En los primeros 12 días de marzo, 970 personas fueron asesinadas en el país, revela el informe de homicidios dolosos elaborado por el gubernamental Grupo Interinstitucional en materia de seguridad.

Entre el 5 de diciembre de 2018 y el 12 de marzo pasado, 7 mil 775 personas fueron ejecutadas, con un promedio de 79.7 asesinatos en diciembre, 75 en enero y 83.1 en febrero, se desprende de ese reporte oficial.

Sin duda, la seguridad es uno de los temas en los que no se vio ningún cambio en estos primeros 100 días de gobierno, tal como lo reconoció el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es que la crisis humanitaria que vive México no es un tema que se pueda resolver fácilmente y menos aún en el corto plazo, por muchas buenas intenciones que se tengan desde el Poder Ejecutivo.

La paz generalizada, que se ha propuesto como meta este nuevo gobierno, quizá no alcance a llegar en 2024, pues el tema no sólo pasa por las políticas públicas que se apliquen para amainar la situación de inseguridad ni las medidas anticorrupción que se promueven desde la Presidencia, sino también por la justicia e incluso por el dinero que se pueda destinar a estas ramas.

No obstante, ni siquiera en el asunto del dinero se tiene un escenario ideal para la estrategia de pacificación, pues resulta que en este 2019 los presupuestos para seguridad pública y nacional han sufrido un recorte de 128 mil 908.86 millones de pesos en términos reales, respecto al gasto aprobado en ambos rubros el año pasado.

Y es que mientras en 2018 la Cámara de Diputados autorizó 273 mil 567.11 millones de pesos para estos temas, en este 2019 se programaron sólo 144 mil 658.25 millones, revelan estudios elaborados por la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis.

Dependiente de la llamada cámara baja, la Dirección documenta en su Prontuario del Presupuesto de Egresos de la Federación en México 2019  que, en su primer año, el gobierno de López Obrador cuenta con apenas 94 mil 228.6 millones de pesos para la función de seguridad nacional, y 50 mil 429.65 millones para asuntos de orden público y seguridad interior.

No obstante, el año pasado –uno de los más violentos–, el presupuesto aprobado en seguridad pública fue de 174 mil 437.67 millones, y de 99 mil 129.44 millones para seguridad nacional, refieren los reportes El presupuesto público federal para la función: seguridad pública 2017-2018 y El presupuesto público federal para la función: seguridad nacional 2017-2018, también de la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis.

De ello se desprende que la seguridad pública (que tiene por objetivo “salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos”) es el ámbito más afectado por el recorte, al disminuir 124 mil 7.98 millones de pesos en términos reales.

Por tanto, en este año se privilegiará la seguridad nacional, que “tiene como propósito mantener la integridad, la estabilidad y la permanencia de las instituciones que conforman el Estado mexicano”.

El destino del gasto

Elaborado por el maestro en economía e investigador parlamentario Reyes Tépach, el Prontuario del Presupuesto 2019 detalla que ese gasto mayoritario se concentrará en las labores militares: la subfunción defensa (a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional) es la que más presupuesto de seguridad nacional consumirá este año: 63 mil 334.89 millones de pesos, mientras que la Secretaría de Marina ejercerá: 27 mil 778.06 millones.

El resto –3 mil 115.65 millones– corresponde a la inteligencia para la preservación de la seguridad nacional (principalmente a cargo del nuevo Centro Nacional de Inteligencia).

El análisis del investigador Tépach observa que en el tema del gasto en seguridad pública, la subfunción Policía es la que más dinero concentrará: 28 mil 224.30 millones de pesos.

A ésta le siguen: el Sistema Nacional de Seguridad Pública, al cual se le asignaron 11 mil 886.15 millones; el Programa de Seguridad Pública de la Sedena, 3 mil 511.13 millones; “otros asuntos de orden público y seguridad” (sic), 3 mil 109.96 millones; “población”, 1 mil 907.34 millones; Política Interior, 1 mil 473.29 millones; Protección Civil, 193.17 millones; y Función Pública, 124.3 millones.

La Guardia Nacional

De estos recursos tendrá que echar mano la recién aprobada Guardia Nacional, principal activo de la estrategia que impulsa el gobierno de López Obrador para el proceso nacional de pacificación.

A este cuerpo –que concentrará en sus filas tanto a militares como a policías– se le encomendará desde ya toda la estrategia en materia de seguridad pública, por lo que en breve se definirán tanto las regiones prioritarias como las tácticas para pacificarlas.

Al respecto, el mapa de la violencia en México ya ubica al Noroeste como su mayor desafío. Conformado por Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa y Sonora, el área enfrenta una situación crítica, refiere la carpeta informativa Guardia Nacional en México, del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública.

Allí, indica, “se registraron tasas superiores a la nacional en cinco de los 10 delitos de alto impacto, registrándose las tasas regionales más altas en los delitos de narcomenudeo, homicidio doloso y feminicidio, robo a casa habitación, robo de vehículo y robo a negocio, superando en cada uno de esos casos a los promedios nacionales”.

Agrega que “siete de los 10 delitos de alto impacto en la región se incrementaron en 2017 respecto a 2016. Los mayores crecimientos porcentuales se registraron en homicidio doloso y feminicidio, robo a negocio y narcomenudeo”.

Según el análisis, a esta región le sigue la zona Noreste (Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí). Allí “la extorsión es considerado el peor problema”, al registrar la mayor tasa de incidencia: “superior en 52.08 por ciento  a la registrada a nivel nacional”.

Elaborada por el investigador parlamentario José de Jesús González Rodríguez, la carpeta informativa indica que otros delitos con altas tasas en esta zona fueron el secuestro, el robo a casa habitación y el homicidio Culposo. Estas conductas registraron las segundas peores tasas regionales de 2017, según el Observatorio Nacional Ciudadano.

“En esta zona, seis de los 10 delitos de alto impacto registraron en 2017 un aumento con relación a 2016 (narcomenudeo, homicidio doloso y feminicidio, y robo de vehículos).”

El resto del país no está mejor. Según la incidencia delictiva, siguen las zonas Occidente (Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro, Zacatecas), centro (Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala) y Sureste

(Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Yucatán). Pero, sin recursos, ¿hasta dónde podría llegar la estrategia de seguridad y cómo se definirán las prioridades?

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Nancy Flores

[AGENDA DE LA CORRUPCIÓN] [COLUMNA]