El Instituto Nacional de Medicina Genómica reprobó dos revisiones realizadas por la ASF en las cuentas públicas 2006 y 2007. Además de presentar irregularidades cercanas a los 400 millones de pesos en la construcción de su edificio sede, el organismo no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la planeación, programación, presupuestación, adjudicación, contratación y ejecución de la obra. En 2008, la construcción se encontraba suspendida
Losetas desprendidas, manchadas e incompletas; muros fisurados y con anclajes defectuosos, y canceles interiores con moho y agujerados por golpes o por efectos del agua de lluvia, son las primeras observaciones que realiza la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al Instituto Nacional de Medicina Genómica (Inmegen) en el Informe de resultados de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública 2007.
El Inmegen se creó mediante decreto presidencial, publicado el 20 de julio de 2004 en el Diario Oficial de la Federación, con el objeto de “desarrollar una plataforma en medicina genómica para vincular instituciones públicas y privadas, tanto en México como en el extranjero, que contribuyan a generar su desarrollo integral en todo el país, incidiendo en enfermedades comunes, con un alto impacto en la salud y la economía de los mexicanos”.
El 12 de septiembre de 2005 se inicia la construcción de la primera etapa del instituto en un terreno de 40 mil 97 metros cuadrados en la delegación Tlalpan, donado por la Secretaría de Salud (Ssa). El costo total estimado del proyecto es de 1 mil 190 millones 387 mil pesos. En la Cuenta Pública 2005 se reportaron 236 millones 578 mil pesos como ejercidos, que se utilizaron para el inicio de la construcción, desarrollar el proyecto ejecutivo y contratar los servicios de gerencia de proyecto; los trabajos de excavación, cimentación profunda, protección de la excavación, cimentación superficial y estructura de estacionamientos.
La ASF auditó 80 millones 499 mil pesos que representaron el 77.4 por ciento del presupuesto ejercido en el “Proyecto creación del Inmegen en el Distrito Federal en 2007”. Durante la auditoría se observó que la obra se encontraba totalmente suspendida y sin fuerza de trabajo; presentaba un gran deterioro debido al intemperis mo y abandono de los trabajos pendientes, sin existir avisos de suspensión o rescisión.
Antonio Ortega, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, explica que la auditoría resolvió, producto de una solicitud que le hizo la comisión, realizar una auditoría en cumplimiento financiero al Inmegen. En la fiscalización se determinó que el instituto no cumplió con las disposiciones normativas, planeación, programación, presupuestación, contratación y ejecución de las operaciones que fueron revisadas.
El diputado considera que al margen de la presentación del mapa genómico del mexicano por parte del Inmegen, “un hecho que no puede ser menospreciado ni devaluado”, se encuentra lo reportado como irregularidades en la construcción del nuevo edificio sede del organismo, y es obligación de éste aclarar dónde quedaron los recursos que le fueron autorizados por el Congreso.
En la revisión de los documentos respecto de los anticipos otorgados en los diversos contratos de obra, la auditoría observó que, al cierre del ejercicio 2007, no se amortizaron los anticipos de los convenios adicionales otorgados a las empresas, por un monto global de 18 millones 354 mil pesos, por lo que se presume un posible daño patrimonial.
Asimismo, se detectó un posible quebranto a la hacienda pública por 2 millones 837 mil pesos, debido a anticipos no amortizados al cierre del ejercicio 2007, en relación con el convenio adicional C-3 del contrato celebrado con RL Construcciones y Proyectos para realizar los trabajos de instalaciones hidrosanitarias.
Contralínea solicitó entrevista con el director general del Inmegen, Gerardo Jiménez, a través de su asistente Mayra Benzuzan. Ésta informó que el director del instituto sólo estaba autorizado a dar entrevistas que versaran sobre el desci framiento del genoma del mexicano.
También se pidió conocer la opinión de la Ssa, cabeza de sector, por Beatriz Alfaro, directora de información, sin obtener respuesta.
