor Rendón.
En cuanto al glifosato, asegura que su vida media en el suelo es de 60 días; “es decir que si pones 1 kilo de glifosato en el suelo en 60 días vas a tener 500 gramos; en los siguientes 10 días, 250 gramos; el chiste es que a final del año no debería haber restos de glifosato. La bronca no es la vida media, sino la cantidad que se utiliza”.
Por ello, para el investigador, el problema con el glifosato son las cantidades excesivas que se están usando en el país y en el mundo por el hecho de ser el más vendido y también por su relación con las semillas transgénicas.
Un informe hecho por Greenpeace y el doctor Rendón reveló que en el Valle del Yaqui, Sonora, el 43 por ciento de los plaguicidas usados corresponde a los PAP, incluido el glifosato. Esto se replicó en Chiapas, Yucatán, Campeche y Nayarit, lo que puede dar un panorama del excesivo uso de este agroquímico.
A diferencia de la degradación que se ha observado en el suelo, en el agua subterránea el glifosato tarda 360 días en “limpiarse, casi 1 año. De ello se deriva el riesgo de que el agua potable y embotellada, así como otros productos de consumo humano se contaminen.
“En Misisipi, Estados Unidos, pusieron unos recolectores de agua de lluvia y el 70 por ciento presentó residuos de glifosato. ¿Crees que no pasa en México? Que no se hagan los estudios no significa que no hayan esos resultados: se trata de mantener eso de que mientras no sepas que tienes residuos de esto [los plaguicidas] pues no vas a actuar”, expone el doctor Jaime Rendón.
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Las abejas, uno de los agentes más relevantes para los ecosistemas mundiales, se encuentran en riesgo de desaparición inminente y el glifosato, como otros plaguicidas, ha contribuido a ese declive.
En México, las autoridades federales tienen amplio conocimiento del riesgo. En la Monografía sobre el glifosato, publicada en abril de 2019 por el Conacyt y la Cibiogem, se advierte que este agroquímico es un contaminante ambiental muy extendido que afecta la biodiversidad y las cadenas alimentarias, principalmente las funciones de los insectos en los ecosistemas para el control de plagas y la polinización.
Las evidencias de la gravedad también han surgido en la academia: un estudio realizado por el Laboratorio de Análisis de Propóleos, de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán (UNAM), asegura que las abejas presentan varias amenazas, como la destrucción de sus hábitats y el uso excesivo de agroquímicos. También advierte que el uso del glifosato además de matarlas, las desorienta y se ven imposibilitadas para regresar a sus colmenas.
El coordinador del área de producción apícola de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Ricardo Delfino, explica a Contralínea que sí se han reportado intoxicaciones de abejas por plaguicidas que se aplican en el campo, principalmente en las región Lagunera (Coahuila, Durango) y en Quintana Roo. Sin embargo, enfatiza que los agroquímicos no siempre ocasionan la muerte de este insecto, aunque admite que sí provocan que bajen su rigor en cuanto a la producción.
El funcionario de la Sader agrega que el problema de los herbicidas va enfocado a las abejas nativas: “en México hay alrededor de 2 mil especies de abejas nativas y están muy relacionadas con lo que son las zonas ecológicas naturales, entonces cuando se devastan selvas y se aplican este tipo de herbicidas el daño es más hacia ellas”.
Lo que es un hecho es que los residuos de plaguicidas violentan el derecho humano al medio ambiente sano; sin embargo, las empresas que ocasionan estos daños no asumen su responsabilidad en la reparación de los ecosistemas ni en la generación de productos no tóxicos.
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“Los organismos genéticamente modificados son variedades que se les ha incluido alguna variedad de genes a través de la ingeniería genética”, explica la doctora Yael Fernández, de la Red de Toxicología de Plaguicidas de Nayarit.
Desde la entrada al mercado mundial de las semillas transgénicas existe una relación con el uso del glifosato: en la siembra tradicional, éste se utiliza para exterminar la maleza y su aplicación debe hacerse con cuidado para no matar la planta de la semilla, explica el doctor Rendón; pero las semillas transgénicas dan la facilidad de aplicarlo sin precaución porque están modificadas para resistir al herbicida.
“Lo que hace Monsanto no es porque la soya o el maíz transgénico sea de mejor calidad, es porque esa semilla es resistente al glifosato”, detalla el investigador.
El uso de semillas transgénicas resistentes al glifosato significa que se va a aplicar más de este herbicida, aumentando su toxicidad. “Lo que le estamos haciendo al medio ambiente es llenarle el buche, por decirlo coloquialmente: aplican tanto glifosato que las tasas de degradación siguen siendo las mismas pero tardan más. Es matemática simple: entre más tengas, más tiempo va a tardar en degradarse, eso es lo que está pasando con el glifosato”, afirma el doctor Rendón.
El informe del Conacyt y la Cibiogem asegura que en México el 45 por ciento del uso agrícola del glifosato está asociado a los cultivos transgénicos, principalmente el maíz, algodón, canola y soya.
Existen tres etapas para la liberación de semillas transgénicas: experimental, piloto y comercial. “En 2017 se cancelaron los permisos [para siembra comercial]; el de soya era por 253 mil hectáreas que agarran Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas y otros”, afirma Ana De Ita.
No obstante, los permisos de algodón transgénico en etapa comercial sí están vigentes. Las semillas transgénicas de algodón fueron las primeras en entrar al país hace más de 20 años, la semilla modificada se encuentra como Bt (Bacillus thuringiensis). Ana De Ita explica que este algodón es insecticida, es decir es resistente a la plaga.
