Sanitaria y militar, la respuesta del Estado mexicano ante la pandemia, explica el experto Daniel Rodríguez Velázquez. El diseño de la estrategia –delineado desde sexenios anteriores– privilegió la visión de los órganos de seguridad nacional y desestimó la de las ciencias sociales. El Consejo Nacional de Protección Civil ni siquiera se reunió. Tampoco fue convocado
Los especialistas en protección civil del país fueron mandados a sus casas, como la mayoría de la población que realiza actividades “no esenciales”. Aunque se declararon listos y dispuestos a colaborar en el diseño e instrumentación de la estrategia, nunca se les convocó, señala Daniel Rodríguez Velázquez, experto en prevención de desastres e integrante del Comité Científico Asesor en Ciencias Sociales del Sistema Nacional de Protección Civil.
El doctor en ciencias sociales señala en entrevista con Contralínea que era obvio y principal el componente sanitario para enfrentar la pandemia de Covid-19, causada por el virus SARS-CoV-2. En cuanto al componente militar, no sólo era inevitable sino necesario. Lo que cuestiona es el papel protagónico que tendrán las Fuerzas Armadas en la Fase 3. Y, sobre todo, critica la ausencia de un tercer componente que fue desestimado en su totalidad: el de protección civil.
También integrante de la Red Mexicana de Estudios Interdisciplinarios para la Prevención de Desastres e investigador y catedrático de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Rodríguez Velázquez considera que tanto el Plan DNIII como el Plan Marina no están diseñados para una emergencia como la que ahora atraviesa México.
Considera que aunque las medidas puestas en marcha por el gobierno federal no incluyen toques de queda, sí implican una militarización de la respuesta. Advierte que no en vano, gracias a esta estrategia, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) recibirá 4 mil millones de pesos adicionales a los de su presupuesto y la Secretaría de Marina (Semar) 500 millones, como lo anunció el presidente de la República el 24 de marzo.
Expositor en la Quinta Plataforma Global de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres, de la Organización de las Naciones Unidas, reconoce que la visión militar y de seguridad nacional se impuso desde los sexenios anteriores. Toda la estructura del Estado mexicano está diseñada para responder de esa manera ante cualquier emergencia.
“Inmediatamente el Estado se protege”, explica. Pero eso no quiere decir necesariamente que con ello se proteja a la población.
El científico social –con líneas de investigación en prevención de desastres, cambio climático, protección civil, derechos humanos y gestión social de riesgos de desastre, entre otras– reconoce que esta visión se impuso en sexenios anteriores.
Pero, advierte, ahora el gobierno de Andrés Manuel López Obrador desaprovechó una oportunidad para equilibrar la estrategia y rescatar la visión civil y científico-social de respuesta ante las emergencias.
—Probablemente la visión de la protección civil poco tiene que aportar en una emergencia como la de ahora, que es de tipo sanitario –se le cuestiona.
—No. Por el contrario, tiene mucho que aportar. Cuando se creó el Sistema Nacional de Protección Civil, se consideraba a las amenazas sanitarias como uno de los asuntos importantes. Tiene que ver con epidemias, plagas, en fin, lo que afecta a la salud pública en general. Sin embargo, en sentido estricto, este Sistema ahora tiene un diseño más enfocado a sismos e inundaciones.
Explica que los sistemas de protección civil del mundo –entre ellos el mexicano, aunque ya sólo en la formalidad– identifican cinco tipos de amenazas. El primero es el de los fenómenos geológicos, que tienen que ver con sismos y erupciones volcánicas, principalmente. También se incluye ahí deslizamientos de tierra.
Un segundo tipo de amenazas está constituido por los fenómenos hidrometeorológicos. Son aquellos relacionados con el exceso o la ausencia de agua: sequías, inundaciones, huracanes, precipitaciones pluviales.
El tercer tipo de amenaza es de de los fenómenos químico-tecnológicos: incendios, explosiones, nubes tóxicas. Todo lo que tiene que ver con tecnología y riesgo químico.