La auditoría presume un posible daño patrimonial por 13 millones 676 mil pesos ante la falta de documentación soporte de los conceptos extraordinarios no previstos en los contratos celebrados con Corve Proyectos y Desarrollo, contratada para realizar los trabajos de cancelería general y especial; Lasser Electrónica, cableado estructurado; Industrias y Representaciones Gar-Vel, aire acondicionado; Del Valle Consultores y Constructores, albañilería y acabados; Corporativo Trimarco, instalaciones eléctricas, y Construcciones e Instalaciones Modernas, estructura prefabricada de concreto y metálica.
La ASF observó que no se presentaron las evidencias de la conciliación y autorización de los precios correspondientes, y no se notificaron mensualmente al Órgano Interno de Control (OIC) los pagos autorizados y su monto total, las obras o contratos en cuestión y el importe definitivo de cada precio extraordinario.
Además, en la inspección física realizada al edificio sede se observaron trabajos que presentan mala calidad en su ejecución, como son: piezas de loseta en el área de la biblioteca deterioradas e incluso zonas reparadas con piezas de diferente color; en el pasillo exterior de las aulas hay desprendimiento, rotura y pérdida de piezas; en las escalinatas y plaza principal de acceso el piso se encuentra visiblemente deteriorado.
En el edificio de laboratorios, una gran cantidad de piezas colocadas se observan quebradas y sólo se resanaron; en la fachada de muros cabeceros existen áreas en las que no se colocaron piezas y una gran cantidad de éstas están desprendidas, manchadas, mal alineadas, fisuradas y con anclajes defectuosos.
La auditoría señala que en canceles interiores se colocaron paneles de tablacemento que ya se encuentran manchados, humedecidos, con moho y agujerados por golpes o por efectos del agua de lluvia que penetró al interior del inmueble, ya sea por la deficiente o nula impermeabilización de la azotea o bien por la falta de sellado de los pasos de instalaciones realizados en la misma.
Al respecto, la ASF pidió la intervención del OIC en el Inmegen para que realice las investigaciones pertinentes y sancione a los funcionarios que en su gestión aceptaron y pagaron diversos trabajos que presentan mala calidad en su ejecución.
El 1 de agosto de 2007, el instituto firmó un convenio de colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con el objeto de realizar los estudios necesarios para evaluar las condiciones de seguridad de las conexiones viga-columna del nuevo edificio. De acuerdo con la ASF, la institución educativa determinó que “se detectaron deficiencias en la ejecución de las conexiones entre las vigas y las columnas, que se refieren al vaciado de mortero con el que deben ser rellenadas las ventanas que se dejaron en las columnas al momento de ser fabricadas”.
La UNAM concluyó: “La presencia de oquedades en las conexiones puede ocasionar problemas que afectarían la seguridad y durabilidad de la edificación”.
Y recomendó: “El número y cantidad de defectos que se encontraron en la inspección requiere que, además de corregir las conexiones que en dicho estudio se identificaron con defectos de colados, se haga la revisión de un con junto más amplio de conexiones para realizar después la corrección de las que se encuentren inadecuadas”.
La auditoría determinó que, en relación con los 13 contratos de obra celebrados para la ejecución del proyecto, en el ejercicio 2007 se realizaron ocho convenios que conjunta o separadamente representaron incrementos en tiempo o en monto mayores al 25 por ciento de lo establecido originalmente en los contratos correspondientes, y no se tiene evidencia documental de que se informó al OIC del instituto sobre su formalización en ninguno de los casos.
Antonio Ortega dice que, ante los resultados obtenidos en la revisión de la Cuenta Pública 2007, la ASF tiene programado fiscalizar nuevamente al instituto en el ejercicio fiscal 2008, con el objetivo de verificar si el organismo atendió las recomendaciones y realizó las acciones correctivas que se le ordenaron.
El legislador del Partido de la Revolución Democrática explica que la Cámara aprobó un presupuesto para el instituto; pero, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ajustó los recursos a la baja, otorgando sólo 25 millones de pesos en 2007; sin embargo, el Inmegen recibió dinero extra de un fideicomiso de salud que no fue informado a la dependencia correspondiente.
