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Publican acuerdo para que Defensoría Pública ayude a presas por abortar

Publican acuerdo para que Defensoría Pública ayude a presas por abortar

Derechos de la mujeres, defensa diaria y no por moda

AMLO respalda que Suprema Corte despenalice el aborto a Mujeres y personas gestantes acusadas del delito de aborto así como familiares de víctimas de feminicidio podrán ser representadas de forma extraordinaria por el Instituto Federal de Defensoría Pública sin importar si el ámbito de competencia en cada caso es del fuero común o federal, establece el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación.

El Instituto representará a las víctimas que lo soliciten, designando al personal que brindará la representación técnico-jurídica para garantizar su derecho de defensa y acceso a la justicia, añade.

El acuerdo, publicado este 30 de septiembre, justifica la competencia del Instituto Federal de Defensoría Pública –órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal– para conocer asuntos del fuero federal y local, a pesar de que la Constitución asigna autoridades distintas para cada ámbito.

El Consejo de la Judicatura Federal indica que el Instituto es un órgano técnico especializado que puede intervenir en la adecuada defensa de las víctimas, principalmente a la luz del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que reconoce el derecho a interrumpir un embarazo y ejercer la libertad reproductiva, realizado el pasado 7 de septiembre.

Como parte de la argumentación que sustenta la autorización al Instituto, el Consejo de la Judicatura recuerda que se han registrado 56 mil 572 defunciones femeninas con presunción de homicidio entre 1990 y 2019, y que en México el aborto representa una de las principales causas de morbilidad y mortalidad materna.

Para la validación del acuerdo, el Consejo optó por la regulación de una facultad subsidiaria que otorga a los defensores públicos federales la competencia extraordinaria de realizar toda intervención que resulte necesaria para una defensa adecuada de familiares de víctimas de feminicidio y de mujeres y personas gestantes criminalizadas por ejercer su derecho a interrumpir un embarazo.

El acuerdo se ampara en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el Lineamiento Técnico para la atención del Aborto Seguro de la Secretaría de Salud, el Protocolo para juzgar con perspectiva de género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer, la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres, y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.

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