Otro es el socio-organizativo, que se refiere a las situaciones que provocan accidentes aéreos, carreteros, en ríos, embarcaciones. Incluso, “ha habido una tentación siempre latente de incluir aquí amenazas o ataques con bomba. Se llegó a hablar de manifestaciones, movilizaciones, huelgas, en fin. Este componente sigue siendo muy frágil en su definición y tiene un desarrollo más complicado en términos teóricos, prácticos y de diseño de programas, trabajos y acciones concretas”.
El otro tipo de amenazas es el sanitario, que incluye las epidemias, las plagas y los problemas de salud pública en general. Es decir, sí está contemplado como una de las áreas en que debe actuar el Sistema Nacional de Protección Civil.
“Y esto tiene que ver con el pasado de México, que efectivamente tuvimos epidemias, sobre todo en la época colonial y en años ya del periodo independiente.”
Por ello, considera que el Consejo Nacional de Protección Civil debió reunirse como cuando ocurre cualquier desastre importante. De hecho esta emergencia es mayor que otras que ha enfrentado el país, porque incluso escapa al ámbito nacional.
Considera que la estrategia debió haberse publicado en su totalidad en el Diario Oficial de la Federación, con todos los fundamentos jurídicos y los alcances concretos de las acciones que se están decidiendo. Lo anterior para evitar que se reaccione con ocurrencias o dejando fuera a instancias que podrían aportar mucho desde su campo de acción.
Por ejemplo, el ámbito de protección civil pudo haberse coordinado para la revisión en carreteras, estrategias de información para quedarse en casa y, sobre todo, la medición de los tiempos para cerrar determinados espacios. Es decir, acompañar el paso de las fases 1 a 3.
“La salud es un derecho humano. Cómo se da un enfoque de política basado en la salud como derecho humano en conjunto con otros derechos: movilidad, trabajo, alimentación, etcétera. Es importante considerarlo porque de seguir así vamos a estar con medidas discrecionales.”
—Instrumenta el sector salud y las Fuerzas Armadas, ¿pero recogen postulados de la protección civil?
—La protección civil queda prácticamente fuera como instancia que contribuya con decisiones y lineamientos técnicos. Luego de la creación del Sistema, en la década de 1990 se fue configurando una normatividad que dijeron “más robusta”, pero la robustez no radica en que se estén haciendo normas. Y se enfocó más a las amenazas y peligros de carácter inmediato: sismos, inundaciones, huracanes. Y todo el componente sanitario se quedó en el ámbito del sector salud. Otro ejemplo del abandono está en los comités científicos asesores del sistema nacional de protección civil. Se crearon para cada tipo de amenazas.
—¿Y cumplen su función?
—Prácticamente están en estado vegetativo estos comités.
Ejemplifica con el comité para atendder fenómenos sociorganizativos, del que es fundador. Es el Comité Científico en Ciencias Sociales. Más que estudiar “amenazas o peligros”, estos especialistas analizan la dinámica del desastre y la vulnerabilidad de las políticas públicas. Explica que este Comité tiene algunas reuniones “accidentadas”. La última hace 5 meses. “Por eso el sistema de protección civil no pinta”.
Reconoce que tal y como está en estos momentos el Sistema Nacional de Protección Civil no podría hacerse cargo de la estrategia para atender la pandemia. “Su diseño estructural es ahora para atender amenazas ‘naturales’, que tiene que ver con la tierra o con el agua, en una situación así sintética. Protección Civil no va a tener mayor relevancia porque esto va a recaer en un híbrido entre el sector salud y el militar”.
—¿Sea protección civil o seguridad nacional, lo importante es que haya respuesta sólida?
—En México ha predominado esta orientación de seguridad nacional ante desastres. Se trata de la idea del Estado que se busca resguardar y después resguardar a la ciudadanía. Es repetir el esquema de un Estado muy fuerte y una sociedad débil. Sumemos que tenemos un sistema presidencialista. Por ello inmediatamente en lo que se piensa es usar a las Fuerzas Armadas. Es algo que ya está marcando este sexenio. El aeropuerto de Santa Lucía lo operará el Ejército. Todos los puertos marinos, la Armada. No se detiene la militarización del país. Se profundiza. Ahora se le incrusta un elemento sanitario al Plan DNIII y al Plan Marina para que tengan protagonismo en la atención a la pandemia, sobre todo en la fase 3.