La ASF señala que el Inmegen tenía un presupuesto autorizado por 145 millones de pesos; pero, a través de diversas afectaciones presupuestarias, el monto se redujo hasta quedar en 25 millones 802 mil pesos al finalizar 2007, con lo que se determinó que hubo un sobreejercicio de 78 millones 178 mil pesos, derivado de la mala planeación del ejercicio del gasto.
Con la revisión de la documentación proporcionada por el instituto, en relación con el presupuesto autorizado para el ejercicio 2007, la auditoría constató que se recibió una aportación de 30 millones de pesos provenientes del “Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud / Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos / Industria del Tabaco”, entregada el 4 de septiembre de 2007.
Sin embargo, el Inmegen no solicitó la ampliación correspondiente a su presupuesto ni informó a la SHCP en cuanto a dicho monto, origen ni criterios de aplicación, y tampoco se tramitaron las adecuaciones presupuestarias correspondientes.
Auditoría 2006
De acuerdo con la revisión de la Cuenta Pública 2006, la ASF determinó que el proyecto ejecutivo para la construcción del edificio sede no fue elaborado con la suficiencia que permitiera a los licitantes preparar una propuesta solvente y ejecutar los trabajos hasta su conclusión en forma ininterrumpida.
Por ello, se observó que nueve contratos celebrados por la entidad fiscalizada, originalmente por 397 millones 567 mil pesos, fueron modificados mediante convenios por conceptos extraordinarios y volúmenes adicionales por un monto de 223 millones 506 mil pesos, que representan el 56.2 por ciento del importe originalmente contratado.
En 11 contratos de obra, la AFS detectó pagos indebidos por 194 millones 908 mil pesos, correspondientes a conceptos de obra no ejecutados al 31 de diciembre de 2006, o bien, a pagos de materiales, algunos de ellos incluso no suministrados, sin números, generadores claros o con ausencia total de ellos.
La auditoría presume un posible daño patrimonial por 14 millones 112 mil pesos, ya que en el contrato con Construcciones e Instalaciones Modernas se observaron pagos improcedentes por 5 millones 145 mil pesos, en relación con el suministro y colocación de fibrorrefuerzo para firmes de compresión de concreto premezclado, a base de fibra, en razón de que se detectó una gran cantidad de cuarteaduras en los firmes de los pisos cuatro, cinco y seis de la zona de laboratorios.
Además, 8 millones 966 mil pesos para el suministro y aplicación de pintura contra fuego intumescente, ignifuga, retardante y aislante de fuego a tres horas, en estructura metálica a una altura máxima de 42 metros; pero desde el inicio de los trabajos, el 27 de febrero de 2006, la contratista realizó su aplicación en las vigas vierendel de los pisos cuatro, cinco y seis desde la fabricación en taller y no a la altura indicada.
La supervisión indicó que este producto se deslavaba y se degradaba con el agua de lluvia, perdía viscosidad y se arrugaba, por lo que determinó que dicho producto no era resistente a la intemperie ni a la exposición de la humedad en virtud de que se alteraban sus propiedades químicas y físicas.
La ASF detectó otro posible perjuicio a la hacienda pública por 25 millones 379 mil pesos con la misma empresa, por pago indebido de ajuste de costos, en razón que, de conformidad con el contrato, el cálculo del ajuste de costos se llevaría a cabo por el procedimiento establecido en el artículo 57, fracción I, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; sin embargo, el ajuste de costos fue calculado por el procedimiento señalado en la fracción III del mencionado artículo, mediante la actualización de los costos de los insumos según la proporción en que intervienen en el costo directo de la obra.
La auditoría precisa que, en relación con las licencias y/o permisos de construcción del proyecto, los trámites correspondientes se formalizaron con una extemporaneidad de 415 días naturales, ya que los trabajos respectivos se iniciaron el 13 de septiembre de 2005 y no fue sino hasta el 1 de noviembre de 2006 que se entregó la manifestación de construcción en la delegación Tlalpan, con el número de folio RG/R/2510/2006.