Asimismo asegura que el problema con la semilla transgénica del algodón radicaría en darle la dualidad de resistente al insecto y al glifosato. “Si se usa de las dos semillas va a haber una bronca grande porque se va a empezar a echar mucho más glifosato”, detalla.
Información de la Cibiogem indica que para el periodo de 2016 a 2017 se otorgaron cinco permisos para la liberación en etapa comercial de semilla transgénica de algodón, todos tolerantes al herbicida glifosato y con vigencias indeterminadas. Las hectáreas permitidas van desde 1 mil hasta 300 mil, en los estados de Coahuila, Durango, Chihuahua, Sonora y Sinaloa y son a favor de Monsanto y Bayer.
En uno de los dictámenes de la Sagarpa, ahora Sader, para esos permisos se afirma que “el riesgo de sanidad vegetal del uso del cultivo del algodón ha sido clasificado como bajo, puesto que conlleva la aplicación del herbicida glifosato, el cual acorde a sus características de herbicida de amplio espectro y dado que el algodón manifiesta una tolerancia al mismo activo, se prevé que facilite las labores agrícolas de los productores”.
Para 2018 se encontraban en procesos de resolución tres permisos en etapa comercial solicitados por la multinacional Monsanto para liberar las semillas de algodón resistente al herbicida glifosato.
Adelita San Vicente Trejo, directora general del Sector Primario y Recursos Naturales Renovables de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), asegura en entrevista que uno de los problemas de los transgénicos es la contaminación o flujo génico, como suele llamarse, y que “es la posibilidad de que los transgénicos brinquen a otras plantas”.
La ingeniera agrónoma y doctora en agroecología afirma que esa contaminación puede afectar las semillas nativas, ya sea de algodón o maíz, como es el caso de lo ocurrido en sembradíos oaxaqueños. “Seguramente en México hay más contaminación porque el gobierno anterior no hacía nada. Más porque importamos el maíz de Estados Unidos, esa es la hipótesis de cómo llegaron los transgenes a Oaxaca”.
La experta agrega que “después de esa contaminación se hizo un estudio muy grande que encontró que sí había flujo génico y la conclusión a la que se llegó fue que lo que se importara de Estados Unidos debía quitarse la viabilidad, romperse al menos, para que no llegue en forma de semilla. Por supuesto, eso no se hace”.
La doctora San Vicente, quien lideró la campaña “Sin Maíz no hay país”, asegura que los transgénicos no son más que la punta del iceberg de la llamada revolución verde, un modelo que define como “súper dañino” y el cual ya no se puede soportar más.
La ahora funcionaria de la Semarnat afirma también que resulta imposible desligar el glifosato del modelo de revolución verde, principalmente porque las empresas se han adueñado de todo el proceso productivo: las semillas, el herbicida y la comercialización.
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En su página de internet, Monsanto indica que en la clasificación II A del glifosato también se incluyen oficios como “peluqueros y vendedores de frituras”, y que la conclusión de la OMS entra en conflicto con otros dictámenes, como el de la Agencia para la Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos, que cataloga el herbicida en el grupo IV de toxicidad “y que concluyó que hay pruebas de la no carcinogenicidad”.
La empresa química asegura que existen más de 800 estudios favorables al producto: “los consumidores pueden confiar en la seguridad de nuestros herbicidas de la marca RoundUp® porque existen más de 3 décadas de evaluaciones científicas independientes que indican que todos los usos aprobados del glifosato son seguros para las personas y para el medio ambiente”.
Monsanto patentó la molécula del glifosato en 1969 y la mantuvo hasta el año 2000. No obstante, hoy en día continúa controlando las ventas del producto, como sucede en México donde las marcas que más se venden son Faena® y RoundUp®, ambas de su dueña, la alemana Bayer.
Pero no todo es perfecto para la trasnacional: actualmente enfrenta más de 1 mil demandas en su contra por las afectaciones a la salud que el glifosato les ha provocado a sus consumidores, principalmente enfermedades crónicas e incluso mortales como el cáncer.
El caso más representativo es el del jardinero Dewayne Jhonson, quien padece linfoma no Hodnking debido al uso excesivo del herbicida. El juzgado que lleva el caso y se ubica en California, Estados Unidos, aseguró que la empresa actuó con “malicia, [porque] sabía de los daños del RoundUp® y Ranger® Pro y no advirtió”.
Parte del veredicto del juez se debió a una demanda colectiva de más de 1 mil personas enfermas de cáncer y de la organización Us Right Now, en donde solicitaron hacer públicos varios documentos que probaron cómo la empresa Monsanto había manipulado informes científicos, presionó a diferentes organismos de control y sobornó a la prensa para que la información publicada acerca del glifosato fuera favorable y resaltará “su poca toxicidad”. Este hecho fue conocido como Monsanto papers.
A pesar de los antecedentes y estudios respecto a la toxicidad del agroquímico, en México no hay indicios para avanzar en su prohibición o regulación. Y en el Registro Sanitarios de Plaguicidas, Nutrientes Vegetales y LMR de la Cofepris, existen 87 autorizaciones con registros para el uso del glifosato, la mayoría de éstos con vigencia indeterminada y con clasificación de toxicidad de IV y V, es decir ligera y moderadamente tóxicos. De esos 87 permisos, 16 son de la multinacional Monsanto.
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