—Pero las Fuerzas Armadas tienen hospitales y médicos. Sí pueden ayudar…
—Ellos tienen institucionalmente el Hospital Central Militar y personal del área médica que no es de armas y que es muy importante. No es que diga que no se use esa infraestructura y esos recursos humanos. Bien pueden ponerse al servicio del sector salud. Y no al revés. Propiamente el DNIII no tiene componente para este tipo de problema. Por eso llama la atención que en vez de que el gobierno anunciara más recursos para todo el sector salud, que está tan debilitado, se le entrega toda esa cantidad de recursos al Ejército. En sentido estricto si estamos ante el Covid-19, esa cantidad de recursos no se debía ir a las Fuerzas Armadas más que para lo inmediato de logística y de operación. Esta hibridación que se está dando, de una respuesta sanitaria-militar, debilita la vida civil. Que sean el Ejército y la Armada los que coadyuven con el sector salud y no al revés, porque si no va a pasar como ocurrió con el Sistema Nacional de Protección Civil, que cuando se tiene que actuar queda rebasado, se reúnen sus integrantes para tomarse la foto, pero es el Ejército el que queda como columna vertebral de la respuesta.
—¿El criterio es que la disciplina militar es más eficiente?
—Eso no es necesariamente cierto. Mas bien, hay otro enfoque. Y tiene que ver con la seguridad del Estado. Luego del sismo de septiembre de 2017, las Fuerzas Armadas ejercieron función de contención y control de las zonas de desastre. Toda la zona de Villa Coapa la controlaba la Marina. Y el Ejército otras zonas de la ciudad y otras regiones del país. Entonces en un momento dado su intervención no sólo es de labor humanitaria. Luego realizan funciones de seguridad y resguardo, que tienen ese componente de aplicar medidas de control o contención social, según la magnitud y profundidad de un problema. Son las órdenes que además se tienen. Esto no es como una ocurrencia. No. Está diseñado para actuar en esas condiciones. Y eso es un riesgo.
—Si la Protección Civil ha sido prácticamente desmantelada, qué papel podría jugar en estos momentos.
—La protección civil debería de ser coadyuvante, dadas las especialidades que tiene. Puede realizar ciertos tipos de operación, de apoyo, de asistencia. Podría coadyuvar sumándose a recomendaciones, acciones en comunidad. Y no esperar a que haya un derrumbe o inundación, sino que ir con la sociedad en información y comunicación. Es cierto, Protección Civil está rebasada con toda los problemas que ya tiene. Más con el que se le dio en diciembre de 2018 que se separó de la Secretaría de Gobernación y se envió a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Se distancia aún más de la sociedad y se acerca más a preocupaciones de seguridad nacional, de corte militar e inteligencia. Y queda relegada del vínculo social, los derechos humanos, la participación de la sociedad en programas, acciones y decisiones. Así que en estos momentos no tiene posibilidades de tener mayor incidencia por estas condiciones ya de estructura política y normativa.
—¿Y a nivel estatal o municipal pasa lo mismo?
—Sí hay posibilidades, aunque acotadas. Los municipios tienen facultades que les da la ley. Hay presidentes municipales que han citado a consejos locales de protección civil. Y los han instalado para acompañar la restricción de movimientos, por ejemplo. También hay gobiernos que han citado a consejos estatales de protección civil, ha tomado acuerdos que se han publicado en sus periódicos oficiales y han establecido ciertas medidas. En ámbitos locales sí ha habido invocaciones a instancias de protección civil. Cada quien pone sus barbas a remojar: “por lo menos público, ordeno e instruyo para que se empiecen a hacer cosas porque no me puedo esperar”. Y esto con independencia de si el presidente se tarda 1 mes o 2 semanas o lo que pudiera ser porque también hay una responsabilidad pública a nivel local y ahí sí hay facultades y obligación para hacerlo. No nada más es una competencia política. Hay responsabilidades y obligaciones que se tienen que atender.