Según la ASF, en 2006 al instituto se le autorizaron recursos por 295 millones de pesos y que mediante diversas afectaciones presupuestarias el monto se modificó para quedar en 578 millones 804 mil pesos. Además de 100 millones de pesos provenientes de una aportación del fideicomiso de salud, que fueron entregados el 22 de diciembre de 2006, para dar un total de 678 millones 804 mil pesos.
En la auditoría se observa que el Inmegen reportó en la Cuenta Pública 2006 un presupuesto modificado y ejercido de 625 millones 689 mil pesos, con una diferencia de 53 millones 115 mil pesos respecto de los 678 millones 804 mil pesos disponibles al cierre del ejercicio, que no se comprobaron ni se reintegraron a la Tesorería de la Federación (Tesofe).
Respecto del donativo del fideicomiso, el instituto no solicitó la ampliación correspondiente a su presupuesto, no informó a Hacienda en cuanto a dicho monto, origen ni criterios de aplicación ni tramitó las adecuaciones presupuestarias correspondientes.
La ASF observó que, de los 625 millones 689 mil pesos reportados como ejercidos, sólo se pagaron realmente 478 millones 63 mil pesos al 31 de diciembre de 2006. Se determinó una diferencia de 147 millones 626 mil pesos que debió ser reintegrado a la Tesofe. En la auditoría se precisa que posteriormente se ejecutaron 145 millones 243 mil pesos en el periodo de enero a septiembre de 2007 con cargo al ejercicio fiscal 2006, sin que se justificaran como pasivos o Adefas (adeudos de ejercicios fiscales anteriores).
La auditoría solicitó al instituto aclarar y proporcionar la documentación de 2 millones 383 mil pesos por concepto de la falta de comprobación o reintegro a la Tesofe por dicho monto.
Además, que justifique 13 millones 721 mil pesos por la adquisición de un equipo de investigación denominado “illumina”, el cual no se encuentra instalado en el edificio sede, y efectúe las explicaciones pertinentes en relación con 1 millón 789 mil pesos pagados al proveedor por concepto de impuestos.
De acuerdo con la ASF, el Inmegen celebró el contrato con el proveedor Iberoscensores para el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de nueve elevadores. Se realizó un convenio del tiempo de instalación de los bienes correspondientes para el 29 de diciembre de 2006; sin embargo, a la fecha de la revisión aún continuaban sin colocar se. La empresa Flexilab, contratada para dotar de equipos de laboratorio, tampoco lo había entregado.
La ASF observó que, en 11 de los 16 contratos de obra, las condiciones originalmente señaladas en los procedimientos de adjudicación no fueron respetadas, ya que las contratistas recibieron indebidamente financiamientos extraordinarios adicionales mediante diversos pagos anticipados de conceptos de obra y de materiales que, sumados con los anticipos otorgados originalmente, representaron entre el 35.4 por ciento y el 90.2 por ciento de los importes finales contratados.
Además, se modificaron los proyectos de ingeniería hidráulica y sanitaria, y se omitieron los estudios de reducción de niveles freáticos para su operación permanente y los sistemas de bombeo radiados, los cuales no se definieron previamente a la licitación y ejecución de la obra. En relación con el proyecto de ingeniería eléctrica, el técnico responsable (mesa de verificación eléctrica) levantó un acta de no conformidad al no poder realizar la verificación para la cual fue contratado.
La auditoría considera que se dieron soluciones deficientes mediante perforaciones en elementos estructurales del inmueble al no haberse previsto pasos para el desarrollo de instalaciones hidráulicas, pluviales y contra incendios, y se pagó el diseño de una escalera monumental de forma helicoidal, rematada por un gran domo cuya altura alcanzaría 30 metros, de la cual sólo se realizaron los trabajos del espacio vestibular y el domo de remate; finalmente fue cancelada.
Además, en el contrato con Construcciones e Instalaciones Modernas, en asociación con Impulsora Tlaxcalteca de Industrias, por 190 millones 109 mil pesos, existe un pago improcedente por la mala calidad de los trabajos por 5 millones 250 mil pesos, debido a que en la aplicación de las soldaduras de campo se detectaron deficiencias relativas a la falta de penetración, inclusiones de escoria y socavaciones internas y externas, según reportes de los laboratorios de inspección radiográfica: Calidad Profesional y Radiografía Industrial Maestra.
La laboratorios destacaron malos trabajos en los candeleros de cimenta ción (nodos de unión entre subestructura y superestructura), en las ménsulas de fijación, soportes entre las vigas vierendel y los muros cabeceros, en los bulbos de soldadura en el acero de refuerzo de los muros, así como en los nodos de unión entre las trabes y columnas de los elementos prefabricados.
También, las calificaciones de los soldadores fueron consignadas como aceptables en todos los casos y, sin embargo, se pudo apreciar de una muestra selectiva que más del 50 por ciento de las soldaduras fueron rechazadas, lo que cuestiona seriamente la estabilidad estructural del inmueble.
La auditoría determinó que la empresa DEN GP, contratada para supervisar la obra, no efectuó una adecuada supervisión, vigilancia, control ni revisión de los trabajos ejecutados, en virtud de que se observan diversas deficiencias en el desarrollo de los trabajos. “En la escalera sur, las anclas dejadas para su empotramiento con el muro de rigidez de este cuerpo no se utilizaron por no estar a la altura correcta. Se utilizaron placas de materiales durok para canceles y muros interiores y, por el contrario, se emplearon placas de tablarroca en la fachada del auditorio”.
Además, existen deficiencias por insuficiencia de acero en elementos precolados que no fueron corregidos por el fabricante ni sancionados, como fue el caso de seis trabes en todos los niveles de laboratorios en que se debían colocar varillas del número cuatro en el lecho bajo de las trabes; como consecuencia de no haber hecho ese trabajo en el momento de su fabricación no debería proceder su pago por 61 mil pesos hasta su corrección final.
Se autorizaron conceptos extraordinarios para la perforación de barrenos para la colocación de las varillas faltantes, y de un aglutinante para su sujeción, los cuales se consideran improcedentes. Algunos elementos de losas “T” están desfasadas, lo que provoca filtraciones de agua, debido a que en las maniobras de montaje de la estructura metálica para el auditorio la contratista CIMSA no respetó las recomendaciones del proyectista en el sentido de circular o anclarse para el montaje exclusivamente en las zonas marcadas como reforzadas por el apuntalamiento preventivo.
La ASF pidió al Inmegen que aclare y proporcione la documentación que justifique 5 millones 246 mil pesos por concepto de la falta de autorización de 23 conceptos extraordinarios por 4 millones 218 mil pesos, de los que no se presentaron las evidencias de la conciliación de los precios unitarios correspondientes ni de su autorización por parte de la residencia de la obra. Así como de 1 millón 28 mil pesos por el pago parcial de conceptos de catálogo denominados “actividades al término de la obra”, que no se considera procedente en razón de que la misma no se encontraba terminada al 31 de diciembre de 2006.
En la licitación de obra pública 12297001-017-06, mediante la cual se otorgó el contrato a Ganemedic, por un monto de 2 millones 796 mil pesos, para realizar trabajos de lonaria, dicha empresa cambió su objeto social el 18 de mayo de 2006, es decir, tres meses antes de la fecha de la licitación, 17 de agosto de 2006.
De acuerdo con su acta constitutiva, el objeto social consistía en la fabricación, compra, venta e importación de productos y artículos médicos, químicos y farmacéuticos, entre otros, pero no incluía la realización de obras públicas o privadas.
A partir de la modificación se amplió el objeto social para incorporar “la prestación de todo tipo de servicios necesarios o convenientes para la construcción, fabricación, remodelación, diseño, equipamiento, adaptación, restauración, proyecto, supervisión y análisis de todo tipo de bienes inmuebles, realizados por cuenta propia o de terceros en el sector público o privado”.
La auditoría señala que para acreditar su experiencia tanto de la empresa como del personal técnico que en ella labora, ésta presentó una relación y carátulas de contratos celebrados con cinco entidades privadas relativas a diferentes lonarias y cubiertas, realizadas entre septiembre de 2001 y noviembre de 2005, es decir, hasta cinco años antes de estar en posibilidad de efectuar ese tipo de trabajos, y aun así se le otorgó el contrato.
El pasado 11 de mayo, sólo 17 días después de decretada la emergencia sanitaria por la influenza humana, Felipe Calderón presentó en Los Pinos la publicación Mapa de los mexicanos. De acuerdo con la página electrónica del Inmegen, el proyecto de “Diversidad genómica de la población mexicana” inició en junio de 2005 con el objetivo principal de determinar variaciones genéticas comunes en la población mestiza y comparar regiones diferentes de México.
En esta primera fase del proyecto se analizaron las muestras de habitantes de 10 estados: Campeche, Durango, Guanajuato, Guerrero, Oaxaca, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas; y cuatro grupos de población indígena: tepehuanos de Durango; mixtecos y zapotecos de Oaxaca, y mayas de Campeche.
Acompañado del secretario de Salud, José Ángel Córdova, y Gerardo Jiménez, director general del Inmegen, Calderón dijo que este esfuerzo en salud permitirá enfrentar con rapidez y eficacia emergencias, “como la que hoy enfrenta México del virus de la influenza A/H1N1”.
Antonio Ortega considera que una de las enseñanzas que dejó la emergencia sanitaria es la debilidad estructural del Estado, que no entiende el valor y la importancia de apoyar a los científicos mexicanos para que puedan desarrollar las investigaciones en este terreno y en muchos más.
El legislador perredista sostiene que en el presupuesto de 2010, que debe ser discutido y aprobado en noviembre por la siguiente legislatura, no habrá argumento que pueda echar abajo el aumento en el presupuesto para ciencia y tecnología. “El Estado tiene que hacer un ajuste en sus definiciones estratégicas en la planeación y disponer de los recursos en un propósito de mediano y largo plazo que permita a los investigadores contar con los instrumentos para desarrollar su trabajo”.
Rosaura Ruiz, presidenta de la Academia Mexicana de la Ciencia, asegura que el presupuesto destinado a la ciencia es muy bajo; México nunca ha destinado más del 0.4 por ciento del PIB (Producto Interno Bruto), en tanto que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura recomienda que se dedique al menos el 1 por ciento.
La investigadora dice que el punto más alto fue en 1993 y de ahí el presupuesto se redujo más. En los últimos dos años, los recursos fueron todavía menores; este año se destinaron 43 mil millones de pesos para ciencia y tecnología, dinero insuficiente para generar un desarrollo importante en el país.
Agrega que el país tiene un coeficiente de inventiva de 0.05; Japón registra un 39, es decir, México no produce tecnología, depende del extranjero, y eso cuesta mucho dinero. En 2006 se pagaron aproximadamente 7 mil millones de dólares en uso de patentes, en cambio sólo recibieron 700 millones de dólares; se gasta 10 veces más de lo que se recibe.
A decir de Ruiz, la epidemia evidenció que no estamos preparados para contender con un evento de esta naturaleza; no se reaccionó rápido y el Estado no tuvo la capacidad de detectar cuál era el virus que estaba causando muertes sospechosas.
“México se muestra como un país que no tiene el desarrollo correspondiente a su nivel económico. México no es un país pobre en términos de la economía mundial, ocupa el lugar número 14 por su fuerza en economía; sin embargo, países como España, que no están entre los 20 países más importantes del mundo, destinan el 1.2 por ciento del PIB al rubro”, explica la especialista.
Lo más lamentable, dice, es que el país cuenta con una comunidad científica preparada que no es apoyada de manera suficiente por el Estado, y requeriría más recursos para poder responder a cuestiones como la influenza humana que hoy aqueja a México.
“Falta una política de Estado, el gobierno no sabe lo que tiene, no sabe con qué cuenta. En la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional hay gente que pudo colaborar, y de hecho lo hizo, pero la respuesta fue tardía”, concluye Ruiz. (YT)
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